La escalada del conflicto en Irán ha vuelto a poner en alerta a la economía global, especialmente por su impacto directo en los precios del petróleo y del gas.
En España, este efecto se traslada -como no podía ser de otra manera- de forma inmediata a los autónomos, uno de los colectivos más sensibles a las variaciones en los costes energéticos.
Sectores como el transporte, la hostelería o los pequeños comercios ya están percibiendo un incremento notable en sus gastos operativos.
El Gobierno ha decidido activar una respuesta coordinada para mitigar los efectos más inmediatos. Pero las principales organizaciones de autónomos se han adelantado y ya han trasladado propuestas específicas para reforzar la protección del colectivo.
Propuesta del Gobierno de España
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha convocado a las principales asociaciones representativas —ATA, UPTA y Uatae— con el objetivo de analizar un paquete de medidas urgentes que previsiblemente será aprobado por el Consejo de Ministros.
El enfoque del Ejecutivo es una respuesta integral en una primera fase, centrada en amortiguar el impacto del encarecimiento energético.
Entre las iniciativas más destacadas se encuentra la posibilidad de limitar los despidos vinculados al aumento de los precios de la energía, replicando parcialmente el modelo aplicado durante la crisis derivada de la guerra en Ucrania.
No obstante, el alcance de este paquete será más moderado en comparación con el anterior, dado que el impacto económico actual, aunque relevante, se concentra principalmente en el aumento del precio de los combustibles y no en una disrupción generalizada de la actividad productiva. De todos modos se esperan más medidas concretas a finales de esta misma semana.
Propuesta de UATA
Desde la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, su presidente Lorenzo Amor ha defendido la necesidad de actuar sobre la fiscalidad energética como medida prioritaria.
La propuesta se centra en reducir los impuestos especiales aplicados a los combustibles, así como en rebajar el IVA de la electricidad y el gas.
El objetivo es claro: reducir el impacto directo del incremento de precios sobre la actividad diaria de los autónomos. Según estimaciones del sector, el gasto energético puede representar entre el 15% y el 30% de los costes totales en determinados negocios, por lo que cualquier ajuste fiscal tendría un efecto inmediato en la rentabilidad.
Propuesta de UPTA
UPTA plantea un enfoque más amplio bajo el concepto de ‘Escudo Autónomo’, que incluye medidas fiscales, ayudas directas y mecanismos de liquidez.
Entre sus propuestas más relevantes destaca la bonificación del combustible para usos profesionales, con ayudas que oscilarían entre 0,20 y 0,30 euros por litro.
Además, la organización propone reducir el IVA energético hasta el 5% y activar sistemas de compensación cuando los precios de la electricidad superen determinados umbrales. Estas medidas buscan ofrecer estabilidad en un contexto de elevada volatilidad.
En el ámbito tributario, UPTA sugiere aplazamientos automáticos de impuestos como el IVA o el IRPF sin intereses, así como ajustes en los pagos fraccionados.
También plantea facilitar el acceso a financiación mediante líneas ICO y reactivar mecanismos como el cese de actividad extraordinario o fórmulas similares a los ERTE para autónomos con empleados.
Propuesta de Uatae
La organización Uatae pone el foco en los autónomos con menor capacidad económica, proponiendo la creación de una figura específica que permita clasificar a los profesionales según su nivel de vulnerabilidad. Esta segmentación incluiría categorías como vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de exclusión.
A partir de esta clasificación, se plantean medidas como la extensión del bono social eléctrico a los locales de negocio, con descuentos que podrían alcanzar hasta el 100% en los casos más extremos. Asimismo, se propone la creación de un bono térmico para cubrir gastos de climatización.
Otra de las líneas de actuación incluye medidas sobre vivienda y locales, como la limitación de subidas en alquileres comerciales o la posibilidad de flexibilizar el pago de hipotecas vinculadas a la actividad profesional.
Los datos actuales muestran que el precio del barril de petróleo ha experimentado incrementos superiores al 20% desde el inicio de las tensiones, lo que repercute directamente en los márgenes de miles de autónomos.
A esto se suma la volatilidad del gas y la incertidumbre sobre la evolución del conflicto. ¿Qué ocurrirá? El desarrollo del conflicto y, claro, las medidas del Gobierno tendrán la última palabra.
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