Existen, en la actualidad, numerosas pymes y autónomos que todavía desconfían de la factura electrónica, en la mayoría de los casos porque consideran que no tiene la misma validez legal que una factura en papel. Nada más lejos de la realidad: el 15 de enero de 2015 entró en vigor la obligación para todas las administraciones públicas de aceptar las facturas electrónicas.

Desde que entrase en vigor esta nueva forma de relacionarse con la Administración, los proveedores han emitido cerca de nueve millones de facturas electrónicas que suman un montante total de 46.194 millones de euros.

Aun así, todavía son muchos los proveedores, especialmente aquellos cuyas facturas no superan los 5.000 euros, los que pueden emitir facturas en papel. No obstante, la Administración asegura que se trata de un número ya residual.

Y es que los beneficios de la factura electrónica son evidentes: no solo permite ahorrar costes en la empresa ya que, según cálculos del Gobierno, el ahorro por cada factura es de 3,48 euros (de los cuales 2,78 corresponden a la administración receptora y los 70 céntimos restantes al emisor), sino que, además, evita errores humanos y permite también ahorrar tiempo.

En definitiva, si las relaciones con las Administraciones Públicas son cada vez más difíciles, la posibilidad de reducir costes de administración con ellas se reduce a través del uso de la factura electrónica. Y si la mayoría de empresas ya lo utilizan, ¿por qué no ibas a hacerlo tú?

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Imagen | Dafne Cholet

Según el ministro de Hacienda así será la administración española, resaltando en la rueda de prensa después del Consejo de Ministros, que para alcanzar estos objetivos se potenciará el uso extensivo de las tecnologías de la información en las relaciones de los ciudadanos con la administración.

El ministro ha asegurado que los ciudadanos podrán hacer sus gestiones administrativas durante las 24 horas del día y con independencia de cuál sea el organismo al que se dirijan. Además, la propia administración obtendrá las copias que necesite de cualquier documento que esté registrado electrónicamente.

Parece que le papeleo tiene los días contados, esperemos pues que las famosas compulsas de documentos emitidos por una administración para entregar a otra se acaben.

Identificación de ciudadanos y firma electrónica

También se simplificarán los medios de identificación de los ciudadanos y de firma electrónica, facilitando a los usuarios de las Administraciones Publicas claves electrónicas concertadas en el momento para realizar sus trámites.

Recordemos que recientemente se implanto el sistema clave Cl@ve, que vino a sustituir al fugaz PIN24H, que es un sistema de identificación, autenticación y firma electrónica común para toda la Administración General del Estado que permitirá al ciudadano acceder a todos los servicios electrónicos de las Administraciones Públicas a través de una plataforma común de identificación y autenticación mediante la utilización de claves concertadas previo registro como usuario en la misma.

Según la vicepresidenta del Gobierno la administración electrónica convivirá con la tradicional, ya que los ciudadanos que no tengan Internet o que no quieran acceder a través de la red "podrán hacerlo por la vía tradicional, pero el procedimiento electrónico se convierte en la vía ordinaria de trabajo".

Ventajas para las empresas

Cristóbal Montoro ha explicado que las empresas tendrán que relacionarse obligatoriamente de forma electrónica con las administraciones, al igual que vienen haciendo con la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social. Como regla general, no tendrán que aportar documentos que ya hayan sido registrados con anterioridad o elaborados por la administración, lo que agilizará los procedimientos administrativos. Asimismo, podrán otorgar poderes electrónicamente para que sus representantes realicen trámites.

En el ámbito estatal, las nuevas normas entrarán en vigor en enero y junio para que las empresas puedan planificar su actividad con mayor certidumbre y adaptarse mejor a los cambios normativos.

Las comunicaciones entre administraciones también serán íntegramente electrónicas, por lo que se reducirán los tiempos de información y tramitación de las normas, lo que repercutirá en beneficio de los usuarios de la Administración.

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Imagen | Solución Individual

El uso de las notificaciones electónicas se está extendiendo en todos los ámbitos en los que las empresas se relacionan con la administración pública. La UE obligará a todos los paises a adoptar este sistema también en las licitaciones públicas.

