El teletrabajo ha traído muchas cosas buenas, entre las cuales destaca la posibilidad de ejercer la actividad en cualquier lugar del mundo. Sin embargo, a efectos legales, la posibilidad de trabajar en el extranjero no es tan sencilla.

El principio de territorialidad

En principio, y de acuerdo a lo que establece la Seguridad Social, el trabajador deberá trabajar en los límites territoriales del país en el que cotiza. No obstante, la normativa comunitaria y los convenios bilaterales firmados entre diferentes países permiten excepciones a esta regla general, en los supuestos de desplazamientos temporales.

A estos efectos, se pueden diferenciar tres tipos de situaciones:

• Países de la Unión Europea donde la legislación en materia de Seguridad Social es homogénea.
• Países con los que España tiene un convenio bilateral en materia de seguridad social, como Estados Unidos, la gran mayoría de Sudamérica, China o Japón, entre otros
• Países con los que no hay ni siquiera convenio porque no ha habido acuerdo o no tienen un sistema de seguridad social, como Arabia Saudí.

Es decir, el trabajador deberá informarse de cuáles son las circunstancias legales del país donde va a ejercer su actividad para evitar perder todos sus derechos en materia de jubilación, desempleo o viudedad, entre muchos otros.

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Asistencia sanitaria

A pesar de que un país pueda mantener convenios bilaterales en materia de Seguridad Social, es posible que el trabajador no esté protegido al 100 por cien, especialmente en materia sanitaria.

En este caso, es** importante informarse sobre qué coberturas tiene el seguro** con el convenio suscrito entre el país de residencia del contribuyente y el país de destino. En ocasiones, puede tener sentido suscribir un seguro adicional.

El aspecto fiscal, ¿cuántos días se puede trabajar desde otro país al año?

Desde el punto de vista fiscal, el concepto de residencia se basa en el número de días en el que el contribuyente viva en el extranjero. Así, en principio, si el trabajador quiere seguir siendo residente fiscal en España, deberá permanecer en nuestro país al menos 183 días al año.

Si este es el caso, la empresa deberá tributar por el trabajador en su lugar de residencia y, en consecuencia, puede tener que darse de alta en la Hacienda Pública de aquel país.

Teletrabajo en contexto pospandemia

A todo ello hay que añadir que, desde el fin de las mascarillas en interiores, se ha activado el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia, que establece una serie de requisitos legales, como formalizar el acuerdo, registrarlo en el SEPE, gastos de teletrabajo, horarios flexibles, etc.

En esta formalización, el trabajador podrá establecer hasta dos domicilios en territorio español, y su estancia en otro sitio diferente a estos no podrá superar las cuatro semanas consecutivas.

Los trabajos digitales son cada vez más habituales. La pandemia de la covid-19 ha consolidado un modelo de trabajo surgido al calor de internet y las nuevas tecnologías, cuya principal característica es la inexistencia de un lugar físico concreto donde se desarrolla la actividad.

Este nuevo paradigma laboral va mucho más deprisa que la legislación tributaria, que todavía no ha conseguido adaptarse de manera adecuada al teletrabajo. Por esta razón, algunas empresas como TaxScout han elaborado un documento que aclara las dudas más habituales de los nómadas digitales.

Ley de los 183 días

No todos los trabajadores que ejercen su actividad en España deben presentar sus impuestos en nuestro país. La polémica de los youtubers que se mudaban a Andorra aclaró parcialmente muchas de las dudas tributarias que podían tener estos trabajadores.

En concreto, a la hora de realizar la declaración de la renta, el nómada digital debe tener un registro aproximado de los días resididos en cada territorio durante el ejercicio fiscal. En general, se deben declarar los impuestos en el país si se ha residido un mínimo de 183 días en una comunidad autónoma o país.

Cambio entre comunidades autónomas

Las comunidades autónomas tienen completas competencias en algunos tributos y parciales en otros, como el IRPF. De hecho, el contribuyente deberá presentar su declaración de la renta en el territorio donde radique su residencia habitual con el criterio anterior.

Eso sí, los expertos recomiendan que el contribuyente se empadrone en el lugar de residencia, ya que algunas deducciones autonómicas solo son posibles cuando se cumple este requisito, como el alquiler en la Comunidad de Madrid.

