El Gobierno pospuso la aprobación de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales debido a un inesperado apagón total que afectó a toda España. Hoy, estas líneas no nos sorprenden, pero lo cierto es que el lunes nadie esperaba algo así.

El proyecto de ley, que sigue encontrando resistencia entre la patronal, no está claro que tenga los apoyos parlamentarios necesarios para salir adelante, pese a que el Gobierno lo da por hecho.

Fecha de la votación

En esta tesitura, se ha producido una creciente presión sindical que el 1 de mayo, Día del Trabajo, sacó músculo en más de 80 ciudades españolas para exigir avances concretos y reivindicar esta medida clave para millones de trabajadores.

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A su vez, el Consejo de Ministros tenía previsto aprobar esta semana el proyecto que reduce la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales. Sin embargo, el Ejecutivo decidió aplazar su envío al Congreso como consecuencia del apagón eléctrico que afectó al centro de datos de la Seguridad Social y otros sistemas administrativos.

La medida, prioritaria para la agenda laboral del Ministerio de Trabajo, queda en pausa hasta nuevo aviso. En estos momentos, según El Economista, se ha acordado retomar las votaciones, tras el aplazamiento, "para al próximo martes 6 de mayo."

Sin embargo, no es la primera ni la segunda vez que esta medida se retrasa, por lo que nos encontramos ya frente a un horizonte poco claro, donde el calendario de tramitación sigue siendo incierto.

Apoyos insuficientes y bloqueo político

Más allá del fallo técnico, y pese a las esperanzas puestas por parte de sindicatos y Gobierno, no están asegurados los apoyos parlamentarios necesarios para sacar adelante la reforma.

En estos momentos, el grupo de Junts mantiene su bloqueo a la tramitación, y desde el Ministerio de Trabajo se ha instado públicamente al Partido Popular a desbloquear la situación.

La ministra Yolanda Díaz apeló a la "responsabilidad de todos los grupos" para garantizar el avance de una medida que considera fundamental para mejorar la salud y conciliación laboral de la población trabajadora.

Como recoge Infobae, la incertidumbre y la falta de acuerdos choca, frontalmente, con el planteamiento esgrimido desde el principio por la ministra de trabajo. Según palabras del abogado laboralista y tiktoker @laboral_tips: "Lo más importante para poder tirar adelante un proyecto de este tipo es que se requiere tener mayoría”, y [él] no cree que el Gobierno la tenga."

Patronal, en contra

La CEOE ha reiterado su rechazo a la reducción de jornada por decreto, y otras entidades como ATA y Cepyme también mantienen una postura conservadora. 

Además, la patronal sigue defendiendo que cualquier cambio en este sentido debe ser fruto de la negociación colectiva sectorial, y no de una imposición desde el Gobierno. Así, se argumenta que muchas pymes no podrían asumir el impacto económico de trabajar menos horas sin reducir salarios, y temen que la productividad no se recupere a corto plazo.

La presión sindical

Coincidiendo con el Día Internacional del Trabajo, los sindicatos mayoritarios aprovecharon las más de 80 manifestaciones convocadas en toda España para volver a poner el foco en la reducción de la jornada.

Bajo el lema "Proteger lo conquistado, ganar el futuro", CCOO y UGT reclamaron que el Gobierno cumpla con su compromiso y advirtieron de que intensificarán la presión si no hay avances tangibles en las próximas semanas. También reclamaron una reforma del despido ajustada a la Carta Social Europea.

La propuesta de ley prevé que, a partir de 2025, la jornada máxima semanal se reduzca a las 37,5 horas. La medida no conllevaría reducción salarial. En las marchas esta fue la petición principal, además de revisar los despidos, asegurar la correcta implementación de los sistemas de control horario digital, reforzar el derecho a la desconexión y adaptar los convenios colectivos a la nueva normativa.

El Gobierno mantiene su intención de aprobar la medida lo antes posible. El 6 de mayo, tendremos novedades. Por su parte, los sindicatos no descartan movilizaciones adicionales si el Ejecutivo no cumple su compromiso.

Foto: Flickr

La jornada laboral de 37,5 horas semanales sin reducción de salario ha sido una de las principales medidas impulsadas por el Ministerio de Trabajo esta legislatura y sigue enfrentando dificultades.

