El Ministerio de Trabajo abrirá en octubre la negociación con sindicatos y patronal para reformar la regulación del despido en España. La propuesta busca elevar las indemnizaciones por despido que perciben los trabajadores. El objetivo fundamental será responder a las críticas que llegan de Europa y evitar que el despido injustificado siga siendo rentable.

El Comité Europeo de Derechos Sociales ya advirtió que el sistema español no garantiza una compensación "adecuada y disuasoria" y que, en muchos supuestos, el coste del despido es demasiado bajo para cumplir con los estándares de la Carta Social Europea.

Siete días más por año

El movimiento del Gobierno se produce en un contexto político marcado por la reciente aprobación en el Congreso de una proposición no de ley que insta a subir la indemnización por despido.

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El texto salió adelante por un error de votación del PP, pero ha servido para marcar la agenda y dar cobertura a Trabajo para abrir la mesa de diálogo. En este marco, si bien las proposiciones no de ley no tienen carácter vinculante, sí funcionan como orientación política y parlamentaria.

La propuesta se suma a un clima de tensión, con la reciente polémica por el cálculo de los nuevos tramos de cotización para 2026 de los trabajadores por cuenta propia y el conocido como "paro de los autónomos", que tiene en pie de guerra a Gobierno y patronal.

Actualmente, la legislación fija dos grandes supuestos. Por un lado, el despido objetivo, con indemnización de 20 días por año trabajado y un máximo de doce mensualidades.

Por el otro, el despido improcedente, que da derecho a 33 días por año con un tope de 24 mensualidades. Antes de la reforma laboral de 2012, esa última cifra era de 45 días, pero la modificación impulsada entonces abarató de forma considerable el coste de extinguir contratos.

La respuesta del Supremo

Ese marco legal ha sido ratificado por el Tribunal Supremo, que en julio de 2025 volvió a recalcar que los jueces no pueden elevar la indemnización por su cuenta y que cualquier cambio debe aprobarse mediante ley.

La reforma que plantea ahora Trabajo pretende cerrar la brecha entre España y Europa y limitar lo que se ha denominado "el despido barato".

En la práctica, elevar las indemnizaciones supondría encarecer los costes laborales para las empresas, sobre todo para las pymes y autónomos que trabajan con márgenes ajustados.

Que supondría en la práctica

Un ejemplo ilustra el impacto: despedir a un trabajador con cinco años de antigüedad cuesta actualmente unos 5,5 meses de salario en caso de improcedencia; si la indemnización se elevara de 33 a 40 días, la factura se incrementaría en más de un mes de sueldo adicional.

Desde el Gobierno se argumenta que la reforma es necesaria para reforzar la protección del trabajador y garantizar que el despido sea realmente la última opción. La ministra Yolanda Díaz ha defendido que "un despido barato fomenta la rotación y la precariedad" y que, con indemnizaciones más altas, las empresas tenderán a cuidar más la contratación indefinida y a buscar fórmulas alternativas antes de extinguir contratos.

No obstante, entre los empresarios y expertos en relaciones laborales las dudas son evidentes. Se teme que un aumento del coste del despido pueda traducirse en menor creación de empleo estable, ya que las empresas podrían dudar antes de formalizar un contrato indefinido.

De igual modo, también se apunta a que la litigiosidad podría crecer, dado que cualquier diferencia entre lo previsto en la norma y lo que reclaman trabajadores y abogados puede acabar en los tribunales.

La negociación que arranca en octubre definirá si se trata de una reforma profunda —con recuperación de los 45 días previos a 2012 o con un sistema de compensaciones variables— o de un ajuste más limitado.

En todo caso, el giro político es evidente: Trabajo quiere reducir los incentivos al despido y reforzar la causalidad, de modo que prescindir de un trabajador sea más costoso y menos automático. Para las pymes, la clave parece ser mantenerse al día sobre los cambios normativos, porque de ellos dependerá el coste real de una futura reestructuración.

En los últimos meses, el Ministerio de Trabajo ha avisado de posibles sanciones por no respetar el derecho a la desconexión digital o tratar de sustituir vacaciones por una compensación económica, a lo anterior se suma el riesgo de no formalizar un contrato por escrito.

Este puede parecer un detalle menor, pero para la Inspección de Trabajo es una infracción grave que puede salir muy cara. Como en la mayoría de estos casos, la multa puede ir desde 751 € hasta 7 500 € por trabajador, y en determinados casos, la ley presume que ese empleo es indefinido y a jornada completa, aunque la intención de las partes fuera otra.

