En plena vorágine política por la incertidumbre política que sufren las empresas en Cataluña, el Gobierno decidió en el pasado Consejo de Ministros aprobar un Decreto Ley de medidas urgentes que agiliza la movilidad de las empresas en todo el territorio nacional.

Evidentemente, se trata de un movimiento gubernamental que se precipita como consecuencia de los últimos acontecimientos acaecidos en Cataluña y de la fuga masiva de empresas que se está produciendo en los últimos días, aunque el propio Gobierno haya querido justificarlo como urgente para dar plena vigencia al principio de libertad de empresa y de establecimiento en todo el territorio español, ambos preceptos recogidos en la Constitución española.

La norma pretende aclarar quienes son los competentes para decidir el cambio de sede social de una parte del territorio español a otra, a través de una plena efectividad al artículo 285 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en virtud del cual cualquier modificación de los estatutos será competencia de la junta general y que, salvo disposición en contrario en los estatutos estatutos, sería el órgano de administración el competente para cambiar el domicilio social dentro del término municipal.

Esta modificación permite que esa disposición contraria exista únicamente cuando los estatutos dispongan expresamente que el órgano de administración no ostenta esta competencia, es decir, no pueda decidir por ella misma el traslado de la sede social de la empresa.

En la práctica, y en especial en las empresas grandes, al eliminar este requisito, se evita tener que convocar la junta de accionistas, lo que conlleva generalmente un plazo mínimo de un mes hasta la celebración y la incertidumbre sobre el resultado de la votación en este punto, lo cual facilita el procedimiento.

En cualquier caso, un movimiento de sede social no implica en ningún caso el movimiento del personal ni el movimiento físico de las oficinas. Ni tan siquiera implica que haya que mover la sede fiscal ni incluso la correspondencia. Eso sí, en el escenario político actual, es un movimiento simbólico que tiene más repercusión de la que parece.

En Pymes y Autónomos | ¿Cuál es la diferencia entre el domicilio social y el fiscal?

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El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros de hoy el Proyecto de Ley que redefine la naturaleza jurídica y el funcionamiento de las Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social y que contiene, además una modificación de las condiciones necesarias para el cobro del paro de los autónomos.

El evidente fracaso de la normativa al respecto que rige ahora mismo, según la propia Ministra de Trabajo apenas el 26% de las solicitudes de la prestación son atendidas, exigía una modificación de la misma, teniendo en cuenta que la cotización para la prestación por cese de actividad obligatoria para las nuevas altas desde el 1 de enero de 2013.

Este Proyecto de Ley simplificará los trámites para el acceso a esta prestación. Se eliminará el requisito de proteger obligatoriamente las contingencias profesionales para poder acceder a la misma y se reduce al 10% anual el nivel de pérdidas por motivos económicos, técnicos, organizativos o de producción, hasta ahora había que acreditar el 30% en un año o el 20% en dos.

También se mejorarán los medios de prueba que se pueden utilizar para acreditar dichas pérdidas y el tipo de cotización a aplicar a la base y que generará la cuota a pagar por esta contingencia se adaptará en las leyes de Presupuestos anuales de cada ejercicio, pudiendo oscilar entre el 2,2% y el 4% de la base de cotización del autónomo.

Todo esto no entrará en vigor hasta que no se apruebe definitivamente. Primero pasará por el trámite parlamentario y luego se publicará en el BOE, momento en que será efectivo. En ese procedimiento se podrán incluir más modificaciones y se aclarará cuales son esos nuevos medios de prueba que se podrán aportar.

En Pymes y Autónomos | Preparadas las modificaciones del paro de los autónomos Imagen | La Moncloa

Pobre Gobernador del Banco de España, la reforma tributaria parece que no le da los 55.000 millones que reclamaba para las arcas publicas, ¿o si?, bueno en principio parece que no, pero si hacen falta, a ver de donde salen. Calabazas para el FMI, Bruselas, el Ecofin y todo aquellos que piden sangrías a los ciudadanos en forma de subida del IVA. Que grande es la democracia, lo que no te dan antes de votar, te lo dan después del palo electoral. Pero sigo sin saber donde esta el truco del almendruco para sacarse de la manga 55.000 millones de euros, ¿sera con las cuotas de socios de los clubes de marihuana?

