En 2023, podría decirse que el sistema tributario español dio un vuelco. Según los últimos datos de la AEAT, la recaudación del impuesto de patrimonio se disparó hasta los 1.970 millones de euros ese año (un 58 % más que en 2022), donde un 99 % de los patrimonios superiores a 30 millones de euros abonaron este tributo, frente al 27,5 % que lo hacía un año antes.
Detrás de este cambio no está un aumento repentino de fortunas, sino la ofensiva del Gobierno con el impuesto de solidaridad sobre las grandes fortunas, creado a finales de 2022 para evitar las bonificaciones autonómicas del patrimonio.
Un impuesto estatal
El tributo estatal, diseñado como "temporal", ha funcionado como un calco del impuesto de patrimonio, pero con una diferencia esencial: la recaudación iba directamente a las arcas del Estado.
Si las comunidades mantenían el impuesto de patrimonio bonificado al 100 %, el Estado se quedaría con la recaudación a través del nuevo impuesto de solidaridad. Para evitarlo, decidieron recuperar el tributo autonómico y asegurarse esos ingresos con un cambio casi inmediato: en Madrid, se pasó de no tener ningún contribuyente en 2022 a registrar 10.659 pagadores en 2023; en Andalucía, la cifra pasó de cero a 662 contribuyentes en solo un año.
Recaudación disparada
En los últimos años, el efecto se ha hecho notar, sobre todo, en los tramos más altos de riqueza, donde:
· Los patrimonios de más de 30 millones de euros triplicaron su aportación, de 160 a 485 millones de euros.
- En los patrimonios intermedios, de 6 a 30 millones, la factura se duplicó con creces: de 286 a 615 millones.
- Los patrimonios de entre 1,5 y 6 millones siguieron siendo mayoría en número de contribuyentes, pero su aportación apenas creció un 12 %.
La consecuencia es que el impuesto sobre grandes fortunas, pensado como disuasorio, ha quedado reducido a un papel casi anecdótico o residual: cuando un contribuyente paga patrimonio, el nuevo tributo estatal se aplica con una deducción del 100 %.
Desde el Ejecutivo, se afirma que el objetivo está cumplido: todas las comunidades han vuelto a gravar la riqueza y se refuerza así la equidad fiscal entre territorios.
La foto política también es relevante: la ofensiva contra las bonificaciones autonómicas ha abierto un debate sobre la necesidad de una mayor armonización fiscal en España.
En cualquier caso, el movimiento también ha generado incertidumbre: si bien comenzó como un impuesto temporal, todo apunta a que puede extenderse en el tiempo.
Sin excesivas tensiones
Para las pymes, en cambio, no se trata tanto de gravar más patrimonio de los ultrarricos como el mensaje de fondo: el marco tributario puede cambiar con rapidez, en función de la tensión entre Estado y comunidades, lo que podría contribuir a cierta inseguridad fiscal, competencias entre las autonomías y mayor necesidad de planificación.
Sin embargo, los datos de 2023 han marcado un antes y un después, y muestran una clara tendencia: casi todos los ultrarricos han vuelto a pagar el impuesto de patrimonio y la recaudación se dispara sin excesivas tensiones.
La lección es clara: más que nunca, las pequeñas empresas deben seguir de cerca la política fiscal, porque lo que empieza en las grandes fortunas suele anticipar dinámicas que terminan afectando a todo el tejido productivo. Sin embargo, también queda la nota positiva y es pensar que ese mayor control de la fiscalidad puede tener consecuencias claramente positivas para el contribuyente medio: un mayor control sobre las grandes fortunas ayuda a reforzar la equidad del sistema.
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