La Agencia Tributaria tiene sus prioridades a la hora de luchar contra el fraude fiscal, hablamos de grandes empresas, autónomos, personas con un gran patrimonio y los propietarios de inmuebles en alquiler.

Tanto los contribuyentes más ricos como los dueños de inmuebles en alquiler son dos de los perfiles que tiene bajo la lupa Hacienda. La Administración abrió el año pasado más de 1.8 millones de inspecciones a estos ciudadanos, con lo que recaudó 16.708 millones de euros.

Por otro lado, la Agencia Tributaria señaló que gracias a una herramienta informática puede detectar a falsos no residentes con patrimonios relevantes. Se trataría de personas que dicen no vivir en nuestro país para evitar pagar impuestos aquí, pero que pasan más de la mitad del año en España, como recogen desde Autónomos y Emprendedores.

Los caseros y sus alquileres bajo la lupa de Hacienda

Desde hace años, la Agencia Tributaria lucha para evitar que estos oculten lo que ingresan por los inmuebles que tienen en alquiler. En los últimos ocho años, Hacienda ha actuado en 1,29 millones de actuaciones, esto se traduce en 160.000 millones por ejercicio, gracias a lo cual, los propietarios han pagado 1.025 millones de euros más en impuestos.

Tanto las actuaciones contra las grandes empresas, multinacionales y grupos fiscales fueron las que más crecieron en 2023.

Hacienda y la economía sumergida, una pareja mal avenida

En cuanto a la economía sumergida, tanto si hablamos de autónomos como de empresas, creció un 0,2 % frente al anterior. Gracias a estas operaciones, se logró descubrir la existencia de ventas que los contribuyentes habían ocultado por un importe de 466 millones de euros.

29.609 fueron las inspecciones que se llevaron in situ para detectar irregularidades que pusieron de manifiesto rentas no declaradas por parte de profesionales y compañías.

El Tribunal Supremo da vía libre para que la Agencia Tributaria abra varias inspecciones a la vez y en paralelo a todas las personas implicadas por el uso de manera fraudulenta de una empresa para facturar en vez de hacerlo la persona física con un sólo fin, ahorrar en el IRPF.

En otras ocasiones hemos hablado de las inspecciones de Hacienda y en los derechos de los contribuyentes frente a una de sus visitas sorpresa. Sin embargo, en esta ocasión, el Supremo invita a que estas investigaciones se hagan de manera simultánea a todas las partes implicadas.

Hay que tener cuidado a la hora de facturar servicios a través de una empresa y hacerlos pasar por el tributo del Impuesto de Sociedades. Esto fue lo que hizo un abogado y el Supremo no le dio la razón, tal y como recoge Autónomos y Emprendedores.

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Hacienda vigila y controla a los autónomos a través de estas ocho inspecciones. Así puedes saber si estás bajo su radar

No puedes facturar a través de una empresa para ahorrarte el IRPF

Hace poco vimos como el Alto Tribunal frenó a Hacienda al considerar que los investigados se encontraban indefensos frente a un interrogatorio durante una inspección. ¿Por qué este caso es diferente? Vamos a verlo.

Para empezar, Hacienda inició dos investigaciones paralelas tanto al abogado en cuestión como a su empresa por el hecho de utilizarla para facturar sus servicios ahorrándose así pagar el IRPF.

A pesar de obrar mal, la empresa recurrió la liquidación de Sociedades que le salía a devolver alegando que la Ley del Impuesto de Sociedades y su reglamento dicen que para que Hacienda pueda regularizar la situación de una persona como de una compañía es necesario que la liquidación haya adquirido firmeza, es decir, que no se haya recurrido en plazo o cuando se desestiman los recursos interpuestos contra ellas.

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Las multas por no tener un programa de facturación electrónica certificado por Hacienda se elevarán hasta los 50.000 euros

Hacienda puede investigar de manera simultánea a una empresa y a quien la utiliza de manera fraudulenta

Pero el Supremo, se acogió a dos sentencias de 2020 y 2022 para defender que esas dos normas que mencionó el abogado para su defensa, se aplican en casos en que se haya iniciado un procedimiento de inspección para comprobar las operaciones a una sola de las partes implicadas.

