El marketing promocional se encontraba con una traba importante impuesta por la propia legislación existente en materia de juego. Las aplicaciones de la Ley Omnibus generan que se modifique la actividad jurídica de ONLAE y por tanto que se puedan realizar sorteos con fines publicitarios o de marketing sin necesidad de contar con la preceptiva licencia administrativa para dicho sorteo.

Actualmente, es competencia exclusiva de la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado la autorización de la organización y celebración de sorteos, loterías, rifas, combinaciones aleatorias y, en general, cualquier apuesta cuyo ámbito de desarrollo o aplicación exceda de los límites territoriales de una concreta Comunidad Autónoma, y las apuestas deportivas, sea cual sea su ámbito territorial, así como la liquidación de las tasas correspondientes.

En el caso de sorteos, rifas o concursos de ámbito autónomico, las autorizaciones administrativas corresponden a las distintas Consejerías de Economía Hacienda, por lo que la aprobación de este real decreto, elimina esta competencia exclusiva para los sorteos gratuitos y las distintas acciones de marketing que pueden llevarse a cabo mediante esta fórmula.

Por contra, si siguen sujetos a autorización administrativa todos los sorteos y rifas que requieran el pago de una contraprestación económica, colocando como ejemplo los distintos sorteos de pisos o empresas que se han realizado últimamente.

A nivel empresarial, se favorece la entrada dentro de la legalidad a muchas pymes que han realizado campañas de marketing mediante sorteos que no han contado con la correspondiente autorización como es por ejemplo, el sorteo de viajes para dos personas, estancias de hotel y otro amplio catálogo de premios reclamo vinculados a las ventas de las distintas empresas.

Vía | La Moncloa En Pymes y Autónomos | Traspaso de negocios meddiante sorteos, Promociona tu negocio: sorteos entre los clientes Imagen | Fernan0

Existen una serie de profesiones que requieren la emisión de un carnet de instalador autorizado para poder desempeñar de manera efectiva determinados trabajos. Este abanico se fija en sectores afines a la construcción fundamentalmente como son instaladores electricistas, gas, fontaneros, climatización...

Estas autorizaciones administrativas permiten emitir los certificados de idoneidad de los trabajos realizados como el control previo necesario para contratar un nuevo suministro de luz, agua o electricidad. La mayoría de profesionales del sector se encuentran titulados y autorizados pero existe un amplio vacío legal en información al respecto. ¿Cómo se tramitan estos carnets de instalador?

Desde la descentralización del Ministerio de Industria, estas autorizaciones son emitidas a nivel autonómico por los distintos organismos competentes. En cada comunidad existe un departamento adecuado para realizar los trámites. Por tanto, en esta descentralización, no podemos generalizar en principio, puesto que cada comunidad autónoma va a fijar una serie de requisitos distintos.

Normalmente, para poder optar a un carnet de instalador, hay que aprobar un examen escrito sobre la profesión, con un temario más o menos extenso. Este examen se puede evitar si se argumentan los estudios académicos equivalentes. Por ejemplo, un ingeniero industrial no necesita realizar el examen para ser un instalador eléctrico autorizado. Cada comunidad establece los mecanismos de convalidación y los títulos que acrediten esta exención de examen.

En el caso de no disponer de la titulación adecuada, hay que examinarse obligatoriamente y normalmente sólo se realiza una convocatoria anual a fecha fija. Es decir, no nos podemos examinar cuando nosotros deseemos sino cuando se fijen las fechas de exámenes.

Actualmente, estas licencias tienen una duración determinada y se tienen que renovar en el tiempo. Este punto va a cambiar sustancialmente con la nueva ley Omnibus, al igual que va a cambiar la delimitación geográfica que tienen los distintos profesionales instaladores para emitir certificados dentro de su comunidad autónoma.

Para conocer todos los detalles, debemos dirigirnos al área de industria, trabajo o innovación de nuestra propia comunidad, con objeto de determinar todos los requisitos que nos puedan exigir.

En El Blog Salmón | Publicada la Ley Omnibus: ley del libre acceso a las actividades de servicios Imagen | Punxutawneyphil

En el consejo de ministros de ayer, se presentó el anteproyecto de ley sobre “El libre acceso y ejercicio de las actividades de servicios”. Esta ley pretende incorporar bastantes cambios en nuestro ordenamiento jurídico y el gobierno tiene previsto tenerla lista antes de finales de año. Se quedan fuera servicios regulados específicamente como los sanitarios, financieros y transportes, pero por el resto les repercute a todas las empresas, que en España son bastantes.

Los objetivos de esta ley son crear un entorno más favorable para las empresas de servicios reduciendo principalmente toda la burocracia que gira en torno a las autorizaciones previas en este sector, simplificación de los trámites de apertura y constitución y creación de otra ventanilla única tanto para empresas como usuarios de servicios. Este anteproyecto de ley tiene puntos que me gustan bastante. Me refiero a los siguientes:

Se eliminan autorizaciones administrativas que no tengan el interés general o sean desproporcinadas. No se especifica cuales son los afectados, per la verdad que existe por ahí cada autorización que tira para atrás a la hora de montar algunas empresas de servicios.

Respecto las autorizaciones que queden en vigor tiene que cumplir las siguientes características:

• Validez en todo el territorio nacional, con lo que las comunidades autónomas se van a tener que poner las pilas, puesto que una autorización en Madrid a un instalador electricista, es válida en toda España, no como ahora por ejemplo, que la mayoría de autorizaciones tienen aplicación provincial o autonómica. Con lo cual, a muchos servicios se les amplía el mercado a golpe de decreto.

• Se acabaron autorizaciones temporales, y todas tendrán que pasar a ser indefinidas. No tiene sentido renovar determinadas autorizaciones administrativas todos los años, por ejemplo.

• El silencio administrativo tendrá la consideración de positivo, invirtiendo el sistema actual. Con lo cual, en nuestra empresa de servicios podremos comenzar la actividad de inmediato, tan solo con cursar la solicitud, sin esperar a la resolución administrativa correspondiente.

Este punto puede traer dolores de cabeza a todas las administraciones, porque si se hace extensivo a la Ley del Procedimiento Administrativo Común, se acabó archivar y marear expedientes indefinidamente. La verdad sea dicha, dudo que esto llegue a ser así, porque de serlo, la administración va a tener que funcionar de manera mucho más eficiente que lo es ahora.

Se llevará a cabo una revisión de todas las autorizaciones administrativas existentes con objeto de simplificarlas, eliminar los puntos abusivos y justificar plenamente todos los requisitos que se tengan que cumplir. Se marcará la obligatoriedad de informar a los consumidores sobre la empresa prestadora, condiciones del servicio, garantía… Tambien se articula un mecanismo rápido de respuesta frente a reclamaciones en un plazo máximo de un mes.

Se eliminan las restricciones publicitarias de determinadas profesiones reguladas, fundamentalmente profesionales, como notarios, economistas…

En definitiva, se pretenden modificar una cantidad de leyes a nivel nacional, autonómico e incluso local en una gran cantidad. Cuestión que retrasará su aplicación efectiva a todos los niveles. Ahora bien, todo los cambios que sean simplificar trámites y favorecer la creación, ampliación y establecimiento de empresas, bienvenidos sean. Espero que la ley final al respecto sea incluso más extensa que el anteproyecto presentado, y que no se queden en el tintero muchos de los puntos anunciados.

Vía | El Mundo 

Más Información | moncloa.es

Imagen | Ceper El Castillo