Ya nos hicimos eco hace unas semanas del plan del Gobierno de limitar los pagos en efectivo para evitar el fraude. Esa limitación sólo permitiría el pago de facturas en metálico hasta el importe de 1.000 euros, pero, según informa El Economista, esa limitación de 1.000 euros sólo se aplicaría a los autónomos, mientras que para el resto de empresas se ampliaría hasta los 3.000 euros.

Según el mismo diario, esta sería la medida estrella del Plan General de Control Tributario para 2012 que Hacienda está dispuesta a aprobar antes de que termine el mes de febrero. Esto, además de un evidente agravio comparativo, supondría poner de nuevo el foco del fraude y la economía sumergida sobre el colectivo de autónomos, cuando todas las cifras ponen de manifiesto que el fraude lo comenten, mayoritariamente, las grandes compañías y no los pequeños empresarios.

El último informe de lucha contra el fraude fiscal elaborado por los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) indicaba que el 71,8% del total del fraude en España provenía de las grandes empresas y grandes fortunas, correspondiendo el resto a los autónomos y pymes. No parece, por tanto, que el mayor control sobre los pagos deba hacerse precisamente sobre los autónomos.

Esta medida aumentaría los costes financieros de este colectivo que debería asumir el pagp de comisiones por transferencias, ingresos de cheques, talones, etc. en un momento en que, precisamente, las entidades financieras están aumentando las cantidades a cobrar por estos servicios.

Además se sigue perjudicando a los que declaran, entendiendo que los que están “en negro” y no emiten factura podrán seguir cobrando en efectivo las cantidades que quieran y seguirán escapando al control de la Administración.

Desde luego el hecho de que se imponga un limite distinto a los autónomos, con respecto, a las empresas muestra, no sólo una falta de sensibilidad hacia este colectivo, sino una acusación indirecta de ser los principales causantes del fraude, algo que está muy lejos de ser cierto.

En Pymes y Autónomos | El Tribunal Supremo frena ciertas actuaciones anti-fraude de Hacienda
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El Gobierno, a través de su portavoz Soraya Saez de Santamaría, ha anunciado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de ayer, que se procederán a aprobar nuevas medidas para el control del fraude fiscal y de la economía sumergida. Entre ellas figurará la limitación del pago en efectivo a partir de un determinado importe.

Más allá de que este plan del gobierno no parece ser muy ambicioso, teniendo en cuenta los resultados de los planes puestos en marcha por el anterior gobierno, los técnicos de Hacienda estiman que si la limitación se aplicara a un máximo de 1.000 euros se podrían recaudar 26.000 euros anuales más.

La medida ya está en vigor en otros paises de la UE y consistiría en que las empresas no podrían deducir el IVA, ni el gasto en el IRPF ni en el Impuesto de Sociedades de las facturas pagadas en metálico, con cheques bancarios o documentos al portador cuyo importe sea superior al límite marcado por la ley.

Falta ver cómo se instrumentaliza esta norma y cuál va a ser el límite que se aplique en la misma. En Italia dicho límite se fijó en 1.000 euros y en Francia se restringen los pagos a 3.000 euros entre empresas y a 1.500 euros en el caso de los pagos relacionados con los salarios.

Por supuesto no podemos valorar a priori el efecto que tendría esta medida, sobre todo sin ver los resultados reales de su aplicación, pero lo que sí puede suponer es un aumento de las cargas financieras para las empresas. El tener que recurrir obligatoriamente a transferencias, cheques, pagarés, u otros, para realizar pagos o cobros. Las empresas deberán pagar las comisiones que cajas y bancos cobran por su uso, algo que al efectuar esos pagos en efectivo se podían ahorrar.

En Pymes y Autónomos | Plan de Control Tributario 2011: la lucha contra la economía sumergida
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La semana pasada leí una carta que una recaudadora de impuestos envió al blog de Ignacio Escolar. En esa carta se queja amargamente del fraude fiscal sistemático que autónomos y micro-pymes llevan a cabo. Hace especial mención al sistema de módulos y denuncia, explicitamente, al colectivo de taxistas.

Sin ánimo de polemizar, teniendo en cuenta que estoy de acuerdo en que el sistema de módulos es un auténtico desastre y que no voy a ser tan ingenuo como para negar que hay economía sumergida en muchas actividades que autónomos y pymes realizan, si me gustaría resaltar que me indigna el calificativo de sistemático y el afán que últimamente se pone en destacar a este colectivo como instigador y asíduo beneficiario de las prácticas “en negro”.

