Una factura con una base imponible de 50 euros antes de impuestos pasaría a situarse en torno a los 63 euros tras aplicar los gravámenes habituales.
A partir de ahora, el IVA vuelve al 21% y el impuesto especial recupera su nivel habitual del 5,11%.
El alivio fiscal aplicado a la factura eléctrica ha llegado a su fin. O lo que es lo mismo, a partir de este mismo mes de junio, el IVA general vuelve al 21% y también se recupera el habitual del Impuesto Especial sobre la Electricidad.
Y claro, para muchas pymes, especialmente las vinculadas a la industria, la subida llega en un momento en el que los gastos energéticos continúan siendo uno de los principales factores que afectan a su propia rentabilidad.
La factura eléctrica vuelve a subir el gasto de las pymes
Durante los últimos meses se ido aplicando un IVA reducido del 10% sobre la electricidad, acompañado de una rebaja extraordinaria del Impuesto Especial sobre la Electricidad hasta el 0,5%.
Ambas medidas fueron aprobadas como respuesta al fuerte encarecimiento energético derivado de las tensiones internacionales y la volatilidad de los mercados energéticos.
Sin embargo, la normativa que regulaba estas reducciones establecía que su continuidad dependía de la evolución de los precios. Una vez constatada, según el gobierno, la moderación de la inflación energética, las rebajas desaparecen automáticamente.
A partir de ahora, el IVA vuelve al 21% y el impuesto especial recupera su nivel habitual del 5,11%.
¿Cuánto aumentará el recibo de la luz?
El impacto exacto dependerá del nivel de consumo de cada negocio, claro está. Los cálculos realizados por Selectra indican que la vuelta a los tipos impositivos ordinarios puede traducirse en un aumento cercano al 15% sobre el importe final de la factura eléctrica.
Para entender mejor el efecto, una factura con una base imponible de 50 euros antes de impuestos pasaría a situarse en torno a los 63 euros tras aplicar los gravámenes habituales. Esto supone aproximadamente ocho euros adicionales respecto a la situación existente durante el periodo de rebajas fiscales.
En el caso de las pymes, donde el consumo energético suele ser considerablemente superior al de un hogar, el incremento anual puede representar varios cientos o incluso miles de euros adicionales, como es lógico.
La energía sigue siendo un problema para miles de pymes
La subida fiscal se suma a una tendencia que preocupa especialmente al tejido empresarial español. Numerosos sectores industriales alertan de que los precios de la electricidad continúan situándose en niveles que reducen su competitividad frente a otros países europeos.
Un informe elaborado por EY Consulting para la Alianza por la Competitividad de la Industria Española señala que las tarifas eléctricas industriales han aumentado entre un 35% y un 60% desde 2019. Este escenario reduce la capacidad de inversión de muchas compañías.
La situación afecta de forma particular a autónomos y pequeñas empresas manufactureras, que suelen operar con márgenes reducidos y disponen de menor capacidad para absorber incrementos continuados en sus gastos operativos.
Las cinco medidas que podrían abaratar la luz hasta un 30%
Ante esta situación, la Alianza por la Competitividad de la Industria Española ha presentado un plan orientado a reducir el precio final de la electricidad para empresas y autónomos.
Según sus estimaciones, la aplicación conjunta de las medidas propuestas podría rebajar la factura entre un 10% y un 30%.
Entre las iniciativas planteadas destacan:
- Eliminación del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE).
- Extensión de las bonificaciones del Impuesto Especial sobre la Electricidad a un mayor número de empresas.
- Integración de determinados costes técnicos dentro de los peajes de acceso para disminuir la volatilidad de los recibos.
- Consolidación permanente de reducciones en peajes eléctricos para grandes consumidores.
- Refuerzo de las compensaciones asociadas a los costes indirectos derivados de las emisiones de CO₂.
El objetivo de estas medidas es reducir la carga regulatoria que soportan las empresas y facilitar que puedan destinar más recursos a inversiones productivas, modernización tecnológica y eficiencia energética.
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