Dejar facturas sin pagar para cobrar ayudas es nada comparado con lo que se está facturando en B por el mismo motivo
Subvenciones y ayudas

Dejar facturas sin pagar para cobrar ayudas es nada comparado con lo que se está facturando en B por el mismo motivo

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Con la apertura del inicio de los trámites por parte de las Comunidades Autónomas muchas empresas se han encontrado con una sorpresa, un requisito necesario que perjudica especialmente a aquellas que han gestionado mejor. Por eso lo que han empezado a hacer muchas de ellas es dejar facturas sin pagar en lo cajones durante los últimos meses, desde que se conocieron los requisitos, no importa si incumplen o no la ley de morosidad. Pero esto no es lo peor, porque dejar facturas sin pagar para cobrar ayudas es nada comparado con lo que se está facturando en B por el mismo motivo.

Las que han logrado mantenerse a flote, recuperar sus ahorros para endeudarse lo mínimo posible o las que están pagando a sus acreedores a tiempo pero pueden haber sufrido una brutal caída de ingresos, puede que no tengan derecho a ninguna ayuda. En los requisitos era necesario tener al menos una caída de ingresos del 30%, estar en uno de los CNAE, incluidos por Gobierno, y más tarde por Comunidades Autónomas, pero también tener deudas, ya sea financiera con un crédito ICO o proveedores, suministros, etc. En esta tesitura muchas han empezado a acumular en los últimos meses facturas en los cajones, creando una espiral de morosidad que perjudica a todo el mundo.

La trampa de la deuda y premiar al mal pagador

Según detalla la Comunidad de Madrid en la página habilitada para la solicitud de las ayudas:

La cuantía de la ayuda se debe destinar a la satisfacción de la deuda y pagos a proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros, así como los costes fijos incurridos, siempre y cuando éstos se hayan devengado entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021 y procedan de contratos anteriores al 13 de marzo de 2021

Las empresas que han sufrido pérdidas y tienen un ICO pedido al inicio de la crisis, en principio no tienen problemas y pueden solicitar la ayuda para destinarlo a devolver dicha deuda. Pero no todas pudieron solicitarlo. Las que tienen deudas, no importa si son dentro de plazo de pago o fuera del mismo, también. Y es aquí donde se está premiando a empresas morosas habituales, a las que ahora se suman las que han dejado de pagar para acumular más deuda para poder solicitar la ayuda.

Porque se deja de pagar a otras empresas. No se dejan de pagar suministros como luz, agua o acceso a Internet, porque en estos casos luchas contra compañías muy potentes para reclamar los cobros. Si dejamos a deber 200 euros a un autónomo o una pequeña empresa, en muchos casos estos no pueden ni plantearse emprender acciones legales para reclamar dicha cantidad, puesto que los gastos que les va a generar serán mayores que la propia deuda. Y esto el moroso habitual lo sabe perfectamente.

El problema está en la morosidad sistémica que viene auspiciada por una falta de sanciones, puesto que desde hace años, cuando se implantó la obligación de pagar a 30 días, no se ha desarrollado un reglamento que detalle qué sanciones sufrirían las empresas que lo hacen. Empezando por la propia administración, que en muchas ocasiones es la que más tarda en pagar.

Es aquí donde salta la picaresca a la hora de solicitar las ayudas. Si cumplo con los criterios de caída de facturación y CNAE pero no tengo un crédito pedido, empiezo a dejar facturas en los cajones para generar una deuda que no es que no pueda pagar, es que no quiero. O aumento la que ya tengo para tener más posibilidades de que me concedan la ayuda.

Las peticiones de diferentes asociaciones de empresas que han intentado limitar las opciones de empresas morosas de acceder a ayudas no han sido escuchas. La última fue PIMEC, que solicitaba precisamente que los fondos europeos de recuperación tuvieran como requisito que las empresas no tuvieran pagos pendientes ni fueran morosas.

Pero esto no es nada con el aumento de la facturación en B

La cuestión es que no es el único "truco" que están utilizando algunas empresas para demostrar que necesitan las ayudas mucho más de lo que realmente reflejan su contabilidad real. Muchas han activado el plan B, para intentar reflejar en su facturación oficial los menores ingresos posibles. De esta forma parece que sus pérdidas son muchos mayores de lo que realmente son.

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El problema es que lo hacen sin ningún pudor. Saben que es muy complicado que la Agencia Tributaria les inspeccione y llegue a encontrar motivos para sanción. Las herramientas como la IA o el Big Data que utilizaban hasta ahora para comparar la facturación de un negocio con otros similares de la zona, que está enfocados al mismo tipo de cliente o deberían tener unos ingresos similares ya no muestran datos objetivos comparables.

Es decir, saben que se ha roto el baremo, por lo que las que ya abrían el plan B de forma habitual para reducir sus ingresos oficiales de forma prudente (pongamos un 20%), ahora han abierto el grifo y el goteo es constante y va a ser un porcentaje mucho más alto del habitual. Lo peor es que te lo cuentan sin ningún pudor, sin esconderse. A mi me ha ocurrido visitando algún negocio, por motivos profesionales o de otro tipo. En el peor de los casos hasta te solicitan que les pagues mejor en efectivo.

Y además lo justifican de igual manera, "oye que tengo que hacer B que si no no puedo optar a las ayudas", literalmente. El problema es que esto lo conocen las asociaciones de empresas, las de autónomos y el propio Gobierno. Pero nadie ha puesto encima de la mesa una fórmula mejor para controlar a quién van las ayudas.

¿Merecen ayudas empresas que han tenido sanciones fiscales? ¿Y laborales? ¿Se debe enfocar las ayudas hacia las empresas que han gestionado mejor, y que aun sufriendo pérdidas tienen viabilidad a medio plazo? Más bien creo que con estas ayudas lo que se está buscando es que la cifra de empresas que cierren por la crisis no sea un volumen demasiado elevado.

Imagen | Mikhail Nilov en Pexels

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