La conclusión viene a decir que si la Administración ha seguido procedimientos de investigación separados a los diferentes contribuyentes- en este caso, al abogado y a su empresa- en operaciones vinculadas, Hacienda puede regularizar la situación y exigir la liquidación puesto que no ha adquirido firmeza.

El Supremo descartó que la inspección simultánea de los implicados les causara indefensión. El resumen sería, no es buena idea si eres una persona física tratar de facturar tu actividad económica a través de una empresa porque Hacienda te investigará no una, sino hasta dos veces a la vez.

La Agencia Tributaria controla cada paso que damos los autónomos. La Ley Crea y Crece introdujo la factura electrónica obligatoria en 2022. En ese momento nos hicimos eco del código QR que debía aparecer en las facturas de autónomos y negocios en 2024.

Con este sistema ya regulado, los clientes podrán comprobar que hemos cumplido con nuestras obligaciones y la Agencia Tributaria conoce toda la información relacionada con esa operación, según recoge Autónomos y Emprendedores.

El QR forma parte del reglamento de facturación para autónomos y negocios

Desde hace dos años, todo estaba pensando y listo para evitar así el fraude fiscal. Sólo faltaba adoptar sistemas y programas informáticos para facilitar las cosas a los autónomos y los negocios a la hora de emitir la factura con su QR.

Este nuevo método para controlar las operaciones de los trabajadores por cuenta propia se aplicará también a negocios dedicados a la producción y comercialización de bienes nueve meses después de la aprobación de la orden.

El resto de trabajadores autónomos deberán tener adaptados sus sistemas de facturación antes del 1 de julio de 2025.

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Hacienda vigila a los autónomos que usen dinero en efectivo: comprueba si tu negocio está bajo su lupa

Código QR para evitar el fraude fiscal

Las facturas tendrán que incluir un código QR para que el cliente pueda, si así lo desea, proporcionar información de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Desde la Agencia Tributaria, y a través de su sede electrónica, facilitarán una ruta de la información que precise.

Este gesto será de gran ayuda para la lucha contra el fraude porque una factura al entregarse a un cliente, si luego no aparece para Hacienda, podría suponer un serio problema para el negocio o el autónomo.

Por un lado, el cliente podrá comprobar si la persona que está detrás de ese negocio está dada de alta y si la ha remitido a Hacienda y por otro, servirá para que el pequeño empresario pueda deducirse esa cantidad con la tranquilidad de que esa venta está bajo control, bajo el control de la Agencia Tributaria.

Cada año la Agencia Tributaria lanza su plan de de control tributario que fija diferentes objetivos para la lucha contra el fraude. En el que nos ocupa este 2022 hay algunos aspectos interesantes que otros años no han estado presentes y hay que tener cuidado, porque las multas pueden alcanzar hasta 150.000 euros ya que vuelven las visitas para controlar la doble facturación a pymes y autónomos.

Hay que recordar que desde el pasado 11 de octubre nos pueden sancionar con multas entre 1.000 euros por un descuido y hasta 150.000 por un programa contable de doble uso. A esto hay que sumar que tras un par de años sin mucho movimiento por la crisis sanitaria, se vuelve a las visitas presenciales para controlar los niveles de facturación y el uso de estos programas de doble contabilidad. 

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De 1.000 a 150.000 euros, así te pueden sancionar desde hoy por tener un programa contable de doble uso o un simple descuido

El problema es que surgen dudas más que razonables. ¿Qué ocurre si tenemos un viejo ordenador en nuestra oficina con el programa de facturación que utilizábamos hace un par de años y que conservamos precisamente por si nos piden datos de esos ejercicios?

Lo mismo puede ocurrir en el caso de que alguien tenga una caja registradora en su almacén como medio de facturar en el caso de que exista un fallo informático en un momento dado. Y simplemente por tenerla nos pueden sancionar. Si ya hay constancia de que la hemos utilizado, la sanción sería más grave.

