La lupa de Hacienda promete atinar aún más en 2026. Los sistemas de control fiscal han detectado un patrón que preocupa a la Administración: un crecimiento significativo de declaraciones en las que los gastos deducibles declarados no guardan una proporción razonable con los ingresos obtenidos.

Este desajuste ha activado revisiones selectivas que ya se están traduciendo en requerimientos y comprobaciones formales. No se trata de una campaña generalizada ni de una novedad absoluta, pero sí de un endurecimiento claro.

El objetivo es comprobar que los gastos declarados responden a la actividad real del profesional y no esconden consumos de carácter personal.

Un mayor control apoyado en el cruce de datos

La Agencia Tributaria dispone hoy de una capacidad de supervisión muy superior a la de hace solo unos años.

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El análisis ya no se limita a revisar los modelos presentados por el propio autónomo, sino que incorpora información procedente de proveedores, entidades financieras y otros organismos.

Facturas emitidas y recibidas, movimientos bancarios, pagos con tarjeta y declaraciones cruzadas permiten construir una imagen bastante precisa de la actividad económica real.

Cuando los algoritmos detectan que el volumen de gastos deducidos crece de forma llamativa sin que lo haga la facturación, se genera una alerta.

A partir de ahí, puede iniciarse una comprobación limitada para solicitar explicaciones o, si las dudas persisten, una inspección más profunda con consecuencias económicas de calado.

Por qué Hacienda ha puesto el foco en los gastos

El incremento de deducciones dudosas responde, en parte, a la presión económica que sufren muchos autónomos.

El aumento de precios, la subida de tipos de interés y el encarecimiento de suministros han llevado a algunos profesionales a maximizar las deducciones como vía para aliviar su carga fiscal.

Sin embargo, este comportamiento también ha elevado el número de declaraciones que no encajan con los parámetros habituales de cada sector.

La normativa fiscal es clara en este punto. Para que un gasto sea deducible no basta con disponer de una factura.

Debe ser necesario para la actividad, estar directamente relacionado con ella y resultar razonable desde un punto de vista económico. Cuando alguno de estos elementos falla, la deducción puede ser rechazada, obligando a regularizar la situación y asumir recargos.

Los gastos que concentran más revisiones

Uno de los focos principales está en los llamados gastos mixtos, aquellos que pueden tener un uso profesional y personal al mismo tiempo.

Vehículos, combustible, suministros del hogar en el caso de quienes trabajan desde casa, alquileres, telefonía o conexiones a internet suelen concentrar buena parte de las comprobaciones.

La dificultad para acreditar su afectación exclusiva a la actividad los convierte en candidatos habituales a revisión.

También se están analizando con más detalle determinados servicios profesionales, como asesorías, consultorías o servicios digitales, especialmente cuando su importe es elevado y no se corresponde con el tamaño del negocio o con los ingresos declarados.

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En estos casos, Hacienda busca verificar si existe una prestación real y necesaria o si se trata de gastos inflados para reducir la base imponible.

Qué ocurre cuando se detectan incoherencias

Cuando la Administración considera que un gasto no está suficientemente justificado, puede regularizar la declaración.

Esto implica reclamar el impuesto que se dejó de ingresar, añadir intereses y, en determinados supuestos, imponer sanciones que incrementan notablemente el importe final a pagar. En los casos más graves, la revisión puede extenderse a varios ejercicios.

Este escenario explica por qué muchos autónomos están recibiendo requerimientos incluso sin haber cometido un fraude intencionado.

La falta de documentación, una justificación débil o la simple desproporción entre ingresos y gastos puede ser suficiente para iniciar una actuación administrativa.

El endurecimiento del control, aseguran, no pretende eliminar el derecho a deducir gastos, sino reforzar su uso correcto. Deducir forma parte del marco fiscal del autónomo, pero hacerlo sin criterio o sin respaldo documental se ha convertido en una de las vías más rápidas para acabar bajo el radar de Hacienda.

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Una nueva decisión del Tribunal Supremo reabre una cuestión que afecta directamente a miles de autónomos que, tras una comprobación o inspección tributaria, se ven obligados a abonar intereses de demora junto a la regularización practicada por la Administración.

La duda no es menor, ya que de ella depende si ese importe puede reducir la base imponible en la declaración de la renta.