De esta manera será obligatoria la publicación por vía telemática de todas las convocatorias, de los pliegos de condiciones e incluso se establecerá un sistema que permita la comunicación entre las administraciones y los licitadores.

Se ha establecido una fecha tope para la puesta en marcha de este sistema. Los paises miembros deberán adaptarse a esta norma antes de abril de 2016 y el sistema deberá, lógicamente, ofrecer las máximas garantías de seguridad.

Además se establece que todas las centrales de compras deberán haber implantado un sistema de licitación electrónica que permita el envío y recepción de ofertas de forma segura y confidencial. La fecha tope en este caso será el uno de abril de 2017.

Lo normal sería que se creara una web en la que se anunciaran todas las licitaciones y fijar un sistema similar al de la AEAT a la hora de que se puedan enviar y recibir comunicaciones entre licitadores y administracines. Aun queda tiempo para que la medida se lleve adelante, así que habrá que estar atentos al desarrollo de la misma por parte de las autoridades españolas.

En Pymes y Autónomo | Los concursos públicos: ¿oportunidad o agujero negro? Imagen | Aristoteles Sandoval

Es una de las situaciones más denunciados por pymes y autónomos a lo largo y ancho de nuestro país; un problema que está lastrando los saldos de tesorería de las empresas, amenazando su supervivencia y que tiene visos de convertirse en un problema crónico y estructural.

Sí, estoy hablando de los continuos impagos públicos por parte del Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, los cuales acumulan facturas impagadas con pymes y autónomos que ascienden a casi 5.000 millones de euros, según datos recientes de la federación de autónomos. El problema, a pesar de la Ley de Morosidad y diversas directivas europeas de lucha contra la morosidad, sigue sin solucionarse.

Llama la atención que, incluso con estas normas en vigor, que obligan a las administraciones públicas a pagar a sus proveedores en 30 días y aplica recargos de más del 8% si se produce un impago, las administraciones públicas continúan siendo morosas con respecto a sus proveedores.

Tanto las administraciones como el propio sector privado incumplen esta normativa y los períodos medios de pago en España se sitúan en 144 días, frente a los 30 que establece la ley como plazo máximo de pago las Administraciones Públicas y 60 días para el resto de empresas que actúan como proveedores.

Si a todo ello le unimos la sequía de financiación en forma de descuento de remesas de efectos comerciales a las empresas, en especial de pagarés y letras de cambio, el cóctel no puede ser peor para las empresas. La liquidez empresarial se ve muy mermada y obtener recursos para pagar los compromisos de pago a corto plazo se convierte en una auténtica aventura.

El aspecto positivo que se extrae de la lectura de las cifras es que tanto la cuantía adeudada como los periodos de pago por parte de las administraciones públicas a los autónomos se ha reducido ligeramente en los tres últimos meses; ha pasado del plazo medio de pago de 151 días a los 144 y la cuantía ha descendido en unos 15 millones de euros, hasta situar el monto total en torno a los 4.824 millones de euros.

En Pymes y Autónomos | La ley de morosidad es un fracaso: hasta 144 días de retraso en el pago a proveedores Imagen | Moncloa

En el gráfico que acompaña al artículo se muestra la evolución de la deuda que han contraído las Administraciones Públicas desde 2007 hasta 2012 en comparación con la deuda de los agentes privados. La evolución de una y otra es más que significativa. La máxima expresión del fenómeno conocido como Crowding Out está presente. Y hoy más que nunca.

Y es que, según datos publicados por el Banco de España, la deuda del conjunto de las Administraciones Públicas ha aumentado hasta los 943.702 millones de euros hasta junio, lo que marca un nuevo récord histórico, tras crecer en un solo mes en 6.368 millones de euros, y situarse en un nivel del 90,1% del PIB. Parece ser que el grifo está abierto... para las Administraciones Públicas.

