Uno de los problemas que pueden surgir entre las empresas y los empleados que tiene contratados tiene que ver con la posibilidad de realizar determinados trabajos para otras empresas o por cuenta propia. Para clarificar estas situaciones existe el pacto de no concurrencia, firmado entre ambas partes para poner ciertos límites a la actividad profesional fuera del ámbito de la empresa.

Se trata de un pacto mediante el cual empresa y trabajador acuerdan que el empleado no va a trabajar en una rama profesional que tenga que ver con el trabajo que desarrolla en su empresa. Dicho de otra manera, un electricista que trabaja para su empresa, no podría trabajar por su cuenta aunque sean otros clientes que nada tienen que ver con su actividad por cuenta ajena.

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Pluriactividad y pluriempleo no son lo mismo. Estas son las diferencias más importantes

Según el artículo 21.1 del Estatuto de los Trabajadores,

No podrá efectuarse la prestación laboral de un trabajador para  diversos empresarios cuando se estime concurrencia desleal o cuando se  pacte la plena dedicación mediante compensación económica expresa, en  los términos que al efecto se convengan

Diferencias entre no concurrencia y plena dedicación

Pero eso no significa que no pueda trabajar en otro sector que no incluya en competencia con su propia empresa. Siguiendo con el ejemplo anterior, un electricista que trabaja en una empresa nautica, reparando barcos, no tendría problemas en aceptar trabajos para realizar tares en hogares particulares, ya que no suponen una competencia para su propia empresa.

Si lo que deseamos es que el trabajador lo haga en exclusiva para nuestra empresa hay que acudir a la figura de la plena dedicación. De esta forma el empleado renuncia a realizar trabajos en otras empresas o por cuenta propia incluso cuando nada tengan que ver con sus labores profesionales en su empresa.

Para que exista plena dedicación es necesario una compensación económica previamente pactada, puesto que supone una limitación de su libertad constitucional para desarrollar su profesión. El trabajador puede rescindir dicho pacto avisando con 30 días de antelación al empresario.

Pacto de no competencia una vez finalizado el contrato

Por último, en ocasiones se da la circunstancia de que en el momento de la desvinculación se firma un pacto de no competencia, mediante el cual el trabajador renuncia a no realizar su actividad profesional y la empresa se obliga a satisfacer una compensación económica por su inactividad.

No siempre obliga a un paro completo, sino que la mayoría de las empresas lo utilizan como un fórmula para evitar que los trabajadores mañana estén en la competencia aprovechando los conocimientos que tienen de nuestra empresa, pero también sus planes de futuro, desarrollo o expansión y se lleven dicha información a la competencia. Se suele aplicar sobre todo a mandos intermedios y altos ejecutivos.

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Cuando la competencia nos quiere robar a nuestros empleados

La duración máxima del acuerdo es de dos años, pasados los cuales el trabajador tendrá total libertad. El principal motivo de disputa entre empresas y trabajadores es lo que se considera una compensación económica adecuada por la inactividad. Y no es raro que se acaben resolviendo en los tribunales.

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El Gobierno se ha comprometido a reformar la Ley sobre la cadena alimentaria en 2020 y que en el borrador de estudio se incluya el debate sobre la práctica de la venta a pérdidas por debajo de los costes de producción, una de las principales reclamaciones del sector agroalimentario.

La directiva europea obliga a los Estados miembros a transponer su contenido a la legislación nacional a más tardar el 1 de mayo de 2021 y a estar plenamente en vigor el 1 de noviembre del mismo año.

Luchar contra la competencia desleal

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas ha vuelto a manifestar en el Senado su apoyo a las reivindicaciones de agricultores y ganaderos preocupados por la volatilidad de los precios y las bajas remuneraciones que reciben, y ha subrayado "las firmes convicciones sociales y la especial sensibilidad del Gobierno".

Así lo anunció tras mantener el primer encuentro de la mesa de diálogo agrario con las organizaciones Asaja, COAG y UPA, creada tras las manifestaciones del sector y que continuarán en los próximos días.