En primer lugar, fuentes de Gestha (sindicato más representativo del Cuerpo Especial de Gestión de la Hacienda Pública) indicaban hace poco que la economía sumergida achacable a los autónomos y pymes apenas supera el 10% del total, señalando que son las grandes corporaciones las que, gracias a complicados entramados societarios y movimientos en paraisos fiscales, generan la inmensa mayoría de las prácticas fraudulentas.

Se pone el acento en los más pequeños como responsables siendo el colectivo más sencillo de inspeccionar y descubrir, de hecho son los que centran el mayor esfuerzo de la administración, ya que el control de las grandes compañías requieren más trabajo y muchas veces cuentan con grandes equipos financieros y legales que hacen que la labor de inspección sea misión imposible. De hecho no es extraño que se abran inspecciones pactadas en las que se decide entre las partes cuanto pagar para ahorrarse trabajo y tiempo, independientemente de que la cantidad que se pudiera descubrir y reclamar fuera mucho mayor.

El sistema de módulos es un foco de negocios “ocuros“, eso es así. Pero entonces que se cambie y no se recurra a la generalización y al desprestigio de un colectivo por las sospechas de algunos. Si se sabe lo que ocurre, que se actue, se descubra a los que se aprovechan de ello y no se implique a los demás.

El hecho de que el 25% del PIB se mueva dentro de la economía sumergida es una barbaridad y habla muy mal tanto de los que operan de ese modo como de los encargados de descubrirlos. Extender la sospecha sobre todo el mundo y poner el acento en colectivos que, en realidad, tienen responsabilidad menor sobre ello no ayuda a crear una cultura que favorezca la actividad y el surgimiento de nuevos empresarios, ni a tener un concepto de ellos más acorde con la realidad.

En Pymes y Autónomos | La economía sumergida no es un efecto de la crisis
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Según los datos publicados por la Agencia Tributaria correspondientes al año 2009 la diferencia entre lo declarado en el IRPF por un asalariado y un autónomos es de 8.300 euros. Se trata de la mayor diferencia desde 1993 y según José María Mollinedo, secretario general del Gestha, refleja un “fraude fiscal masivo y estructural” entre los autónomos y las pymes que tributan por el impuesto sobre la renta.

Obviando la posibilidad de registrar pérdidas, el dato nos diría que en general resulta más rentable ser trabajador por cuenta ajena o incluso ser pensionista pues la media entre los pequeños empresarios nos dice que ganan 11.000 euros al año. De esta manera El Gestha se reafirma en sus declaraciones de años pasados gracias al aumento de las diferencias.

Pese a que las asociaciones de autónomos tratan de explicarlo por los bajos rendimientos causados a la crisis económica lo cierto es que en 2007, cuando aún estábamos en bonanza, se mantenía a niveles inferiores a las rentas declaradas por los asalariados.

La teoría expresada por el Gestha nos habla da una ocultación deliberada y generalizada de las ventas para obtener beneficios sin control tributario además de la anotación de gastos personales como profesionales.

Evitar el IVA y falsear la partida de gasto se han convertido en prácticas habituales en algunos sectores especialmente golpeados por la crisis. Las subidas impositivas y la presión fiscal suele ir acompañada por este tipo de comportamientos conocidos por todos.

Tampoco podemos ignorar que durante el primer trimestre de 2011 el número de autónomos ha caído un 0,82% respecto a 2010, de modo que en caso de que se esté produciendo un fraude general fuera de lo normal puede ser reflejo de la dramática situación de muchos profesionales. La media europea ha experimentado un crecimientos del 1,40% de modo que nuestra situación sigue siendo terrible.

Vía | Cinco Días
Pymes y Autónomos | Según Gestha, los autónomos y empresarios no pueden perder dinero, Gestha opina sobre las nuevas medidas del Gobierno
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Tras analizar el primer gran bloque del Plan de Control Tributario, centrado en la comprobación e investigación del fraude fiscal, vamos a ver en qué consite el segundo de los grandes ámbitos en los que se articula el Plan, el control del fraude en fase recaudatoria. Las actuaciones de este segundo bloque van dirigidas a lograr el cobro de las regularizaciones y liquidaciones derivadas de las actuaciones de control tributario.

