El conflicto entre el Gobierno y las aseguradoras por la financiación del modelo Muface parecía cerrado después de que el Ejecutivo incrementara hasta un 41 %  las primas destinadas a la atención privada de los funcionarios.

Sin embargo, esta disputa parece no tener fin y, como apuntan diarios como El Economista o Eldiario.es, se ha trasladado ahora a los hospitales privados, que denuncian recibir solo un 3% de ese aumento, lo que ha provocado un notable malestar en el sector.

Un conflicto se cierra, otro se abre

La partida aprobada por el Gobierno (4.800 millones de euros) para garantizar la asistencia sanitaria privada de los funcionarios entre 2025 y 2027, supuso un récord histórico respecto al trienio anterior.

En Pymes y Autonomos

En España, si tu perro o gato enferma o muere, tienes que gastar días de vacaciones o asuntos propios. Esto puede cambiar pronto

Estas cifras, además, se han visto envueltas en una polémica en la cual se  ha señalado la presión de las aseguradoras, los constantes aumentos presupuestarios del Gobierno y el déficit acumulado según ASISA, Adeslas y DKV.

Si iben la aprobación de unos presupuestos mayores ha supuesto un razonable alivio para aseguradoras como Adeslas y Asisa, también ha generado dudas sobre la posibilidad de mantener activo el sistema (mucho más costoso que el SNS) y ha abierto otro frente con los proveedores de los servicios sanitarios: los hospitales y médicos reclaman recursos adicionales.

Falta de equidad

Los hospitales privados se sienten marginados por el acuerdo alcanzado. Según comentaba Carlos Rus, presidente de la Alianza para la Sanidad Privada Española (ASPE), las aseguradoras solo han ofrecido un incremento del 3 % en las tarifas, algo que consideran insuficiente dado el amplio aumento recibido estas compañías.

ASPE, que representa al 80 % del sector hospitalario privado español, sostiene que este pequeño incremento pone en riesgo la calidad asistencial, especialmente cuando las aseguradoras han recibido una mejora significativa en sus condiciones económicas.

¿El problema? En este caso, cada hospital negocia de forma individual con las aseguradoras, lo que fragmenta y debilita la negociación, así como dificulta alcanzar una solución global.

Desde las aseguradoras se ha argumentado que el incremento del 41 % de las primas debe servir para cubrir el déficit acumulado en años anteriores, durante los cuales han operado con pérdidas significativas. Adeslas y Asisa han recordado que ese aumento no puede ir íntegramente a hospitales y profesionales sin poner en riesgo la sostenibilidad del modelo.

De igual modo, cada aseguradora cuenta con sus propias particularidades: Asisa posee una red propia de hospitales que le permite optimizar costes, mientras que Adeslas cuenta con una base mucho más amplia de mutualistas, lo que le otorga poder en las negociaciones de tarifas.

Entre la mutua... y el hospital

La situación también afecta directamente a los médicos privados, quienes denuncian que la atención a los mutualistas sigue siendo considerablemente menos rentable que la atención privada ordinaria. Según datos de la Unión Médica Profesional (Unipromel), un médico recibe hasta un 30 % menos por atender a un mutualista frente a un paciente privado.

A la vez, las consultas privadas han disminuido hata un 90 % en los últimos años, lo que obliga a los médicos a trabajar para los grandes grupos hospitalarios. Una situación que ha llevado al cierre masivo de consultas privadas independientes, desplazando la atención hacia entidades como Asisa, Adeslas, Sanitas, Mapfre o DKV, que ahora también denuncian sufrir esta presión económica.

A su vez, todo ello contrasta con el incremento de presión en el Sistema Nacional de Salud (SNS) y las dificultades de equilibrar atención pública y privada. Por todo ello, el futuro inmediato se ve complicado: las negociaciones seguirán abiertas.

En este sentido, tanto los hospitales privados como los sanitarios mantienen una postura firme: el aumento recibido por las aseguradoras debe trasladarse proporcionalmente a quienes realmente prestan el servicio sanitario. Sin embargo, un consenso rápido resulta complicado.

