Un empresario estalla por lo que paga por empleado: "Os pensáis que el jefe no asume riesgos. La culpa es del Estado”

¿Pagan demasiado los empresarios por cada trabajador en plantilla? ¿las cada vez más altas cotizaciones ralentizan a su vez la creación de nuevos puestos de trabajo? ¿Tienen las empresas motivos para quejarse?

Javier Oliver, representante del sector empresarial y empresario a la vez, ha defendido en televisión que existe una enorme distancia entre el dinero desembolsado por una compañía y la cantidad que finalmente llega al bolsillo del empleado. La cantidad es, cuanto menos, llamativa.

“Por un trabajador que cobra 1.500 euros, el coste de la empresa llega a 2.500 euros. Y no van ni para el trabajador ni para el empresario, sino que van para el Estado”.

"Os pensáis que el empresario no asume riesgos"

El empresario sostiene que impuestos y cotizaciones incrementan considerablemente los costes de contratación. “Estamos en un Gobierno en el que tenemos bastantes impuestos. Al empresario cada vez le cuesta más. Esa parte que no va ni para el trabajador ni para el empresario, va para el Estado”, señala.

Sus palabras provocaron la respuesta de la activista María González, que quiso recordar que esos recursos financian servicios públicos. “Va para todos”, contestó. Posteriormente añadió: “El Estado de bienestar: para todos y para todas”.

El choque continuó cuando Oliver reivindicó las obligaciones que recaen sobre quien dirige una empresa. “Vosotros os pensáis que el empresario no asume riesgos, no asume fiscalidad, no asume formaciones...”, aseguró. González respondió mencionando las “bonificaciones” existentes para determinadas acciones formativas.

Oliver terminó atribuyendo directamente la situación al sector público: “Tenemos claro que la culpa es del Estado”. González rechazó esa interpretación: “No, perdona, eso es bajo tu criterio”.

El empresario insistió en un último dato para defender su posición: “La diferencia entre lo que cuesta el trabajador a lo que percibe es del 41%. No puedes decir que el Estado no es”.

Solo una parte del esfuerzo salarial llega al trabajador

Este eterno debate sobre la denominada cuña fiscal también aparece reflejado en un reciente estudio del Observatorio de la Pyme de Cataluña sobre los efectos de la falta de deflactación del IRPF.

El análisis utiliza nueve nóminas reales correspondientes a trabajadores de hostelería, metal y limpieza.

Sus cálculos indican que, por cada 100 euros adicionales que una empresa destina al coste laboral, el empleado termina recibiendo entre 48 y 56 euros netos. Los restantes 44-52 euros corresponden al IRPF y las cotizaciones sociales.

La relación funciona también en sentido contrario. Para conseguir que un empleado disponga de 100 euros netos adicionales, el coste para la empresa tendría que aumentar entre 180 y 210 euros.

Hasta 955 euros anuales más de IRPF

El informe analiza asimismo el efecto de la progresividad en frío. Entre los nueve casos estudiados, el tipo efectivo del IRPF aumentó entre 1,3 y 3,2 puntos porcentuales pese a que no se habían producido modificaciones en las circunstancias personales o familiares.

En términos monetarios, supone entre 278 y 955 euros adicionales de IRPF al año.

El presidente de Pimec, confederación empresarial multisectorial, Antoni Cañete, ha advertido de las consecuencias para las pequeñas empresas: “cuando una pyme destina más recursos a mejorar los salarios pero una parte cada vez mayor de este esfuerzo no llega al trabajador, la empresa asume un coste muy superior al beneficio que finalmente percibe la persona trabajadora. Esto resta eficacia a las subidas salariales, presiona los márgenes empresariales y perjudica la competitividad”.

Subir el salario un 22,1% no bastaría

Las simulaciones plantean, además, otro problema. Entre 2020 y 2025, la inflación acumulada considerada por el estudio alcanza el 22,1%. Si el salario bruto de los perfiles analizados aumenta exactamente ese mismo porcentaje, el poder adquisitivo neto no queda completamente protegido.

Los cálculos sitúan la pérdida entre el 2,8% y el 4%. Para compensarla, las empresas tendrían que elevar las remuneraciones entre cuatro y once puntos porcentuales por encima de la inflación.

Eso supondría un coste adicional de entre 1.142 y 3.315 euros anuales por trabajador. En una pyme formada por diez empleados con salarios medios, el esfuerzo adicional superaría los 16.000 euros cada año. Casi nada.

Imágenes | Hunters Race