La morosidad de las administraciones, lo que hay que oir

Síguenos

1605

Hace unos días elEconomista.es publicó una noticia acerca del interés de la Comisión Europea para actuar contra la morosidad de las administraciones públicas, en concreto de los países periféricos.

Según esta información la nueva Directiva de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales se publicará en el Diario Oficial durante la primavera de 2011 y deberá ser transpuesta por los Estados miembros en el plazo de dos años, es decir, con fecha tope de 2013.

Noticias como estas son un bálsamo, sobre todo para aquellos pequeños empresarios, que sin líneas de crédito ni posibilidades factuales de financiación, ven como sus balances engordan por la morosidad de sus clientes, en general, y de las administraciones públicas en particular.

No voy a ocultar mi perplejidad por normas de este estilo que se difunden con gran boato, como la normativa Sarbanes-Oxley que se dictó para prevenir fraudes contables y financieros hacia el 2004 con motivo del caso ENRON, que se presentan como la panacea pero como no contemplan el contexto de la realidad empresarial su eficacia es nula. A las pruebas me remito.

En el caso de esta normativa, intentar mejorar la DSO de los proveedores de las administraciones públicas en países como España, Italia y Portugal es derrochar buenas intenciones y optimismo. Para quien está trabajando con las instituciones en estos países les obliga a conocer la “ingeniería contable” que aplican las administraciones para reducir su DPO e intentar soslayar sus carencias presupuestarias, habida cuenta que la mayoría de los organismos públicos en España, en el mes de mayo ya han agotado sus partidas presupuestarias para el año en curso, y esto no es de ahora por la crisis actual, porque hace décadas la situación era la misma.

Vía | elEconomista.es
Imagen | wfabry
En Pymes y Autónomos | Morosidad

Deja un comentario

Ordenar por:

0 comentario