Sylvie tiene 67 años y lleva desde 2020 fuera del mercado laboral. Después de casi 25 años como auxiliar de enfermería en Francia, recibe una pensión de 1.790 euros brutos al mes (unos 1.625 netos), según Le Figaro. 

Aunque la cifra supone un 22% menos que el salario que cobraba -2.300 euros brutos (1.900 netos)-, la jubilada centra su queja en otro aspecto fundamental: considera que lo que cobra es insuficiente para compensar la extrema dureza de la actividad que desarrolló durante años.

Una larga trayectoria: casi 25 años

Durante su extensa carrera trabajando en hospitales, residencias de mayores y unidades de neonatología, Sylvie acumuló un gran desgaste físico y emocional. Para ella, el problema no gira únicamente en torno a la cuantía mensual, sino a la falta de valoración económica de un empleo caracterizado por "jornadas interminables, largas horas de pie, la ausencia de derecho al error y la falta de reconocimiento".

Y eso teniendo en cuenta que percibe una pensión a tasa completa en Francia y logró esquivar la reforma de las pensiones de ese país, ya que la ley que retrasa la edad de jubilación de 62 a 64 años entró en vigor en 2023, mientras que ella se había jubilado unos años antes. 

En Pymes y Autonomos

Los autónomos están retrasando su jubilación en agosto más allá de los 67 años y su pensión media sigue por debajo del SMI

La comparación con España cambia la perspectiva

Su caso, sin embargo, invita a mirar hacia España, donde la comparación arroja un contraste especialmente llamativo: los 1.790 euros brutos que Sylvie cobra estando ya retirada superan el sueldo base de muchos TCAE (Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería) en activo a este lado de los Pirineos, cuyos salarios suelen oscilar entre los 1.400 y 1.600 euros brutos mensuales. 

A esto se suma que España también está endureciendo progresivamente las condiciones de acceso al retiro. En este 2026, la edad ordinaria se sitúa ya en los 65 años para quienes acrediten al menos 38 años y 3 meses cotizados, y se eleva a los 66 años y 10 meses para aquellos trabajadores que no alcancen ese periodo de cotización, según la Seguridad Social.

El caso de Sylvie pone sobre la mesa un debate de fondo. La gran pregunta es hasta qué punto los sistemas públicos de pensiones deben fijarse únicamente en la edad y los años cotizados, o si ha llegado el momento de incorporar mecanismos que compensen económicamente el desgaste de las profesiones más exigentes.

Imagen | Mathias Reding (vía Pexels)