El Gobierno podría verse obligado nuevamente a intervenir si la calidad asistencial para los mutualistas comienza a resentirse como consecuencia de estas disputas económicas internas del sector privado. Paradójicamente, después de los esfuerzos de la Sanidad Pública por estabilizar el sistema de mutualidades, podría ser el propio sector privado quien, incapaz de llegar a un acuerdo, termine comprometiendo su equilibrio desde dentro.

En las últimas semanas, el sistema de asistencia sanitaria de los funcionarios públicos ha vuelto al centro del debate. La confirmación de que Muface seguirá operando con aseguradoras privadas, tras la renovación de sus conciertos con Adeslas y Asisa, no ha quedado exenta de polémica.

Por un lado, el Gobierno asegura la continuidad del sistema, pese a la salida de algunas aseguradoras como DKV. Por el otro, la dependencia de un modelo de mutua privada para los empleados públicos sigue siendo un punto de fricción, especialmente entre aquellos que ven en Muface un privilegio que no encaja con un sistema sanitario público universal.

El rescate de Muface

MUFACE, acrónimo de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, es una entidad que permite a los empleados públicos elegir entre ser atendidos por el SNS (la sanidad pública), o bien por la privada. Mientras que la mayoría de los ciudadanos dependen exclusivamente de la Sanidad Pública, los mutualistas pueden optar por aseguradoras privadas que gestionan su cobertura.

En Pymes y Autonomos

Hacienda devolverá hasta 900 euros en la próxima declaración de la Renta. Miles de personas pueden reclamar la cantidad

Este modelo, que lleva activo más de 40 años ha sido defendido por algunos sectores por ofrecer más opciones de atención médica a los funcionarios, pero también ha sido duramente criticado al considerarse un privilegio financiado con fondos públicos.

Así, el último proceso de adjudicación no ha hecho más que volver a poner en evidencia las dificultades del modelo. Hasta el último momento, y con los anteriores conciertos desiertos debido a que aseguradoras como Sanitas, Asisa, AXA o DKV defendían la necesidad de un aumento de más de un 40 % en el presupuesto. Esto se ha traducido en más de 1.300 millones de euros extra para mejorar la viabilidad del concierto.

Un sistema desigual

Pese a todo, solo Sanitas y Asisa se mantienen para el trienio 2025-2027. La cuestión es que este tipo de "rescates" refuerzan la sensación de que Muface es un sistema insostenible a largo plazo, especialmente si sigue dependiendo de un grupo reducido de aseguradoras dispuestas a participar en el esquema.

Rafael Frutos, subdirector de Presupuestación y Seguimiento de los Ingresos Tributarios en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, expresó en El Diario su deseo de no formar parte de Muface.

Frutos argumenta que este modelo genera desigualdades, ya que permite a los funcionarios acceder a servicios privados que no están disponibles para el resto de la ciudadanía. Además, señala que la reciente crisis en Muface, donde aseguradoras como Mapfre y AXA han decidido no participar en el concierto para brindar asistencia sanitaria a los funcionarios entre 2025 y 2027,  pone de manifiesto la insostenibilidad del sistema y la necesidad de replantearlo.

En el artículo Yo no quiero pertenecer a Muface, Frutos apuntaba a la integración de los funcionarios en el sistema público de salud, eliminando privilegios y garantizando una atención equitativa para todos los ciudadanos. Una posibilidad real que se contemplaba a finales del año pasado, que la ministra de Sanidad, Mónica García, defendió como perfectamente factible.

Entre los propios funcionarios, la percepción de Muface está dividida. Algunos valoran la libertad de elección que proporciona el sistema, mientras que otros critican la precarización de la asistencia sanitaria que se ha experimentado en los últimos años: aquí, el peso presupuestario de los mutualistas no es menor.

Un problema de cifras

Además, cuando se habla de Muface y otras mutualidades administrativas, a menudo se argumenta que estas entidades ayudan a descongestionar el Sistema Nacional de Salud (SNS), permitiendo que una parte de la población (los funcionarios y sus familias) reciba atención a través de aseguradoras privadas en lugar de recurrir a la sanidad pública.

Sin embargo, si analizamos los datos en detalle, la realidad es que este modelo supone un gasto per cápita significativamente mayor en comparación con el SNS.