En fin, como todavía faltan los detalles de la reforma tributaria y los 55.000 millones de Linde, vamos a ser cautos, pero estamos hablando de 55.000 millones que equivalen a 5,5 puntos del PIB, que son casi 15.000 millones más que el rescate bancario de 41.300 millones de euros concedido en 2012 por la UE.

Pero situándonos en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la primera del reinado de Felipe VI, la vicepresidenta ha anunciado que el Gobierno no subirá el IVA, salvo en determinados productos sanitarios porque así lo exigen las sentencias europeas.

Cristobal Montoro por su parte ha explicado que el Ejecutivo no va a subir el IVA porque ya lo subió en "un momento hipercrítico de España", en julio de 2012, y esa subida fue suficientemente amplia y nos está permitiendo, en el nuevo escenario económico, recaudar más: "Los datos de recaudación del IVA son francamente positivos y por lo tanto no vamos a promover nuevas subidas del IVA por entenderlas absolutamente innecesarias e incluso inconvenientes en este momento".

Si a la no subida del IVA le añadimos la bajada del IRPF que según nos anuncian será en torno al 12,5%, pues que suerte, ya que a lo mejor nos queda algún duro para gastar y ayudar a recuperar la demanda interna. Ahora solo falta que Linde se preocupe por el batiburrillo de los suelos de las hipotecas y que se tome un postre de preferentes y así los ciudadanos tendremos más dinero para gastarnos.

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En Pymes y Autónomos | Primer acercamiento a la NO Reforma Fiscal aprobada por el Gobierno

El pasado jueves se celebraba una nueva reunión de Consejo de Ministros, adelantada un día antes de lo que era habitual debido a la celebración del 35º aniversario de la aprobación de la Constitución; un Consejo de Ministros que, aunque no haya tenido mucha relevancia por todas las noticias importantes que se han ido sucediendo en estos últimos días, tendrá una cierta influencia sobre las pymes.

Y es que la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la aprobación del Consejo Estatal de la Pyme, que servirá para coordinar las actuaciones de las pequeñas y medianas empresas a nivel nacional.

Según palabras de Soraya, este nuevo organismo se trata de un órgano esencial para la coordinación de acciones entre las empresas que conforman el tejido empresarial de nuestro país, máxime cuando el 99,8% de ellas son pymes y un 95,8% micropymes; hasta hoy todas las políticas y medidas que afectaban a este tipo de empresas se tomaban desde varios ministerios y Administraciones Públicas sin coordinación efectiva entre sí.

Este organismo asumirá las funciones de realizar informes, recomendaciones y análisis de las políticas que afectan a las pymes, así como un seguimiento de la ley de pequeñas empresas, que se ha convertido en un marco de referencia a nivel europeo.

En Pymes y Autónomos | Las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros: IVA, Seguridad Social y liberalización del comercio Imagen | Moncloa

Durante el día de hoy, el Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley de Unidad de Mercado, una norma que debería servir para reducir las dificultades administrativas existentes en la actualidad basándose en el principio de licencia única, que permitirá que las empresas apliquen su legislación de origen para operar en todo el país con un único permiso.

El Proyecto de Ley de Unidad de Mercado se ha elevado a las Cortes Generales y forma parte del Plan Nacional de Reformas. Según cálculos de la Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, y del Ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, la nueva norma debería servir para aportar 1,5 puntos al PIB en diez años, es decir, hasta 1.500 millones de euros.

Una norma que ya había sido anunciada en su momento y que permitirá operar con una única licencia, solicitada en una única Comunidad Autónoma, y que permitirá a la empresa o servicio profesional comercializar sus productos en toda la geografía española, lo que elimina el coste de tener que solicitar 17 licencias diferentes en caso de querer operar en todo el país.

Además, la Ley de Unidad de Mercado impulsará la creación del Consejo Nacional de Unidad de Mercado, presidido por el actual Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro y que intentará que converjan las diferentes regulaciones autonómicas basándose en la colaboración y búsqueda de elementos de control y supervisión entre administraciones.

Guindos ha insistido en que esta ley pretende garantizar la libre circulación de bienes y servicios entre las Comunidades Autónomas de nuestro país; con anterioridad a la aprobación de esta norma, parecía más difícil hacer negocios dentro de nuestras propias fronteras que con los demás países de nuestro entorno, en especial, con los países de la Unión Europea.