Se reforzará el control de deudores con incumplimiento sistemático de sus obligaciones fiscales. Se realizarán actuaciones de embargo de los bienes y créditos de estos deudores en función de la información contable que se pueda recabar en las citadas actuaciones. Esto tendrá una doble finalidad, por un lado la de cobrar la deuda pendiente y, por otro, impedir la actuación en el mercado de estos sujetos, que con su proceder no sólo perjudican a la Hacienda Pública sino que realizan una competencia ilícita en el sector económico en el que ejercen sus actividades, por la ventaja que les supone este fraude fiscal respecto a otras empresas de la competencia.

Así mismo se intensificará la presencia efectiva de los órganos de Recaudación en las instalaciones de los contribuyentes con deudas en período ejecutivo de cuantía significativa o con solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento por importes relevantes. Se pretende así evaluar la situación financiera y patrimonial de dichos contribuyentes y su riesgo de insolvencia.

Se hará un seguimiento de insolvencias aparentes, investigándose especialmente la participación de contribuyentes aparentemente insolventes en la creación de nuevas sociedades mercantiles que posteriormente no ingresan sus obligaciones tributarias o con las que se dificulta la recuperación de las deudas pendientes de cobro. Todo ello con el objeto de obtener pruebas que acrediten supuestos de insolvencia punibles y, además, adoptar medidas de aseguramiento del cobro de las deudas que procedan.

Aumentará el control de los procesos concursales para impedir actuaciones de defraudación que traten de aprovechar la protección otorgada por la legislación concursal para eludir el pago de las deudas tributarias o evitar incurrir en los supuestos de responsabilidad previstos por la normativa tributaria. Para ello se trabajará en:

• La oposición a la aprobación de cuentas en concursos en los que se detecten alteraciones en el orden de pago de los créditos y en los que existan créditos contra la masa de naturaleza tributaria pendientes de pago.

• El impulso del control de responsabilidades de los administradores concursales.

• La potenciación de una participación más activa en la fase de calificación de créditos, con el objeto de obtener y aportar pruebas que permitan una calificación de concurso culpable cuando se estime que concurren los supuestos recogidos en el artículo 164 de la Ley Concursal.

Se reforzarán las actuaciones en relación con el delito contra la Hacienda Pública, tanto a través de la remisión de expedientes al ámbito penal para proponer a los órganos judiciales la adopción de medidas cautelares cuando se observe riesgo recaudatorio, como mediante el establecimiento de sistemas de vigilancia patrimonial, durante la tramitación jurisdicciona, para aquéllos que tengan responsabilidad civil derivada del delito contra la Hacienda Públical.

Los órganos de recaudación prestarán especial atención a las conductas de los condenados por delito contra la Hacienda Pública, por si hubiese que ponerlas en conocimiento de los jueces solicitando la retirada de la suspensión del ingreso en prisión ante el incumplimiento de sus obligaciones de ingreso sin ser insolventes.

Se reforzará la adopción de medidas cautelares, teniendo en cuenta que éste es un instrumento muy eficaz en la lucha contra los trasvases patrimoniales.

En Pymes y Autónomos | Plan de Control Tributario
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Además de los controles relacionados con los contribuyentes con mayor riesgo fiscal y la lucha contra la economía sumergida, el Plan de Control Tributario de 2011 contempla otra serie de medidas para la comprobación e investigación del fraude fiscal. Estas medidas cubren varios frentes, uno de ellos será la lucha contra la deslocalización y la planificación fiscal abusiva con lo que se prentende detectar actuaciones de ingeniería o planificación fiscal que busquen la ocultación o minoración indebida de la tributación.

Se perseguirá la deslocalización artificial de rentas, patrimonios o la falsa residencia del contribuyente fuera del territorio de actuación de la Agencia Tributaria para tributar las rentas o bienes patrimoniales de forma ficticia, situándolos el contribuyente en países o territorios de baja tributación. Se pretende detectar activos, depósitos y, en general, productos financieros fuera de nuestras fronteras pero cuya titularidad real corresponde a residentes en España.

Dentro de la fiscalidad internacional se potenciará el control de los precios de transferencia y de las operaciones entre empresas vinculadas en tres grandes áreas de riesgo: las operaciones de reestructuración empresarial, en las que se aprecie falta de correlación entre la sustancia económica de la operación y la forma adoptada o la realización de valoraciones abusivas; las operaciones con intangibles, con especial atención a su valoración y, finalmente, se vigilará el tratamiento de las pérdidas derivadas de la crisis para evitar estrategias de compensación.