Esta semana, la iniciativa ha encontrado, de nuevo, una falta de mayoría parlamentaria estable, que mantiene la iniciativa bloqueada en el Congreso. El mismo estancamiento afecta a otras propuestas clave del Ejecutivo, como el plan de vivienda y la reforma del sistema judicial, que tampoco han logrado avanzar hacia su tramitación.

Menos horas de trabajo

El Ministerio de Trabajo ha defendido, desde 2023, una reducción de la jornada máxima semanal desde las 40 horas actuales hasta las 38,5 horas primero, que deberían haberse comenzado a aplicar en 2024, y las 37,5 horas de cara a 2025.

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En ningún caso, esta medida implicará pérdida salarial para los trabajadores, puesto que el objetivo es buscar una mejora en la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Desde el Gobierno se han señalado posibles beneficios para la eficiencia del mercado laboral, argumentando que la reducción de horas trabajadas no tiene por qué traducirse en una menor producción, sino en una mayor optimización del tiempo de trabajo.

Sin embargo, hasta la fecha la reducción de la jornada laboral sigue sin implementarse, debido a la falta de acuerdos y al retraso en la tramitación legislativa, que impidió que la primera fase (38,5 horas) se aplicara.

Un bloqueo político sin consenso

El Consejo de Ministros aprobó en febrero de 2025 un anteproyecto de ley para reducir la jornada laboral sin disminución salarial, pero este aún debe superar su trámite parlamentario antes de convertirse en norma definitiva.

Hasta que la ley sea aprobada y entre en vigor, las empresas no están obligadas a realizar ningún ajuste. El avance de esta reforma dependerá de las negociaciones y de si el Gobierno logra reunir apoyos suficientes para sacarla adelante.

El principal obstáculo para la aprobación de la reforma es la falta de una mayoría suficiente en el Congreso. El Gobierno de coalición, sin apoyos fijos más allá del PSOE y Sumar, necesita el respaldo de otros grupos para sacar adelante la medida.

Así, entre las posturas ya expresadas, PSOE y Sumar defienden la reducción como parte de su agenda, mientras que Junts per Catalunya ha rechazado la medida, argumentando que no ha sido una demanda de las empresas y que no es una prioridad para los trabajadores, y PP y Vox se oponen, alegando que afectará a la competitividad y aumentará los costes para los empresarios.

Para pymes y autónomos

Para las pequeñas y medianas empresas, así como para los autónomos, la reducción de la jornada laboral plantea varios desafíos.

Si bien existen potenciales ventajas, como mejorar el bienestar laboral de los trabajadores y, en algunos casos, se prevé que aumentar la productividad al optimizar los tiempos de trabajo, no queda exento de riesgos, como apuntaba la ATA y la CEOE, para modelos de negocio con menos margen financiero para afrontar la reorganización de turnos o absorber el coste de la reducción de horas sin afectar su rentabilidad.

Las patronales, además, han indicado que el impacto no será homogéneo en todos los sectores. Mientras que en industrias con mayor automatización o trabajo por objetivos podría haber una mejor adaptación, en otros como la hostelería o el comercio, la reducción de jornada sin ajuste en los costes salariales podría ser difícil de sostener.

En ningún caso, no obstante, deben confundirse con la actualización del registro horario digital, que sí entrará en vigor, pues cuelga de una legislación previa de 2019.

Escenario incierto

Desde El Diario.es, se apuntaba que "los grandes anuncios del Gobierno como la reducción de la jornada laboral, las medidas de ayuda a la vivienda, el plan de regeneración democrática [...] ni siquiera han empezado el recorrido de su tramitación parlamentaria a la espera de mayorías estables en el Congreso que garanticen su viabilidad."

En esta tesitura, y si bien el Gobierno mantiene la intención de impulsar la reducción de jornada, ni existe una mayoría clara en el Congreso de los Diputados, ni se han visto avances en esta dirección. Así, la reducción de la jornada laboral se une a una carpeta cada vez más grande de anteproyectos de ley.

Las negociaciones con los grupos parlamentarios serán clave para determinar si la medida puede desbloquearse en los próximos meses o si quedará relegada en la agenda legislativa.

El futuro de la reducción de jornada dependerá de la capacidad del Gobierno para alcanzar acuerdos en un Congreso fragmentado. Por el momento, la falta de apoyos mantiene la reforma en un punto muerto, sin una fecha clara para su tramitación efectiva.

