La huelga de alquileres ha vuelto al centro de debate con más fuerza que nunca. En un contexto marcado por la inflación, el encarecimiento del mercado inmobiliario y un salario mínimo interprofesional que sigue sin ajustarse al coste real de la vida en las grandes ciudades, el debate sobre la efectividad de esta medida se intensifica.

Aunque desde algunos sectores ciudadanos se defiende como una forma de protesta legítima, numerosos economistas advierten que su impacto puede ser más perjudicial que transformador.

La brecha entre ingresos y gastos esenciales, como el alquiler, se amplía. Para muchos trabajadores, incluso compartir piso resulta económicamente inviable, lo que coloca la huelga de alquileres como un síntoma más del agotamiento de un sistema que no responde a las necesidades básicas de buena parte de la población.

Una protesta sin respaldo técnico

Referentes en el campo de la economía, como Javier Díaz Giménez, han sido claros al calificar esta iniciativa como poco efectiva. El profesor del IESE ironizaba en una reciente entrevista que, si alguien en su entorno dijera "voy a dejar de pagar el alquiler", su respuesta sería sencilla: "como dicen mis jefes, ¿quién va a pagar mi sueldo entonces?".

En Pymes y Autonomos

Fotocasa y Niño-Becerra coinciden: sin oferta, la vivienda seguirá inalcanzable para la mayoría de sueldos. Mientras, hay quien defiende tener tres trabajos

La frase no solo encierra escepticismo, sino que también pone de relieve una verdad estructural: el impago masivo de alquileres puede tener efectos en cadena que afecten incluso a quienes pretenden beneficiarse de la medida.

Desde el punto de vista económico, una huelga de alquileres no resuelve el problema de fondo. No genera una redistribución automática ni obliga al mercado a corregir sus desequilibrios.

Por el contrario, puede derivar en una crisis de confianza entre propietarios e inquilinos, aumentar la litigiosidad y colapsar aún más el ya lento sistema judicial en materia de vivienda.

Existen riesgo de consecuencias legales y sociales

A nivel práctico, dejar de pagar el alquiler puede acarrear consecuencias jurídicas graves para los inquilinos. Las leyes no contemplan el impago como forma legítima de protesta, por lo que muchos ciudadanos podrían verse envueltos en procesos de desahucio o reclamaciones judiciales.

Este escenario es especialmente delicado para las personas que ya están en situación de vulnerabilidad económica o que dependen del alquiler social.

La medida, aunque simbólica, podría volverse en contra de quienes buscan mayor justicia social, no solo por la inseguridad habitacional que puede generar, sino también por el aumento de la tensión entre sectores sociales enfrentados por un mercado que no ofrece soluciones sostenibles.

El problema real: un SMI que no da para vivir

Más allá del debate sobre la huelga de alquileres, los datos demuestran que el problema central es el desajuste entre los salarios y el coste de vida.

El SMI en España, que en 2024 ha subido hasta los 1.134 euros brutos al mes en 14 pagas, sigue siendo insuficiente para cubrir una habitación en ciudades como Madrid o Barcelona.

En Pymes y Autonomos

El dato que confirma lo mal que se paga en España: el SMI ya supera el 70 % del sueldo medio en las pymes

En muchos barrios céntricos, el alquiler de una habitación puede superar los 500 euros mensuales, lo que representa cerca del 50 % del sueldo neto de una persona que cobra el mínimo legal.

A este gasto se deben añadir transporte, alimentación, suministros y otros gastos cotidianos. Como resultado, incluso compartir piso se convierte en una opción económicamente difícil, especialmente para jóvenes, trabajadores precarios o familias monoparentales.

El alquiler, que debería ser un derecho básico, se ha transformado en un privilegio al alcance de unos pocos.

Un mercado tensionado y… desregulado

El problema no es solo salarial. También existe una falta de control efectivo sobre el mercado del alquiler. Mientras las ayudas públicas se mantienen limitadas y el parque de vivienda social es escaso, la especulación inmobiliaria y la falta de oferta de alquiler asequible han generado un desequilibrio estructural.

Esta situación obliga a muchos ciudadanos a destinar más del 40 % de sus ingresos al pago del alquiler, un porcentaje que supera con creces las recomendaciones internacionales.

Frente a esta realidad, la huelga de alquileres aparece como un grito de frustración, más que como una estrategia con resultados concretos. Aunque su motivación es comprensible, sus efectos colaterales podrían agravar aún más el problema de fondo.