El titular de Agricultura ha reconocido que uno de los retos de la reforma es "incluir las prácticas de competencia desleal" y "evitar la venta a pérdidas".

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La movilidad geográfica, en máximos; nunca antes había habido tantas personas cambiando de provincia por trabajo

A la espera de los próximos Presupuestos Generales del Estado

Junto a ese compromiso de modificar la actual Ley de la cadena, Planas ha presentado un paquete de propuestas que incluye revisar la Ley de organizaciones interprofesionales o intentar aumentar la dotación para los seguros agrarios en los próximos Presupuestos Generales del Estado.

El objetivo, será adaptar la normativa a la directiva comunitaria y darle un "papel más significativo" a "cada uno" de los eslabones de la cadena, lo que incluirá "todas" las figuras relativas a las prácticas de competencia desleal.

Los agricultores mantienen las protestas

El presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), Pedro Barato, ha mostrado su disposición a seguir trabajando con el ministro, pero ha advertido que mantendrán las protestas, convocadas por Asaja, COAG y UPA bajo el lema Agricultores al límite.

El colectivo denuncia el bajo valor que perciben de las transacciones comerciales: consideran que los consumidores pagan ocho veces más de lo que ellos reciben.

A esto hay que sumarle unos costes de producción cada vez más elevados derivados, según estas instituciones, al alza del salario mínimo interprofesional, un argumento que el Gobierno ha rechazado desde el primer momento; y el encarecimiento de los carburantes y fertilizantes.

Lo último que se sabe al respecto es que la eurodiputada del PSOE Clara Aguilera ha alertado al comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski, de la crisis del sector agrícola en España por los bajos precios en origen de los productos y los aranceles de Estados Unidos.

Imagen|Pixabay

El articulo 14 de la Constitución Española dice que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Sin embargo, en materia fiscal lo de la igualdad no parece estar tan claro. Se imaginan que pagaran menos impuestos los católicos que acrediten el sacramento del bautismo, o los nacidos en Vigo, o los que acrediten pertenecer a un partido político. Todo esto parece inconcebible, pero sin embargo en función del lugar de residencia pagaremos más o menos impuestos al fisco. Y es que además, tal y como nos cuentan ya no parece que hablemos de unos eurillos de una deducciones, parece que hablamos de millones de euros.

¿Existen paraísos fiscales dentro de España?

Ya había oído en diferentes ocasiones hablar de las ventajas fiscales de Madrid, pero con el fallecimiento de la duquesa de Alba nos lo volvieron a recordar, pero por si alguien no se entera, los políticos de Madrid hacen campaña de los beneficios fiscales para los residentes en Madrid.

El presidente de la Comunidad de Madrid presume que la familia de la duquesa de Alba pagaría 400.000 euros de impuestos en lugar de 43 millones si declararan una herencia de 100 millones solo en dinero en la Comunidad de Madrid. Ignacio González, se perfila pues como asesor fiscal de grandes fortunas además de como presidente de su Comunidad Autonoma.

Hoy también tuve el placer de asistir a una conferencia en donde se colaron algunos políticos que nos lo volvieron a recordar, haciendo una precampaña electoral, que deslució un acto en el cual si los políticos en lugar de teloneros, se hubieran reservado para el final, se hubieran quedado solos en el auditorio.

No voy a hacer pues un recopilatorio de las ventajas fiscales de Madrid, pero si que considero importante que la unidad de España y luego de Europa, se base en unos cimientos en los que la competencia desleal no sea el pan nuestro de cada día, que los del mismo partido político que se asustan porque empresas como Pepsi, Ikea o Burberry desvían beneficios a Luxemburgo para no tributar en España, no se miren al ombligo cuando sus políticos de la capital de España parecen presumir de que Madrid es el paraíso de los que se quieran ahorrar unas perras al fisco.

Quizás la vuelta de tuerca final sea ver a Esperanza Aguirre, volver a hacer campaña, para bajar el IVA al 16%, quizás se pueda utilizar el derecho a decidir y hacer un referéndum para bajarlo solo en Madrid, no se quizás el mundo se esta volviendo loco.