Foto: Flickr

En los últimos años, la discusión sobre la reducción de la jornada laboral ha ganado fuerza en todo el mundo. Alemania y Japón, dos de las economías más importantes del planeta, han comenzado a implementar la semana laboral de 4 días en distintos sectores. ¿Las consecuencias? Aún están por ver a largo plazo.

Este cambio de paradigma laboral no solo busca mejorar la conciliación entre la vida laboral y personal, sino también abordar desafíos demográficos y económicos, como la crisis de natalidad y la productividad.

Aunque estos países son protagonistas recientes, no son los únicos en explorar este modelo. Islandia, Bélgica y España ya han experimentado con la semana laboral reducida, lo que refleja una tendencia global hacia la redefinición del trabajo en el siglo XXI.

Alemania, un paso hacia la conciliación y el bienestar

Alemania, conocida por su eficiencia y disciplina laboral, ha dado un paso significativo al aprobar la semana laboral de 4 días en varias empresas.

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De hecho, ya son 73 empresas alemanas las que han solicitado implementar este modelo, impulsadas en gran parte por las demandas de la Generación Z, que prioriza el equilibrio entre el trabajo y la vida personal.

Este cambio no solo responde a una necesidad de bienestar, sino también a una realidad demográfica: Alemania enfrenta una población envejecida y una tasa de natalidad baja, lo que ha llevado a buscar soluciones innovadoras para mantener la fuerza laboral activa y motivada.

Los resultados preliminares en Alemania sugieren que la reducción de la jornada laboral no ha afectado negativamente la productividad. Por el contrario, algunos estudios indican que los empleados son más eficientes cuando tienen más tiempo para descansar y dedicarse a sus familias.

Este fenómeno coincide con lo observado en Islandia, donde un experimento a gran escala demostró que la semana laboral más corta mejoró el bienestar de los trabajadores sin reducir la producción.

Japón, luchando contra el envejecimiento y el agotamiento

Japón, por su parte, enfrenta desafíos aún más pronunciados en términos demográficos. Con una de las poblaciones más envejecidas del mundo y una tasa de natalidad extremadamente baja, el país ha buscado soluciones radicales para revitalizar su sociedad y economía.

Tokio, la capital, ha introducido la semana laboral de 4 días como una medida para fomentar la natalidad y mejorar la conciliación familiar. La idea es simple: al reducir las horas de trabajo, las personas tendrían más tiempo para formar familias y cuidar de sus hijos.

Además, Japón ha lidiado durante décadas con el fenómeno del "karoshi", o muerte por exceso de trabajo. La cultura laboral japonesa, conocida por sus largas jornadas y altos niveles de estrés, ha sido cuestionada en los últimos años.

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La implementación de la semana laboral de 4 días no solo busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores, sino también combatir el agotamiento y las enfermedades relacionadas con el estrés. Aunque el cambio es incipiente, ya ha generado un giro de 180 grados en la mentalidad corporativa tradicional del país.

El gran debate de la productividad

Uno de los argumentos más recurrentes en contra de la semana laboral de 4 días es el temor a una caída en la productividad.

Sin embargo, los ejemplos de Islandia o Bélgica sugieren que este miedo podría ser infundado. En Islandia, un estudio realizado entre 2015 y 2019 mostró que la reducción de la jornada laboral no solo mantuvo los niveles de productividad, sino que en algunos casos los aumentó. Los empleados, al sentirse más descansados y valorados, mostraron un mayor compromiso con sus tareas.

En España, también se ha llevado a cabo una reducción laboral a modo de piloto en varias empresas y los resultados también han sido alentadores. Los trabajadores reportaron menos estrés y mayor satisfacción con sus empleos, lo que se tradujo en una mayor eficiencia.

Bélgica, por su parte, ha adoptado un enfoque similar, permitiendo a los empleados comprimir su jornada semanal en 4 días sin reducción salarial. Estos ejemplos refuerzan la idea de que la productividad no está necesariamente ligada a la cantidad de horas trabajadas, sino a la calidad del tiempo invertido.

Una tendencia global en auge

La implementación de la semana laboral de 4 días en Alemania y Japón no es un fenómeno aislado, sino parte de una tendencia global que busca redefinir el futuro del trabajo.