Esto dice la ley

El artículo 8 del Estatuto de los Trabajadores establece que ciertos contratos deben formalizarse por escrito.

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Son los siguientes:

• Contratos en prácticas o para la formación
• A tiempo parcial o fijos-discontinuos
• Por obra o servicio determinado
• Temporales de duración superior a cuatro semanas
• Actividades de teletrabajo
• Trabajadores contratados por empresas españolas para prestar servicios en el extranjero

Si no se respeta esta forma escrita, el contrato se presume indefinido y a jornada completa, salvo prueba contraria. Además, la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) tipifica esta omisión como infracción grave, con sanciones que van de 751 € a 7 500 € por cada trabajador afectado.

Sin embargo, existen algunas excepciones que no requieren de un contrato por escrito. Así, la ley permite que los contratos sean verbales en algunos casos muy concretos:

• Contratos de duración inferior a cuatro semanas
• Determinadas relaciones laborales especiales, como las de alta dirección, representantes de comercio o estibadores portuarios, que cuentan con sus propias normativas

En cualquier caso, incluso en estas excepciones, formalizar por escrito es recomendable para evitar malentendidos y poder acreditar las condiciones pactadas.

Los riesgos para pymes y autónomos

Además de la sanción económica, no formalizar un contrato cuando es obligatorio puede implicar pagos retroactivos de salarios y cotizaciones, recargos de la Seguridad Social, dificultades para acceder a ayudas o licitaciones públicas y conflictos laborales.

Los casos más comunes de incumplimiento se han documentado en contratos temporales y de obra y servicio no documentados, acuerdos de teletrabajo, empleos de prácticas o tiempo parcial o “periodos de prueba” sin altas ni contratos.

Sin embargo, desde el Ministerio de Trabajo se recuerda la importancia de formalizar todos los contratos, incluso si la ley no lo exige de forma expresa, utilizar modelos oficiales del SEPE o firmar digitalmente, comunicar el alta a la Seguridad Social antes de que la persona empiece a trabajar y revisar periódicamente la documentación laboralcon una asesoría especializada.

El ahorro aparente de no firmar un contrato no es más que un espejismo, o un ejercicio de picardía, que puede explotar en la cara a empleado y empleador; cabe agregar que, rápidamente, puede convertirse en un riesgo elevado.

Una multa de 7 500 € por trabajador puede suponer un golpe severo para cualquier pyme o autónomo: cumplir con la forma escrita no solo evita sanciones, sino que protege la relación laboral y aporta seguridad jurídica para ambas partes.

En los últimos días, el Ministerio de Trabajo ha planteado a los agentes sociales una propuesta para automatizar las subidas del salario mínimo interprofesional (SMI), lo que ha abierto un nuevo foco de tensión con la patronal. La iniciativa forma parte de la mesa negociadora que arrancó este lunes para adaptar al derecho español la directiva europea sobre salarios mínimos adecuados, cuyo plazo de trasposición venció el pasado 15 de noviembre.

La propuesta, que ha sido fundamentalmente verbal, incluye varios elementos relevantes para los empleadores, entre ellos la posibilidad de vincular las futuras subidas del SMI a indicadores objetivos, como el 60 % de la mediana salarial bruta o el 50 % del salario medio bruto, en línea con lo que establece la directiva comunitaria.

Qué implicaría automatizar el SMI

Hasta ahora, el Gobierno actualizaba el SMI anualmente tras un proceso de consulta con sindicatos y patronal. Sin embargo, la automatización implicaría que no fuese necesaria una negociación anual para decidir el nuevo importe, sino que este se ajustaría automáticamente conforme a criterios predefinidos. En 2025, el SMI ha quedado fijado en 1.134 euros mensuales en 14 pagas, lo que equivale a 15.876 euros anuales.

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Fuentes de la negociación han señalado que también se ha debatido la posibilidad de que las subidas del SMI se apliquen automáticamente a los convenios colectivos, incluso de forma retroactiva, y se prohíba expresamente que dichas mejoras puedan ser absorbidas o compensadas por otros conceptos salariales.

Estado de la negociación

Como viene siendo habitual, la propuesta ha sido recibida con escepticismo por parte de la patronal, según informó El País. Los representantes empresariales consideran que las medidas responden únicamente a los acuerdos previos entre el Ministerio y los sindicatos, dado que la CEOE no suscribió el último pacto sobre el SMI.