El asunto genera especial expectación porque el Alto Tribunal ya se pronunció en el pasado sobre esta materia. Sin embargo, la existencia de criterios dispares en tribunales inferiores y en algunas administraciones forales ha provocado que el debate siga abierto.

El nuevo pronunciamiento que prepara el Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo ha decidido analizar de nuevo si los intereses de demora exigidos al autónomo tras una actuación inspectora pueden calificarse como gasto deducible en el IRPF.

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La cuestión llega a casación a raíz de un auto fechado en diciembre de 2025, en el que el tribunal aprecia interés casacional para fijar doctrina sobre este punto concreto.

Este movimiento resulta relevante porque en julio de 2023 el propio Supremo ya avaló la deducción de estos intereses cuando están vinculados a rendimientos de actividades económicas.

Una nueva sentencia en el mismo sentido consolidaría definitivamente el criterio, despejando las dudas que aún persisten en la práctica administrativa.

La interpretación de los expertos fiscales

Los intereses de demora que cobra la Agencia Tributaria forman parte de los gastos derivados del desarrollo de la actividad.

La normativa del Impuesto sobre Sociedades excluye expresamente las sanciones y los recargos, pero no hace lo mismo con los intereses, lo que abre la puerta a su deducción también en el ámbito del IRPF cuando existe actividad económica.

Desde este punto de vista, el interés de demora no tiene carácter punitivo, sino compensatorio, ya que responde al tiempo transcurrido hasta que se regulariza una deuda tributaria.

Ese matiz es clave para entender su encaje fiscal, especialmente cuando la regularización afecta a ejercicios anteriores que ya formaban parte de la actividad del autónomo.

Un debate que parecía cerrado desde 2023

La doctrina ya quedó clara en la sentencia de 2023, donde se reconocía expresamente la deducibilidad de los intereses de demora en actividades económicas. El problema, es que ese criterio no siempre ha sido aplicado por los órganos administrativos ni por algunos tribunales, lo que ha generado litigios recurrentes.

En la práctica, cuando una inspección revisa numerosos ejercicios y liquida cuotas adicionales con intereses acumulados, estos importes pasan a ser inherentes a la propia actividad. No se trata de un gasto aislado, sino de una consecuencia directa del ejercicio profesional y de la regularización de sus rendimientos.

El origen del conflicto en el ámbito foral

El caso concreto que ha dado lugar al nuevo pronunciamiento procede del País Vasco.

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Un contribuyente solicitó la rectificación de su declaración del IRPF para incluir como gasto financiero los intereses de demora abonados tras actas de conformidad correspondientes a varios ejercicios anteriores.

La Administración foral y posteriormente el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco rechazaron esa posibilidad al considerar que no existía una relación directa entre el gasto y la obtención de ingresos.

Este enfoque se basa en el principio de correlación entre ingresos y gastos, uno de los requisitos clásicos para admitir una deducción fiscal. Sin embargo, el Supremo ya matizó en 2023 que, en el caso de las actividades económicas, no todos los gastos deben estar vinculados de forma inmediata a un ingreso concreto para ser deducibles.

Gasto ligado a la actividad frente a gasto vinculado al ingreso

La diferencia entre ambos conceptos es fundamental. Existen gastos que no generan ingresos directos, pero que resultan necesarios para que la actividad pueda desarrollarse con normalidad.

Los intereses de demora encajan en esta categoría, ya que surgen como consecuencia de una regularización que incrementa el rendimiento neto declarado y obliga al autónomo a asumir un pago adicional.

Cambios de criterio en otros intereses de demora

La cuestión de los intereses de demora ha generado controversia también en sentido inverso, cuando es la Administración la que los abona al contribuyente.

En 2020, el Supremo consideró que los intereses pagados por devoluciones de ingresos indebidos no debían tributar en el IRPF por su naturaleza indemnizatoria.

No obstante, ese criterio fue modificado en 2023, cuando el tribunal estableció que dichos intereses sí estaban sujetos al impuesto.

Este vaivén jurisprudencial explica la importancia de que el Alto Tribunal reafirme ahora su doctrina en relación con los intereses de demora que paga el autónomo.

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La Agencia Tributaria realizó en 2024 casi dos millones de actuaciones de control sobre tributos internos como el IVA o el IRPF, un 4,4 % más que el año anterior, según los últimos datos oficiales. 