Un modelo que ofrece una respuesta a problemas urgentes como la crisis de natalidad y el envejecimiento poblacional, que afectan a gran parte del mundo desarrollado.

A medida que más empresas y gobiernos se suman a esta iniciativa, queda claro que el debate ya no es sobre si la semana laboral de 4 días es viable, sino sobre cómo adaptarla a las necesidades específicas de cada país y sector.

Lo que comenzó como un experimento en pequeña escala se ha convertido en una revolución silenciosa que podría transformar la forma en que trabajamos y vivimos en las próximas décadas.

Imagen: Pixabay, Pixabay

Desde el pasado 25 de febrero, las empresas españolas están obligadas a registrar el inicio y el fin de la jornada laboral de los trabajadores. Esta medida, que se apoya en el registro horario digital y busca garantizar un control más preciso del trabajo efectivo, trae también restricciones que pueden haber pasado por alto los empleados.

El objetivo principal del Gobierno es evitar posibles abusos relacionados con las horas extraordinarias no remuneradas. No obstante, la misma normativa establece que deberán registrarse "todas aquellas interrupciones de la misma que afecten a su cómputo", como las pausas destinadas a fumar, tomar café u otras interrupciones.

Pausas tradicionales

Además, el propósito de la regulación contempla que las horas trabajadas reflejen fielmente el tiempo efectivo dedicado por el empleado a sus tareas, pero, en parte, choca con algunas regulaciones, como el Estatuto de los Trabajadores o los convenios de cada sector, que pueden requerir matizaciones.

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Al registrar todas las interrupciones, se pretende evitar abusos relacionados con horas extraordinarias no remuneradas y asegurar el cumplimiento de la jornada laboral establecida. Además, la Inspección de Trabajo tendrá acceso remoto a estos registros, lo que facilitará la vigilancia y el cumplimiento de la normativa.

Las pausas habituales, como las destinadas a tomar un café, fumar o hacer un breve descanso, ahora deben ser registradas si afectan al cómputo de la jornada laboral. Esto implica que los empleados deberán fichar al inicio y al final de cada pausa, permitiendo a las empresas descontar estos tiempos del total de horas trabajadas.

No obstante, es importante aclarar que la legislación laboral en España contempla un descanso obligatorio de al menos 15 minutos en jornadas continuadas de más de seis horas. En muchos convenios colectivos, este descanso se considera tiempo de trabajo efectivo, por lo que no debería ser descontado del cómputo total de la jornada.

En este caso, si el descanso se reconoce como trabajo efectivo, no habría necesidad de fichar al salir ni al volver ni debería afectar al salario; por el contrario, si no se reconoce, no solo debería estar sujeto a control horario, sino que la empresa podría descontarlo del total trabajado y afectaría a las pausas adicionales.

El problema es que, con el nuevo sistema, las empresas pueden exigir fichar todas las pausas, incluso aquellas que no afectan al cómputo de jornada según la ley. Esto genera incertidumbre, ya que algunos empleados podrían ver cómo sus descansos obligatorios terminan siendo descontados si la empresa los computa como "pausas no productivas".

Cuando tomar café no es trabajo

Una vez más, la clave estará en la regulación interna de cada organización y en los acuerdos sectoriales. Entre los aspectos más relevantes,  la distinción entre "tiempo de trabajo efectivo" y "tiempo de presencia" es especialmente peliaguda. Mientras que el primero implica el desempeño de funciones laborales, el segundo se refiere a periodos en los que el trabajador está disponible para la empresa sin realizar tareas concretas. En algunos casos, ciertas pausas pueden ser consideradas tiempo de trabajo efectivo dependiendo del contexto laboral y de la jurisprudencia vigente.

Además, los empleados deben ser conscientes de que el abuso de pausas o la prolongación indebida de descansos puede derivar en sanciones. Las consecuencias pueden ir desde amonestaciones hasta suspensiones o, en casos graves, el despido disciplinario. La regulación de las pausas y su supervisión estricta podría afectar la flexibilidad laboral y el clima de confianza en el entorno de trabajo.

Controversia legal

La implementación de este control ha generado diversas reacciones. Algunos trabajadores perciben esta medida como una intrusión en su autonomía y una señal de desconfianza por parte de la empresa. 