Recordemos para terminar algunas freses de Groucho Marx

"Estos son mis principios. Si no te gustan tengo otros."

"La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados."

"Paren el mundo que me bajo".

Imagen | Insomnia Cured Here

En Pymes y Autónomos | La contabilización del plan PIVE

El hecho de que una empresa se haya extinguido, tras un proceso judicial, no impide que pueda seguir con una demanda interpuesta contra un tercero antes de que la empresa haya dejado de tener personalidad jurídica.

Así resuelve la Audiencia Provincial de Barcelona, en una sentencia de 9 de febrero de 2012, un caso en el que una sociedad demandó a otra por competencia desleal y posteriormente entró en proceso concursal que acabó con la liquidación de la compañía.

La demandada fue presentada después de que varios ex-trabajadores de la demandante abandonaran la empresa y crearan una nueva que compitiendo con la anterios y consiguieron un contrato de distribución de un proveedor sobre el que estaba operando la primera.

Esta presentó una demanda por competencia desleal y posteriormente entró en concurso de acreedores. El resultado del condurso supuso la liquidación de la empresa, lo que aprovechó la demandada para solicitar el archivo de la denuncia alegando que la empresa denunciante ya no existía.

La sentencia determina que la extinción de la empresa "no ha de impedir la subsistencia de su personalidad o capacidad procesal para, en el lado activo, plantear o mantener demandas para reclamar los créditos que le asistan contra otros terceros, y así poder hacer frente, precisamente, a las reclamaciones de los acreedores insatisfechos".

Por tanto el hecho de que la entidad deje de tener personalidad jurídica no implica la pérdida del derecho a proseguir con el contencioso planteado ante terceros y a la defensa de los intereses presuntamente dañados.

Vía | El Economista En Pymes y Autónomos | <a href=https://www.pymesyautonomos.com/legalidad/primer-fallo-judicial-con-aplicacion-de-responsabilidad-penal-a-personas-juridicas">Primer fallo judicial con aplicación de responsabilidad penal a personas jurídicas Imagen | Daquella manera

El otro día veía por televisión una noticia que decía que las guarderías privadas se quejaban de que habían perdido clientes, es decir, niños matriculados, a causa de la crisis y de la competencia del cada vez mayor número de guarderías públicas, y exigían una ayuda a la administración para subsistir.

Mi primer pensamiento como defensor de la iniciativa privada y de la libre empresa, fue que no, que nada de ayudas, que igual que no estoy a favor de que la administración intervenga en nada, tampoco para ayudar. Pero mi idea cambió cuando me di cuenta de que lo que sucede es que estas empresas privadas son víctimas de lo que entiendo competencia desleal.

Me explico, por supuesto que estoy en contra de cualquier ayuda pública a las empresas privadas, pues es obvio que si no quiero que estas tengan obligaciones públicas, tampoco quiero que se den ayudas, pero es que en este caso lo que sucede es que existe otra empresa (la administración pública) que haciendo uso de su fuerza y de su poder entra en el sector y se lleva a los clientes.

Esto me lleva a una conclusión: no se si se debería indemnizar o no a una empresa privada como es la guardería privada, porque otra empresa le hace la competencia, lo que sí se es que a mi entender debería desaparecer esta doble línea entre lo público y lo privado, y que quedase sólo lo privado.

Ahora los de siempre dirán, ¿y qué sucederá con los pobres niños y niñas de padres y madres de pocos recursos que no se pueden pagar una escuela pública si esta desaparece? Que no se preocupen y lean lo siguiente para ver que sus hijos no se quedarían en la calle abandonados por desalmados como yo:

Primero, aquí estoy hablando de las guarderías de escolarización no obligatoria. Y en segundo lugar (pues pienso lo mismo para el resto de etapas de escolarización), siempre se podría a modo de ayuda benéfica, crear líneas que subvencionasen el acceso de estos niños a las escuelas privadas que sus padres no pueden pagar. Pero para ayudarles a ello no hace falta crear una doble línea de empresas, una doble oferta.

