La nueva Directiva Europea de Insolvencia 2026/799 publicada el pasado 1 de abril, introduce importantes mejoras para que autónomos y pymes tengan margen de actuación antes de llegar al concurso de acreedores.
Esta nueva norma refuerza herramientas que permiten vender total o parcialmente el negocio en fases tempranas. El objetivo es que estos profesionales puedan mantener la actividad y reducir el impacto económico en sus cuentas.
Una norma que, además, llega en un momento importante. En 2025 se produjo un fuerte aumento de las insolvencias, con un crecimiento superior al 40% y un cambio claro: más del 90% de los concursos ya corresponden a personas físicas.
Solo en el último trimestre del pasado año se registraron 17.632 deudores concursados, consolidando una tendencia al alza en todo el ejercicio, muy por encima del peso de las sociedades, que apenas representan en torno al 9% del total.
El prepack gana protagonismo como alternativa al concurso
Uno de los elementos clave de esta normativa es el impulso definitivo a los denominados procedimientos de venta prenegociada, conocidos como prepack. Se trata de una fórmula que permite al autónomo encontrar un comprador para su negocio, o para una parte de él, antes de iniciar un concurso de acreedores.
La directiva establece dos fases claramente diferenciadas que buscan dar mayor transparencia y seguridad al proceso.
En la primera etapa, previa al concurso, se prepara la operación. Aquí entra en juego un supervisor independiente, cuya función es coordinar la búsqueda de ofertas y garantizar que exista competencia real entre posibles compradores.
El objetivo es conseguir la mejor propuesta posible en términos económicos y de continuidad.
En la segunda fase, ya dentro del procedimiento concursal, se formaliza la venta. Esta estructura permite que la operación esté prácticamente cerrada antes de que se active el concurso, lo que reduce tiempos y evita la pérdida de valor del negocio.
Protección de acreedores y continuidad empresarial
Uno de los pilares de la directiva es asegurar que cualquier decisión beneficie, en la medida de lo posible, a los acreedores. Para ello se introduce el denominado test de mejor interés, un mecanismo que obliga a comparar el resultado de la venta con el escenario de liquidación.
En la práctica, esto significa que la transmisión del negocio solo se aprobará si ofrece un resultado más favorable que el cierre y reparto de activos. De esta forma, se busca un equilibrio entre salvar la actividad económica y proteger los derechos de quienes tienen créditos pendientes.
Además, este modelo permite mantener contratos esenciales y preservar puestos de trabajo, algo especialmente relevante en el caso de pymes con estructura operativa activa.
Encaje con la legislación española
El ordenamiento jurídico español ya recoge algunos elementos de este sistema desde la reforma concursal introducida por la Ley 16/2022. Sin embargo, la nueva directiva obliga a ajustar determinados aspectos para alinearlos con el modelo europeo.
Entre las adaptaciones previstas destaca la regulación más detallada del papel del supervisor, la separación de fases y los criterios de validación de las ofertas.
También se espera una mayor estandarización de los informes de viabilidad que deben acompañar estas operaciones.
El calendario europeo fija enero de 2029 como fecha límite para la transposición completa.
Venta de unidades productivas
El prepack no implica necesariamente vender toda la empresa. De hecho, uno de sus principales atractivos es la posibilidad de transmitir unidades productivas concretas. Esto incluye activos materiales, plantilla, contratos o incluso elementos intangibles como marca o cartera de clientes.
Esta flexibilidad permite reestructurar el negocio de forma selectiva. Por ejemplo, una empresa puede desprenderse de una línea de actividad no rentable o vender una parte viable para garantizar su continuidad bajo otra gestión.
Además, al preparar la operación antes del concurso, se evita el deterioro de los activos, algo habitual cuando la empresa entra en una fase de incertidumbre prolongada.
Rastreo de activos para mejorar la recuperación de deuda
La directiva incorpora también herramientas para mejorar la localización de activos dentro de la Unión Europea.
Las autoridades podrán acceder a registros de cuentas bancarias a petición de los administradores concursales, lo que facilita identificar recursos disponibles de empresas insolventes.
Este mecanismo busca maximizar la recuperación de deuda y reducir la opacidad en situaciones de insolvencia transfronteriza, donde tradicionalmente ha sido más complicado localizar patrimonio.
Ver todos los comentarios en https://www.pymesyautonomos.com
VER 0 Comentario