También vuelve el envío de cartas

Se trata de realizar campañas que gracias al uso del big data, el cruce de datos con otra administraciones faciliten el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales, al detectar incorrecciones o indicios de fraude, dando a las empresas la oportunidad de regularizar de forma voluntaria. Es una medida que ha resultado muy eficiente en el pasado.

Hay algunos sectores que ya está avisados de las intenciones de Hacienda. Por un lado, este año se hará énfasis en verificar cuestiones de carácter censal, entre las que se incluirán visitas a los denominados nidos de sociedades, como pueden encontrarse en centros de coworking y lugares de simple recepción de correspondencia.

Por otro lado se busca mejorar la lucha contra la economía sumergida vigilando aquellos negocios en los cuales se utiliza el efectivo como único medio de pago aceptado, o en los que se pueda utilizar por encima de la limitación legal de las transacciones en efectivo.

Por lo general son sectores enfocados al consumidor final, como por ejemplo comercio, hostelería, pero también agricultura o construcción y reformas. También aquellos que pueden mover grandes cantidades de efectivo, como sería el caso de las inmobiliarias. 

Cruzar datos y comparar con negocios similares

Y aquí no solo se trata de como se paga en nuestro negocio, sino que Hacienda nos compara con otros negocios similares de nuestro sector, de nuestra zona y verifica que tengamos niveles parecidos en la ratio de pago con efectivo y tarjeta.

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¿Me puede inspeccionar Hacienda si trabajo en casa?

Por último, para el sector de las pymes y los autónomos se va a vigilar especialmente a aquellas empresas que han consignado reiteradamente en sus declaraciones bases imponibles negativas a compensar y deducciones pendientes de aplicar en el Impuesto sobre Sociedades.

Cantidad o calidad. Si hablamos a nivel fiscal, en lo que a inspecciones tributarias se refiere se tendría que llegar a un equilibrio. Es necesario que las pequeñas empresas sepan que en cualquier momento les pueden realizar una inspección, porque son la mayoría de nuestro país, pero también las grandes tienen que sentir el ojo de Hacienda sobre sus cuentas. Porque inspeccionar a una pyme es más fácil que a una gran empresa y esto es un grave problema tributario.

Hay un sistema que muchos consideran perverso de incentivar a los inspectores para que realicen su trabajo y premiarles en función de la cantidad de irregularidades que logren hacer aflorar. No tiene nada de malo en sí mismo, es un buen método en el que "todos" salen ganando.

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Las inspecciones sorpresa de Hacienda están más cerca, ya hay acuerdo para la aprobación de la nueva Ley contra el fraude fiscal

Las grandes empresas tienen expertos fiscales como asesores

Pero aquí topamos contra la complejidad de inspeccionar a una gran corporación. Mientras que una pyme difícilmente va a tener a su servicio a alguien lo suficientemente capacitado para rebatir el criterio del inspector a la hora de imponer una sanción, las grandes empresas suelen tener en nómina a asesores fiscales muy cualificados que están dispuestos a rebatir y pleitear tanto como sea necesario.

Esto que implica, que el incentivo que puede tener un inspector por hacer aflorar irregularidades de una gran empresa puede que lo cobre o no. Porque tiene que estar muy seguro y aun así, es muy posible que dicha empresa decida recurrir a la justicia hasta las últimas instancias. Dicho de otra manera, tardará en tener un sentencia firme unos cuantos años.

Y la realidad es que el criterio de la Inspección no siempre tiene la razón, o al menos no tiene toda la razón. Pero muchas empresas no están seguras de hacer todo tal y como marca el criterio inspector y prefieren ceder, pagar y quitarse de encima este problema que tener a alguien revisando sus últimos ejercicios.

La cuestión es que debe existir un criterio o una política de incentivos diferente a la hora de lograr que los responsables de la mayor parte de las irregularidades fiscales, que se atribuyen según los propios Inspectores a las grandes empresas, se puedan perseguir de forma efectiva.

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Hacienda no siempre tiene razón, los Tribunales estiman el 45% de las reclamaciones de las empresas

Para ello también se necesita más personal, porque un inspector encargado de una investigación a una gran empresa puede estar años tirando del hilo y tratando de desenmarañar su telaraña fiscal. También una mayor preparación del cuerpo de Inspección.

