A la vuelta a su puesto de trabajo, tras una larga batalla legal que se remonta a principios de 2022, un trabajador gallego ha decidido volver a demandar a la empresa. Esta vez, por 637 euros en salarios pendientes.

Así informaba de ello La Voz de Galicia, sobre el caso de este oficial de primera en mantenimiento de planta y soldador, que trabajó entre 2019 y 2022 en una empresa de Carballo y fue despedido sin haber trascendido el porqué. El juzgado de lo Social de A Coruña ha declarado nulo el cese  y ha obligado a readmitir al trabajador.

Doble demanda

El profesional obtuvo una doble confirmación de la invalidez de su despido, tanto por el juzgado de lo Social como, a posteriori, por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que obligó a la empresa a readmitirlo en su puesto de trabajo.

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Tras el fallo, la compañía lo readmitió. No obstante, al ir a firmar el reingreso y pasar el reconocimiento médico, se le notificó que tenía que disfrutar de once días de vacaciones pendientes, como consecuencia del despido.

Tantas idas y venidas no debieron gustar a este empleado gallego, quien, nada más pisar la empresa, ha vuelto a presentar una demanda reclamando algo más de 600 euros que considera que se le adeudan de anteriores salarios.

De este modo, el trabajador demandó a la empresa por vía judicial sin pasar por la reclamación administrativa previa ante el SMAC de A Coruña. Mientras la empresa argumentaba haber actuado conforme al Estatuto de los Trabajadores, el empleado sostenía que los 637 euros eran parte de una deuda pendiente del contrato anterior, que sus superiores rompieron de forma unilateral junto al despido.

En este caso, el Juzgado de lo Social número 5 de A Coruña ha fallado a favor de la empresa, desestimando la demanda. La resolución judicial emitida detalla que la cantidad reclamada era inferior a los 3.000 euros que establece la ley para estos casos.

Cuestión de derechos

Esta situación plantea interrogantes sobre el cumplimiento de las resoluciones judiciales en el ámbito empresarial y hasta qué punto algunas compañías podrían utilizar estrategias para dificultar la reincorporación efectiva de sus empleados. Aunque la empresa no ha emitido declaraciones al respecto, este caso se suma a otros recientes en los que trabajadores han tenido que recurrir a la justicia para defender sus derechos.

Uno de los casos más mediáticos en los últimos meses ha sido el de una trabajadora de Mercadona, en Madrid, despedida tras haber consumido una cerveza durante su descanso. La empresa consideró que esta acción justificaba su cese, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid declaró el despido improcedente al considerar que no afectaba su desempeño laboral.

El fallo puso sobre la mesa la cuestión del control empresarial sobre el comportamiento de los trabajadores fuera del horario estrictamente laboral. Así como los límites exigibles por las empresas: la Dana valenciana, fue (por desgracia) un triste ejemplo. Para los tribunales, en este caso, la sanción fue desproporcionada, lo que reabre el debate sobre la flexibilidad de las normativas internas de las compañías.

No obstante, es habitual que las firmas se escuden en la violación o la falta de confianza o ética profesional; sin embargo, a menudo los casos no son tan claros como el del trabajador del Banco Sabadell que accedió sin permiso a los datos bancarios de varios clientes y realizó retrocesiones de comisiones a favor de un amigo. En este caso, el Tribunal Supremo ratificó el despido, al considerar que el empleado había violado la confianza y la ética profesional de forma grave.

El caso de este trabajador gallego es una muestra más de los desafíos que enfrentan muchos empleados tras una readmisión forzada, lo que pone en cuestión hasta qué punto las empresas cumplen realmente con las resoluciones judiciales en materia laboral y dónde está el límite entre la confianza y su posible abuso.

Galicia acaba de publicar la línea de subvenciones y ayudas para los emprendedores y autónomos gallegos. La comunidad gallega destaca por ser de las primeras en comenzar las líneas del año 2010 y se presentan algunas subvenciones de cuantía relativamente interesante.

El requisito principal que se exige para poder optar a la subvención es la inversión mínima de 3.000 euros en activos materiales o inmateriales según se clasifican dichas adquisiciones por el Plan General de Contabilidad. Las cuantías de las subvenciones son las siguientes:

• 5.000 euros por los desempleados en general.

• 6.000 euros para jóvenes desempleados de 30 o menos años.

• 7.000 euros para mujeres desempleadas.

• 7.500 euros para los emigrantes retornados, trabajadores o de empresas en crisis, parados de larga duración y los desempleados que han agotado la prestación por desempleo.

• 8.000 euros para desempleados con discapacidad o pertenecientes a grupos de riesgo o exclusión social.

• 10.000 euros para las mujeres desempleadas con discapacidad o en riesgo de exclusión.

Las subvenciones se dirigen a todos las altas nuevas de autónomos que se encuentren inscritos en el desempleo y que no hayan recibido ayudas de esta índole en los cuatro años anteriores. Además, el alta en la actividad tiene que ser un alta nueva que no se haya desarrollado durante los seis meses anteriores en la misma actividad o código de CNAE. Esta línea de subvenciones también es extensible a las altas nuevas en colegios profesionales que no tengan la obligación de cotizar en el RETA.