Parece lógico pensar que la deuda pública puede aumentar en épocas de recesión. En efecto, si hay muchos empleados que pierden sus puestos de trabajo, el trabajador deja de cotizar a la Seguridad Social y de contribuir a Hacienda para ser un perceptor de ayudas públicas. Al haber menos ingresos, el Estado debe emitir deuda pública para garantizar este tipo de ayudas.

Sin embargo, lo que no parece tan lógico es que los gastos burocráticos sigan creciendo, que es precisamente lo que está sucediendo en las Comunidades Autónomas, en las que sus gastos burocráticos crecieron un 50% desde que comenzara la crisis allá por el año 2007. Gastos que, en muchos casos, no están justificados si tenemos en cuenta la coyuntura actual y que redundan en una mayor necesidad de financiación materializada en forma de mayor deuda pública.

Por el lado del acreedor (entidades financieras, por ejemplo), adquirir deuda pública resulta ser un negocio perfecto. Por un lado, obtienen una mayor rentabilidad a un riesgo mucho menor que si se lo prestan a un particular o a una empresa; por otro, los títulos de deuda pública sirven como colateral para nuevos descuentos en el BCE y, por último, no tienen que dotar ninguna reserva. Un negocio redondo.

Un nivel de deuda pública del 90% es una mala noticia. Ya no solo porque es una deuda que vamos a tener que pagar entre todos, sino, además, porque se están detrayendo recursos del sector privado que se usan de manera improductiva en el sector público. Reducir esta deuda ha de ser una prioridad pero, también, procurar, en la medida de lo posible, no sobreemitir más deuda pública que siga perjudicando a las empresas en la búsqueda de su financiación y, en especial, a las pymes.

En Pymes y Autónomos | Las dudas se despejan: el grifo del crédito seguirá cerrado

Seguimos a vueltas con la Ley de Emprendedores. A medida que van pasando los días vamos conociendo nuevos detalles, no ya tanto de su articulación como Ley, si no del coste que va a significar para las arcas públicas la aplicación de cada una de las medidas contenidas en el anteproyecto de Ley presentado el Viernes pasado en Consejo de Ministros.

En concreto, la ley de apoyo al emprendedor tendrá un impacto negativo de aproximadamente 2.000 millones de euros en las arcas públicas durante el año 2014, según cálculos realizados por el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, aunque parte de estas ayudas se recuperarán en el ejercicio siguiente.

Más en detalle, la aplicación del criterio de caja en el pago de las facturas, es decir, el aplazamiento del pago del IVA hasta el momento en el que se haya efectivamente cobrado, tendrá un impacto de 983 millones en la recaudación de este impuesto en 2104, aunque el dinero se recuperará en el ejercicio siguiente.

No obstante, al haber sido el modelo de aplicación de criterio de caja el llamado IVA de caja doble, el cliente no podrá deducirse el IVA soportado hasta que no haya abonado el importe de la factura; en este sentido, el Estado no tendrá que abonar las deducciones a las empresas correspondientes. Así, la aplicación del criterio de caja tiene una parte positiva desde el punto de vista de la Administración, aunque en términos netos suponga una salida de dinero desde las arcas públicas.

Por otro lado, la deducción por reinversión de beneficios en el Impuesto de Sociedades supondrá un ahorro para las empresas de 624 millones de euros, dinero que, lógicamente, dejará de ingresar el estado. Por último, los incentivos a la inversión en I+D serán de 427 millones de euros en 2015, mientras que el impulso a los business angeles alcanzará los 6 millones de euros.

En Pymes y Autónomos | Aprobada la Ley de Emprendedores, éstas son las principales medidas Imagen | Moncloa

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha ampliado al 1 de Abril de 2013 el plazo para que aquellos proveedores de entidades locales que así lo consideren oportuno puedan acogerse al plan de pago a proveedores.

Para ello, las empresas que tengan facturas pendientes con las Administraciones Locales han de personarse antes del 1 de Abril, en lugar del 22 de Marzo tal y como estaba previsto inicialmente, a aquellos ayuntamientos o mancomunidades de las que son acreedores y realizar la gestión oportuna en formato papel.