Mientras que el Estado destina alrededor de 2.976 euros por cada mutualista, el gasto por ciudadano en el SNS se sitúa en 2.032 euros, si excluimos a los mutualistas de la ecuación.

Esto implica que el sistema de mutualidades no solo no supone un ahorro, sino que cuesta aproximadamente un 46 % más por persona en términos de financiación pública. En pocas palabras, el Estado gasta mucho más en garantizar la sanidad privada de una pequeña minoría (2,1 millones de mutualistas) que en la cobertura sanitaria del resto de la población (más de 45 millones de ciudadanos).

Si consideramos a toda la población española dentro del cálculo del gasto sanitario público (incluyendo a mutualistas), la cifra desciende ligeramente hasta 1.942 euros por persona. Es decir, en términos globales, el Estado invierte casi 1.000 euros más por cada mutualista que por el ciudadano medio, lo que plantea serias dudas sobre la equidad del modelo.

Aunque la existencia de Muface se ha justificado históricamente como un alivio para el sistema sanitario público, los números muestran que, en la práctica, apostar por mutuas es casi el doble de costoso que financiar directamente el SNS. Esto abre el debate sobre si el modelo sigue siendo viable a largo plazo o si debería reformarse para lograr un uso más eficiente de los recursos públicos.

De igual modo, algunas de las principales quejas incluyen:

• La falta de especialistas en algunas provincias y las largas listas de espera en la sanidad privada
• La diferencia de coberturas entre aseguradoras, lo que obliga a muchos mutualistas a cambiar de compañía constantemente.
• La discriminación en función de la edad y patologías, ya que algunas aseguradoras tienden a ofrecer menos servicios a personas con enfermedades crónicas o de mayor edad.

En la cuerda floja

Las opciones de cara a los próximos años oscilan entre mantener el modelo, ajustando la financiación para atraer a más aseguradoras y garantizar una cobertura adecuada; reformarlo, aumentando la supervisión y estableciendo criterios más estrictos para la calidad asistencial, o bien integrarlo completamente en el SNS, eliminando la sanidad privada para funcionarios y redirigiendo estos fondos al sistema público.

Cada opción tiene implicaciones económicas y políticas, pero lo cierto es que el modelo de mutualidades está en la cuerda floja (como indican los escenarios que permitirán cambiar entre mutua y SNS dos veces al año) y requiere cambios estructurales si quiere garantizar su viabilidad.

Los datos muestran que el Estado invierte casi el doble en financiar la sanidad privada de los funcionarios que en la cobertura de un ciudadano medio: ¿es MUFACE un sistema a mejorar o una estructura obsoleta que debe ser eliminada?

Más allá de opiniones ideológicas, lo que parece evidente es que el modelo necesitará cambios para garantizar su sostenibilidad a largo plazo sin seguir dependiendo de "rescates" multimillonarios.

Tras varios meses de incertidumbre sobre el futuro de la asistencia sanitaria para los funcionarios, el Gobierno ha asegurado la continuidad del modelo de Muface mediante un notable incremento de las primas frente al trienio anterior.

Este aumento de la inversión, que era el porcentaje reclamado por las principales aseguradoras, ha permitido que Adeslas y Asisa renueven el concierto sanitario para el periodo 2025-2027, garantizando la cobertura para más de 1,5 millones de beneficiarios.

Un aumento de 1.300 millones

La preocupación por la viabilidad de Muface se había intensificado en los últimos meses debido a la incertidumbre sobre la rentabilidad del modelo para las aseguradoras privadas. Ante el riesgo de abandono masivo de entidades aseguradoras, el Gobierno aprobó un incremento significativo en las primas, con el objetivo de hacer viable la continuidad del concierto.

En Pymes y Autonomos

Fotocasa y Niño-Becerra coinciden: sin oferta, la vivienda seguirá inalcanzable para la mayoría de sueldos. Mientras, hay quien defiende tener tres trabajos

Este aumento del 41,2% en las primas (lo que supone una inversión extra de 1.300 millones) busca equilibrar la balanza financiera y garantizar la sostenibilidad del modelo de colaboración público-privada que caracteriza a Muface desde hace décadas. Un puzle imposible, como han titulado en El País, que parece encontrar un buen final para los implicados.

