Los asesores fiscales planifican y recomiendan a ciudadanos y empresas sobre cual es la mejor manera de cumplir con sus obligaciones a la hora de pagar impuestos. Muchas veces esas prácticas no coinciden del todo con las tesis que mantienen la Agencia Tributaria o caen en alguna ilegalidad. Por eso la UE quiere obligar a los asesores fiscales a informar sobre sus clientes y sus tácticas de optimización fiscal.

A raíz de escándalos recientes como "Los papeles de Panamá" donde los asesores fiscales juegan un papel fundamental a la hora de crear un entramado societario que pueden facilitar la evasión fiscal. Debido a ello la Comisión Europea ha abierto una consulta para recabar opiniones de todos los sectores para saber cómo debería actuar la UE.

Lucha contra la opacidad fiscal

Esto es algo que ya se dejaba ver en una comunicación realizada por la Comisión Europea en el pasado mes de julio sobre la transparencia fiscal. La medida afectará a más profesionales además de los asesores fiscales, tales como consultores, abogados, contables, entidades financieras o intermediarios de seguros. Tras la consulta se decidirá si es oportuno introducir normas vinculantes para estos profesionales.

Por una parte la medida parece destinada a la gran evasión y la creación de entramados en paraísos fiscales, pero ayudaría a la administración a actuar contra estas prácticas. No se trata tanto de ilegalidades sino de los mecanismos que facilitan la opacidad. De esta forma la Administración puede legislar para evitar estos resquicios de la ley que evitan el pago de impuestos tal y como puede realizar cualquier pequeña empresa.

Por un lado parece una buena medida para ayudar a combatir el fraude fiscal, o al menos ponerlo un poco más difícil. Por otro, dudo mucho que los asesores fiscales que estén recomendado, por así decirlo, prácticas poco éticas, informen de ellas a las respectivas Haciendas de los diferentes países.

Todo dependerá de como quede el texto normativo y las sanciones que tengan que afrontar los profesionales que hayan ideado una estructura que permita la opacidad fiscal. Veremos finalmente en qué se concreta toda esta consulta y luego cómo legislan cada uno de los países para ayudar a su cumplimiento.

Igualmente si los asesores se encuentran fuera de la Unión Europea, la opacidad fiscal seguirá existiendo. Por lo tanto la medida puede derivar en un mayor de los asesores por parte de los diferentes estados, pero con una escasa repercusión si lo que se pretende es aumenta la recaudación con este tipo de medidas.

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La actualización del Plan de PRevención del Fraude Fiscal para los próximos ejercicios así como las actuaciones previstas tiene varios objetivos que cuanto menos son discutibles bajo la legalidad de dichas medidas. De estas medidas me quedo con dos nuevas obligaciones de información que aparecen en dicho borrador:

• Obligación de informar a la AEAT de operaciones de efectivo superiores a 3.000 euros, tanto ingresos en cuenta como retiradas de efectivo y todas las operaciones con tarjetas de crédito y débito.

• Obligación de informar a la AEAT por parte de las compañías suministradoras de electricidad de los consumos eléctricos por referencia catastral.

En ambos casos, el control que se pretende efectuar sobre los propios contribuyentes va más allá de los límites del propio sentido común. En el caso de las operaciones de efectivo, la verdad es que no tengo muy claro cuantas operaciones se pueden realizar con estos importes pero creo que muchas, quizá muchas más de las que la propia agencia tributaria baraje.

En ocasiones, la carencia de información genera los mismos resultados que el exceso de la misma. Supongamos que yo me dedico a pagar en efectivo a mis trabajadores cada semana, típico de empresas de construcción, o que mi empresa está en el sector de hostelería en donde los mayores cobros y pagos se realizan en efectivo ¿que conclusiones va a sacar la AEAT cuando yo haya realizado operaciones en efectivo por importe superior a 100.000 euros en un año? ¿soy un defraudador nato?

La segunda obligación de informar, con objeto de sacar a relucir alquileres encubiertos o negocios sin declarar, pasa por controlar el consumo eléctrico de todos los inmuebles existentes, dígase viviendas para aflorar alquileres no declarados o locales comerciales o industriales para evaluar el uso de los mismos, comparando la actividad comercial.

La base para fijar los consumos se realizará suministrando la referencia catastral de los inmuebles a las eléctricas y a partir de ahí, comprobar titularidades y usos. Inaudito. ¿Qué criterios se suponen que son alquileres o uso propio? ¿no puedo consumir energía eléctrica en mi segunda vivienda? ¿cómo se va a cuantificar la potencialidad de una nave industrial en base a su consumo eléctrico?

Por otro lado, el Catastro no es el mejor ejemplo para tomar como referencia puesto que es un organismo que funciona mal, por la gran cantidad de errores que contiene en sus bases de datos como por la lentitud que lleva a cabo en los procedimientos de nuevas asignaciones de referencias catastrales. Para procesar un mero cambio de titularidad transcurren años en muchas oficinas del catastro y ni que decir tiene cuando estamos hablando de obras nuevas y divisiones horizontales.

Más Información | Plan de Prevención Fraude Fiscal – PDF págs 25,26 y 79
Vía | elmundo.es