Es una de las reformas pendientes dentro de la administración. Hacer que su personal vaya allí donde realmente se necesita, ya que hasta hace bien poco gran parte de sus recursos estaban enfocados a la atención al ciudadano y con la administración electrónica ya no son tan necesarios. Pero no se pasa en un día de recoger un formulario y tramitarlo a un puesto técnico de la noche a la mañana.

Una de las medidas estrella que ha tomado el Ministerio de Hacienda para reducir el peso del fraude fiscal ha sido prohibir el software de doble uso. Se trata de programas de facturación que mediante diferentes técnicas permiten la ocultación de ingresos al fisco. Para ello los programas de facturación tendrán que estar certificados por la Agencia Tributaria para cumplir con una serie de criterios que garanticen la integridad, conservación, trazabilidad e inalterabilidad de los registros de operaciones. Y si tenemos software antiguo o que no cumple con esta certificación pueden sancionar a un negocio o autónomo si el programa no está actualizado.

Lo curioso del asunto es que parece que hasta ahora Hacienda estaba haciendo la vista gorda con estos programas, que ¿no estaban prohibidos expresamente? La realidad es que se estima que el fraude fiscal por este motivo puede estar en torno a 200.000 millones de euros lo que para el fisco supone dejar de recaudar 60.000 millones de euros anuales en impuestos, según los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

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¿Cuáles son los motivos de sanción que nos pueden aplicar?

Un comercio o un autónomo que tenga un programa de este tipo puede ser sancionado con 1.000 euros solo por tenerlo, ni siquiera hace falta que se demuestre que lo han utilizado alguna vez. Es decir, pongamos el caso que en el TPV de un negocio que proviene de un traspaso está el programa de contabilidad antiguo, que por cualquier motivo no se ha eliminado y no cumple con la certificación de Hacienda. El negocio utiliza otro más actual que si cumple con esta certificación. La sanción sería igualmente aplicable.

Pongamos el caso de un programa de pago por uso, que desarrollan pongamos el caso en Polonia y hemos contratado porque resulta muy económico. Si no está certificado con la Agencia Tributaria y lo estamos utilizando, 50.000 euros de multa por cada año que lo hayamos estado utilizando.  Una cantidad suficiente como para verificar que nuestro programa cumple con esta certificación y estamos cubiertos.

Más grave sería el caso en el que se demuestre que se están utilizando para ocultar ingresos al fisco, ya que la sanción subiría hasta los 150.000 euros por cada año en el que se haya estado utilizando de forma fraudulenta. Son cantidades lo suficientemente importantes como para comprometer la viabilidad de un negocio si está ocultando ingresos al fisco.

Por último los fabricantes, vendedores o distribuidores de los programas de contabilidad que no dispongan de esta nueva certificación del Ministerio de Hacienda serán sancionados con 150.000 euros por cada año que los hayan fabricado, vendido o distribuido.

Un doble fraude

Lo cierto es que el problema con estos programas es que además se comete un doble fraude. Por un lado se declaran menos ingresos de los realmente obtenidos, por otro el IVA que se ha cobrado a los clientes luego no se declara.

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Es decir, no es solo que no se pague a Hacienda, sino que cobran el IVA al cliente, se ejerce de recaudador, y luego no se ingresa. O dicho de otro modo, si un cliente paga 100 euros por un producto o servicio que luego no se declara, 21 euros van a parar directamente a la caja del negocio.

Lo cierto es que veremos cómo se desarrollan las campañas para evitar este tipo de programas. Ya hemos visto con otras similares que Hacienda suele aplicar una primera informativa con el envío de cartas que hace que muchos negocios se pongan al día y otra segunda ejemplarizante, donde se busca llamar la atención con la inspección de negocios muy conocidos que sirvan para que otros tomen nota.

Es habitual que en los momentos de crisis económica se produzca un aumento de la economía sumergida. Es algo que ya ocurrió en la crisis anterior, donde se llegó a estimar que esta economía sumergida alcazaba en torno al 25% del PIB en España.

