Cada vez la presión fiscal es mayor. Y también la diferencia al respecto entre trabajadores por cuenta propia y pequeñas y medianas empresas. De hecho, acaba de alcanzar niveles de récord, con el lógico impacto que esto conlleva en la estructura productiva.
Los últimos datos publicados por la Agencia Tributaria reflejan que los autónomos soportan un tipo medio del 21,7% sobre sus beneficios, mientras que las pymes tributan en torno al 17,3% en el Impuesto de Sociedades.
La distancia entre ambos regímenes se ha ampliado de forma sostenida, hasta situarse en torno a un 25% de diferencia relativa.
Esta situación está empujando a miles de profesionales a replantear su forma jurídica, priorizando la constitución de sociedades para reducir su factura fiscal.
Una evolución desigual desde 2017
El análisis histórico permite entender mejor el fenómeno. En 2017, los autónomos soportaban un tipo medio cercano al 17,4%, muy similar al de las pymes, que se situaban en torno al 16,8%. La distancia era prácticamente marginal.
Sin embargo, en apenas siete años el escenario ha cambiado de forma significativa. Mientras que la tributación media de las empresas apenas ha aumentado en torno a tres puntos porcentuales relativos, la de los trabajadores por cuenta propia se ha incrementado de manera mucho más intensa.
En términos prácticos, esto significa que el esfuerzo fiscal de los autónomos ha crecido de forma notable, sin que las sociedades hayan experimentado un ajuste equivalente.
El papel clave del IRPF frente al Impuesto de Sociedades
El origen de esta diferencia reside en la propia estructura de los impuestos. El IRPF es un tributo progresivo, con tipos que oscilan entre el 19% y el 47%, lo que implica que a medida que aumentan los ingresos también lo hace el porcentaje efectivo que se paga.
Por el contrario, el Impuesto de Sociedades parte de un tipo general del 25%, pero incorpora múltiples mecanismos que permiten reducir la carga final.
Deducciones, bonificaciones, amortizaciones o planificación fiscal son herramientas habituales que rebajan el tipo efectivo que terminan soportando las empresas.
Esta asimetría provoca que, a igualdad de beneficios, la carga fiscal sea mayor en el caso de los autónomos.
Inflación y fiscalidad y cómo distorsionan los datos
Uno de los elementos que explica el aumento de la presión fiscal sobre los autónomos es la inflación. En los últimos años, el incremento generalizado de precios ha obligado a estos profesionales a elevar tarifas para mantener márgenes.
Sin embargo, al no haberse ajustado los tramos estatales del IRPF, este aumento de ingresos nominales ha provocado un salto automático a tramos superiores. Es decir, parte del incremento de ingresos no responde a una mejora real del poder adquisitivo, sino a la necesidad de cubrir mayores gastos.
Los datos reflejan que los ingresos brutos de los negocios de autónomos han crecido en torno a un 73% desde 2017, mientras que en las pymes el aumento ha sido similar, cercano al 75%. A pesar de esta evolución paralela, la carga fiscal no ha seguido el mismo patrón.
Un efecto directo: 57.000 autónomos cambian de modelo
El impacto de esta brecha ya se traduce en decisiones empresariales concretas. En 2025, alrededor de 57.000 trabajadores por cuenta propia optaron por constituirse como sociedades, buscando una fiscalidad más favorable.
Y es que, las sociedades permiten deducir un mayor número de gastos vinculados a la actividad, como suministros, vehículos, estructuras o retribuciones.
Además, ofrecen herramientas adicionales como la posibilidad de diferir dividendos, ajustar la retribución entre salario y beneficios o aplicar incentivos fiscales específicos. Todo ello facilita una mayor capacidad de planificación.
La presión de los costes y la falta de ajuste fiscal
El contexto económico ha intensificado el problema. El encarecimiento de la energía, los alquileres y los suministros básicos ha elevado los gastos estructurales de los negocios.
Para compensar este aumento, muchos autónomos han tenido que subir precios. Sin embargo, este ajuste ha tenido un efecto colateral: un incremento automático en la tributación debido al sistema progresivo del IRPF.
En la práctica, una parte relevante de ese esfuerzo por mantener la viabilidad del negocio termina trasladándose a la Administración en forma de mayor recaudación.
Diferencias territoriales en la respuesta fiscal
Algunas comunidades autónomas han intentado mitigar este efecto mediante la deflactación de su tramo autonómico del IRPF. Regiones como Madrid, Andalucía, País Vasco, Navarra, Aragón o Canarias han aplicado ajustes para adaptar el impuesto al contexto inflacionario.
No obstante, estas medidas solo afectan a una parte del tributo, ya que el tramo estatal representa aproximadamente el 50% del IRPF y sigue sin actualizarse en línea con el aumento del coste de vida.
Esto genera una situación desigual entre territorios y limita el alcance real de las medidas adoptadas a nivel autonómico.
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