Necesidad de reformas profundas

Para los expertos, la solución no pasa por medidas individuales o protestas masivas que comprometan la estabilidad jurídica del sector, sino por políticas públicas estructurales. La regulación de los precios del alquiler, el aumento del parque de vivienda pública y el fomento de incentivos fiscales para propietarios que ofrezcan alquileres accesibles son algunas de las líneas que podrían mejorar la situación.

Asimismo, es necesario repensar el SMI en función del coste real de la vida por territorios. Un salario mínimo unificado en todo el país no refleja la enorme diferencia de precios entre una ciudad como Vigo y otra como Barcelona. Ajustarlo regionalmente podría aliviar la presión en las zonas más tensionadas y ofrecer una herramienta más eficaz para mejorar el acceso a la vivienda.

Lo que está ocurriendo con el alquiler en España no es solo un conflicto entre propietarios e inquilinos: es un reflejo de la precariedad laboral, la desigualdad y la falta de planificación urbana.

Imagen: Unplash, Instagram

En mayo, nos hacíamos eco de la tensa relación entre los sindicatos de Inspección de Trabajo y la ministra Yolanda Díaz. La oferta por parte del Ministerio de Hacienda y Función pública les parecía insuficiente para llevar a cabo un cambio en el organismo y avisaron, irían a la huelga el 26 de junio.

Mientras los partidos políticos están metidos de lleno en campaña electoral ante las elecciones del próximo 23 de julio, los planes para conseguir una ampliación de la plantilla entre otras deficiencias, siguen siendo un problema para los inspectores en su día a día.

Huelga hasta el 26 de julio y un parón ante el fraude laboral

La demanda de los sindicatos sigue siendo la misma: el Gobierno debe aprobar más puestos de trabajo y renovar así la estructura organizativa de este organismo. ¿El motivo? Los inspectores están desbordados ante las nuevas cargas de trabajo asumidas en los últimos años.

Desde el Ministerio de Trabajo, reconocen que la actividad inspectora ha aumentado un 355% durante esta legislatura. La plantilla de Inspección de trabajo la forman un total de 2.051 efectivos, entre inspectores y subinspectores.

Se trata de una cifra pequeña si pensamos en que deben velar por los derechos laborales de 20,8 millones de trabajadores en activo en la actualidad, tocando a un inspector por más de 10.000 trabajadores.

En Pymes y Autonomos

Esto es lo que podrá hacer Inspección de Trabajo con su algoritmo para controlar las horas extras de las empresas

Acuerdos que quedan en papel mojado ante el adelanto de las elecciones

El conflicto es que entre Hacienda y Trabajo no se ponen de acuerdo a la hora de renovar la estructura de Inspección. Los sindicatos no están de acuerdo con la ministra María Jesús Montero al sentir que existe un trato diferente con los trabajadores que dependen del Ministerio de Trabajo.

Por resumir, los inspectores de trabajo sintieron que habían llegado a un buen acuerdo con los representantes de Podemos dentro del Gobierno y a la nada, con los representantes del PSOE.

Pero ni unos ni otros han salido ganando porque esos acuerdos quedan ahora en papel mojado al convocar nuevas elecciones. Sin embargo, el trabajo y el caos sigue ahí.

Empieza a convertirse en una imagen habitual. Los taxistas toman las calles de Madrid para protestar por la normativa impulsada por Isabel Díaz Ayuso. ¿Qué gusta tan poco a los taxistas? En principio la libertad horaria para que trabajen cuando quieran, es decir, nada de descansar un día a la semana.

Creen que se está favoreciendo a las grandes empresas como Uber, Cabify o Bolt al 'invitar' al gremio del taxi a que trabaje 24 horas los 7 días de la semana. Tanto la Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPT) y Élite Taxi Madrid, convocan estas manifestaciones.

En Pymes y Autonomos

Un taxi, la competencia y las nuevas tecnologías

Qué ofrece el nuevo reglamento a los taxistas para que sientan que son los perjudicados

Vamos a destacar los puntos más relevantes de la nueva normativa que se pretende aprobar durante el primer trimestre del año:

• Ampliación de 3 a 59 del número de licencias que puede poseer una persona, ya sea física o jurídica.
• Eliminar la obligación que tienen todos los taxis de librar un día entre semana.

