Según anunció la ministra Fátima Báñez en el transcurso de un encuentro con representantes de organizaciones de trabajadores autónomos y de la Economía Social el Gobierno tiene casi lista una nueva Ley de Sociedades Laborales y Participadas, que viene a actualizar la anterior de 1997 relativa a este tipo de sociedades para adaptarlas a los nuevos tiempos.
Las sociedades laborales son aquellas entidades mercantiles en las que, al menos, el 50 por ciento de los trabajadores deben de ser socios que deben poseer, al menos, el 50 por ciento del capital social y el 50 por ciento del derecho a voto. Por lo tanto, gran parte de las decisiones y gestión de la empresa pasar por las decisiones que toman estos trabajadores.
La nueva ley regula por primera vez a la empresa participada, que serán aquellas sociedades anónimas o de responsabilidad limitada que, no alcanzando lo establecido en los requisitos anteriores, promuevan la participación de los trabajadores. Se trata de promover la creación de este tipo de empresas simplificando los requisitos y trámites para ello.
El objetivo es que los trabajadores no se queden en la mera condición de empleados, sino que se conviertan en socios, tengan la posibilidad de adquirir acciones y participaciones en la empresa en cualquier momento. De esta forma también se refuerzan el compromiso y la apuesta de los trabajadores con la empresa.
La nueva ley dota de un mayor protagonismo en la toma de decisiones a los trabajadores, incorpora principios de buen gobierno corporativo. También establece la equiparación de estos socios-trabajadores con los trabajadores por cuenta ajena a los efectos de los incentivos establecidos para la consolidación y creación de empleo.
Ahora la pregunta es, ¿invertiríais vuestro dinero en la empresa en la que trabajáis? Esto en muchas ocasiones puede ser una arma de doble filo, tanto para el trabajador como para la empresa. Por un lado conocemos mejor que nadie lo bueno y lo malo de nuestra organización, si invertimos podremos dar nuestra opinión, pero no tenemos que ser mayoría o nos tienen que hacer caso.
Para la empresa puede suponer una toma de decisiones más complicada, con más socios que deben decidir y no siempre es fácil poner de acuerdo a todo el mundo o se puede retardar la toma de una decisión, que muchas veces necesitamos que sea rápida.
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