Esta solicitud implica la aceptación por parte del proveedor del pago de la deuda pendiente de pago, renunciando de esta manera al cobro de intereses y otros gastos; la entidad local, por su parte, deberá emitir un certificado individual de reconocimiento de la obligación.

De esta manera, se pretende que las administraciones locales satisfagan las facturas pendientes de pago anteriores al 1 de enero de 2012, mediante la dotación provista de 2.600 millones de euros y con un plazo de presentación de solicitudes más amplio. Los proveedores, por su parte, cobrarán sus facturas en la primera quincena de Junio.

Este plan permitirá, además, acogerse a entidades locales que quedaron fuera en la primera fase (por ejemplo, las mancomunidades de País Vasco y Navarra), así como comunidades autónomas que, aun habiendo sido acogidas al plan en su primera fase, tienen deudas con proveedores en alguna de las nuevas fórmulas contractuales incluidas a partir de ahora.

Esta nueva ampliación debería servir para reducir la morosidad de las Administraciones Públicas, en especial las locales. Al menos, la intención del Gobierno es reducir la enorme deuda que han ido acumulando las administraciones locales con sus proveedores, que podría ascender a 50.000 millones de euros. Esperemos que así sea.

Más Información | Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas En Pymes y Autónomos | Como funcionará el sistema de pago de deudas de los Ayuntamientos Imagen | kozumel

El pasado 23 de febrero el Gobierno aprobó una segunda fase del plan de pagos a proveedores para cobrar las facturas pendientes de comunidades autónomas y ayuntamientos que estuvieran contabilizadas antes del 1 de enero de 2012. El plazo para solicitar el pago termina el próximo 22 de marzo.

Este nuevo plan está dotado con 2.500 millones de euros. Y los interesados pueden acogerse al mismo de manera presencial en las entidades que les adeuden las facturas o bien a través de la web de la Agencia Tributaria. El pago se efectuará en la primera quincena de junio.

Pueden acogerse a este nuevo Plan aquellos proveedores que no lo hicieron en abril de 2012 así como aquellos cuyas deudas no estaban contempladas en el plan anterior y que sí lo están en éste.

En concreto se incluyen en este nuevo plan las deudas de las entidades que no se acogieron al plan anterior (mancomunidades de municipios y entidades del País Vasco y Navarra) y las deudas procedentes de concesiones administrativas, convenios, encomiendas de gestión, contratos de arrendamiento de inmuebles, contratos de colaboración público-privada y determinados contratos de gestión de servicios públicos y concesión de obras públicas.

La información que deberá aportar cada proveedor será el NIF, el número de cuenta en el que deberá hacerse el ingreso y el importe del principal de la deuda. Acogiéndose a este Plan, el proveedor renunciará al cobro de intereses y otros gastos.

Una vez presentada la solicitud, y en el plazo de siete días, la entidad deudora deberá emitir un certificado de reconocimiento de la obligación de pago.

Ante el éxito de la primera fase es una buena noticia la puesta en marcha de esta segunda. Quizá sea un poco escasa la dotación, habida cuenta del volumen de deuda de las distintas administraciones, y también sería conveniente que se planteara lo que hacer con las deudas de 2012, ya que éstas superan ya los 15.000 millones de euros.

Más información | Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas En Pymes y Autónomos | Plan de pago a proveedores, desde hoy las empresas pueden solicitarlo Imagen | caracolquiscol

Una vez finalizado el Plan de Pagos a Proveedores y viendo que no se ha solucionado el problema de la morosidad de las Administraciones Públicas con sus proveedores la esperanza de autónomos y pymes para cobrar sus facturas es el Fondo de Rescate Autonómico, al que cada Comunidad podría acogerse, esperando que ese dinero pudiera servir para saldar esas deudas.

Sin embargo ese dinero apenas repercutirá en las empresas ya que el Gobierno concederá ese rescate con la condición de que se priorice el pago las deudas de las Administraciones con Hacienda y la Seguridad Social. Sólo el 33% de la cantidad recibida podrá destinarse al pago de deudas corrientes.