En total, el Estado destinará más de 6.250 millones de euros en los próximos tres años para financiar la sanidad concertada de 2,1 millones de empleados públicos y sus familiares, incluyendo a funcionarios, jueces, diplomáticos y militares.

Asimismo, la polémica ha despertado críticas sobre la necesidad de contar con entidades privadas para dar asistencia sanitaria a los trabajadores públicos y el por qué no se ha realizado un trasvase progresivo hacia el Sistema Nacional de Salud (SNS).

Se retiran Mapfre y AXA

El nuevo concierto sanitario contará con menos entidades participantes. Adeslas y Asisa han confirmado su permanencia y seguirán ofreciendo asistencia sanitaria, mientras que Mapfre y AXA (y DKV, que participó en el concierto anterior) han decidido no participar tras estudiar el pliego de condiciones, argumentando que  no se ajustaban a su modelo de negocio o a sus expectativas de rentabilidad.

Su salida del concierto supone una reducción en la oferta de entidades disponibles para los funcionarios, pero el Gobierno y las aseguradoras participantes han asegurado que el servicio queda garantizado.

De este modo, si bien la reducción de opciones podría afectar a algunos beneficiarios que, en el pasado, contaban con estas coberturas, el grueso del sistema seguirá operando con normalidad. La garantía de continuidad del servicio y el incremento en la financiación buscan ofrecer estabilidad a los funcionarios y evitar posibles disrupciones en su atención sanitaria.

El nuevo concierto 2025-2027 marca un punto de inflexión en la gestión de Muface, asegurando su viabilidad a corto plazo y planteando nuevos retos para el futuro del modelo de asistencia sanitaria de los funcionarios. Entre ellos, si realmente es cierto, que era viable un cambio hacia el SNS en los tiempos planteados, como afirmó la ministra Mónica García.

En cualquier caso, resulta evidente, tras el incremento de las primas que la opción más beneficiosa en el corto plazo era mantener la mutualidad. A partir de aquí, se espera un diálogo más productivo y un seguimiento óptimo para evitar nuevos ultimátums como el de finales de este último año.

El Tribunal Supremo dictaminó, a finales de 2024, que la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) cometió un error en la tributación de ciertos jubilados, y obligará a Hacienda a devolver cantidades que pueden alcanzar los 4.000 euros.

La Disposición Final 16 de la Ley 7/2024 mantiene que, para acceder a esta devolución, los pensionistas que se hayan visto afectados deben presentar una solicitud de forma anual en sus próximas declaraciones de la Renta hasta 2028.

Quiénes pueden solicitar la devolución

El fallo del Tribunal Supremo afecta a jubilados que realizaron aportaciones a antiguas mutualidades laborales entre 1967 y 1978, cuando los actuales pensionistas tributaron por el 100 % de su pensión en lugar de por el 75 %. Entre los principales sectores afectados se encuentran la banca, la construcción, los astilleros, la pesca, el comercio, la metalurgia y las empresas eléctricas.

En Pymes y Autonomos

Adiós al modelo 037 para el alta de autónomos. Este es el nuevo formulario que tendrás que utilizar para los trámites

El motivo de la devolución es la doble tributación sufrida por estos trabajadores, ya que en su momento no pudieron deducirse dichas aportaciones y, hoy, han sido gravadas de nuevo en los últimos ejercicios fiscales.

De este modo, la Agencia Tributaria se verá obligada a devolver los impuestos extra a los jubilados por haber pagado más impuestos de los que les correspondía en una etapa concreta de su vida laboral. Para ello, la AEAT ha establecido un procedimiento escalonado a través del cual solicitar las devoluciones.

Solicitudes de devolución

Los jubilados deben adjuntar un formulario específico en su declaración de la Renta dentro del plazo voluntario de presentación.

La devolución se hará de forma progresiva según el siguiente calendario:

• 2025: solicitud para el IRPF de 2019 y ejercicios anteriores no prescritos
• 2026: solicitud para el IRPF de 2020
• 2027: solicitud para el IRPF de 2021
• 2028: solicitud para el IRPF de 2022

Desde la AEAT han señalado que es importante presentar las solicitudes en el ejercicio y los tiempos correspondientes, puesto que, de otro modo, no podrán solicitarse con posterioridad.