Por otro lado, las empresas argumentan que es una herramienta necesaria para cumplir con la ley y garantizar una distribución equitativa del trabajo. Además, la falta de una cultura de registro detallado en algunas organizaciones ha llevado a desafíos en la adaptación a estos nuevos sistemas de control horario en formato digital.

La obligatoriedad de registrar todas las pausas durante la jornada laboral representa un cambio significativo en la gestión del tiempo de trabajo en España. Si bien busca proteger los derechos de los trabajadores y garantizar una compensación justa por el tiempo trabajado, también plantea desafíos en la relación laboral y en la adaptación a nuevos sistemas de control. Será fundamental que tanto empresas como empleados encuentren un equilibrio que permita cumplir con la normativa sin afectar negativamente el clima laboral ni la productividad.

El partido Sumar, liderado por la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha presentado una enmienda al Proyecto de Ley de Función Pública de la Administración General del Estado (AGE) para reducir la jornada laboral de los funcionarios a un máximo de 35 horas semanales.

Una propuesta que supone reducir otras 2,5 horas respecto a la jornada actual y se enmarca en una serie de medidas para mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos. La enmienda plantea consolidar esta jornada a nivel estatal que ya se encuentra en gran medida en muchas de las comunidades autónomas.

Tendencia general

La iniciativa se suma a la reciente aprobación de la reducción de la jornada laboral general en España a 37,5 horas semanales sin reducción salarial, fruto del acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos CC OO y UGT tras meses de negociaciones.

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Los últimos cambios se apoyarán en las nuevas directrices que incluyen el registro horario digital, más estricto, y sanciones severas para las empresas que no cumplan con la regulación laboral.

En el caso de la Administración Pública, la propuesta de Sumar busca modificar el artículo 87 de la nueva Ley de Función Pública para garantizar que la jornada semanal no supere las 35 horas. Esta medida se fundamenta en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI firmado en 2022, que ya contemplaba la recuperación de la jornada reducida para los empleados públicos.

Efectos de esta reducción

Si la propuesta es aprobada, los funcionarios de la Administración General del Estado verían reducida su jornada laboral en 2,5 horas semanales, lo que en la práctica significaría una mejora en la conciliación de la vida laboral y personal.

Además, distintas administraciones autonómicas y municipales ya aplican jornadas de 35 horas semanales, por lo que esta medida supondría una homogeneización de las condiciones laborales en todo el territorio.

En términos organizativos, la reducción de jornada podría generar la necesidad de contratar más personal en algunos sectores de la Administración para evitar una disminución en la prestación de servicios.

No obstante, los sindicatos han defendido la viabilidad de la medida, argumentando que la eficiencia laboral no depende exclusivamente de la cantidad de horas trabajadas, sino también de la organización y digitalización de los procesos administrativos.

En este caso, la tesitura es muy distinta a la que Cepyme y otras asociaciones de empresarios han criticado en los últimos meses, debido al aumento de las cotizaciones por trabajador y a la difícil tarea de aumentar la productividad en sectores con márgenes escasos, según su último informe.

Jubilación parcial

Junto con la reducción de jornada, Sumar ha propuesto en otra enmienda la posibilidad de que los funcionarios puedan acogerse a la jubilación parcial voluntaria.

Actualmente, los empleados públicos deben esperar a la edad legal de jubilación o acogerse a regímenes especiales según su grupo profesional. La propuesta permitiría que los funcionarios reduzcan, progresivamente, su jornada laboral entre un 25 % y un 50 % antes de la jubilación completa, facilitando una transición más gradual.

Para implementar esta medida, sería necesario modificar el Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley General de la Seguridad Social y la Ley de Clases Pasivas. Este cambio podría ayudar a aliviar el envejecimiento de la plantilla en la Administración Pública, permitiendo una renovación progresiva y el relevo generacional sin una pérdida abrupta del personal con más experiencia.

El debate, al Congreso

La reducción de jornada y la introducción de la jubilación parcial para los funcionarios dependerán del respaldo parlamentario necesario para su aprobación. Mientras el Ejecutivo busca modernizar la Administración y mejorar la calidad del empleo público, la medida también plantea desafíos en términos de coste y reorganización de recursos.