Un paso en la buena dirección, al eliminar buena parte de las trabas burocráticas que dificultaban la comercialización de productos, fruto de 17 normativas autonómicas diferentes. Esperemos que esta ley sirva para eliminar gran parte de los problemas burocráticos existentes en nuestro país, y que nos sitúan en los últimos puestos a nivel mundial en facilidad para iniciar un negocio.

En Pymes y Autónomos | Ley de Unidad de Mercado: un paso en la buena dirección para facilitar el comercio interno Imagen | Moncloa

Ya se ha convertido en algo habitual. Cada vez que aparece Montoro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros es para darnos una nueva estocada relacionada con los impuestos. Hoy, de nuevo, no ha defraudado y ha vuelto a salir a la palestra para dar una noticia relacionada con un nuevo aumento impositivo.

En esta ocasión, la subida de impuestos está relacionada con los consumos que producen externalidades negativas, como el alcohol o el tabaco y nuevas modificaciones en el impuesto de Sociedades, eliminando varias deducciones para endurecer la fiscalidad de grandes empresas.

En el caso de las bebidas alcohólicas, el aumento será del 10%, sin que este incremento afecte a la cerveza y el vino. La subida del impuesto del tabaco tendría un efecto anual de 366 millones de euros y, junto con el alcohol, sumarían unos 700 millones de euros.

Pero no se han quedado aquí los retoques tributarios. El Gobierno ha eliminado varias deducciones del Impuesto de Sociedades que minoran la base imponible del impuesto, como por ejemplo, la deducibilidad de pérdidas por deterioro de la cartera de valores y las rentas negativas producidas en el extranjero, lo que permitirá al Gobierno recaudar otros 3.650 millones de euros adicionales.

Además, el Gobierno ha aprobado la creación de un nuevo impuesto que se aplicará sobre determinados gases fluorados de efecto invernadero, siguiendo la recomendación europa, como por ejemplo la compra de equipación de aire acondicionado que supondrá una recaudación de 340 millones, siendo los fabricantes, compradores y distribuidores, entre otros, los afectados por la aplicación del nuevo impuesto.

En principio, el fin de estas deducciones en el Impuesto de Sociedades afectaría únicamente a las empresas cuya facturación fuese superior a los 20 millones de euros, por lo que, en principio, cabe pensar que las pymes se verán poco afectadas por la modificación del impuesto.

Sin embargo, no parece que el aumento de las bebidas alcohólicas o el tabaco no vaya a tener ningún efecto sobre los pequeños establecimientos, sobre todo sobre los establecimientos hosteleros, castigados ya por el aumento del IVA y en pleno comienzo de campaña de verano. Veremos lo que ocurre.

En Pymes y Autónomos | La subida del IVA reducido tendrá repercusiones negativas sobre los hosteleros durante este verano Imagen | Moncloa

Había sido lo más comentado en los círculos empresariales durante toda la semana. No era un Consejo de Ministros cualquiera; era una reunión publicada a bombo y platillo en los medios de comunicación, al haber sido anunciada por Rajoy como el día en que se aprobaría el segundo plan de reformas con el objetivo de reducir el déficit fiscal, y como el día en el que se aprobaría definitivamente un plan de ayuda a los emprendedores.

Y lo que parecía que iba a ser un ajuste brutal con el objetivo de reducir el déficit se ha quedado en prácticamente nada. De entrada, no habrá subidas adicionales a los principales impuestos: IVA e IRPF; aunque sí que habrá un aumento en los impuestos de los carburantes y una posible tasa a los depósitos bancarios, además de dar luz verde a la nueva ley de emprendedores, pero sin muchos detalles.

En este sentido, la Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, ha enunciado una batería de medidas destinadas a facilitar la labor de las pequeñas empresas y los autónomos, pero sin profundizar en ellas. Algunas de ellas han sido:

• Deducciones por actividades de investigación y desarrollo.

• Cambios en las deducciones para la reinversión por inversión de beneficios.

• Puesta en marcha del Mercado Alternativo de Renta Fija para facilitar la financiación a las pymes.

• Regulación de la segunda oportunidad para aquellos emprendedores que hubiesen fracasado en su primer proyecto empresarial.

• Regularización de visados para los emprendedores extranjeros que quieran poner en marcha sus proyectos empresariales en España.