La línea de subvenciones contempla dos capítulos más, dedicados a la subvención de la financiación de préstamos destinados a la adquisición de activoi y otra línea para cubrir los costes de establecimiento y asistencia técnica necesarios para poner en marcha los proyectos empresariales.

Estas líneas de subvención se podrán solicitar desde mañana, y estarán vigentes hasta que se agoten las líneas presupuestarias establecidas por la Xunta de Galicia.

Más Información | Diario Oficial de la Xunta de Galicia (PDF – Gal)
En Pymes y Autónomos | Ayudas y subvenciones
Imagen | Luciferete

El Instituto galego de promoción económica (IGAPE) va a poner en marcha una serie de líneas de avales con un importe global de 150 millones de euros para las pymes gallegas. La Xunta de Galicia se suma así al resto de comunidades autónomas y planes estatales mediante las líneas de aval para la financiación de circulante.

Estas líneas aportarán el aval necesario para la formalización de nuevas operaciones de financiación dentro de las empresas. No he podido localizar aún las condiciones que exigirá el IGAPE a las pymes para prestar dichos avales pero podemos untuir que serán equivalentes a las condiciones de financiación de cualquier banco. El destino principal del aval:

• Formalización de líneas de crédito, de descuento comercial y operaciones para el adelanto de efectos comerciales y facturas.
• Se garantizará entre el 40% y 60% del total de la operación con unos importes avalados que oscilan desde 120.000 euros a los 2,1 millones de euros. Estos límites implican que los límites mínimos de operaciones a llevar a cabo van desde 300.000 a 3.5 millones de euros.
• La solicitud se presentará ante el IGAPE y será resuelta en el plazo máximo de 25 días. Estas líneas no están pensadas para microempresas ni autónomos con una infraestructura pequeña. Cualquier comercio pequeño o profesional no necesita una financiación de 300.000 euros para llevar a cabo su actividad. Para este colectivo, se está preparando una segunda línea de avales que será presentada en breve.

En todo este tipo de operaciones, creo que existe mucha paja y poco trigo. Los criterios de concesión del aval suelen ser criterios duros, por lo que las empresas que pueden obtener estos avales, también pueden obtener la financiación necesaria en las entidades financieras sin la necesidad de la administración.

Estas operaciones terminan utilizándose como un mecanismo de distribución del riesgo financiero en la empresa, no como una ayuda directa a la financiación, que es donde realmente están los problemas actuales.

Vía | La Voz de Galicia Más Información | Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) En Pymes y Autónomos | Subvendiones y ayudas Imagen | franganillo

Trece ayuntamientos portugueses fronterizos con Galicia proyectan 11 millones de metros de suelo industrial para captar el asentamiento de empresas gallegas. Entre el 2008 y el 2011 habrá operativas cuatro plataformas logísticas y seis parques más en solo un radio de solo cien kilómetros. El éxito de ocupación logrado en los polígonos fronterizos de Vilanova de Cerveira, Valença (donde la mitad de las empresas instaladas son gallegas) o Viana do Castelo es, para los promotores lusos, una garantía que avala las inversiones en los nuevos proyectos que, por otra parte han sido cuidadosamente planificados. Comunicaciones e incentivos no faltan:

* Transporte terrestre. Durante las últimas dos décadas, las cámaras municipales al sur del Miño y los inversores privados han construido pequeños polígonos industriales (de entre 100.000 y 300.000 metros cuadrados), bien conectados con la autopista A3 de enlace con la comunidad gallega.

* Tren de alta velocidad. El proyecto de creación de la Red Nacional de Plataformas Logísticas de Portugal prevé la conexión directa de las onces zonas en cuestión con el trazado del tren de alta velocidad. Esto, en lo que a la región norte se refiere, pone en una situación de privilegio a las plataformas de la vecina Valença y algo menos a la de Chaves, que estarán ligadas mediante un enlace directo al AVE a las otras dos grandes plataformas logísticas proyectadas en la región del norte, Maia (Trofa) y la del puerto de Leixões.

* Conexión áerea. La red del AVE Oporto-Vigo, que deberá estar operativa en el 2013, tendrá conexión directa con el aeropuerto de Sa Carneiro en Oporto, mediante una línea que unirá los centros de las ciudades de Vigo y Oporto en media hora, viaje que hoy día dura tres horas. Un aliciente más para la atracción de nuevas empresas.

* Incentivos. Mientras que en los saturados parques del sur de Vigo el coste por metro cuadrado ronda los 300 € en Portugal oscila entre 30 y 70 euros. Y hay más: en algunos lugares de Portugal las empresas están exentas del pago de tasas municipales si contratan mano de obra local. En el caso de la futura plataforma logística de Valença los incentivos fiscales van más allá. Las empresas no tendrán que anticipar el pago del IVA (el 21% en Portugal) de la materia prima que importen y solo lo abonarán cuando lo tengan en la mano.

Fuente | La Voz de Galicia
Imagen | Carátula del disco "Menos mal que nos queda Portugal" del grupo vigués Siniestro Total