Las asociaciones de autónomos han vuelto a poner sobre la mesa la reforma del cese de actividad para que el acceso a la prestación sea mucho más ágil y cercano a un reconocimiento “automático” cuando se acredita el cierre del negocio o la baja en el RETA.
El objetivo: corregir un sistema que deniega alrededor del 60 % de solicitudes por requisitos difíciles de probar. La Seguridad Social admite que el cese de actividad presenta problemas de acceso y ha abierto la puerta a ajustes en la prestación dentro del calendario de reformas vinculado a las cotizaciones por ingresos reales. La discusión se cruza, además, con el giro del Gobierno sobre las cuotas 2026, lo que da margen para “paquetes” de negociación que incluyan mejoras de protección social.
Qué significaría “automático”
El núcleo de la propuesta es acercar el cese de actividad a un derecho efectivo, con requisitos objetivos y verificación simple (por ejemplo, la baja en el RETA y en Hacienda, o la constatación de cierre de negocio), evitando pruebas complejas de pérdidas o caídas de ingresos difíciles de acreditar ante mutuas.
No es un “botón mágico”. Seguirían existiendo condiciones de cotización mínima y controles a posteriori para evitar fraude, pero el reconocimiento inicial sería más rápido. En paralelo, varias organizaciones reclaman mejorar cuantías y supuestos del cese de actividad para alinearlo con el desempleo del Régimen General, y ampliar coberturas donde hoy el autónomo no llega (subsidios, permisos, etc.).
Por qué urge la reforma del cese de actividad
En 2025 se ha documentado que seis de cada diez solicitudes de cese de actividad son rechazadas, en gran medida por la dificultad de cumplir los requisitos probatorios (causas económicas, técnicas u organizativas).
Esto genera una paradoja: se cotiza obligatoriamente por la contingencia (desde 2019), pero la tasa de acceso efectivo sigue siendo baja. Incluso la prensa económica y los titulares de medios generalistas han recogido el problema: tasa de denegación cercana al 60 % y un desajuste entre recaudación y prestaciones abonadas, lo que tensiona la legitimidad del sistema entre los autónomos.
Para el autónomo, un modelo de reconocimiento inicial ágil supondría seguridad de ingresos en caso de cierre o suspensión, y menos incertidumbre en el peor momento del negocio. Para las microempresas, reduciría la presión personal del titular al facilitar un colchón temporal mientras se decide reabrir, reorientar o liquidar.
La contrapartida: la administración tendría que adaptar procedimientos y sistemas (mutuas, SEPE, TGSS) para tramitar de oficio más resoluciones en menos tiempo, con controles y herramientas antifraude. Esto exige un equilibrio financiero: mejorar acceso sin comprometer la sostenibilidad del sistema.
¿Es un calendario realista?
Políticamente, 2026 es el horizonte que se maneja para introducir mejoras en el cese de actividad. En paralelo al aterrizaje de la nueva tabla de cuotas (congelación en tramos bajos y subidas moderadas en el resto).
Aun así, no hay un texto oficial de “paro automático” ni una fecha cerrada: dependerá del diálogo social y de la capacidad técnica para cambiar procedimientos y bases reguladoras. No obstante, sí parece existir una conciencia social que ha alcanzado las bases del Ejecutivo en los últimos meses, lo que augura nuevos movimientos que podrían beneficiar los derechos de más de 3,3 millones de trabajadores por cuenta propia.
Mientras tanto, conviene recordar el marco vigente: quién puede pedir el cese, plazos, documentación y cómo nace el derecho: cualquier reforma deberá modificar estas reglas para que el reconocimiento inicial sea más rápido y menos litigioso.
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