Se continuarán con las actuaciones de control de operaciones en la construcción y promoción inmobiliaria, con el objeto de verificar la adecuada tributación de dichas operaciones y con la comprobación de las transmisiones de inmuebles con la finalidad de detectar posibles rentas no declaradas.

Se llevarán a cabo actuaciones de control censal especialmente en los principales centros industriales y zonas comerciales donde se puedan estar realizando actividades económicas no declaradas. Se consolidará el censo único compartido con las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas y se impulsarán los intercambios de información entre la Agencia Tributaria y las Administraciones tributarias autonómicas y con las entidades locales.

Se procederá a la comprobación de grupos fiscales del Impuesto sobre Sociedades y de grupos de entidades del Impuesto sobre el Valor Añadido, haciendo especial hincapié sobre las operaciones más específicas a las que da lugar la aplicación del régimen de grupos fiscales consolidados en el Impuesto sobre Sociedades y el de grupos de entidades del Impuesto sobre el Valor Añadido, así como al análisis de laws compensaciones de bases imponibles negativas, tanto del propio grupo como las individuales anteriores a la incorporación al mismo.

Se mantendrán las actuaciones de prevención del fraude en referencia al Registro de Operadores Intracomunitarios y al Registro de Devolución Mensual, realizando un seguimiento de los operadores inscritos en ellos con el fin de evaluar el cumplimiento de los requisitos para la permanencia en dichos registros.

Se hará un especial seguimiento de las solicitudes de devolución o compensación para lo que se implantará un nuevo modelo de control con mejora de los sistemas de calificación y cuantificación del riesgo fiscal. Lo mismo con el control de las exenciones y de beneficios fiscales, para lo que se desarrollarán actuaciones sobre los contribuyentes que reduzcan indebidamente sus bases o cuotas tributarias aplicando de forma incorrecta bonificaciones, reducciones, deducciones o exenciones.

Se centrará la atención en las adquisiciones de medios de transporte que pongan de relieve una alta capacidad adquisitiva y cuyos adquirentes traten de eludir indebidamente la tributación mediante la afectación ficticia del medio de transporte a una actividad empresarial, especialmente en los casos de exenciones declaradas en embarcaciones de recreo, aeronaves y vehículos terrestres por destinarse a arrendamiento.

Se analizará el cumplimiento correcto de la normativa de retenciones mediante la comprobación del efectivo ingreso de las cantidades retenidas, la verificación de la coherencia entre las retenciones ingresadas y la información aportada por los retenedores, y el análisis de las discrepancias entre el importe declarado por los contribuyentes que soportan retenciones y los importes declarados e ingresados por los retenedores.

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Otro de los puntos en los que se basa el Plan de Control Tributario es la lucha contra la economía sumergida. Esta comprende todas las actividades productivas legales que son deliberadamente ocultadas a las autoridades con el fin de evitar el pago de impuestos y las cotizaciones a la Seguridad Social, así como el cumplimiento de la normativa laboral.

El Plan pretende la detección de actividades económicas no declaradas o en las que la cuantía objeto de declaración sea proporcionalmente muy reducida en relación con la actividad realmente desarrollada. También se perseguirá la identificación de trabajadores falsamente autónomos y el descubrimiento de personas físicas que no declaren las rentas percibidas y que además estén cobrando prestaciones por desempleo o de la Seguridad Social. Para ello se realizarán actuaciones de forma coordinada o conjunta con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social o la Tesorería General de la Seguridad Social.

Se llevarán a cabo acciones presenciales en locales situados en determinadas áreas geográficas, o en los que se desarrollan actividades propias de determinados sectores económicos, para obtener pruebas de la realización de actividades económicas ocultas.

Se efectuará un análisis de la información sobre actividades económicas que se intercambie entre Hacienda y la Tesorería General de la Seguridad Social o la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para descubrir actividades económicas que se declaren en la Seguridad Social y no lo hagan en la Agencia Tributaria.

También se pretende detectar actividades económicas cuya naturaleza no se corresponda con el tipo de actividad que se haya declarado a la Agencia Tributaria o a los organismos dependientes del Ministerio de Trabajo e Inmigración, para beneficiarse fiscal o socialmente.

Se efectuará un estudio de la información procedente de la nueva declaración informativa anual sobre consumos de energía eléctrica (modelo 159). Con esto se pretende detectar inmuebles en los que se haya apreciado un determinado nivel de consumo de energía eléctrica y no consten como destinados a uso alguno, ya sea para el desarrollo de actividades económicas o para el alquiler.