Hay exclusiones

Sin embargo, no todos los jubilados podrán acceder a esta devolución, quedando excluidos:

• Los beneficiarios de pensiones de viudedad
• Los perceptores de pensiones no contributivas
• Funcionarios que durante toda su vida laboral cotizaron en el régimen de clases pasivas, puesto que no realizaron aportaciones a las mutualidades laborales afectadas.

Cuánto recuperarán

El importe de la devolución varía según cada caso, pero se estima que la media se sitúa entre los 3.000 y 4.000 euros por jubilado. Para garantizar la correcta tramitación, se recomienda presentar la documentación requerida dentro de los plazos establecidos.

Por descontado, conscientes de las dificultades que enfrentan algunos pensionistas, la AEAT ha habilitado un apartado específico en su web donde resolver dudas frecuentes y guiar a los antiguos mutualistas. 

Desde que el Ministerio de Sanidad notificó que, probablemente, MUFACE se integrará en el sistema de salud pública, han empezado a surgir interrogantes sobre cómo esto afectará a una estructura pública ya tensionada, en lo que se refiere a listas de espera.

Un problema que se ha intensificado, si tomamos en cuenta el CIS de junio de 2024, donde un 34,4 % respondieron que consideran que la sanidad había ido a peor en el último año. El porcentaje, notablemente superior a 2019, coincide con un aumento del tiempo medio para ser atendidos.

Un sistema sanitario tensionado

Según el sistema de información de listas de espera del Sistema Nacional de Salud se han reportado datos que reflejan un deterioro constante en los últimos cinco años.

En Pymes y Autonomos

Estos son los requisitos para autónomos y emprendedores que tengan que pedir ayudas por la DANA

Asimismo, se ha observado una tendencia negativa entre junio de 2019 y 2024, en la que las listas de espera quirúrgica han crecido un 26,3%, con casi 177.000 pacientes adicionales y un aumento medio de 6 días en la espera media.

Además, hay territorios con demoras de medio año natural (como Andalucía y Extremadura), mientras que otras comunidades, como el País Vasco, Madrid o La Rioja tienen tiempos notablemente inferiores (70 días).

Aumento en las listas de espera

Así, las listas de espera parecen el gran problema en España, frente a una minoría (1 %) que afirma tener necesidades médicas insatisfechas por el sistema público de salud.

Para muestra, los tres grandes problemas detectados: el aumento del volumen de necesidades médicas no satisfechas, la ruptura del principio de igualdad efectiva en el acceso (donde no siempre se prioriza según la condición clínica, sino por otras cuestiones, como la educación, el nivel de renta o la nacionalidad) y el empeoramiento del estado de salud asociado a la falta de atención médica efectiva, tanto por el tiempo de espera como en la recuperación del paciente.

Con estos datos, parece evidente, como apuntan en el blog de economía Nada es gratis, que los tiempos prolongados de espera no solo generan malestar, sino que también pueden deteriorar la salud de los pacientes.

Fechas límite

Desde Sanidad se ha apostado por la extinción de MUFACE para los empleados públicos de la mutua y sus familiares. Estas dos últimas semanas, aun así, algunos colectivos buscan acuerdos in extremis, mientras otros plantean la integración en el sistema público sin advertir de grandes consecuencias negativas.

En la práctica, la duda que sobrevuela esta cuestión es cómo afectará esta absorción a la presión de la asistencia pública y si agravará, todavía más, el problema de las listas de espera. Los equipos médicos, en su mayoría, sí han señalado la gravedad de un cambio abrupto (que se plantearía en los próximos 9 meses).

Estaríamos hablando de un millón de pacientes más (por lo bajo) y 5.000 médicos menos en el sistema público entre 2023-2028. En lo que se refiere a médicos de familia, en concreto. se jubilan 2.863 médicos de media, cada año, y se calcula una incorporación directa de unos 2061. El cierre de MUFACE es otra herida sangrante para el sistema, y no son pocas ya.