Estas medidas no gustan al sector, significarían la liberación total y un acceso más fácil a la compra de licencia  por parte de plataformas Vehículo de Transporte con Conductor (VTC)

En Pymes y Autonomos

El futuro del trabajo autónomo bajo la amenaza de la uberización

Las VTC no planean hacerse con licencias de taxis para competir

En el otro lado, las plataformas  VTC, declaran en el Confidencial no contar con ninguna licencia de taxi en propiedad. Y se defienden atacando con el dato de que son muchos los taxistas los que ofrecen sus servicios a través de sus aplicaciones.

Entre los años 2018 y 2019 hubo una larga lista de protestas y huelgas porque no se ponían límites a las aplicaciones VTC. Incluso el Tribunal Supremo consideró oportuno proteger al sector del taxi poniendo limitaciones a Uber, Cabify o Bolt.

El objetivo era equiparar los horarios de los servicios VTC con los del taxi. Si nos remontamos a 2014, basta para comprobar que estas empresas no lo han tenido fácil ante el gremio de los taxistas que nunca han visto con buenos ojos, lo que consideran una competencia desleal.

Estamos en 2023 y la lucha entre el taxi y cualquier normativa que beneficie a estas plataformas, implicará protestas hasta lograr que su trabajo no salga perjudicado. 

Los taxistas no quieren ni oír hablar de descuentos en precios cerrados. Relacionan esta posibilidad con pérdidas y precariedad para su sector. Veremos qué sucede durante estos días porque están dispuestos a negociar.

El sector del transporte es uno de los más castigados por el aumento de precios de los combustibles. Y España es un país de camiones, donde faltan profesionales y los autónomos y pymes del sector plantean un parón el próximo día 14 en adelante. Pero ¿es un cierre patronal o una huelga? Porque hay diferencias fundamentales en los derechos derivados de esta situación.

Y son fechas estratégicas para el sector logístico y para todas las empresas de consumo. Con la campaña del Black Friday a finales de noviembre y el inicio de la campaña de Navidad, lo peor que podría ocurrir es encontrar desabastecimiento en los almacenes. Esta es la palanca que impulsa a estos autónomos y pequeños empresarios para forzar una negociación.

En Pymes y Autonomos

Los autónomos de toda España han salido a reclamar sus derechos en el paro de AUPA

¿Tienen los autónomos derecho a huelga?

La cuestión principal es que el derecho a huelga se encuentra regulado constitución española de 1978 en su artículo 28 apartado segundo donde se reconoce el derecho a huelga de los trabajadores.

Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad

Pero un autónomo no es estrictamente un trabajador. Menos todavía si tiene empleados o una pequeña pyme, la mayoría de ellas con menos de diez trabajadores donde el autónomo también trabaja. Y en estos casos, existe una gran inseguridad jurídica. Es uno de los temas pendientes de regular.

Porque en estos casos los autónomos no podrían realizar piquetes informativos, donde exponen el motivo de sus quejas a otros compañeros que no han querido secundar la huelga para tratar de que se sumen a la misma.

Tampoco obligar a los trabajadores que tengan contratados a secundar la huelga si no lo desean. Este es el principal problema de un cierre patronal, que la decisión la toman las empresas pero los empleados autónomos también en muchos casos, no tienen por qué estar de acuerdo en este cierre o simplemente no quieren perder ingresos en una fechas importantes para ellos.

Una huelga a la que se oponen las principales patronales del sector

Las principales patronales se oponen a esta huelga. El motivo no es otro que el daño que pueden causar a las empresas de cara a la campaña de Navidad, un momento clave para la facturación de muchas de ellas. Esto solo provocaría más daños en un sector que ya lo está pasando mal.

La Federación Nacional de Asociaciones de Transportistas de España, FENADISMER, ha decidido no secundar tampoco esta huelga. El principal argumento es que sus asociados no se encuentran en la misma situación crítica que a principios de años.

📢ULTIMA HORA
Nuestra Asamblea extraordinaria ha acordado hoy por unanimidad NO secundar el paro del transporte convocado para este lunes 14
Las medidas económicas y estructurales aprobadas este año no justificanllevar a cabo esta medida de presión extremahttps://t.co/3ZMreBJBEW

— FENADISMER (@fenadismer) November 9, 2022

Las medidas aprobadas han permitido a los transportistas poder incrementar sus tarifas en estos meses y disfrutar de bonificaciones al menos hasta el mes de enero. ¿Entonces por qué se convoca la huelga? Fundamentalmente se trata de un problema de costes, de las ofertas de transportes que no cubren los gastos de los transportistas.