Y esto es un problema porque supone una merma importante en la recaudación fiscal. Justo cuando más se necesita para dar ayudas a las empresas y pagar las deudas del Estado. Porque no nos engañemos, el dinero que hoy se reparte, sea mucho o poco, habrá que pagarlo mañana y todos sabemos de dónde va a salir.

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Las principales organizaciones del sector comercial se oponen a la limitación a 1.000 euros del pago en efectivo

El sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda estima que se podrían recaudar hasta 270.000 millones de euros si se acaba con la economía sumergida. ¿Podemos pensar cuántas ayudas llegarían a las empresas si se dispone de esta cantidad de dinero? Pero la realidad no sería tanto, pongamos que nos ponemos a niveles europeos de países de nuestro entorno y se recaudara la mitad. Ya sería una cantidad muy importante.

Pero es que además en muchos casos esta economía sumergida supone casi 1.000.000 de empleos a jornada completa que no aparecen, que no cotizan a la Seguridad Social, que no tributan tampoco al IRPF. Y aquí tenemos un problema, ya que no es algo que gran parte de la población no ve con malos ojos, no importa si son empresas, autónomos o empleados.

Habitualmente se ha señalado a determinados sectores como construcción, servicios y hostelería donde el porcentaje de economía sumergida era más elevado. Y precisamente alguno de ellos son los más perjudicados por las restricciones y la crisis. ¿Les hará reflexionar sobre la necesidad de pagar impuestos a aquellos que no cumplen escrupulosamente? Lo dudo mucho, más bien al contrario les hará reafirmarse en sus tesis de ocultar al fisco lo máximo posible.

No tiene solo que ver con la pyme. Grandes empresas y grandes fortunas son también en parte responsables de esta economía sumergida. Y a veces se centra más las investigaciones en los más pequeños que son más fáciles de investigar dejando de lado a estas grandes corporaciones.

La realidad es que por mucho que lo digan de esta crisis no saldremos más fuertes. Las empresas españolas seguirán teniendo los mismos problemas, seguirán siendo muy pequeñas y con poca capacidad financiera, más endeudadas y con las mismas prácticas que llevamos haciendo durante años.

Imagen | Karolina Grabowska en Pexels

El Tribunal Supremo aclaró hace no mucho en qué tipo de situaciones podía acceder al domicilio de un contribuyente los inspectores de la Agencia Tributaria. Por este motivo ahora Hacienda reclama cambios legislativos para poder entrar en empresas y domicilios sin previo aviso.

La cuestión no es si accede o no, es cómo lo hace. Porque desde la Agencia Tributaria sostienen, y no les falta razón, que si existe un aviso previo hay riesgo de destrucción de pruebas. Por lo tanto si se está investigando a alguna empresa con indicios claros de fraude, se pierde efectividad o la capacidad para probar el supuesto delito se esfuma.

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Hacienda no podrá entrar en la sede social de las empresas solo porque facturan menos que la media

Lo que el Tribunal Supremo tumbó fue la entrada de los Inspectores en una empresa solo con indicios estadísticos. Es decir, Hacienda sabe que nuestra empresa está declarando ingresos por debajo de otras similares de la competencia, pero esto no necesariamente tiene que ser debido a un fraude. El Tribuna Supremo lo que dejó claro es que además de este dato se necesitan más pruebas del supuesto fraude.

Por este motivo el director general de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, ha anunciado que el Ministerio de Hacienda prepara en la actualidad una normativa que facilite dicha entrada, siempre con autorización judicial, pueda entrar en el domicilio de una empresa para recabar más pruebas.

Lo cierto es que no parece muy lógico que la Policía no pueda entrar en nuestro domicilio si no le facilitamos el paso y carece de orden judicial, pero el Inspector de Hacienda si pueda hacerlo. Las empresas pequeñas tienen menos armas para evitar estas visitas sorpresa. Pero las de mayor tamaño tienen equipos legislativos y fiscales que les pueden poner mucho más difícil la tarea a los inspectores en su lucha contra el fraude.