De ellas, más de 700.000 comprobaciones tuvieron como destinatarios directos a autónomos y pequeñas empresas, que es aquel colectivo en el que Hacienda ha puesto el foco e incrementado el número de requerimientos.

Control fiscal al alza

A grandes rasgos, estamos frente a un cambio de escenario: la AEAT cuenta con más información, mejores herramientas de cruce de datos y nuevas obligaciones de transparencia para plataformas digitales. En este contexto, analizamos por qué están aumentando las inspecciones, qué motivos las desencadenan y cómo pueden prepararse los negocios más pequeños.

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En comparación con 2023, las actuaciones de control han aumentado un 4,4 %, pasando de 1.898.580 a cerca de dos millones. Más de 700.000 de estas acciones fueron paralelas, requerimientos o avisos a autónomos y pymes, dentro del área de “actividades económicas”.

Además, en 2024, Hacienda aumentó las actuaciones presenciales, realizando 31.552 visitas in situ, un 6,5 % más que el año anterior. En estas inspecciones, los funcionarios pueden solicitar documentación, verificar la actividad y recabar indicios de presunto fraude. Según apuntaba La Vanguardia, una visita presencial suele activarse cuando existen indicios relevantes de desajustes o irregularidades detectadas previamente.

No obstante, el 99 % de las comprobaciones que afectan a autónomos se resuelven con un requerimiento escrito, sin visita física. En la mayoría de los casos basta con que el contribuyente, o su asesor, aporte la documentación solicitada.

Qué está mirando Hacienda

Los motivos más frecuentes que activan una comprobación o una “paralela” son relativamente homogéneos, según fuentes de la AEAT:

• Deducciones mal aplicadas en IVA e IRPF (vehículos, amortizaciones, suministros)
• Ingresos no declarados que sí aparecen en bases de datos externas (modelos informativos, plataformas o bancos)
• Descuadres en IVA entre ventas declaradas y operaciones reflejadas en TPV o en modelos 347 y 349
• Gastos no justificados o sin factura válida
• Pagos en efectivo fuera de los límites legales
• Software de facturación no homologado o que genera dudas sobre la integridad del registro
• Actividades digitales sujetas a DAC7, donde plataformas como Airbnb o Amazon reportan información detallada a Hacienda

En el área de “actividades económicas”, donde se concentran la mayoría de las actuaciones, Hacienda ha aumentado el control sobre deducciones incorrectamente aplicadas y sobre ingresos omitidos. Ambos conceptos crecieron en 2024 respecto a 2023. 

Así se detectan inconsistencias

El aumento de inspecciones a autónomos y pymes no responde únicamente al fraude intencional. Hoy, la AEAT dispone de más datos y más capacidad de análisis que nunca:

• Cruces automáticos entre declaraciones trimestrales y anuales
• Información bancaria y operaciones con tarjeta
• Datos de consumo eléctrico y cobros vía TPV
• Reportes de plataformas digitales bajo DAC7
• Algoritmos que detectan comportamientos atípicos o caídas de ingresos difíciles de justificar
• Mayores exigencias en software de facturación y registro de operaciones

Este escenario permite detectar tanto errores formales como incoherencias que, hasta hace pocos años, pasaban inadvertidas. Para muchos autónomos, las comprobaciones llegan por detalles menores que saltan en el cruce automático.

Cómo prepararse

En un contexto de mayor control, los asesores recomiendan implantar una serie de buenas prácticas que ayudan a prevenir requerimientos o, llegado el caso, afrontarlos con garantías:

• Revisar deducciones habituales: vehículo, suministros, dietas, amortizaciones.
• Utilizar software de facturación homologado y mantener actualizado el registro de ingresos y gastos.
• Digitalizar justificantes y conservar documentación durante el periodo legal.
• Evitar pagos en efectivo fuera de los límites establecidos.
• Revisar trimestralmente que los datos de TPV, plataformas o bancos coincidan con lo declarado.
• Responder a los requerimientos a tiempo: ignorarlos eleva la sanción.

En inspecciones presenciales, debemos solicitar identidad del inspector, revisar el alcance del procedimiento y avisar al asesor antes de entregar documentación sensible.

Estas medidas no eliminan el riesgo, pero reducen la probabilidad de errores y aceleran la resolución de cualquier comprobación.

De este modo, la intensificación del control fiscal es el resultado de un modelo más digitalizado, con mayor capacidad de cruce de datos y herramientas más sofisticadas para detectar incoherencias.

