Jesús Manuel Martín ‘El Autóctono’, ganadero extremeño (47 años): “Aquí se ha metido todo el mundo a vivir de nosotros, pero si la vaca no da leche, no da”

Según él, los ganaderos son los que están pagando a todo el mundo. “Aquí se ha metido todo el mundo a vivir de nosotros, pero aquí, si la vaca no da leche, no da”. Así se lamenta Jesús Manuel Martín Crespo, El Autóctono, sobre el estado de las cosas que vive en su sector. Y destaca las dificultades con los seguros y los trámites.

Tiene su actividad en Torre de Don Miguel (Sierra de Gata, Cáceres). Lleva más de dos décadas trabajando con cabras. Ha utilizado las redes sociales para contar su trabajo. También para dar su opinión sobre el estado de las cosas en el campo. “Yo soy ganadero”.

Según cuenta, primero cobran todos los demás. Gestorías, sindicatos… Los seguros también. Las pólizas son una locura, a su juicio. “Hacen papeles todos los días. Tienes que tener gestores y de todo”. Todo esto lleva dinero. De alguna manera tiene que pagar por ello. Es decir, de lo que genera su explotación, se va parte a eso.

Por otro lado, está la digitalización. Le dicen que funciona bien el libro digital. Y luego le piden el libro físico. Han creado más trabajo, a su juicio.

Los gastos llegan antes que el sueldo del ganadero

“Todo lo nuestro no vale”, afirma. Sin embargo, “todo lo que nosotros compramos sí vale”. Por ejemplo, el tractor o los suministros que necesita para producir. Las ayudas tampoco compensan, según él. Se pregunta cuánto valen sus horas.

También critica cómo está funcionando la Ley de la Cadena Alimentaria. En el Índice de Precios en Origen y Destino de los Alimentos (IPOD) de febrero de 2025, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) reflejaba que la patata tenía un precio de 0,39 €/kg en origen y 1,99 €/kg en destino.

Esta preocupación sobre el precio en origen ya salía en el testimonio del agricultor Chamorro (10 de agosto de 2026). Además de lo anterior, en este caso hay un aspecto de abandono de actividades tradicionales en la comarca.

“Al final hemos quedado cuatro”. En su familia tiene un hijo que quiere seguir, pero sus hijas están estudiando. Según cuenta, están empezando a cobrar por limpiar cortafuegos con los animales. Pero, a su juicio, hay que ver cómo se reparten esos dineros. También hay restricciones a las quemas de restos de poda. En algunos casos es complicado trabajar con maquinaria.

El inicio de esta divulgación fue gracias a un teléfono que consiguió vendiendo un caballo. En enero de 2023 se le presentaba como el que dirige una explotación con 350 cabras veratas. Gracias a sus publicaciones en redes sociales, sus quejas han llegado también a personas que viven fuera del campo.

En el análisis del Censo Agrario 2020 realizado por el Ministerio de Agricultura, destacaba que el 41 % de los jefes de explotación tenían 65 o más años. Posteriormente, el INE publicó una encuesta referida a 2023 con datos de 784.141 explotaciones agrícolas. La superficie agrícola utilizada media por explotación era de 30,46 hectáreas. Un 13,2 % más que en 2020.

El trabajo del dueño también forma parte del coste

Una de las quejas sobre horas tiene respuesta en la Ley de la Cadena Alimentaria. En el artículo 9.1.c se establece que el precio que perciba el productor primario en el contrato alimentario deberá ser superior al coste efectivo de producción. En este coste se incluyen los gastos de alimento y de veterinario. También están las amortizaciones y el trabajo que ponga el productor o su familia.

De esta manera, si el titular trabaja con los animales, deberá incluirlo en el coste. Esto no implica que tenga una nómina. Puede utilizar como referencia la producción comercializada en todo o parte del ciclo productivo. Que se puedan pagar las facturas de pienso y de combustible no implica que el precio cubra todo el trabajo y recursos.

En la guía de preguntas de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) se indican cuáles son las obligaciones de contratación. Es necesario que el acuerdo se ponga por escrito antes de iniciar las prestaciones. Cada parte debe tener una copia. Se deben incluir el precio y las condiciones de pago. Existen algunas excepciones. Por ejemplo, las entregas de socios a cooperativas que tienen acuerdos o estatutos que definen cómo se realiza la valoración y el calendario de liquidación, conocidos por los socios antes de la entrega.

Esto permite al productor saber qué se ha acordado antes de realizar la entrega. La documentación de coste y de facturas de venta permite contrastar si el precio es el acordado y si cubre los gastos de producción. No basta con el testimonio del ganadero sobre sus dificultades. Depende de la operación concreta y de ella pueden derivarse actuaciones de control.

Otro aspecto es el de las podas. En el artículo 27.3 de la Ley 7/2022 se establece que las pequeñas y microexplotaciones agrarias están exentas de la prohibición general de quemar residuos vegetales. Hay que considerar también las normas de prevención de incendios y las particulares de cada territorio. No puede inferirse que haya una prohibición común para todas las explotaciones a partir de la crítica de Martín Crespo.

En caso de que el problema sea una posible infracción comercial, hay un procedimiento para reportar incumplimientos. Es necesario que la denuncia tenga toda la información. Deben identificarse las partes. Es necesario detallar los hechos y las fechas. También es preciso poner pruebas. Los contratos y albaranes, junto con las facturas y la correspondencia, son útiles para documentar qué se entregó y en qué condiciones. El contenido de la denuncia y sus anexos es tratado de manera confidencial por AICA.

Es importante saber qué Administración es la responsable. Interviene AICA en casos en los que, por ejemplo, las partes están en diferentes comunidades autónomas o hay una trazabilidad previsible supraautonómica. Si el incumplimiento afecta a operadores de una única comunidad, es la autoridad de ejecución de dicha comunidad la que debe actuar. En el caso de que un ganadero tenga sospechas de que le pagan por debajo de coste, debe documentar la operación y saber quién es el organismo competente.

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