Cuando se estableció el Plan de Pagos se pretendía que las administraciones locales y autonómicas pudieran ponerse al día con sus proveedores y empezar 2012 libres de cargas y en disposición de cumplir los plazos de la Ley de Morosidad, el tiempo ha demostrado que el Plan fue insuficiente y de ninguna manera las administraciones suelen cumplir los plazo legales de pago.

Son varias las Comunidades que ya han anunciado que solicitarían dinero a este nuevo fondo de rescate, algunas de ellas con unas deudas acumuladas con proveedores más que alarmantes. Sin embargo este fondo de rescate no servirá para solucionar esta situación.

Se habría barajado la posibilidad de una nueva "edición" del Plan de Pago pero parece que finalmente esta idea se ha desechado, lo que deja al borde del abismo a muchas pymes que siguen esperando a cobrar mientras se incrementan sus posibilidades de acabar abocadas al cierre.

Sin duda la amenaza de que estalle la burbuja del endeudamiento público es cada vez mayor y las consecuencias de ésta serán la desaparición de miles de empresas y con ellas sus puestos de trabajo. Pero como siempre nos acordaremos de Santa Bárbara cuando truene y sea ya demasiado tarde.

Vía | Cinco Días En Pymes y Autónomos | La morosidad es el auténtico cáncer de las pymes en España Imagen | Región del Sureste (Andalucía Oriental)

Debo estar haciéndome mayor. A veces me lleva varios días ser capaz de comprender determinadas propuestas. Para ejemplo, la del plan estatal para la reducción de morosidad pública. Dicen que quieren ser serios, demostrar que en España se cumplen los compromisos. Y para empezar se ponen a hablar de meter un pool de bancos-Ico por medio (gastos), a lo que habrá que sumar una espectacular subasta de quitas. No lo entiendo, y me pregunto si no cabría la alternativa de recurrir a medidas más sencillas, como el uso de la cuenta corriente tributaria para compensar deudas mutuas.

Lo de la subasta de quitas me parece un despropósito, pero el meollo del asunto esta en el uso de la Banca y/o del ICO para triangular. La verdad es que no tiene mucho sentido que a quien han tenido demorando el pago le digan que, como primera solución para cobrar, debe volver a refinanciar/esperar, con independencia del coste que realmente resulte. Parece ser que a posteriori, la Administración central acabaría pagando esos atrasos minorando las partidas que transfiere a CCAA y Ayuntamientos. Pero hay un camino más sencillo, el que señala Gestha haciendo uso de la cuenta corriente tributaria.

Se trataría de usar esos créditos reconocidos frente a la Administración como medio de pago de las obligaciones tributarias. En la propuesta de Gestha que he visto recogida en prensa no lo concreta, pero entiendo que este mecanismo sólo sería aplicable cuando coincidiese como deudor y acreedor el mismo sujeto, es decir el mismo Ayuntamiento o Comunidad Autónoma. De este modo se evitaría la paradoja de que la misma Administración que te esta impagando se atreva a reclamarte una liquidación positiva o una sanción pecuniaria.

En el fondo, y si el mecanismo de aplazamiento del Gobierno se concreta como he comentado, el resultado final sería el mismo, detrayéndose de los ingresos de los morosos las cantidades adeudadas. Claro que hay una suerte de “sutiles” diferencias que entiendo que dan al traste con la propuesta y por lo que a nuestros políticos no les interesa ni pensarla.

La clave esta, como es fácil de ver, en que esa compensación sería inmediata, no habría una Banco por medio que le permita ganar tiempo a la Administración. No se trata de que vea afectados sus ingresos del día de mañana, ve perjudicados los de hoy (por lo demás, exactamente como ella hace con sus sufridos acreedores). Pagar antes siempre es peor que pagar después, pero además dicho pago inmediato me da que afectaría a las cifras de déficit comprometidas por el Estado español, mientras que con esta suerte de financiación estructurada que se van montar a cuenta de los proveedores (intereses/quita) eso no sucede.

A seguir soñando.

Vía | El Economista
Más información | JCyL
En Pymes y Autónomos | La morosidad de las administraciones, lo que hay que oír
Imagen | 24oranges.nl