Para las pymes y los autónomos esto no implica asumir que están en el punto de mira, sino entender que la trazabilidad y el orden documental son hoy parte esencial de la gestión del negocio. En un entorno con más requerimientos y menos margen para el error, cumplir y documentar se han convertido en la mejor defensa.

La Agencia Tributaria de España, o lo que es lo mismo Hacienda, se ha propuesto un objetivo en 2025: aumentar más si cabe su lucha contra el blanqueo de capitales y las irregularidades financieras.

Y lo está haciendo a través de nuevas medidas y un mayor control sobre los movimientos bancarios. Hacienda busca identificar prácticas sospechosas que puedan derivar en sanciones de hasta 150.000 euros, incluso para personas con ingresos modestos.

Esto incluye transferencias, ingresos en efectivo o movimientos no justificados que puedan despertar algún tipo de alerta para el fisco.

¿Qué considera Hacienda como sospechoso?

Hacienda establece que cualquier operación que no tenga un origen claro o justificable puede ser investigada. No obstante, hay cuatro puntos clave en lo que se fija sobremanera…

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Ingresos en efectivo frecuentes. Si realizas ingresos regulares de pequeñas cantidades de dinero en tu cuenta bancaria, aunque no sean muy elevados, podrías llamar la atención de Hacienda. Estas prácticas se asocian frecuentemente con intentos de "fraccionar" ingresos no declarados para evitar el denominado como radar fiscal.

Transferencias entre cuentas propias o de terceros. Transferir dinero entre varias cuentas a tu nombre o a nombres de familiares y amigos sin una justificación sólida puede interpretarse como un intento de ocultar el origen del capital.

Pagos de préstamos no registrados. Si recibes dinero de un amigo o familiar y lo devuelves sin documentación, Hacienda podría considerarlo una práctica sospechosa.

Operaciones de alto volumen para personas con bajos ingresos. Si tus ingresos declarados son bajos, pero realizas transferencias o ingresos bancarios frecuentes y significativos, Hacienda puede solicitar explicaciones.

El papel de los bancos: deben ser los primeros en reportar

Qué duda cabe que los bancos tienen la obligación legal de reportar operaciones sospechosas. Y lo deben hacer a través del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC).

Pero ¿cuándo deciden investigar? Cuando detectan una serie de señales, cuanto menos, llamativas. Por ejemplo, ingresos en efectivo superiores a 3.000 euros. Aunque no existe una sanción directa por ingresar esta cantidad, se activa una notificación automática a Hacienda. Incluso ingresos menores pero frecuentes también pueden despertar sospechas.

También con movimientos bancarios internacionales, o lo que es lo mismo transferencias realizadas desde o hacia países considerados paraísos fiscales reciben un escrutinio especial.

Y con ingresos sin un patrón lógico. Si no existe coherencia entre tus ingresos declarados y los movimientos bancarios, los bancos informarán automáticamente a las autoridades.

¿Qué dice la ley sobre blanqueo de capitales?

La Ley 10/2010, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, establece que cualquier operación que supere los 10.000 euros, ya sea en efectivo o a través de transferencias, debe ser notificada al SEPBLAC.

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Aunque esta normativa apunta principalmente a grandes operaciones, en los últimos años Hacienda ha comenzado a prestar atención también a movimientos de menor escala, especialmente aquellos realizados por autónomos, pequeñas empresas y particulares con ingresos modestos.

Entre las sanciones aplicables, multas de hasta 150.000 euros para operaciones que sean consideradas intentos de ocultar el origen ilícito del dinero. Y sanciones adicionales si se detecta evasión fiscal o ingresos no declarados.

¿Por qué Hacienda persigue a personas de pocos ingresos?

Aunque el blanqueo de capitales suele asociarse a grandes fortunas y empresas, Hacienda también pone el foco en personas con ingresos bajos o medios. Esto se debe a que los pequeños ingresos "negros" representan una importante fuente de economía sumergida en España.

Desde trabajos no declarados hasta ingresos de alquileres no registrados, cualquier irregularidad financiera, por pequeña que parezca, contribuye a evadir impuestos.

Además, el control de pequeñas transacciones busca prevenir delitos mayores, ya que en ocasiones estas prácticas están vinculadas a actividades ilícitas, como el tráfico de drogas o el fraude.