Es un problema general del sector. Se ofrecen portes que no cubren el gasto que supone realizarlo. Aun así hay transportistas que deciden hacerlo. Es un problema similar al agrario que vende sus productos por debajo del coste de producirlos.

Para evitar estas prácticas el Ministerio se Transportes creó un buzón de denuncias  donde cualquier trabajador autónomo podría denunciar de este tipo de prácticas para tratar de ponerles coto.

Según la constitución española de 1978 en su artículo 28 apartado segundo reconoce el derecho a huelga de los trabajadores. Dicho derecho se ha venido ejerciendo de forma habitual por diferentes colectivos, pero había uno que lo tenía muy difícil, por no decir que estaban directamente excluidos, los autónomos. Y por ello es un tema que se va a tocar en la reforma del RETA y se quiere regular y reconocer el derecho a huelga de los autónomos.

Es cierto que ya se han convocado algunas huelgas de autónomos. Pero también es cierto que existe una gran inseguridad jurídica sobre el estatus de dichas huelgas o si se consideran o no un cierre patronal en este caso.

En Pymes y Autonomos

Los autónomos de toda España han salido a reclamar sus derechos en el paro de AUPA

Lo que dice la Constitución del derecho a huelga

Como hemos indicado la Constitución en su artículo 28.2 dice que:

Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad

El derecho a huelga se encuentra regulado en el Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo donde se especifica en su artículo 6 por ejemplo que:

Durante la huelga se entenderá suspendido el contrato de trabajo y el trabajador no tendrá derecho al salario

Algo complicado ya de por sí en el caso de los autónomos, que no tienen contrato. Peor es todavía el caso de su estatus en la Seguridad Social, puesto que:

El trabajador en huelga permanecerá en situación de alta especial en la Seguridad Social, con suspensión de la obligación de cotización por parte del empresario y del propio trabajador

Algo que tampoco está regulado. El autónomo que esté una semana de huelga pagará su cotización completa a la Seguridad Social. Más dudas todavía se plantean en el caso de autónomos con empleados. ¿Hacer huelga supone un cierre patronal? ¿Se impide el derecho al trabajo de sus empleados?

Podemos seguir con diferentes ejemplos que hacen que la huelga del autónomo, al menos jurídicamente, sea al menos controvertido y muy difícil, por no decir imposible de aplicar.

Y entonces, ¿cómo se han hecho otras huelgas de autónomos?

Lo cierto es que los autónomos que han logrado ponerse de acuerdo para hacer huelga, desde transportistas a sectores como el taxi o la gran manifestación de autónomos del pasado 2021 convocada por AUPA lo han hecho con inseguridad jurídica.

En Pymes y Autonomos

Las peluquerías de toda España cierran para exigir un IVA reducido

No deja de ser un reflejo del estatus de autónomo en nuestro país. Como empresarios, son los que menos opciones tienen para defenderse ante una Inspección, menos capacidad de realizar deducciones o maniobra en los impagos.

Como trabajadores, también están varios peldaños en derechos por debajo de los trabajadores por cuenta ajena. No se trata solo del derecho a huelga, hay muchos más temas pendientes y no se si la reforma del RETA se aprobará o no antes de acabar la legislatura. Porque de no hacerse es posible que las negociaciones vuelva a la casilla de salida y la reforma se guarde en un cajón hasta no se sabe cuando.

La huelga feminista del pasado 8 de marzo ya es historia, pero las consecuencias para quienes la han secundado no se notarán hasta final de mes. En concreto, hasta la próxima nómina.

El Tribunal Supremo, con la doctrina existente (STS de 11 de octubre de 1994) ha instaurado que la retribución a descontar por cada día de huelga comprende tanto el salario de la jornada como determinados conceptos de salario diferido, entre los cuales destaca la parte proporcional de gratificaciones extraordinarias, de pagas de participación en beneficios y de retribución del descanso semanal del período en que se haya producido la huelga.

Y si bien no se puede establecer una fórmula general para el cálculo del descuento en todos los casos, ya que habrá que valorar lo que indique el convenio colectivo, siempre podemos esperar cuánto nos va a descontar la empresa aplicando la siguiente fórmula:

Salario Mensual (con pagas extras incluidas) ÷ días de trabajo que tenga el mes en que se realiza la huelga) x 1,4 días de trabajo = Salario a descontar

Es decir, la parte proporcional del salario bruto, de la paga extraordinaria y del derecho semanal a descanso que no se ha generado.