De igual modo, la prórroga de la jornada laboral debería ser una opción voluntaria para los empleados públicos, con la excepción del personal directivo profesional, que quedaría excluido de esta posibilidad. En cuanto al teletrabajo, se subraya que esta modalidad debe ser una opción disponible para los funcionarios, pero nunca una obligación. Sumar también ha destacado que implementar el trabajo en remoto se hará bajo criterios de eficiencia y conciliación, y no a través de un enfoque de reducción de costes, puramente económico.

De aprobarse, estas reformas no solo impactarían en la calidad de vida de los empleados públicos, sino que también podrían sentar un precedente para futuras negociaciones sobre la jornada laboral en otros sectores. En un contexto de cambios en el mercado laboral y en las condiciones de trabajo, el debate sobre la reducción de jornada sigue ganando protagonismo.

Hasta ahora, casi todo el mundo nos hubiera dado la razón ante una sencilla afirmación: "Hoy día, trabajamos menos que antes", pero parece que esta disminución gradual es solo un espejismo y no hay datos que lo demuestren.

Lo afirma un reciente estudio del Centro Común de Investigación (JRC), que  evidencía que las jornadas laborales no han experimentado una reducción significativa en casi cincuenta años.

Trabajamos lo mismo

'The Working Times They Are A-Changing: Trends in Six EU countries' (Los tiempos de trabajo están cambiando: tendencias en seis países de la UE), que recoge información de seis países europeos entre 1992 y 2022, ha demostrado que la última reducción real de horas de trabajo (por lo menos, en España) se dio hace ya casi 50 años (1983); desde entonces, seguimos cumpliendo con horarios similares a la década de los 80.

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Para aclarar cómo es esto posible, el estudio señala un incremento de empleo a tiempo parcial y un auge de la emprendeduría, con trabajos por cuenta propia que varían mucho en el tiempo de dedicación.

En gran parte, todo ello se vincula con la entrada de la mujer en el mercado laboral (en España, en 2024, se alcanzó un récord histórico con casi diez millones de puestos de trabajo ocupados por mujeres), donde el porcentaje de ocupación femenino ya casi se iguala al masculino, así como el crecimiento del sector servicios, donde la terciarización engloba muchos trabajos a media jornada.

Una falsa percepción

De este modo, estos empleos parecen generar una percepción de mayor ocupación del tiempo laboral (dicho de otro modo: la jornada media se ha reducido, pero el número de empleos y el tiempo dedicado al trabajo ha seguido creciendo, y creciendo).

Sin embargo, lo anterior no está relacionado con una mejora uniforme de las horas trabajadas (entendida como menos horas por semana), que permanece  adscrita a la jornada de 40 horas, sino a la aparición de trabajos extra a tiempo parcial.

Los responsables del estudio señalan, por ejemplo, que los trabajadores por cuenta propia trabajan menos, o a tiempo parcial, pero, a su vez, realizan semanas laborales más largas.

Así, en muchos sectores y en la empresa privada, las 40 horas semanales y algunas horas extra continúan siendo la norma. En términos efectivos, el tiempo laboral de los trabajadores a tiempo completo se ha mantenido sin cambios, lo cual rompe con esa idea de la reducción de la jornada, como según Javier Jorrín para El Confidencial a raíz del estudio.

Es cierto que la jornada media se ha reducido desde los ochenta, pero se debe principalmente al surgimiento del empleo a tiempo parcial (tanto asalariado como autónomo).
Por el contrario, cuando se considera sólo el empleo a tiempo completo, las jornadas siguen siendo las mismas. pic.twitter.com/r56LU8rUTz

— Javier Jorrín (@jgjorrin) November 11, 2024

Pero entonces ¿de dónde surge esta percepción? A grandes rasgos, de varios puntos peliagudos que se mencionan con detalle en el estudio: por un lado, el crecimiento del empleo público, que sí tiene una jornada laboral notablemente menor (cinco horas menos que el privado, de media); de igual modo, se ha reducido el trabajo en el sector primario y en el de bienes, que solían tener jornadas más extensas, tradicionalmente.

Estos efectos de composición (donde comparamos subgrupos distintos) han contribuido a una falsa percepción de la realidad del tiempo de trabajo en los países analizados en el estudio.