¿Y a qué se refiere con `pequeños ingresos´? Por ejemplo, pagos en efectivo recurrentes-Supongamos que alguien ingresa 500 euros en efectivo cada semana durante varios meses. Aunque la cantidad total pueda parecer pequeña, Hacienda podría considerarlo sospechoso si no se justifica adecuadamente.

También los frecuentes préstamos informales entre familiares. Si un padre transfiere 5.000 euros a su hijo y este realiza ingresos en efectivo similares en su cuenta, Hacienda podría investigar si se trata de un préstamo no declarado o una donación no registrada.

Y los cobros no declarados por servicios. Autónomos que reciben pagos en efectivo por servicios como reparaciones, limpieza o clases particulares sin emitir factura pueden ser fácilmente detectados si realizan ingresos frecuentes en sus cuentas.

Qué hacer para evitar sanciones de Hacienda

Sin duda, justifica cada operación. Si realizas ingresos en efectivo, conserva comprobantes o facturas que demuestren el origen del dinero. Esto incluye pagos de servicios, alquileres o venta de bienes.

Recuerda que realizar múltiples ingresos pequeños para evitar controles no es una buena estrategia. Esta práctica es fácilmente detectada y podría aumentar las sospechas. También, si recibes dinero de un familiar o amigo, regístralo como préstamo o donación ante Hacienda. Aunque implique trámites adicionales, evitarás problemas futuros.

La creciente vigilancia de Hacienda y los bancos sobre las operaciones bancarias, incluso de pequeñas cantidades, refleja el compromiso de las autoridades con combatir la economía sumergida y el blanqueo de capitales. Cuidado, podrías ser tú el próximo investigado.

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En la primavera del año pasado el Tribunal Económico Administrativo Central TEAC facilitó al fisco controlar mediante inspecciones masivas la empresa familiar derivada de una reorganización empresarial y que pueda suponer un ahorro fiscal en el futuro.

De ahí que los expertos en fiscalidad teman una mayor vigilancia de Hacienda a la empresa familiar por el reparto de dividendos, tal y como recoge El Economista.

En las empresas familiares es habitual que el grupo se reordene a través de una sociedad holding o cabecera en la que participan los socios. Gracias al régimen FEAC, la aportación de estas empresas a la holding está exenta de tributar. Pero si Hacienda considera que la reestructuración se hizo para ahorrar impuestos, obliga a pagar la plusvalía.

El reparto de los dividendos le interesa a Hacienda

Las resoluciones del TEAC consideran que el reparto de dividendos de una filial hacia el holding supone un ahorro fiscal, y, por tanto, establece una reestructuración societaria se hizo con el objetivo de ahorrar impuestos en el reparto de los dividendos.

El objetivo a seguir sería que a medida que se repartan más dividendos en el futuro, se irá haciendo proporcionalmente la regularización hasta que se acaben los ahorros fiscales.

Este tipo de vigilancia no tiene plazo de inicio plazo de fin,  por lo que da lugar a que la operación especial de reestructuraciones pueda estar salvada pero si te viene una futura estarás a la expectativa de que diga que las consecuencias fiscales derivadas sí que se puedan regularizar.

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Hacienda vigila a los autónomos que usan sociedades para no pagar impuestos: en 2025 aumentarán los casos

Sin presunción de inocencia

Expertos en la materia señalan que se está tratando la distribución de dividendos a la holding como si fuera destinados a un particular que se vaya a quedar el dinero.

Otro aspecto que es cuestionable es que las resoluciones no establecen límite temporal, por lo que, si se distribuye un dividendo dentro de ocho años, la Administración puede decir que la reorganización societaria se hizo con el objetivo de sacar este dividendo en ese plazo de ocho años.

Como señalan en El Economista estas resoluciones son una chapuza difícil de controlar a menos que Hacienda inspeccione año a año.

El año pasado la Agencia Tributaria realizó 6.000 comprobaciones el año pasado a aquellos autónomos que utilizan sociedades para evitar pagar impuestos o declarar menos. Esto supuso un incremento del 4% pero en 2025 la cifra podría aumentar.

Y es que con la llegada del próximo año todos los negocios estarán obligados a informar a Hacienda sobre su titularidad real. Es decir, quedará más claro quién es el verdadero propietario.

