Uno de los principales problemas que tienen contribuyentes y asesores a la hora de presentar sus impuestos es la falta de claridad normativa. Dudas y criterios que pueden tener diferentes interpretaciones, y que por lo general se acaba por asumir la más restrictiva si no se quieren tener problemas. Y por eso la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) denuncia la inseguridad jurídica de 42 modelos de Hacienda.

El problema detectado por Aedaf es que estos modelos no cuentan con las instrucciones aprobadas y publicadas en el BOE. De esta manera se pueden producir discrepancias y no completar correctamente los modelos, de manera que provoque sanciones. La denuncia se ha presentado ante el Defensor del Pueblo, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y el Consejo para la Defensa del Contribuyente.

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Todos los modelos tienen que tener el correspondiente soporte legal a través de una norma, generalmente una Orden Ministerial que los apruebe, con su íntegra publicación en el BOE. Esta obligación de publicar el modelo también debería extenderse a las instrucciones para cumplimentarlo, de manera que sirva para informar o instruir a quien está obligado a su cumplimentación y presentación.

Peor todavía es la situación de dos modelos que ni siquiera han sido aprobados por la pertinente normativa y publicados en el respectivo boletín oficial. En concreto, el modelo H100 “Solicitud de pago de devolución a herederos” y el 952 “Comunicación de la modificación de la base imponible en supuestos de concurso y por crédito incobrable”.

No se trata de modelos de escasa relevancia, sino que nos encontramos en esta situación algunos tan populares como el modelo 100 (Impuesto de la Renta de las Personas Físicas), el 036 y 037 (utilizados en el alta de autónomos, por ejemplo), el modelo 303 de autoliquidación del IVA o el modelo 131 por citar algunos modelos relevantes.

La seguridad jurídica que deben dar los ministerios en sus órdenes e instrucciones es uno de los pilares sobre los que un empresario puede realizar su planificación fiscal. No deberían existir discrepancias ni zonas grises que den lugar a diferentes interpretaciones, ya que en estos casos generalmente Hacienda aplica la más restrictiva. Sirva como ejemplo la deducción de las dietas de los autónomos, que aunque cumplan todos los requisitos para su aplicación muchos asesores han recomendado no hacerlo.

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Juan Carlos López-Hermoso, presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), denunció hoy la existencia de "palos en las ruedas" de las empresas para superar la crisis y abogó por suprimir el impuesto de transmisiones patrimoniales, que grava la compra-venta de empresas que no cotizan en Bolsa y que alcanza el 7% del valor de la operación.

López Hermoso manifestó que "muchas operaciones entre empresas no se han producido al final por el extracoste que supone el impuesto", y acusó al Gobierno de "inacción" para consensuar con las comunidades autónomas la eliminación de esta "traba impositiva". Los asesores fiscales piden la derogación del artículo 108 de la Ley de Mercado de Valores, que somete al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales las transmisiones de bienes inmuebles entre distintas empresas.

Para ello han redactado un documento de 25 páginas que han remitido a la Agencia Tributaria y a las consejerías de Economía de las CC.AA. "Es un tributo fósil que va en contra de la libertad de empresa", dijo Eduardo Gracia, coordinador de la sección de precios de transferencia de la Aedaf, "el gravamen era razonable en su origen, pero que ha tendido hacia la distorsión por motivos recaudatorios, pese a que su impacto en los ingresos del Fisco son mínimos" apuntó .

Gracia presentó el informe elaborado por otros nueve miembros de la Aedaf, incluido el presidente, y cuestionó la constitucionalidad del tributo, al establecer restricciones en el mercado recurriendo al interés general. "El fraude fiscal es de interés general, pero no puede servir de excusa para establecer un supuesto de fraude en todas las operaciones", argumentó.

Los asesores fiscales apuestan por un ITP "más residual" que se aplique sólo entre particulares, aunque también consideran, siempre y cuando cuente con la supervisión y el respaldo de la Comisión Europea, su limitación en los supuestos en los que la transmisión de activos esté exenta de IVA o en los que éstos no estén vinculados a la actividad empresarial de la compañía.

Además, aconsejan reedefinir el concepto de toma de control, con el fin de ajustar el gravamen a las operaciones de adquisición sobre más del 80% del capital social, así como a aquellas en las que los activos representen el 80% de los inmuebles en España.

Por último, el presidente de la Aedaf se mostró optimista respecto a la acogida de su propuesta entre los responsables de Economía de las distintas regiones para acordar una eliminación de esta "barrera a la flexibilidad empresarial". "Estamos recibiendo el feeling de algunas comunidades", concluyó.