Hay efectos composición que también están tirando hacia abajo de la jornada laboral media:

-El crecimiento del empleo público (tiene una jornada casi cinco horas inferior a la del sector privado).
-La reducción del empleo del sector primario. pic.twitter.com/5HGaZVKW2S

— Javier Jorrín (@jgjorrin) November 11, 2024

Sector privado, sin cambios

El punto clave del estudio revela que las jornadas laborales para los trabajadores a tiempo completo del sector privado se han mantenido inalteradas, incluso acumulando horas extra sin una retribución económica.

En trabajos industriales y el sector servicios, la dedicación semanal por parte de los empleados sigue siendo alta. La cultura de largas jornadas sigue presente en el sector privado y continúa relacionada con las exigencias laborales y la búsqueda de mejoras en el puesto de trabajo.

Asimismo, parece que la narrativa española vinculada a una reducción de la jornada (la semana laboral de cuatro días, por ejemplo, o el modelo de 37,5 horas/semana) choca, en parte, con la realidad del sector privado, que, en gran medida, sigue con la idea de que se requieren elevados tiempos de dedicación para avanzar en sus carreras profesionales.

Con la ley, hemos topado

Un obstáculo que puede chocar con los últimos cambios legislativos que Yolanda Díaz sigue peleando con la patronal y los colectivos empresariales, como la CEOE y Cepyme, en España. Mientras CCOO y UGT presionan en la dirección contraria al equipo de gobierno.

Por último, surgen dos datos interesantes que vale la pena resaltar: el primero es la descorrelación entre productividad y jornada laboral, que se ha visto claramente en aquellos empleos cualificados; a su vez, en segundo lugar, estos empleos de mayor cualificación no han visto reducidas sus jornadas, sino todo lo contrario: a mayor autonomía y flexibilidad para organizar el tiempo, parece que los trabajadores mantienen un compromiso mayor con sus carreras (en tiempo, hablamos), lo que el estudio correlaciona con la búsqueda de éxito y mejoras salariales.

Uno de los datos más curiosos que se observan es que el estancamiento de la jornada laboral se produce en los trabajadores de mayor cualificación. pic.twitter.com/FBIauF4NiM

— Javier Jorrín (@jgjorrin) November 11, 2024

Mientras las ideas de una reducción generalizada de la jornada laboral van ganando fuerza en el debate público, este estudio sugiere que, para una amplia mayoría, la realidad sigue traduciéndose en largas jornadas y pocos cambios en el modelo de trabajo de nuestros padres, e incluso abuelos.

Queda por ver hacia dónde nos llevan estos datos junto a factores como el crecimiento del empleo a tiempo parcial, el aumento de trabajadores en el sector público y las jornadas laborales reducidas por ley.

¿En las próximas décadas, los modelos laborales en Europa enfrentarán cambios significativos? Según avanza (en este caso) el ecosistema español, es posible, pero haríamos bien en revisar todos los datos, y la letra pequeña.

Y no lo digo yo, lo dice un Juzgado de lo Social de Madrid mediante una sentencia. Una trabajadora que solicitó una reducción de jornada con modificación de su horario laboral ha conseguido sus pretensiones íntegras, cuando la empresa sólo aceptó la reducción de jornada.

Según se extrae de la nota de prensa de UGT, y parte defensora de la trabajadora, la distribución horaria de la jornada laboral por parte unilateral de la trabajadora se produce para ajustar su jornada a sus necesidades personales y familiares a fin de atender a una hija de 10 meses. Prevalecen las necesidades de la trabajadora frente los hipotéticos perjuicios económicos, logísticos, estructurales que se puedan crear en la empresa. Y no hay recurso que valga.

Las empresas, en cumplimiento con el estatuto de los trabajadores, tienen que sujetarse al art 37.5, que curiosamente fue añadido por una ley del año pasado; La ley efectiva para la igualdad de hombres y mujeres. Y en este tipo de modificaciones normativas, no tenemos más remedio que adaptarnos a las nuevas circunstancias, ya sea microempresa o multinacional.

Como en otras muchas cosas que nos rodean, aquí el tamaño si importa, y mucho, porque fijar horarios a discrección en una empresa con dos trabajadores, le puede traer dolores de cabeza al más pintado. No dudo en absoluto del derecho individual del trabajador como marca la ley, pero en la práctica, este tipo de medidas atentan contra la columna vertebral de la microempresa.   

En Pymes y Autónomos | La conciliación de la vida familiar y el trabajo 

Vía | UGT

Imagen | periodistadigital.com