En Pymes y autónomos | Yo acuso: es desleal la competencia de las empresas públicas
Imagen | Enric Juvé

Un lector, nos ha mandado una consulta bastante interesante que merece ser respondida en abierto relativa a la simultaneidad del trabajo por cuenta ajena y propia realizando las mismas funciones fuera y dentro de la empresa. El caso que no expone es un caso bastante común entre los profesionales y trabajadores de cualificación media-alta o en áreas técnicas. Reproduzco a continuación:

Yo trabajo como ingeniero en una empresa de ingeniería, con un contrato indefinido de 40 horas semanales; pero estoy pensando en hacer algún proyecto por mi cuenta en mis horas libres, que son bastantes, y los fines de semana. Estoy pensando hacerme autónomo para poder hacer y facturar legalmente este tipo de trabajos para tener unos ingresos extras.

Comprobar si existe relación contractual excluyente. No se comenta en la consulta, pero se puede deducir que el contrato de trabajo entre la empresa y el ingeniero no contempla pacto de exclusividad, ni ninguna cláusula que a priori pueda impedir que el trabajador desempeñe un empleo por cuenta propia.

Aún así, hay que revisar el convenio colectivo que le sea de áplicación y comprobar que para trabajadores cualificados no se contempla ningún motivo de exclusión o prohibición de desempeño de la profesión en simultáneo. No es lo usual pero podría existir esta condición. Otro cantar es la siguiente parte de la consulta;

Quiero saber si hay algún problema en que pueda hacer proyectos de ingeniería similares a los que realizo en la empresa para la que trabajo sin ningún tipo de problema de tipo legal, y sin que me puedan despedir de forma procedente.

Aquí es donde tropezamos con la madre del cordero. Es decir, si el trabajador le realiza la competencia a la empresa, se favorece del propio trabajo que desempeña dentro de la misma, o incluso tiene relaciones con los clientes de la misma empresa, los problemas son evidentes antes o después.

Un par de ejemplos para situarnos: ingeniero mecánico que en su empresa diseña motores para vehículos pero como autónomo realiza peritaciones o trabajos de diseño industrial. Esas actividades no tienen porqué tener nexo en común o interferencias y siquiera cabría el despido por parte de la empresa si no se aminora el rendimiento laboral.

Pero supongamos un ingeniero informático en redes y hardware que se establece por su cuenta montando redes y hardware; el conflicto está servido en cuanto la empresa tenga constancia.

Como respuesta, si el caso es similar y existe interferencia entre las actividades por cuenta propia y por cuenta ajena. la empresa va a optar por el despido procedente argumentando competencia desleal, revelación de secretos, uso de información privilegiada o aquellos puntos que se puedan demostrar.

Y a efectos legales, es muy probable que la justicia falle a favor de la empresa si se consiguen demostrar todas estas actuaciones. En definitiva, si existe buena relación con la empresa, es preferible poner las cartas boca arriba antes decomenzar a desempeñar el mismo trabajo por cuenta propia. Hablando se entiende mejor la gente.

En Pymes y Autónomos | El pacto de no competencia postcontractual
Imagen | n i f – Calidad, no cantidad

Andan las aguas revueltas entre los empresarios de alojamientos turísticos de Las Hurdes y como no podía faltar en el entuerto el Gobierno regional también anda metido en el ajo, por que la competencia en precios a los alojamientos se les está haciendo con dinero público, en establecimientos gestionados por la junta extremeña.

La hospedería Las Mestas, gestionada por la Junta de Extremadura y con clasificación de cuatro estrellas, ofrece durante septiembre, por 55 euros una habitación con desayuno, consumición gratis a la entrada del hotel y un detalle de bienvenida en la habitación. Curiosamente el 11 de septiembre se celebra una reunión del consejo de gobierno extremeño en este hotel. Ya que estamos que todo quede en casa.

