Quien más quien menos siempre ha tenido alguna experiencia inédita con alguna Administración Pública, local, autonómica o estatal. En este caso quiero hacer referencia al enmarañamiento normativo que tenemos en España, donde la legislación estatal se completa y desarrolla a nivel autonómico y la mayoría de las veces, ni siquiera es coincidente entre las diferentes comunidades autónomas.

El despropósito que voy a relatar sucede en la Comunidad de Madrid y os puedo asegurar que para quienes decidan arriesgarse es un negocio bastante lucrativo con una inversión mínima. El negocio en particular es el arrendamiento de las viviendas de VPO, sobre este tema realmente hay mucha leyenda urbana, que si hay que alquilarlas en negro, sin contrato, y por supuesto, siempre a gente de confianza.

Por lo menos en la Comunidad de Madrid no es así y lo único que hay que “respetar” son las rentas máximas, hacer mención en las cláusulas de las prohibiciones y limitaciones de las VPO y visar el contrato ante el servicio jurídico de la Consejería de Vivienda.

Leyendo lo anterior, os preguntaréis y dónde está el negocio, la respuesta es sencilla, el arrendador si quiere lleva el contrato a visar al servicio jurídico, por normativa (R.D. 11/2005) son 10 días, si al cabo de los seis meses no tiene respuesta de la Administración, el silencio administrativo se interpreta como contrato visado, es decir, autorizado y legalizado a todos los efectos.

En el caso de no visar el contrato, el arrendatario ha de esperar seis meses para interponer la correspondiente denuncia ante la Unidad de Sanciones de Régimen Jurídico. En Madrid, por la buena administración de los órganos gestores en favor de los intereses generales de la ciudadanía, los expedientes que se están iniciando son los de 2008 (confirmado por la propia unidad se sanciones a este servidor), porque se inician por riguroso orden de entrada en Registro.

Por tanto, cuando la Administración inicia el expediente, la sanción por la falta administrativa grave que supone la falta de visado, y que está gravada con seis mil euros, ha prescrito, porque lo que suspende el procedimiento sancionador es la apertura del expediente por parte de la Administración no la interposición de denuncia por parte del afectado, el arrendatario.

De este modo, el arrendador puede poner el clausulado que más le convenga, la renta que desee cobrar y no visando el contrato todo está solucionado, por lo menos en la Comunidad de Madrid, donde gracias a la Administración Autonómica se está fomentando un próspero negocio que favorece a aquellos beneficiarios de VPO que deseen arrendar fraudulentamente su vivienda. Una normativa imposible y la diligencia de sus funcionarios en el ejercicio del buen gobierno y la administración responsable en favor de los intereses generales, hacen el resto.

Esto es sólo un ejemplo de lo que está pasando en las Administraciones Públicas y el colapso organizativo y de procedimiento que están soportando y que en muchos casos está facilitando el fraude, sobre todo administrativo. Cuando vayas a comenzar algún trámite adminsitrativo y tengas dudas de la licitud de lo que estás haciendo, entérate antes de cuando prescribe la falta, porque a tenor de los hechos, que prescriban no es tan difícil.

En Pymes y Autónomos | Hacienda condenada a devolver 2,9 millones de euros, Indemnización por pérdida de ventas a raiz de obra en la vía pública

Es el cartel que parece ser va a colgar el Ministerio de la Vivienda, aunque quizá debería de encargarse el de Asuntos Sociales vamos, porque el planteamiento es lo más estrambótico que he leido en los últimos tiempos.

En primer lugar, parece ser que para hacer VPO,s en este pais, necesitamos recurrir a las bolsas de suelo privado, dado que no existe suelo pendiente de desarrollar, y urbanizar o incluso suelos que están muertos y a día de hoy no sirven ni para plantar patatas.

No, vamos a ser buenos, y para que ninguna otra inmobiliaria de las grandes hinque el pico, y sus acreedores financieros se coman los solares con patatas, llegamos nosotros y los compramos. Ahora bien, el precio máximo lo fijaremos por zonas y lo limitaremos al precio del suelo VPO (porque como nos vayamos al valor del mercado o coste de adquisición, el negocio que va a hacer el gobierno va tomar un color dantesco)

¿Alguien me puede decir que inmobiliaria o particular no tiene un suelo que ha pagado por el un verdadero riñón? ¿Todavia no se han dado cuenta que gran parte de la culpa del incremento del precio de la vivienda ha venido por la especulación brutal que se ha realizado con el suelo?

¿Que empresa se desprenderá del suelo, por asfixiada que se encuentre vendiendo por muchísimo menos que pagó por su compra? O peor aún, ¿como se podrá vender ese suelo si tiene una carga hipotecaria superior al valor que se ofrece?

Evidentemente, estos 300 millones de euros que se anuncian, se van a quedar ahí, porque dudo que acudan muchos propietarios de suelo a presentar ofertas de venta. Si de verdad quieren edificar VPO´s que procedan como hasta ahora, no con parches que probablemente sólo consigan solucionarle la papeleta a cuatro casos puntuales.... o a lo mejor eso es lo que se pretende, porque en este país la política del amiguismo me parece que no se ha olvidado aún.

Y hablando de VPO´s, interesantes reflexiones las que he podido leer en el Blog Salmón entre IC, y los lectores de este blog. Os recomiendo su lectura, no tienen desperdicio. 

Vía | El Pais

Más Información | Comentarios y Reflexiones sobre las VPO´s

que seguro que te da la solución, porque a los promotores de Andalucía se la ha puesto en bandeja. Les ofrece convertir en VPO todas aquellas promociones que tienen en curso o finalizadas y no consiguen colocar en el mercado.

A esto se le llama clase de economía. Si la demanda cae, baja el precio hasta que se ajuste el mercado. ¿Que ventajas tiene esto? Para los promotores, ganar menos o perder poco, aliviar la carga financiera que actualmente soportan, y garantizarse la venta de los inmuebles.

Como contrapartida, imagino que al proceder a la calificación como VPO de dichos inmuebles, los promotores gozarán de las exenciones que ello conlleva, convertirán los hipotecarios de promoción en préstamos de financiación cualificada, y ajustarán los gastos incurridos por las licencias.

Genial para todo el mundo, porque los promotores se quitan el problema del medio, los políticos se apuntan las medallas del VPO y los españolitos de a pie pueden comprar una vivienda a unos precios razonables.

Ahora bien, ¿se podría hacer esto mismo en otros sectores con dificultades? La respuesta es NO. No, porque si el comercio textil por ejemplo cae en picado, la administración no va a articular ningún mecanismo para proteger a la pyme. Si tu negocio vende menos, o simplemente no te puedes permitir reducir el margen no te queda otra alternativa que cerrar.

Si en nuestros comercios hemos habilitado una póliza de crédito para comprar la ropa que esparábamos vender, y resulta que no la vendemos por las circunstancias que sea, tenemos dos opciones: O le pagamos al bano o le pagamos al banco, porque ningún político se va a preocupar de nuestras empresas si ellas no generan votos.

Via | Diario Ideal