Ahora mismo, la fecha límite vence el 31 de diciembre, pese a que el concierto quedase desierto. La incertidumbre sigue presente para 1,5 millones de usuarios.

En la práctica, el problema de las listas de espera, con MUFACE o no, se plantea a través de dos estrategias: la primera, medidas orientadas a reducir el tamaño de las listas (por ejemplo, ampliando las jornadas laborales o ampliando plantillas); por el otro, la racionalización de las listas mediante criterios clínicos o sociales que den prioridad a algunos usuarios.

Mayor presión asistencial

Con el horizonte de una posible integración de MUFACE y la creciente presión asistencial, el debate sobre cómo gestionar las listas de espera se vuelve más relevante que nunca. En este sentido, se debe tener en cuenta que solo 1 de cada 3 funcionarios es mutualista, y cada vez menos optan por la asistencia privada, tras las pérdida de competencias.

Asegurar la sostenibilidad del sistema requerirá equilibrar la demanda con la capacidad asistencial, priorizando la equidad y la calidad en el acceso a la sanidad pública a la demanda sanitaria. Para ello, se ve necesario un aumento en el presupuesto, tanto en inversión económica como en personal. Mientras tanto, el Gobierno ha planteado a los mutualistas y a las aseguradoras cuatro meses de prórroga para poder cumplir el requisito de lista de espera cero y, llegado el caso, integrar a gran parte del colectivo en el sistema público de salud.

Se avecinan cambios para miles de profesionales como abogados, médicos o arquitectos que escogieron la vía mutualista en lugar de la cotización a la seguridad Social y exigen al Gobierno que mejore esta situación ante las bajas pensiones a las que ahora se enfrentan.

Por esta razón, la Seguridad Social exige que los profesionales colegiados se integren de manera obligatoria en el régimen de autónomos (RETA), desde 2027, permitiendo a los mutualistas inscritos antes de 1996 pasar sus cotizaciones al RETA. Veamos cómo quedará el escenario para estos trabajadores.

En Pymes y Autonomos

La Seguridad Social te facilita pagar la Tarifa Plana un año más si eres autónomo desde 2023: sólo debes ganar menos del salario mínimo

Qué es la Mutualidad de la Abogacía y para qué sirve en 2024

La Mutualidad de la Abogacía nació en 1948 cuando los distintos colegios de abogados sufrían un déficit de coberturas porque no podía darse de alta por cuenta propia, en los sistemas de jubilación estatales.

De hecho, hasta el año 1996 un abogado que decidiera ejercer la profesión por cuenta propia debía colegiarse y acto seguido, de manera obligatoria, darse de alta en la Mutualidad.

Este plan alternativo a las pensiones públicas no era tan ventajoso porque la Mutualidad no prestaba atención sanitaria y, mientras tanto, los abogados pagaban su cuota mensual religiosamente.

Pero el gran problema llegó en 1996 cuando por fin se permitió a estos profesionales darse de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y muchos sí se plantearon cambiar a este régimen, no podían recuperar todo el dinero que habían aportado durante años a la Mutualidad.

Por resumir, las pensiones para estos trabajadores que confiaron en esa entidad, en algunos casos no alcanzaban los 400 euros o llegaban a los 800 euros como máximo, al llegar la jubilación, de ahí que reclamaran que todo lo pagado a la Mutualidad pasara al nuevo régimen como autónomos.

En Pymes y Autonomos

La Seguridad Social te pone difícil cobrar la prestación por cese de actividad: el paro de los autónomos sólo llega a la mitad

Modificar la Ley General de Seguridad Social para proteger a los mutualistas abogados, arquitectos, médicos

El Gobierno tomará medidas para llevar a cabo cambios legislativos en la Ley de Seguridad Social para que los nuevos profesionales colegiados tengan que inscribirse de manera obligatoria en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) a partir de 2027.

Este cambio eliminará la opción de cobertura alternativa con una mutualidad que tienen en la actualidad ciertos colectivos y que no les garantiza una pensión digna tras años de pagar sus cuotas.

Otra de las medidas a adoptar por el Gobierno en situación de vulnerabilidad anteriores a 1996 será optar por la conversión del capital acumulado en la mutualidad, en periodos cotizados con la base mínima en el RETA.