Descuento de salario

El primer paso es descontar la parte proporcional del salario base y el resto percepciones (antigüedad, productividad...) en términos brutos correspondiente al día de huelga. Para ello, únicamente dividimos nuestro salario bruto mensual (salario bruto anual dividido entre el número de pagas) entre 30 (a veces se utiliza 31, en función de la empresa).

Por ejemplo, para un salario bruto anual de 28.000 € en 14 pagas (correspondiente a un salario bruto mensual de 2.000 €), el salario que previsiblemente te van a descontar es de 93,33 € brutos, asumiendo que se toman 30 días.

En Pymes y Autonomos

Los autónomos son los que mas pierden con una huelga general

Descuento de las pagas extras

Los trabajadores que disfrutan de pagas extraordinarias las van devengando a lo largo del año por cada día trabajado. De modo que, en caso de haber hecho la huelga, habría que descontar la parte proporcional a las pagas extras.

En este caso, tendremos que multiplicar nuestro salario bruto mensual por el número de pagas extraordinarias y dividirlo entre 360, que es el número de días que se utiliza a efectos laborales de manera anual.

Por ejemplo, para el caso anterior, el descuento de la paga extra será de 15,55 € (2000 € * 2 / 360) * 1,4) y, en total a descontar para este caso será de 108,88 € brutos en tu nómina mensual, de modo que una persona con un salario bruto de 28.000 € en 14 pagas puede esperar que su nómina bruta sea de 1.891,12 €.

Cotizaciones a la Seguridad Social

El trabajador que se encuentre en huelga tendrá una consideración de alta especial a efectos de la Seguridad Social. Esto implica la suspensión de la cotización por parte del empresario y del propio trabajador, sin que exista durante ese periodo derecho a la prestación por incapacidad temporal, salvo que ya viniera disfrutándola, ni al desempleo, aunque sí a la prestación por maternidad.

En este sentido, de acuerdo con el artículo 6.3 del Real Decreto ley 17/1977; art. 106.5 LGSS, se suspende su obligación de cotización tanto por parte del empresario como por parte del trabajador.

Si quieres un cálculo más exacto, puedes utilizar alguna de las calculadoras disponibles en Internet como, por ejemplo, la que CGT Telemarketing pone a nuestra disposición.

Según los últimos datos analizados por los servicios técnicos de la CEOE, las horas de trabajo perdidas por las 522 huelgas registradas en España en los ocho primeros meses de 2016 ascendieron a 3.814.280, más de la mitad (en concreto, un 50,13% menos que en el mismo período del año pasado). En ellas, participaron 89.145 trabajadores, lo que representa una caída del 60,77%.

De estos datos se desprende que la conflictividad laboral ha caído de forma notable en los primeros meses de 2016, lo que puede representar un síntoma de que la economía está recuperándose como consecuencia de estos datos.

Hay que recordar, no obstante, que estos datos representan tanto la conflictividad laboral en centros de trabajo privados como las huelgas en servicios de carácter público y por motivaciones extralaborales. Si analizamos la conflictividad estrictamente laboral, los datos son un poco peores, aunque también representan un descenso en relación al año anterior.

Los datos se pueden ver en la tabla siguiente:

Llama la atención que, a pesar de que el número de huelgas en el sector público haya aumentado, el seguimiento de las mismas es cada vez menor. En este sentido, CEOE ha destacado las huelgas de enseñanza que el sindicato de estudiantes convocó en febrero, marzo y abril del año pasado, además de las huelgas de Metro de Madrid y Barcelona en mayo y julio de 2016 y la huelga de RENFE en junio y julio de 2016.

En definitiva, la reducción en la conflictividad laboral constituye un claro síntoma de que estamos ante un momento en el que la relación entre trabajadores y patrones ha mejorado, posiblemente como consecuencia de la recuperación económica que desde hace unos años estamos viviendo en España. ¿Continuará la tendencia? El año que viene lo veremos.

En Pymes y Autónomos | ¿Puede un empresario autónomo hacer huelga?

Imagen | niekverlaan

Las huelgas son una figura reivindicativa por parte de un colectivo para denunciar una serie de hechos o circunstancias que les perjudican directamente. Pero por desgracia, este tipo de acontecimientos presentan colaterales importantes para otros sectores de actividad, que se ven arrastrados por estos paros.