De la misma manera se llevará a cabo el análisis de la información suministrada por la nueva declaración informativa sobre terminales de tarjetas de crédito (modelo 170), para detectar a los contribuyentes que dispongan de varios terminales de tarjetas de crédito que se estén utilizando como medio de cobro de ingresos no declarados a la Agencia Tributaria.

Se hará una especial vigilancia de las operaciones de comercio exterior realizadas a través de las aduanas españolas, con la finalidad de detectar aquellos casos en los que el sujeto que realiza la operación de comercio exterior permanece en el ámbito de la economía sumergida. También se procederá a controlar las actividades económicas derivadas de la importación de bienes procedentes fundamentalmente de Asia y otros terceros países. ya que puede haber detraás una vulneración de los derechos de propiedad intelectual y a la protección de los ciudadanos por la falsificación de productos.

En Pymes y Autónomos | El Plan de Control Tributario
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Como ya comentamos, el primer ámbito de actuación del Plan de Control Tributario para 2011 tiene como objetivo la comprobación e investigación sobre el fraude fiscal. Las actuaciones en esta parte del Plan pretenden la comprobación de las declaraciones presentadas por los contribuyentes y el descubrimiento de hechos o bases no declarados. El objetivo es proceder a las oportunas regularizaciones de la situación tributaria de los contribuyentes y lograr el cobro efectivo de las deudas y sanciones tributarias resultado de estas regularizaciones.

Lo primero que llevará a cabo la Agencia Tributaria, a través de sus diversas áreas, será el control sobre obligados tributarios con mayor riesgo fiscal.

Se llevará a cabo un control de actividades profesionales mediante la utilización de nuevas fuentes de información o signos externos de riqueza que permitan descubrir ingresos no declarados o gastos ficticios en las declaraciones presentadas. Se reforzarán las actuaciones para asegurar la correcta repercusión del IVA en las facturas, especialmente cuando los destinatarios sean directamente los particulares.

Se efectuará un control sobre los contribuyentes que presenten signos externos de riqueza relevantes indicativos de una alta capacidad económica que no se corresponde con las rentas declaradas. Se diseñarán herramientas informáticas para el análisis patrimonial y la detección de esos signos externos en personas físicas.

Se intensificará el control sobre los medios de pago. La detección e investigación de operaciones operaciones en las que se usen billetes de alta denominación así como las investigaciones de los movimientos de efectivo por importes elevados y a los contribuyentes con abonos de importancia en sus cuentas bancarias.

Se profundizará en control del fraude en las subcontrataciones, buscando la detección de falsas empresas subcontratistas que, aparentemente son ejecutoras de obras o prestadoras de servicios para una empresa contratista principal, pero que no realizan tal actividad y se constituyen con el único propósito de emitir facturas falsas que, posteriormente son utilizadas por el receptor para obtener deducciones fiscales indebidas.

También se vigilarán a aquellas empresas subcontratistas que sí desempeñan una actividad económica real pero o bien lo hacen con trabajadores sin alta en la Seguridad Social o no presentan declaraciones tributarias o las presentan sin ingresar las cuotas devengadas.

También se llevará a cabo un control de no residentes para detectar rentas obtenidas en España y no declaradas y se hará un constante seguimiento de la situación tributaria de contribuyentes condenados por delito fiscal.

El control de los contribuyentes en regímenes objetivos de tributación también se contempla en este Plan. Lo que se pretende es acabar con la emisión de facturas falsas que tributen en regímenes de estimación objetiva (módulos) o los que dividen artificialmente su actividad entre varios sujetos con el fin de eludir la exclusión de este régimen.

Se incidirá en el control de operaciones inhabituales o de importe excesivo que vinculen a empresarios en módulos con otros empresarios o profesionales en estimación directa. Estas actuaciones de control se verán reforzadas con la puesta en práctica de un plan de visitas a contribuyentes en módulos, que permitirá obtener indicios de la existencia de alguna de las irregularidades citadas.

Por último se aumentará el control de los no declarantes, realizandose un plan de actuaciones de control de aquellos contribuyentes que hayan incumplido sus obligaciones de presentación de declaraciones de cualquier tributo.

En Pymes y Autónomos | Plan de Control Tributario
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Hoy, 7 de febrero, se ha publicado en el BOE el Plan de Control Tributario para 2011 con el que el Gobierno pretende intensificar las medidas de lucha contra el fraude y la economía sumergida. Dicho plan contempla la colaboración entre Hacienda, la Inspección de trabajo y la Tesorería General de la Seguridad Social.