La realidad es que en la mayoría de los casos autónomos y pymes prefieren colaborar con la labor inspectora, antes que encontrarse con un Inspector que se pueda tomar su trabajo con un exceso de celo. Conozco a algún asesor fiscal que me dice que siempre hay que dejarles algo, que sea de poca importancia y fácil de encontrar, para que se conformen y nos dejen tranquilos.

La cuestión es con qué tipo de garantías cuenta la Inspección y las empresas. Porque luchar contra el criterio de Hacienda no es tan fácil, y sobre todo, las empresas más pequeñas no siempre están por la labor de dar esta batalla.

La Agencia Tributaria y el Consejo General del Notariado han suscrito un convenio para que la Agencia pueda acceder a la información de la base de datos de titularidad real del notariado. De esta forma Hacienda conocerá la titularidad real de las Sociedades para mejorar su lucha contra el fraude.

Se trata de una forma de reforzar el control sobre los entramados societarios, donde la red de conexiones entre diferentes Sociedades y grupos empresariales muchas veces complica sobremanera encontrar quién está detrás de ellos, pero también qué participación tienen para evitar el fraude fiscal.

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Hacienda pone el foco en la compensación de bases imponibles negativas de Sociedades

Hacienda podrá conocer la secuencia de entidades a través de las cuales una persona física es el titular jurídico de unas acciones o participaciones, así como el porcentaje real de su participación. La consulta se podrá realizar a partir de una sociedad para conocer sus propietarios o viceversa, de una persona saber en qué sociedades participa.

La Agencia Tributaria también tendrá acceso a las operaciones contenidas en el Índice Único Informatizado Notarial, para lo cual contará con un suministro periódico de los datos identificativos de poderdantes, apoderados y administradores de sociedades, así como las fechas de nombramiento y revocación de esos poderes.

Con esta acción parece claro que el foco de la Agencia Tributaria se ha movido de los pequeños negocios a las grandes empresas, lo que no quiere decir que no se siga inspeccionando a comercios y autónomos. En muchos casos a estos pequeñas empresas basta una carta avisando de inconsistencia fiscal para que sean más rigurosos en su fiscalidad.

Según el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, GESHTA, la Agencia Tributaria recaudó el año pasado 10,6 euros por cada uno invertido en la guerra contra el fraude fiscal. Podemos decir que la lucha contra el fraude fiscal sale muy rentable como inversión.

Se estima que los niveles de la economía sumergida en España están alrededor del 25% PIB, por lo que reducir hasta un 13 o 14% esta economía sumergida supondría aumentar la recaudación unos 25.000 millones más al año. Esto en un momento donde la inversión en políticas sociales crecerá en los presupuestos podría cubrir una buena parte de ellos.

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El Gran Hermano fiscal que está por venir, así cambiará la economía de pymes y autónomos

Por eso el GESHTA pide más medios para equiparar el número de efectivos que tienen disponibles y ponerlos a nivel del resto de países de la UE. Algo similar a lo que se ha hecho con la Inspección de Trabajo, un organismo que ha sido reforzado y cuya inversión se ha recuperado en forma de cotizaciones a la Seguridad Social.

Quizás también tendríamos que hablar de algunos criterios que impone la Agencia Tributaria, demasiado restrictivos para deducirse gastos afectos a la actividad económica. Valga como ejemplo las dietas de los autónomos. Una economía sumergida tan elevada pone la carga de culpabilidad ya de facto en los contribuyentes cuando no debería ser así.

Si hemos realizado un gasto por nuestra actividad económica deberíamos tener derecho a deducirlo, no estar al albur de un criterio u otro de la Agencia Tributaria. Es muy fácil apretar a un autónomo o a un pequeño comercio que no tienen armas para defenderse y muy complicado meterse en la fiscalidad de grades corporaciones que tienen expertos tributarios capaces de discutir cualquier criterio que impone la Agencia Tributaria.

Tampoco estaría de más acabar con sistemas como el de módulos, que en teoría poco a poco tienen que ir reduciendo sus límites para que cada vez sean menos los que pueden acogerse a ellos. Pero veremos cómo llega y cuánto tiempo tarde en ponerse en marcha.