Además, la patronal ha recordado que el salario mínimo actual ya cumpliría con el 60 % del salario medio, tal y como recoge la Carta Social Europea. También ha puesto en duda la validez de la directiva que se pretende trasponer, al estar recurrida ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por parte de países como Dinamarca y Suecia. En este sentido, el abogado general de la UE se ha mostrado favorable a anularla.

A pesar de este contexto, el Ministerio mantiene su compromiso de avanzar en la adaptación de la norma europea y ha anunciado que remitirá una propuesta formal por escrito antes de la próxima reunión, prevista para finales de abril.

Cómo afectará a las pymes

La automatización del SMI podría tener implicaciones relevantes para las pequeñas empresas y empleadores por cuenta propia.

Entre los puntos más destacables están:

• Costes laborales previsibles, pero recurrentes: una subida automática anual implicaría un aumento estructural de los costes, especialmente en sectores con salarios ajustados al SMI, como la hostelería o la construcción.
• Menor margen de negociación colectiva: si las subidas pasan a estar reguladas por ley y no por acuerdo anual, se limitaría el espacio de diálogo social a nivel sectorial.
• Impacto indirecto, aunque no se tengan empleados: puesto que, incluso para los autónomos sin plantilla, un incremento sostenido del SMI puede influir en precios, tarifas o condiciones de mercado, especialmente si compiten con empresas que sí están sujetas a convenios con personal asalariado.

También se ha tratado en la mesa la posibilidad de que los negociadores sindicales tengan acceso a información sobre los márgenes de beneficios empresariales por sectores, una cuestión que genera reticencias en la patronal, aunque no forma parte directamente de la directiva europea.

El debate continúa abierto y la evolución de estas negociaciones podría determinar el marco laboral y salarial de los próximos años. El efecto en el tejido empresarial español es directo, por lo que es un tema que toca hueso, como suele decirse.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales hacía público el pasado viernes, 18 de Enero, la aprobación del Real Decreto por el que se regulan los Certificados de Profesionalidad, acreditaciones de las cualificaciones profesionales de los trabajadores, que tendrán carácter oficial y validez en todo el territorio nacional español,

Los certificados de profesionalidad se configuran como acreditaciones de las competencias profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales adquiridas mediante la experiencia laboral; vías no formales de formación; y acciones de formación profesional para el empleo, es decir, dirigidas a la adquisición y mejora de las competencias y cualificaciones profesionales.

Objetivo El objetivo del Ministerio es romper con la rigidez formal de la acreditación de los conocimientos profesionales establecida actualmente y permitir que, por medio de cursos específicos de formación, o de la propia experiencia demostrada pueda obtenerse un título oficial.

El Ministerio parece no pretender una equiparación con los títulos de Formación Profesional, sino un intento de reordenación y reestructuración de las categorías profesionales basándose en la experiencia laboral del trabajador, para facilitar así, dice, su inserción en el mercado laboral y su desarrollo mediante acciones de formación profesional para el empleo.

Formas de Obtención

• Superación de los módulos formativos que integran el Certificado de Profesionalidad
• Procedimiento de Evaluación y Acreditación de competencias profesionales adquiridas por vías no formales

Sin querer despreciar la iniciativa del Ministerio, personalmente creo que esta medida es poco útil. Lamentablemente (es mi opinión) en este país tenemos la idea de que sin un título debajo del brazo no se puede ser un buen profesional. Craso error. Hay muchos empresarios y profesionales en el mercado laboral que no disponen de ningún título, y son los mejores en sus campos. Y muchos de ellos, a la par que mantienen su trabajo, se dejan la piel por obtener una titulación media o superior oficial. Otros se arrepienten de no haberlos realizado antes.

Esto no quiere decir que para el Gobierno la enseñanza no sea necesaria, sino todo lo contrario: es esencial. Pero en este caso el Ministerio está menoscabando el sistema educativo y sobrevalorando la praxis.

Creo que esta medida, lejos de incentivar una formación profesional de calidad, la está desincentivando. Los más jóvenes pueden pensar ¿para qué voy a pasar un par de años o tres sacándome un F.P. I o un F.P. II, si con ir a currar a la empresa y hacer unos cuantos años después algo de papeleo puedo tener mi titulito colgado en la pared?

En fin, que de cara a la proximidad de las elecciones, asunto del que ya hemos hablado en alguna ocasión, se tiende a la adopción de algunas medidas que desde el punto de vista práctico (al menos desde mi punto de vista) no son nada prácticas.

Más información | Nota de Prensa del 18/01/2007 Imagen | Mary Gober