El aumento de estas inspecciones indica el trabajo y control que realiza Hacienda para evitar la economía sumergida, en este caso hablamos del abuso de las formas societarias para eludir pagar impuestos o directamente, pagar menos.

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Crece el número de comprobaciones por ocultar la actividad y abusar de las formas societarias

Si echamos un vistazo al informe de control tributario de la AEAT publicado recientemente, el número de actuaciones por parte de Hacienda en 2023 ascendió a 5.182, es decir creció un 3,9% si lo comparamos con el año anterior, así lo recoge Autónomos y Emprendedores.

¿Qué comprueba la Agencia Tributaria? Las entradas y registros del control de las ventas de la actividad profesional o económica cuando se utilizan sociedades y la relación entre los socios, sus trabajadores, administradores o cualquier persona relacionada.

Normalmente las operaciones vinculadas entre el profesional, que además suele ser el propietario de la sociedad, por poner ejemplos, hablaríamos de médicos, arquitectos o cualquier otro trabajador por cuenta propia que utilice una sociedad.

Hacienda considera que se le debe atribuir a estas personas un peso mayor por su actividad económica en el IRPF, y no como si actuara como una Sociedad al ser la única persona que realiza trabajos, en muchos de los casos.

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Si tu negocio tiene deudas, Hacienda puede hacer responsables a todos los socios o sólo a algunos

En 2025 todos los negocios deberán informar sobres sus titulares a Hacienda

Debido al incremento de ocultaciones a la Agencia Tributaria por parte de algunos autónomos que tributan como Sociedades de manera abusiva, aumentará el control sobre éstos y se traducirá en 2025 con la obligación de los negocios de informar sobre su titularidad real frente al Fisco.

Deberán aportar datos de:

• La persona o personas físicas por cuya cuenta se pretenda establecer una relación de negocios o intervenir en operaciones.
• La persona o personas físicas que posea o controlen directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25% del capital o del derecho de voto de la sociedad.

Con esta información aumentarían las facilidades a Inspección para controlar la actividad de las sociedades y de las personas vinculadas a ellas, y así aumentaría el control cuando los autónomos utilicen los negocios para aminorar los impuestos que deben pagar individualmente de forma fraudulenta.

Hacienda marca las directrices, desde el Plan de Control Tributario para vigilar a los autónomos y a cualquier contribuyente. Ya os adelantamos el procedimiento y las fases de una investigación. Una vez más, el Supremo a raíz de una sentencia, limita las condiciones para que pueda hacer una investigación sorpresa.

El autónomo tiene una serie de derechos frente a una pesquisa por parte de la Agencia Tributaria, entre ellos destaca el derecho a ser informado previamente a la 'visita', como recogen desde Autónomos y Emprendedores.

La sentencia que sienta jurisprudencia, no prohíbe las inspecciones sorpresa, pero sí que se realicen informando al autónomo unos minutos antes. Será necesario que haya un procedimiento inspector abierto y que el empresario tenga conocimiento de él.

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Según el Supremo estas son las condiciones para que Hacienda haga una visita sorpresa

Desde hace años, las visitas sorpresa de Hacienda han sido cuestionadas. De hecho, el Supremo ya dictó que, para realizar este tipo de registros en los negocios, debía contar con indicios sólidos y una autorización judicial.

Hasta el momento, las normas eran esas. Sin embargo, al otros casos llevados al Tribunal, han dado la voz de alarma ante el comportamiento invasivo de esas visitas sorpresa sin previo aviso.

Por esta razón, la solicitud de entrada en una empresa se tiene que hacer durante el transcurso de un procedimiento inspector que esté abierto y, por supuesto, notificar con antelación al propietario del negocio.

Ya no basta que el juez autorice una inspección y se notifique a la entrada del negocio pillando desprevenido al autónomo. Desde el 18 de julio, el Supremo ratifica que, para que se dé una visita legal, es necesario el procedimiento abierto de la Inspección y que, por supuesto, el dueño del negocio lo sepa.

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Hacienda en una visita sorpresa no puede interrogar a los autónomos de un negocio

Ya lo recogimos en Pymes y Autónomos, entre las diversas sentencias del Tribunal Supremo en relación a las visitas sorpresa por Hacienda, aparecía la limitación a la hora de interrogar a los dueños de los negocios y a sus empleados durante una inspección.