A este respecto, hace unos días saltó la noticia la posible huelga de los profesionales de las Estaciones de servicio, que podría materializarse en el próximo mes de junio. Y que podría dañar muy seriamente a nuestro turismo, la hostelería, y a la distribución comercial, entre otros sectores.

Está claro que cada gremio, cada profesional, mira por sus intereses y la primera preocupación de estos es la reivindicación de sus intereses. Pero en un sector tan crítico como este, las consecuencias pueden ser muy graves, especialmente en el sector hostelero, que está esperando como agua de mayo el mes de agosto para 'maquillar' un año que se presume que acabará siendo nefasto.

Con ello no quiero decir que no puedan manifestarse ni realizar paros en su actividad, faltaría más, pero tal vez se deberían regular el derecho a la huelga, para limitar el impacto, el lucro cesante y en definitiva, los daños colaterales a otros sectores que también 'sufren' su crisis particular y que están esperando a fechas como estas para repuntar.

En Pymes y Autónomos | Los negocios hosteleros deben prologar su agosto a todo el año
Imagen | N00

Cuando hablamos sobre una huelga, parece ser que siempre nos referimos a los últimos eslabones de la cadena de mando, pero no podemos olvidar que los directivos, como empleados que son, también tienen derecho a ejercerla libremente.

Pues bien, aunque sobre el papel esta cuestión parece estar clara, pero en la práctica no es así, ya que a muchos directivos se les coacciona ante el acaecimiento de una huelga alegando que tienen una 'relación especial' con la compañía.

A este respecto es de destacar una reciente sentencia en firme del Tribunal Constitucional, que dió la razón a un capitán de barco en una vista sobre su despido, y ha equiparado esta situación a la de un directivo. Por lo que ya hay jurisprudencia al respecto, y por tanto, una empresa no podrá despedir a un directivo por el hecho de que este secunde una huelga.

En mi opinión, esta sentencia me parece muy equitativa, porque no podemos olvidarnos de que los directivos, aunque son un ejemplo para sus subordinados, también son empleados, y como tales, tienen los mismos derechos que sus subordinados o compañeros, no debiendo ser un reflejo de los intereses de la compañía para disuadir si sus empleados deben hacer huelga o no.

En Pymes y Autónomos | La OCDE no conoce las circunstancias en las que tienen que pelear las empresas españolas
Imagen | rafaelrobles

Los autónomos se están movilizando en la red. La subida del IVA y de las retenciones del IRPF, que los han convertido en los nuevos ‘bancos’ del Estado, han puesto en pie de guerra al colectivo. Están barajando diversas iniciativas con las que protestar ante estas medidas. Entre los planteamientos que estudian está el aplazamiento masivo del pago del IVA para poner en un serio aprieto al Estado al reducir los ingresos de forma significativa. Pero, ¿qué efecto podría tener?

Empecemos por la medida en sí. El objetivo, como decía, es golpear en donde más duele hoy: la liquidez y los ingresos. ¿Cómo? Solicitando este trámite a Hacienda para, logrando la autorización o no, alargar el pago y así reducir la liquidez en las arcas públicas.

Según las cifras de recaudación de la Agencia Tributaria, el año 2011 las pymes ingresaron en las arcas públicas 19.995 millones de euros en concepto de IVA, algo más de 1% de descenso respecto al año anterior. Si esa cantidad la dividimos en cuatro trimestres, estaríamos hablando de una media de 4.998 millones de euros que dejarían de llegar el trimestre de la movilización. Para hacer una idea: es la mitad del dinero que se pagará de más en intereses de la deuda el próximo año.

Al contrario que el cese de actividad, al que no podrían acogerse los autónomos con empleados a su cargo como nos explicaba Míster Empresa en un post, esta alternativa puede ser secundada por todos. ¿La contraprestación? Los que la llevaran a cabo tendrían que pagar un 5% de interés para el año 2012 por este aplazamiento.

Pese a la previsible dificultad para lograr la unidad necesaria con la que afrontar medidas como ésta, es evidente que sería un varapalo para el Estado justo allí donde más le duele hoy: la liquidez con la que afrontar los pagos que se acumulan.

¿Qué os parece esta iniciativa?

En Pymes y Autónomos | ¿Saldrá adelante la #HuelgaAutónomos?
En El Blog Salmón | La #huelgaAutónomos, una acción que puede complicar seriamente las arcas públicas
Imagen | Maesejose