• Acelerar la nueva Ley de Unidad de Mercado para que únicamente sea necesario tramitar una licencia en todo el país, y no a nivel de Comunidad Autónoma.

• Nuevas normas para regular los colegios y servicios profesionales.

Medidas, todas ellas, encauzadas en la buena dirección pero todavía insuficientes. El problema del paro no se está atajando en su justa medida, ya que requiere de cambios estructurales que fortalezcan el tejido productivo español. Además, no solo no se están reduciendo los impuestos, sino que se ha aplazado un año la bajada prometida del IRPF hasta 2015, en lugar de 2014 tal y como estaba previsto, y posponiendo las decisiones de ajustes fiscales.

En realidad, la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros no ha despejado ninguna de las dudas que teníamos con respecto a la evolución de las medidas de apoyo a emprendedores. Tendremos que seguir esperando.

En Pymes y Autónomos | El IRPF no bajará a partir de 2014 Imagen | Mocloa

Si después de leer el título del post, y si has estado al tanto de los anuncios que desde el Gobierno se han lanzado en los últimos días sobre el nuevo sistema de pagos de deudas de las Administraciones, y esperas impaciente a conocer en qué consisten siento decepcionarte porque no hay nada. Según la Vicepresidenta del Gobierno lo que se ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros son las bases para poner en marcha el sistema de pagos a proveedores de las Administraciones.

Medidas o instrumentos financieros para que las pymes y los autónomos cobren ya las cantidades adeudadas, ninguna. Lo que inicia es un periodo, esperemos que corto, en el que una Comisión formalizará dicho sistema, que permita acabar con los incumplimientos de los Organismos Públicos en materia de plazos de pago de sus facturas.

Lo que se hará desde ahora mismo es comunicar a las Corporaciones locales a que, con fecha límite del 15 de marzo, notifiquen a esta Comisión el listado de facturas pendientes de pago a 31 de diciembre de 2011.

De esta manera el Gobierno sabrá el alcance de la deuda de estos organismos y facultará a la Comisión para que fije un mecanismo por el cuál esas Administraciones tendrán que remitir un plan de ajuste que les permita hacer frente en el futuro al pago de esas deudas. Además se está trabajando para definir el instrumento financiero adecuado que permita a las empresas agilizar el cobro y que se comunicará en su momento.

En cuanto a las deudas de las Comunidades Autónomas, éstas se analizarán en la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera y será ahí donde se abordará la solución a estas partidas.

Eso es todo. El Ministro Montoro anunció el pasado martes en el Congreso que hoy se aprobaría el nuevo mecanismo para garantizar el pago de facturas pendientes a proveedores y que pasaría por un consorcio bancario en el que estén tanto el Instituto de Crédito Oficial (ICO) como diferentes entidades bancarias, que daría la posibilidad de que las empresas puedieran "descontar" las facturas impagadas, de todo esto, por ahora nada.

Toca seguir esperando y cruzar los dedos para que en este impás no sigan cerrando muchas empresas por cumpla de estas deudas y que no se siga aumentando el número de desempleados por la morosidad pública. Lo chocante es que después de anunciar a bombo y platillo la medida, ahora el Gobierno va despacio en este tema, esperemos que la solución llegue a tiempo.

En Pymes y Autónomos | Las pymes cobrarán en el banco las deudas de las Administraciones Imagen | La Moncloa

El Consejo de Ministros acaba de aprobar el Proyecto de Ley sobre Adecuación, Adaptación y Modernización del Sistema de Seguridad Social. Este proyecto será remitido ahora al Parlamento donde se tratarán las enmiendas que se presenten antes de su aprobación definitiva y su entrada en vigor, prevista para el 1 de enero de 2013.

Según manifiesta el Gobierno, esta reforma pretende reforzar la sostenibilidad del sistema; se transforma el sistema actual en otro más flexible; aumenta la relación entre lo que se cotiza y lo que se percibe y, a través de una estrategia de coordinación entre los ámbitos contributivo y no contributivo. aumenta la solidaridad.

Como hemos indicado, esta reforma entrará en vigor el 1 de enero de 2013 y habrá un período transitorio de 15 años en su aplicación hasta su culminación definitiva en 2027, a partir de entonces se revisará cada cinco años.

