La Ley limita los pagos en las transacciones en las que uno de los intervinientes en un empresario (autónomo) o un profesional. A las operaciones entre sociedades, entre particulares o sociedad-particular no les afecta ¿Por qué?

Hace días ha salido a la luz una noticia en la que Red.es, que es la empresa pública que se encarga del gestión de estos dominios .es, había “reasignado” el domino sareb.es, que pertenecía a una empresa textil andaluza, para que lo use el banco malo que el Gobierno ha creado para ayudar a la re-esructuración del sistema financiero. ¿Quiere decir eso que pueden quitarle el dominio .es a cualquiera?

Teóricamente no. Sí están establecidos una serie de supuestos en los que se pueden solicitar la reasignación de dominios .es que sean titularidad de un tercero. Este mecanismo de reasignación quiere evitar que personas o entidades puedan reservar dominios estratégicos para especular con ellos y venderlos posteriormente a otras entidades.

Básicamente esos supuestos son :

• Cuando ese nombre de dominio pueda crear confusión o controversia con respecto a la marca sobre la que se tiene derechos.
• Cuando el que lo haya registrado inicialmente no tenga derechos o intereses legítimos respecto a ese nombre de dominio.
• Cuando ese nombre de dominio haya sido registrado y se utilice de mala fe.

Supongamos que alguien hubiera registrado a su nombre microsoft.es (por ejemplo) y que no tenga relación alguna con la empresa o que no tenga derechos sobre esa marca en España y sólo pretenda venderlo luego a Microsoft o, incluso, que el dominio lo hubiera utilizado para crear una página que estuviera asociada a un negocio diferente y que pudiera suponer agravio para Microsoft.

Dándose estas condiciones Microsoft podría solicitar a Red.es la reasignación de ese dominio, pero teóricamente sólo en esos casos.

La cuestión es que Red.es alega “interés general” para reasignar ese dominio y no se acoge a las condiciones antes señaladas, de hecho esta empresa andaluza tiene registrado también el dominio sareb.com y la marca sareb en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Eso crea cierta inseguridad jurídica porque podría abrir la puerta a futuras actuaciones similares que llevarían a que cualquier empresa que esté funcionando en circunstancias perfectamente legales con su dominio .es puediera verse privado de ese dominio.

Por tanto salvo esos tres casos puntuales la normativa dice que no podrían quitarnos nuestro dominio .es, el procedimiento es claro y no deberían producirse decisiones de reasignación fuera de esos casos. La empresa perjudicada en este caso ha recurrido esa decisión, veremos el resultado final.

En Pymes y Autónomos | Domainer: ¿especulador o emprendedor?
Imagen | Néstor Alonso

Podríamos hablar del fracaso que supone que un país se baje los pantalones antes los defraudadores y les haga una oferta para que blanqueen impunemente (en apariencia) su dinero a cambio de una comisión que engorde los ingresos del Estado.

Pero aun suponiendo que alguien crea que el fin justifique los medios, el FRACASO (con mayúsculas) es el resultado obtenido. El Gobierno presupuestó 2.500 millones de euros de ingresos procedentes de la regularización de activos ocultos y 750 millones por la repatriación de dividendos y comunicó estas cifras a la UE, es decir dió por hecho que se iban a ingresar y así figuraban en sus planes de control del déficit. Por tanto no es que haya recaudado 1.200 y 85 millones por estos conceptos, sino que HA DEJADO DE RECAUDAR 1.300 y 665 millones respectivamente. Es decir que hay un AGUJERO DE 1.865 MILLONES ¿éxito? cada uno que piense lo que quiera.

Respecto a los 12.000 millones de euros que se han puesto en circulación, en efecto es una bonita cifra. Lo que no cuela en mi planeta es que eso vaya a servir para reactivar el crédito a pymes y familias. Menos mal que hay otros planetas en los que la gente sí se "pispa" de las cosas.

Saludos

Además el efecto persuasorio de la medida ni siquiera es cierto. Los grandes perjuicios que pueden darse en la demora de los procedimientos derivados de presentar recurso tras recurso es bastante más habitual entre los grandes y poderosos (que pueden pagarse unos abogados que eternicen y dificulten el trabajo de los juzgados) que entre el "pueblo llano". No creo que estas tasas sean precisamente un obstáculo los primeros, pero sin embargo sí para que los segundos puedan acceder a la justicia.