Un interrogatorio no puede realizarse mientras se produce un registro domiciliario, pero, sobre todo, no puede llevarse a cabo sin seguir los trámites normales en una comparecencia, es decir, te deben citar y debe haber un preaviso.

La ilegalidad aparece cuando un contribuyente sufre dos actuaciones inspectoras a la vez: registro domiciliario y un interrogatorio. Pensemos que esta situación además de violenta para las personas a las que se le somete a una serie de preguntas, no se ajusta a las exigencias de proporcionalidad.

La entrada y registro de un negocio debe servir para examinar los libros y registros de contabilidad, sin embargo, el interrogatorio sin previo aviso por parte de Hacienda, implica realizar un interrogatorio en un contexto intimidatorio.

Hacienda marca las directrices para vigilar a los contribuyentes y así os lo explicamos en su momento. En esta ocasión, el Supremo ha cambiado la hoja de ruta porque prohíbe a Hacienda realizar interrogatorios a los contribuyentes durante un registro domiciliario.

Mientras se producía una inspección, los funcionarios interrogaron a empleados y directivos de una empresa. El tribunal analizó cómo transcurrieron los hechos tras la denuncia de la compañía y llegó a la conclusión de que se vulneró el derecho a la defensa.

Hay que dejar claro que no hubo inviolabilidad del domicilio porque Hacienda sí contaba con una autorización judicial para entrar, el problema radica en el interrogatorio porque la Agencia Tributaria quebrantó un derecho de estos ciudadanos al no contar con una defensa. Veamos a qué tienes derecho si sufres una inspección.

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Hacienda puede interrogarte, pero con preaviso

Un interrogatorio no puede realizarse mientras se produce un registro domiciliario, pero, sobre todo, no puede llevarse a cabo sin seguir los trámites normales en una comparecencia, es decir, te deben citar y debe haber un preaviso.

La ilegalidad aparece cuando un contribuyente sufre dos actuaciones inspectoras a la vez: registro domiciliario y un interrogatorio. Pensemos que esta situación además de violenta para las personas a las que se les somete a una serie de preguntas, no se ajusta a las exigencias de proporcionalidad.

Por ir al grano, el Supremo considera que el fisco actuó de manera sorpresiva con un objetivo: realizar el interrogatorio en un ambiente intimidatorio.

Pero lo importante es que tienes derecho a no responder puesto que el Supremo afirma que no se puede interrogar a un ciudadano sin preaviso y que este comportamiento vulneraría el artículo 24 de la Constitución.

Artículo 24

1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.

2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.

¿Qué sucedió con este caso? Lo que hemos visto al inicio, la actuación de Hacienda fue declarada nula y miembros de la empresa tenían razón, los técnicos de la Agencia Tributaria no debieron interrogarles durante aquella inspección.

Un sudor frío nos recorre cuando oímos las palabras inspección de Hacienda, el malestar será general hasta que pasemos por ese trance. Si como autónomo, sabes que todo está bien es mucho mejor afrontar esta situación con calma.

Cuando recibimos una inspección de Hacienda, algunos trabajadores por cuenta propia cometen errores básicos, incluso sin mala intención, pero que implican multas cuantiosas.

Hay que evitar a toda costa que esos comportamientos fruto de los nervios sean considerados como obstrucción a la labor de control tributario, un tipo de infracción que puede suponer a nuestro negocio sanciones de hasta 10.000 euros.

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Prohibido impedir o entorpecer una inspección de Hacienda

¿Qué actos son los que obstruyen la labor de la inspección? Los técnicos de Hacienda lo tienen claro, son todos aquellos que perturban, impiden o retrasan las funciones que deben desarrollar los inspectores al iniciar una inspección, estos comportamientos se consideran graves.

Pero pongamos un ejemplo, estos casos de obstrucción se dan cuando como autónomo no facilitas los libros de contabilidad o documentos contables, o las propias facturas, o cuando te solicitan los programas o archivos de la contabilidad y su software o sistemas operativos, así lo recoge Autónomos y Emprendedores.

En este ejemplo, si no entregaras de manera correcta los documentos, libros, ficheros, facturas, etcétera las sanciones serían las siguientes:

• Multa de 300 euros, si no facilitas la actuación administrativa o la información exigida en el plazo concedido.
• Multa de 1.500 euros, cuando no facilites la actuación administrativa o la información exigida en el plazo concedido por segunda vez.
• Si la infracción la cometes tres veces, la multa será proporcional hasta el 2% de la cifra de negocios durante el año natural anterior, siendo el mínimo de la multa de 10.000 euros y el máximo de 400.000 euros.