El Proyecto de Ley eleva la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, este incremento se hará de manera progresiva a través del periodo transitorio de 15 años. Eso sí, se establecen ciertas situaciones en las que será posible acceder a la jubilación antes de esa edad.

En concreto se podrán seguir jubilando a los 65 años con el 100% de la pensión aquellas personas que acrediten un período de cotización que se aumentará gradualmente hasta los 38 años y 6 meses. También podrán jubilarse a partir de los 65 años quienes no reúnan este período de cotización aunque se aplicará un coeficiente reductor a la cuantía de la pensión.

Lla interrupción de la vida laboral de madres y padres para el cuidado de hijos menores de 6 años será computada como períodos trabajados a efectos de edad de jubilación a razón de 9 meses por cada hijo o menor adoptado o acogido con un límite máximo acumulado de 2 años y sin que, en ningún caso, pueda ser superior a la interrupción real de la actividad laboral.

Se considerará la interrupción a efectos de cotización, cuando ésta se produzca dentro del período comprendido entre el 9º mes anterior al nacimiento, o el 3º anterior a la adopción o al acogimiento, y la finalización del 6ª año posterior a dicha situación. Este beneficio solo se reconocerá a uno de los progenitores y en caso de controversia entre ellos se otorgará el derecho a la madre. Además, los 3 años de excedencia por cuidado de cada hijo o menor acogido tendrán la consideración de período de cotización efectiva.

También se contempla la jubilación antes de la edad ordinaria para aquellos trabajadores que realicen trabajos de especial peligrosidad o penosidad y se elimina el supuesto de jubilación especial a los 64 años.

Aquellas personas que prolonguen su vida laboral después de la edad legal de jubilación podrán aumentar su pensión por encima del 100% de la base reguladora entre un 2% y un 4% por cada año completo transcurrido entre la fecha en que cumplió dicha edad y la del hecho causante de la pensión, en función del número de años cotizados que se acrediten. Habrá también una exención parcial de cotizar por contingencias comunes, salvo por Incapacidad Temporal derivada de las mismas, cuando se cumplan 65 años con 38 años y seis meses de cotización o 67 años y 37 años de cotización.

En Pymes y Autónomos | Reforma de las pensiones Imagen | La Moncloa

En referencia a las novedades que incluirá el proyecto de ley de Ordenación del Comercio Minorista (aprobado por el Consejo de Ministros de fecha 10 de julio de 2009 y que cuenta ya con el informe favorable del Consejo de Estado) me llama la atención el siguiente punto:

En la venta ambulante se limita la duración de las autorizaciones para garantizar la rotación de los competidores debido a la escasez de suelo disponible.

Soy consciente que a fecha de hoy (debido a que cada ayuntamiento establece las condiciones de acceso a los mercados especializados en este tipo de ventas de acuerdo con sus ordenanzas) existe una dificultad notoria (eufemismo de imposibilidad) para iniciarse en este tipo de negocios. Impedimento más o menos significativo en función de los gadgets consanguíneos o colaterales que se dispongan.

Además, de la lectura de unas cuantas ordenanzas municipales he podido comprobar que en todas ellas se limita su duración, sin dar prioridad a quien la tenga, ergo es sensato pensar que la raíz del problema no está en la perennidad de las mismas.

Resumiendo, que el problema sólo se erradicará cuando el acceso a este tipo de negocios esté supeditado a criterios de mercado y competencia, sin perjuicio que el pilar, denominador común de toda elección, se corresponda con la variedad de productos.

Para que nos entendamos, que más da que limitemos la duración de cualquier autorización, si la siguiente puede ser titularidad de un primo, sobrino, tío, amigo, etc. De todas formas, y teniendo en cuenta que no he tenido acceso aun al proyecto de ley, me abstendré de criticar lo desconocido, no sin antes advertiros que si el poder de decisión sigue estando en cada Ayuntamiento sin más limitación que su discrecionalidad, más nos hubiera valido ahorrar tinta del articulado de la ley.

En todo caso, para los que no están de acuerdo en nada de lo que hace el Gobierno, sugiero que lean la noticia online del ABC; en ella el proyecto de ley elimina la duración de la autorización. Sin manías.

Imagen | Galería de Tupolev y su cámara

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En Pymes y Autónomos | La nueva Ley de ordenación del comercio minorista