En Pymes y Autónomos | ¿Cómo se evalúa al mejor asesor fiscal? Imágen | alancleaver_2000

¿En qué se traducen las soluciones procedentes del sector público? pues en gasto, tal vez más tímido, pero gasto al fin y al cabo. Para ello qué mejor prueba que la última medida aprobada ayer, 27 de febrero de 2009, por el Consejo de Ministros: el acuerdo por el que se aprueban medidas de austeridad y eficiencia en materia de empleo público.

No se ilusionen, pues no deja de ser un contrasentido que mientras se presenta ese acuerdo, a renglón seguido se lee: “Aprobada la oferta pública de empleo para 2009”. Ni más ni menos que 17.948 plazas que lógicamente irán a cargo de emprendedores y empresas del país, en definitiva los únicos generadores de riqueza.

Pese a informar que la reposición de efectivos parece dar un resultado negativo, esto es que las bajas de empleados públicos son superiores a las altas u oferta aprobada, no es menos cierto que se les vuelve a ver el plumero cuando desarrollando el contenido de la noticia se advierte que ha primado la incorporación de empleados públicos en los sectores que pueden contribuir a la recuperación económica del país, como el de las Tecnologías de la Información y la lucha contra el fraude fiscal.

Si por sectores que pueden contribuir a la recuperación económica del país se entienden aquellos empleos que tienen como única función rastrear e investigar de entre los escombros existentes que la crisis ha dejado a su paso… vamos bien, no podríamos ir mejor. Eso es precisamente lo que necesita el empresariado, más funcionarios que presionen y opriman.

Finalmente otro dato que no tiene desperdicio, que lo del saldo negativo correspondiente a la reposición de efectivos (dato que parecía ser positivo) no es de aplicación a ciertos servicios públicos considerados esenciales, tales como las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado, la Administración de Justicia, las Instituciones Penitenciarias, la Educación, la Sanidad, la Inspección de Trabajo o la seguridad aérea, el personal que trabaja en la gestión de las políticas activas de empleo, de las prestaciones por desempleo y en el control y lucha contra el fraude fiscal y el control del gasto público.

No sé si no se han citado más sectores porque no existen, o porque el responsable de escribir la noticia ha cogido agujetas durante el proceso. A lo que íbamos:

AEDAF y Gobierno: Dos puntos de vista diferentes.

Imagen | Galería de ComoDeciamosAyer.com

Vía | Consejo de Ministros

En Pymes y Autónomos | Recetas anticrisis: Dos puntos de vista diferentes (I)

En tan solo dos posts (o dos cliks) uno puede darse cuenta de lo alejadas que están las posturas y soluciones ante la crisis que nos ha tocado vivir. Lo siento para la ciencia, pero los polos opuestos no se atraen, se repelen.

En primer lugar tenemos las soluciones propuestas por la AEDAF (Asociación Española de Asesores Fiscales), respecto a las cuales uno puede estar más o menos de acuerdo, pero que en todo caso gozan de bastante sentido común. En el segundo post trataré de las que propuso ayer mismo el Consejo de Ministros.

Las propuestas de la AEDAF, entre otras, se traducen en aumentar el IVA, los impuestos especiales, rebajar el IRPF así como el impuesto sobre sociedades. Además también sugirió la flexibilización de los criterios de aceptación de aplazamientos de impuestos, la rebaja del interés de demora (actualmente del 7% y aplicable a aplazamientos sin aval bancario) y una bonificación del Impuesto de Matriculación.

En cuanto a obligaciones documentales, se planteó la procedencia de aplicar una demora en las obligaciones de documentación de las operaciones vinculadas. Y en último lugar se informó de algo que ya he apuntado en algún que otro post... "La explosión social".

Estas soluciones se traducen al final en un intento de aumentar la renta disponible de las familias y empresas, simplificar la carga administrativa que las compañías están sufriendo y generar, por lo tanto, movimiento sin más.

Todos somos conscientes que por encima de lo que un papel plasme prevalece lo acontecido, lo real; y así se encarga la ley de decirlo. Es por ese motivo que en vez de exigir documentación a la empresa de absolutamente todo lo que se hace, tal vez la solución pase por una mejor y más rápida fiscalización.

Además, es bastante común aportar documentación ante una inspección de cualquier tipo y que la misma sea puesta en tela de juicio cuando no está avalada por un criterio de razonabilidad. Siendo así las cosas y estando claras las reglas del juego por ambas partes, no veo inconveniente en eliminar muchos de los papeles que se exigen hoy en día a raíz de su poca eficacia.

Imagen | Galería de Neil T

Vía | AEDAF