Por otro lado, no atender un requerimiento notificado también es una infracción habitual entre los autónomos, e implica un retraso en el cumplimiento de la obligaciones de información o comunicación.

El mejor consejo ante una inspección por parte de Hacienda no sólo tiene que ver con colabora, sino con mantener la calma y templar los nervios para no acabar cometiendo un error que luego se traduzca en una sanción.

El Plan General de Control Tributario, como ya os hemos comentado, marca las directrices para vigilar tanto a autónomos como al resto de contribuyentes. Y esa vigilancia se traduce en inspecciones. Debemos estar preparados y, sobre todo, debemos conocer nuestros derechos.

Si lo estamos haciendo bien a nivel fiscal no debe suponer una preocupación, pero nunca se sabe, quizás nos toque pasar por esa experiencia y más vale estar prevenidos e informados.

Desde que terminó la pandemia las inspecciones han sido más frecuentes así lo recoge Autónomos y Emprendedores. Veamos cómo se desarrolla la investigación, qué motivos existen para que nos realicen una y cómo debemos afrontarla.

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Hacienda vigila especialmente a los autónomos de estos sectores por sospechas de cobrar en B

Qué es una inspección de Hacienda y qué implica que te sometan a una como autónomo o frente a tu negocio

La principal misión de la Agencia Tributaria es llevar a cabo inspecciones de los tributos. Su fin es comprobar que los contribuyentes hemos cumplido debidamente con nuestras obligaciones fiscales y, de no ser así, proceder a la regularización de la situación.

Diferenciemos entre la comprobación, que es un procedimiento que se limita a revisar datos, elementos y valoraciones ofrecidas por el contribuyente en sus declaraciones, la investigación es un paso más allá. Con una inspección, Hacienda busca encontrar hechos con trascendencia tributaria que no hayan sido declarados o declarados de forma errónea.

Causas principales por las que Hacienda puede pedir una inspección

Si nos centramos en los autónomos y las empresas, las principales causas por las que Hacienda puede iniciar una inspección son estas:

• Descuadres entre las declaraciones del contribuyente y las cifras declaradas por sus clientes y proveedores.
• Descuadres entre los modelos trimestrales de IVA, IRPF o Impuesto de Sociedades.
• No haber presentado a tiempo alguno de los modelos trimestrales.
• Solicitar y obtener subvenciones. El motivo es porque al acceder a este tipo de ayudas, hay un riesgo mayor de pasar por una inspección, ya que Hacienda necesita comprobar que esas cantidades se han declarado de la manera correcta.
• Declarar demasiados gastos deducibles.
• Indicios utilizar dinero en B, sobre todo si el nivel de vida de un contribuyente no coincide con lo que declara que gana.
• Presentar pérdidas durante años.
• Una denuncia anónima.

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Hacienda no puede hacer una segunda inspección a tu negocio, pero existe una excepción, atento.

Derechos ante una inspección de Hacienda por parte de un autónomo

Ante una inspección de Hacienda lo mejor es estar tranquilo y colaborar, esas son nuestras obligaciones, pero también debemos conocer nuestros derechos:

El inspector sólo podrá acceder a nuestro establecimiento si cuenta con una autorización del delegado de Hacienda de la zona o domicilio fiscal y el autónomo tiene derecho a pedírsela antes de dejarle entrar.

• Según recoge la Constitución, el domicilio particular es inviolable. Por ejemplo, si como autónomo trabajas desde casa será imprescindible contar con esas orden judicial para poder realizar la inspección.
• A no ser que la orden judicial le deje claro, el trabajador tiene derecho a exigir que la inspección se realice en horario comercial.
• El autónomo puede negarse a permitir el acceso a cajas fuertes, cajones cerrados con llave que puedan contener documentos confidenciales, relacionados con la intimidad, derecho a la inviolabilidad de la correspondencia o al derecho a no declarar contra sí mismo. Una vez más, para este tipo de registros es obligatoria una orden judicial.

Por último, al finalizar la inspección y cuando llegue el momento de firmar las diligencias, el trabajador puede negarse si cree que el documento falta a la verdad o tiene errores e incongruencias.