El resto de alojamientos de la zona, cobran sobre 55 euros, sin obsequios y regalos adicionales. Como es obvio, la consejería de turismo extremeña no juega limpio aquí, dado que al fin y al cabo, no tiene que rendir cuentas a nadie y se puede permitir el lujo de tirar los precios.

Pero estos hosteleros que se sienten agredidos por la política comercial que la junta extremeña está financiando con sus propios impuestos se han puesto en pie de guerra y van a ofrecer durante el mes de septiembre alojamientos durante tres noches a coste cero o a lo que los huéspedes quieran pagar. En particular la oferta parte del hotel Los Angeles y dos más.

Las empresas públicas no pueden realizar competencia desleal al sector privado y la alternativa que han tomado estos empresarios es digna de elogio desde luego.

La gestión de empresas con dinero público se puede dedicar a hundir los precios de sectores privados, dado que al fín y al cabo siempre juegan con ventaja. ¿Cómo podemos luchar en la pyme contra estas políticas? Justo como han hecho estos dos empresarios, con valor y con mejoras sustanciales a las condiciones económicas. pero este no es el camino de ayuda a la pyme desde luego.

Más Información | El Periódico de Extremadura Más Información | Hospederías de Extremadura Vídeo | Youtube En Pymes y Autónomos | Yo acuso, es desleal la competencia de las empresas públicas

Las hermanas Clarisas del convento de Santa Cruz de Córdoba le deben 800.000 euros en distintos préstamos hipotecarios a Cajasur y han estado al borde del deshaucio hipotecario del convento por impagos en la hipoteca.

En última instancia, la entidad cordobesa les ha dado un trato de favor, cosa que no hace con muchos otros deudores hipotecarios, y les suspende los pagos de capital de la hipoteca durante dos años, en lugar de ejecutarla. Estas monjas han solicitado los créditos para reformar el convento y obtienen su fuente de ingresos mediante una lavandería y la fabricación de dulces de Navidad.

Lo más curioso es el trato de favor que se está dando a una actividad empresarial, que trabaja bajo una organización sin ánimo de lucro, aún cuando Cajasur ha puesto contra las cuerdas a más de una empresa y particular por sus prisas por hacer caja. Si alguien trabaja con la entidad puede constatar lo que digo.

Imagino que estas monjas deberán cubrir el impuesto de sociedades, o quizá tengan una actividad exenta bajo la Ley 49/2002 y no tributen siquiera. Es muy probable, pero también es más probable que los pagos de los religiosos a la TGSS dejan mucho que desear en comparación con cualquier pyme.

Existe un tejido empresarial muy importante detrás de muchas ONG´s, organizaciones sin ánimo de luecro y demás parafernalia, en donde gozan de privilegios importantes a nivel impositivo y no dejan de hacerle competencia desleal al resto de actividades empresariales de la zona.

Me gustaría ver ese mismo caso con alguna lavandería de Córdoba o fábrica de dulces, aunque al fin y al cabo, Cajasur puede hacer lo que le plazca, y otrogar tratos de favor a los clientes que quiera, eso sí, siempre y cuando no acuda al Fondo de restructuración Bancaria para fusionarse con Unicaja, como va a ser el caso.

Pero el estado debería eliminar todos los privilegios que gozan muchas actividades empresariales encubiertas bajo ONG y similares y que sólo hacen competencia desleal a las pymes. Pero esto, no va a suceder y van a seguir existiendo empresas que minan en costes la elaboración y producción de muchos productos y servicios.

Vía | El Mundo, Cuatro
En Pymes y Autónomos | Yo acuso: es desleal la competencia en empresas públicas
Imagen | Emilio del Prado

Ayer leí en un periódico de la provincia de Girona que el Ayuntamiento de Salt administrará las fincas que tengan impagados. La noticia que adjunto está escrita en catalán, así que traduciré parte de su contenido más provechoso para que podamos reflexionar conjuntamente al respecto.

“El Ayuntamiento de Salt administrará las comunidades de propietarios que tengan impagados. La medida será temporal y sólo se podrán adherir aquellos bloques en situación de riesgo. El proyecto, que todavía está en vías de estudio, está pendiente de recibir una subvención del Ministerio de Trabajo español y podría empezar a funcionar en septiembre u octubre de este año.”