Con estas medidas se busca mejorar el ámbito de protección de estos profesionales que han tenido que pagar a una entidad que no le ha garantizado una cobertura digna.

La Seguridad Social acaba de publicar una orden ministerial que acaba con el privilegio de percepción de pensión pública íntegra y compatibilidad en el trabajo de todos los profesionales colegiados. Esta deficiencia normativa se viene arrastrando desde hace ya más de 30 años y actualmente, permitía a todos los colegiados jubilados seguir trabajando y recibiendo la pensión íntegra.

A partir del 1 de julio, aquellos profesionales independientes que se jubilen, no podrán desempeñar la labor profesional y cobrar la pensión en simultáneo, situación equivalente a cualquier trabajador que se jubile por cuenta ajena o propia. No obstante, el cambio en la normativa no es retroactivo y aquellos pensionistas que sigan desempeñando su profesión y cobrando la pensión podrán seguir haciéndolo.

Los profesionales que deseen trabajar cuando tengan la pensión podrán hacerlo, pero tendrán que aplazar los derechos de cobro mientras se trabaje. Obviamente, la medida es una medida encaminada a ahorrar en pensiones de tal manera que se abone de manera efectiva a los trabajadores que realmente no estén en alta laboral.

Por otra parte, se mejorará también la integración de nuevos profesionales, dado que actualmente nos encontramos con profesiones, por ejemplo en el área de abogados, arquitectos técnicos o asesores, que con más de 65 años siguen al frente de sus despachos cobrando la pensión de jubilación.

Vía | BOE
En Pymes y Autónomos | El RETA vs Mutualidades ¿cuál escoger?, Nueva ley de servicios profesionales: se eliminará la colegiación obligatoria y las reservas de actividad, ¿Qué son las sociedades profesionales
Imagen | Gob/Ve

Los Ministerios de Trabajo y Economía están trabajando en un borrador de un Real Decreto a través del que se reformarían las coberturas obligatorias que han de cumplir las mutualidades de previsión social a las que se pueden acoger, de manera voluntaria, los profesionales liberales.

Estas entidades son un sistema alternativo al Régimen de Autónomos al que se pueden acoger la mayoría de profesionales colegiados, abogados, ingenieros, arquitectos, etc. Sus coberturas son sensiblemente inferiores a las del RETA por lo que el Gobierno tiene la intención de que éstas se amplien.

En el borrador de este RD se especifica que estas entidades deberán ofrecer obligatoriamente las coberturas de invalidez permanente, jubilación, fallecimiento del que pueda derivarse viudedad u orfandad, incapacidad temporal, maternidad, paternidad, y el riesgo durante el embarazo y la lactancia.

Si se aprueba este RD cada mutualista deberá contratar obligatoriamente aquellas coberturas a las que se vea expuesto, de esta manera un profesional soltero no estaría obligado a cubrir la protección por viudedad. Contingencias tales como la incapacidad temporal, el riesgo durante el embarazo y la lactancia, la maternidad o la paternidad podrán resultar optativas si se encuentran cubiertas por algún otro sistema. También se establecerá que tanto la invalidez permanente como la jubilación habrán de cobrarse como renta vitalicia, aunque cuando el pago supere el importe de la pensión no contributiva la diferencia se puede percibir en forma de capital.

Se pretende que esta ampliación de coberturas no implique un gran incremento en las primas que pagan los mutualistas y la idea del Gobierno es que este RD sea aprobado por el Consejo de Ministros en el mes de Mayo.

En muchos casos, las coberturas de las mutualidades profesionales suelen ser muy inferiores a las que ofrece el Régimen de Autónomos. Si bien los profesionales pueden optar por cotizar en el RETA en lugar de pagar a la mutualidad correspondiente, es positivo que se produzca esta equiparación. Veremos si este aumento de coberturas lleva aparejada también una equiparación en las bases ya que la diferencia entre un régimen y el otro en cuanto a las prestaciones no sólo está en el número de coberturas.

Vía | Cinco Días En Pymes y Autónomos | RETA vs Mutualidades ¿Cuál elegir? Imagen | Fotos Gov/Ba