Tributación de rentas extranjeras

Si la empresa para la que se trabaja extranjera, pero se reside en España, se deben declarar todas las rentas que obtenga el contribuyente con independencia de su procedencia.

En el caso de que el trabajador haya estado en el extranjero más de 183 días, a ojos de Hacienda, se considera al contribuyente no residente en España. En consecuencia, deberá realizar la declaración del IRPF de no residentes, prestando especial atención a los tratados de doble imposición.

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Tratados de doble imposición

Actualmente, España cuenta con 103 convenios de doble imposición firmados con países de los cinco continentes, por lo que los trabajadores que se desplacen a España o fuera del país deben tener en cuenta estos tratados a la hora de realizar su declaración de la renta.

En el caso de que no exista un convenio de doble imposición, se debe tributar en España por las rentas obtenidas, con independencia de si tributa también en otro país. En el caso de que si exista tratado se debe revisar para poder determinar dónde se debe tributar y los mecanismos de cada tratado para evitar la doble imposición.

Es evidente que el motor del crecimiento de la economía española son las micropymes y empresas de tamaño medio, que constituyen en nuestro país un porcentaje cercano al 94% y generan el 63% del empleo. Las pymes y micropymes son un elemento esencial del tejido productivo español, tanto para la generación de riqueza como de empleo.

Sin embargo, la dimensión de la empresa española nos sitúa en una situación de clara desventaja para competir en los mercados internacionales; tan solo el 0,7% de las empresas españolas tienen un tamaño medio (entre 50 y 249 trabajadores), frente al 2,6% de Alemania, el país con menos micropymes (83%) de toda Europa. En este sentido, el tamaño importa, y mucho.

La productividad es consecuencia del tamaño de la empresa. El poder acceder a economías de escala, que permite reducir costes de producción es un terreno exclusivo para medianas y grandes empresas, y prácticamente vetado para micropymes y empresas unilocalizadas. Según un informe del Círculo de empresarios, las medianas empresas son 1,7 veces más productivas que las pequeñas empresas, mientras que las grandes son hasta dos veces más.

Además, esta productividad redunda en una mayor competitividad de las empresas. A pesar de la devaluación salarial que hemos vivido durante estos años de crisis, existen serias dudas acerca de si las pymes tendrán capacidad suficiente para defender la posición ganada durante estos últimos años.

Por último, la escasa dimensión empresarial dificulta el acceso al crédito, uno de los grandes lastres de España de los que ya hemos hablado en este medio. Pero quizá lo peor sea conseguirlo, ya que el coste de financiación de las pequeñas empresas es hasta 77 veces más por un crédito que las empresas alemanas.

En definitiva, la dimensión empresarial en España es un problema para garantizar la competitividad del país, ganada con mucho esfuerzo tanto de empresas como de ciudadanos.

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Imagen | Daquella manera

Cada vez son más las pymes y negocios que se suben al tren de la exportación a clientes de países extranjeros, de manera que para muchas de ellas el porcentaje que acaparan sus exportaciones supera con creces al de las ventas locales, lo que les permite 'esquivar' los envites de la crisis como en el caso de la economía española.

No obstante, esta vocación exportadora también entraña sus riesgos, tal y como está sucediendo a muchas empresas que centraron sus miras en el mercado ruso tras el veto que ha efectuado este país respecto a un gran número de productos agroalimentarios procedentes de la unión europea.

Aunque en los últimos días se han anunciado dos paquetes de ayudas para las empresas de los países miembros que están padeciendo sus consecuencias, a la postre, se presumen insuficientes, no solamente para reparar los daños coyunturales, sino que también para los negocios futuros, ya que hay que tener en cuenta que muchas de estas empresas han acometido grandes inversiones en este país, lo que podría comprometer el retorno de la inversión en el caso de que las tensiones políticas sigan su curso.

En consecuencia, la estrategia más recomendable sería llevar a cabo una diversificación geográfica, puesto que siempre nos procurará mayor estabilidad y tranquilidad el hecho de que nuestras ventas se repartan con equilibrio entre varios países en el caso de que pueda surgir algún conflicto geopolítico en cualesquiera de nuestros países destino de nuestros productos y/o servicios.

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