Entro otros datos, destacaré que la solución, si se lleva a cabo, afectará por ahora a unas cincuenta comunidades y que no se dirigirá a todo el mundo (sería pretencioso intentarlo). También se informa que su misión será sanear las cuentas de las comunidades así como conseguir que puedan autogestionarse.

Además se indica que “Sólo se podrán adherir aquellas comunidades que se encuentren en situación de riesgo” un concepto que requiere definición y que al parecer “fuentes de la oficina municipal de vivienda han indicado que englobaría aquellas comunidades con una situación grave de impagados, que tengan cortados los servicios básicos, como agua o luz, y en las cuales ningún vecino o administrador de fincas se quiera hacer cargo.” Una especie de consorcio de compensación de seguros pero sin aportaciones previas que puedan sufragar una competencia no prevista.

Se trataría, según las mismas fuentes, de una actuación social cuyo objetivo "no es hacer la competencia a los administradores de fincas.”

Una nota que no tiene desperdicio, y cito textualmente es la que sigue “Por poner un ejemplo, un vecino que no pague la comunidad de propietarios pero tenga habitaciones alquiladas o fondos suficientes por pagar, se le exigirá que abone su deuda en un plazo de unos tres meses y si no se lo denunciará...”

¿Qué es eso de tener habitaciones alquiladas y denunciar al propietario por no pagar su cuota comunitaria? ¿Es que el árbol no nos deja ver el bosque? ¿No es más grave sobreocupar un inmueble que deber a la Comunidad? ¿Para qué existen los embargos si se tienen bienes con los que responder?

En fin, lo que faltaba en plena crisis... competencia de quien puede permitirse el lujo de perder dinero, generar déficit, o simplemente subvencionar su coste. En primer lugar me remito a la ley 13/91 de 10 de enero, donde se indica en ciertos casos que se entiende como desleal la venta a bajo coste o bajo precio de adquisición. En este punto y sin lugar a dudas, creo que la última palabra la tiene el propio colectivo de administradores.

En segundo lugar, y aquí sí tenemos algo que decir todos; cada día se subvencionan y gastan ingentes cantidades de dinero en proyectos que yo llamaría “parasociales”. La ley ya se encarga de informar qué ocurre con los propietarios morosos, qué recursos utilizar contra los mismos, mecanismos de reclamación por parte de terceros acreedores y demás particularidades. Podemos ser más o menos permisivos, pero creo que el problema no se traduce en:

Lo pago todo en nombre de… y con dinero ajeno.

La Constitución española garantiza el derecho a la asistencia jurídica de forma gratuita para aquellos que no dispongan de recursos para costearse un abogado, procurador e incluso perito judicial, pero un administrador de fincas es algo que no llego a comprender. Estas comunidades tienen problemas graves, no lo niego, pero uno de ellos no es precisamente la carencia de un administrador de fincas.

A partir de ahora, puede que los Ayuntamientos hagan seguimiento y control de proveedores, averías, seguros, bancos, limpieza, Seguridad Social y Hacienda en según qué comunidades, pactando las mejores condiciones de servicio y económicas para sus integrantes. Si es menester asesorarán en temas inmobiliarios varios: alquileres, gestiones de rehabilitación de inmuebles, jurídicos, acuerdos de junta, cobro de morosos, sentencias y jurisprudencia en general que afecta a la propiedad inmobiliaria, liquidaciones, presupuestos, repercusión de gastos, división horizontal, estatutos o acuerdos de Junta.

Empiezo a oler avales públicos locales para que las compañías suministradoras abastezcan de nuevo a quienes dejaron de pagar. ¡Eso sí es dar un buen servicio! y lo demás son tonterías. ¿Dónde está el límite de lo subvencionable? Ésta ha sido una pregunta retórica.

Es mejor gastar en el estudio de una solución, que intentar solucionar gastando.

Imágen | Galería de Mira66

Más Información | Diari de Girona