El desarrollo del Plan General de Control Tributario se agrupará en tres grandes ámbitos. El primero llevará a cabo actuaciones de comprobación e investigación sobre el fraude fiscal, principalmente en los sectores o actividades en los que existe una mayor percepción del fraude, como es el caso de los profesionales o los contribuyentes con signos externos de riqueza que no se correspondan con los niveles de renta declarados.

El segundo se centrará en la lucha contra el fraude en la fase recaudatoria. Para ello se prevé la puesta en marcha de un programa de actuaciones coordinadas que haga posible anticipar las actuaciones recaudatorias a la fase de liquidación. Se impulsará el control de deudores con incumplimiento sistemático de obligaciones.

También se incluirán actuaciones de control recaudatorio específicas en relación con los procesos concursales, reforzando la participación de la Agencia Tributaria en las diferentes fases del concurso, así como las actuaciones de control recaudatorio en relación con los delitos contra la Hacienda Pública.

El tercer aspecto que contempla este Plan es el control sobre los tributos cedidos. Para ello se impulsarán actuaciones coordinadas con las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas responsables de la gestión de tales tributos entre las que destaca la plena consolidación a lo largo de 2011 del Censo Único Compartido y el carácter prioritario de las actuaciones coordinadas en relación con las operaciones inmobiliarias o societarias más significativas con incidencia en los tributos cedidos.

Ya durante el 2010 se desarrolló un plan de lucha contra la economía sumergida ante la sospecha de la proliferación de estas actuaciones y su aumento derivado de la crisis económica, algunos situan el movimiento de este tipo de actuaciones en torno al 20-25% del PIB. Los buenos aunque insuficientes resultados obtenidos durante 2010 han hecho que el Gobierno refuerze los controles para la lucha contra el fraude para 2011.

Iremos desarrollando en otros post el contenido de ese plan y las medidas que corresponden a cada ámbito de actuación.

En Pymes y Autónomos | http://www.pymesyautonomos.com/legalidad/el-nuevo-plan-antifraude-que-viene”>El nuevo Plan Antifraude que viene
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A partir del próximo mes de marzo, las entidades de crédito tendrán que informar a Hacienda de aquellos cobros y pagos en efectivo que superen los 3.000 euros. De esta manera la Agencia Tributaria podrá controlar y hacer un seguimiento de todos estos movimientos.

Hacienda aprobó el año pasado el modelo 171 de ‘Declaración informativa anual de imposiciones, disposiciones de fondos y de los cobros de cualquier documento’, que se presentará anualmente. El próximo mes de marzo las entidades financieras presentarán este modelo con la información de los movimientos realizados en 2010 y que superen los 3.000 euros.

Hasta enero de 2010, los bancos y cajas tenían la obligación de comunicar a Hacienda de las operaciones superiores a los 3.000 euros realizadas con cheques y de las de efectivo de más de 100.000 euros. En enero del pasado año ésto se modificó obligando a las entidades a recavar información de todos los movimientos en efectivo de más de 3.000 euros. Hacienda podía, hasta ahora, solicitar a las entidades bancarias esa información, pero ahora éstas se verán obligadas a dar estos datos de forma anual.

La Agencia Tributaria recibirá, mediante esta declaración, la información de todos los ingresos, reintegros y cobros de cualquier documento que se realicen en metálico y su importe sea superior a 3.000 euros. Esa información incluirá el nombre y apellidos o razón social y NIF de quien realiza la operación, la fecha en la que se ha realizado, si es un cobro o un pago, su importe y el número de cuenta en la que se realizan los cargos o abonos.

La Agencia Tributaria continua con la medidas de lucha contra el fraude fiscal y esta se incluye dentro de las mismas. Detectar y combatir el blanqueo de capitales y la economía sumergida viene siendo, desde antes del verano, el objetivo de muchas de las actuaciones de los órganos de inspección de Hacienda.

Este sistema se hará de manera automatizada, procesando la información por medios telemáticos, en la línea de las últimas actuaciones de Hacienda que pretende la extensión de la informatización de la gran mayoría de los procesos para ganar rapidez y eficiencia en la gestión y el control de la información recibida.

Vía | Europa Press
En Pymes y Autónomos | Modelo 171: movimientos de cobros y pagos en cuentas corrientes
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