Lorenzo Amor afirma que más de la mitad de lo recaudado sale de las cotizaciones de los autónomos. Esto es lo que hemos podido calcular con los datos oficiales

Javier Ruiz

Lorenzo Amor, presidente de la ATA, ha vuelto a ser noticia tras poner el foco en la carga fiscal del colectivo. 

En una reciente aparición relacionada con la edición XXIV de los Premios Autónomo del Año, afirmó que los autónomos “pagan más de la mitad de todo lo recaudado en España”, en un contexto de críticas al Gobierno por el aumento de cotizaciones y la presión fiscal sobre los pequeños negocios.

Qué dijo Amor y por qué genera debate

La declaración ha tenido amplia repercusión en redes y medios, reavivando un debate clásico: ¿pagan realmente los autónomos más que nadie? Los datos de la Agencia Tributaria y la Seguridad Social muestran un escenario muy diferente al descrito por el presidente de ATA.

Amor y buena parte del colectivo de trabajadores por cuenta propia sostienen que el peso contributivo de los autónomos es desproporcionado respecto a los servicios y coberturas que reciben: el acceso limitado al paro o cese de actividad es solo la última de una larga lista de batallas con la Administración.

Sin embargo, hablar de que los autónomos aportan “más de la mitad de todo lo recaudado” no se sostiene con los datos disponibles. 

Según el Informe Anual de Recaudación Tributaria 2023 de la Agencia Tributaria, los ingresos tributarios ascendieron a 271.935 millones de euros, impulsados sobre todo por el IRPF (42 %), el IVA (33 %) y el Impuesto de Sociedades (10 %), además de los tributos especiales y otras figuras menores. El Ministerio de Hacienda aún no ha publicado el cierre de 2024, aunque los informes mensuales de recaudación de 2025 apuntan a un crecimiento sostenido.

Por su parte, los registros de la Seguridad Social muestran que en mayo de 2025 había 3,4 millones de personas afiliadas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), frente a más de 21,9 millones de afiliados totales al sistema. 

No obstante, los informes públicos no desglosan la recaudación del IRPF o del IVA por tipo de contribuyente, por lo que no es posible conocer con precisión qué porcentaje corresponde a autónomos y cuál a asalariados.

En materia de cotizaciones, el Presupuesto de la Seguridad Social para 2024 cifra los ingresos previstos por cotizaciones en 152.075 millones de euros, de los cuales 12.038 millones proceden del RETA y 116.329 millones del Régimen General, además de otras partidas (como el Mecanismo de Equidad Intergeneracional o las contingencias profesionales). En ejecución, hasta agosto de 2025, las cotizaciones acumulan 117.248 millones, según La Moncloa.

En conjunto, los datos disponibles no permiten calcular con exactitud qué parte del total recaudado corresponde al colectivo de autónomos. Lo que sí reflejan es que su esfuerzo fiscal medio —en proporción a los ingresos netos y con menos deducciones o protección social— es elevado. Parte de la recaudación empresarial (como el Impuesto de Sociedades, el IVA o los tributos especiales) también sale, indirectamente, de los bolsillos de autónomos societarios y pequeños negocios, lo que alimenta la sensación de que el peso contributivo recae en exceso sobre ellos.

Se percibe que el autónomo “paga más”

Si bien los datos no respaldan la magnitud de la afirmación de Lorenzo Amor, el malestar del colectivo tiene una base clara en la carga relativa que soportan.

Los autónomos asumen costes fijos mensuales, independientemente de su facturación, como la cuota de cotización al RETA, las liquidaciones trimestrales de IVA o los pagos fraccionados de IRPF, sin el margen de maniobra fiscal que disfrutan muchas sociedades.

Además, pese a contribuir de forma obligatoria, disponen de menos protección social, especialmente en bajas médicas, cese de actividad o pensiones, según los propios informes de la Seguridad Social. Esta combinación alimenta la sensación de “pagar mucho y recibir poco”, una percepción que se intensifica con cada revisión del sistema de cotización.

El incremento de ingresos fiscales en 2025 (explicado por el crecimiento del empleo y las bases de cotización, según El País) ha coincidido con la regularización de las bases mínimas en el RETA y la aplicación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), dos medidas que muchos profesionales interpretan como una nueva subida indirecta de cuotas.

El impacto real de los autónomos en las arcas públicas va, no obstante, más allá de lo que declaran en impuestos personales. Parte del IVA recaudado por el Estado procede de operaciones entre autónomos y consumidores finales, y muchos profesionales actúan como retenedores y transmisores de tributos en nombre de otros (empleados, clientes o proveedores).

Esta función de intermediación fiscal, esencial en cualquier economía de mercado, no implica que sean quienes soportan la carga final, pero sí que contribuyen al funcionamiento del sistema tributario. No existen estimaciones oficiales sobre el valor exacto de esa aportación indirecta —ni la Agencia Tributaria ni el Banco de España publican un cálculo de este tipo—, aunque diversos analistas reconocen que su peso económico supera con creces su volumen demográfico.

En términos estrictos, por lo tanto, los autónomos no pagan la mitad de los impuestos del país, pero sí sostienen una parte fundamental de la actividad económica que permite que esa recaudación exista: son quienes facturan, emplean y generan consumo en una amplia red de pequeñas empresas y profesionales.

Una presión fiscal alta (y mal repartida)

El debate sobre “quién paga más” seguirá abierto mientras la diferencia entre cifras absolutas y esfuerzo relativo no se resuelva. Un debate recurrente en España.

Los autónomos no son el principal sostén fiscal del Estado, pero sí uno de los colectivos con mayor carga proporcional respecto a sus ingresos reales y menor margen de deducción.

En plena negociación de los nuevos tramos de cotización 2026-2028, las cifras oficiales dejan claro que la clave no está solo en cuánto aportan en volumen, sino en cómo se distribuye la carga fiscal y social entre trabajadores, empresas y pequeños negocios. Y aquí los autónomos reclaman lo mismo de siempre: un sistema más justo, estable y predecible, que no penalice al que emprende o sostiene su propio empleo.

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