De salir adelante, sería una noticia histórica para los autónomos españoles. La Comisión Europea ha decidido elevar el conflicto con España al Tribunal de Justicia de la Unión Europea tras constatar que el Gobierno no ha incorporado a su legislación una directiva comunitaria clave en materia de IVA.

La norma europea contempla la posibilidad de que autónomos y pequeñas empresas con un volumen de negocio inferior a 85.000 euros anuales puedan acogerse a un régimen especial que les permita quedar exentos del impuesto.

La medida forma parte de una reforma fiscal comunitaria diseñada para reducir cargas administrativas y mejorar la competitividad de las pequeñas compañías dentro del mercado único. Sin embargo, el Ejecutivo español comunicó a Bruselas que no tiene intención de aplicar dicha excepción, alegando que la directiva permite a los Estados miembros decidir si adoptan o no esta opción.

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Ante esta postura, el órgano ejecutivo de la Unión Europea considera que España no ha trasladado correctamente la normativa europea a su ordenamiento jurídico, lo que ha motivado el inicio de un procedimiento judicial ante el tribunal con sede en Luxemburgo.

Una directiva pensada para aliviar la carga administrativa

La legislación europea sobre el impuesto del valor añadido ha experimentado varias reformas en los últimos años con el objetivo de simplificar el cumplimiento fiscal para las pequeñas empresas.

En el caso concreto de esta directiva, la Comisión buscaba aliviar la carga burocrática que supone para muchos negocios gestionar el IVA, especialmente en fases iniciales de actividad o cuando el volumen de facturación es reducido.

Actualmente, millones de autónomos en la Unión Europea deben presentar declaraciones periódicas, llevar registros detallados y asumir gastos de gestión contable incluso cuando su actividad económica es limitada.

La directiva pretende reducir esos requisitos administrativos para las empresas más pequeñas, permitiéndoles concentrarse en su crecimiento sin soportar el mismo nivel de obligaciones que grandes compañías.

Además, la medida pretende armonizar el funcionamiento del mercado interior, evitando que las pymes de algunos países disfruten de ventajas fiscales frente a las de otros.

El plazo para aplicar la norma expiró en 2024

Según ha recordado la Comisión Europea, el plazo para que los Estados miembros adaptaran su legislación nacional finalizó en diciembre de 2024.

A partir de esa fecha, los países debían haber notificado a Bruselas las medidas adoptadas para integrar la directiva en sus sistemas fiscales.

Mientras que la gran mayoría de socios comunitarios sí realizaron esa adaptación normativa, España optó por no hacerlo. Este escenario llevó al Ejecutivo comunitario a considerar que los avances del Gobierno español han sido insuficientes, motivo por el cual se ha activado la fase judicial del procedimiento de infracción.

En este tipo de casos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea puede imponer sanciones económicas si considera que un Estado miembro ha incumplido sus obligaciones legales dentro del marco comunitario.

Riesgos de distorsión en la competencia dentro del mercado único

Bruselas ha advertido de que la falta de aplicación de la directiva puede generar desequilibrios entre empresas europeas.

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Si la mayoría de países permiten que sus pymes se beneficien de un régimen simplificado de IVA y España no lo hace, las empresas españolas podrían quedar en desventaja competitiva frente a sus equivalentes en otros mercados.

Además, la Comisión ha señalado que la ausencia de adaptación normativa puede provocar situaciones de doble imposición o incluso de no imposición en determinadas operaciones transfronterizas, lo que complicaría aún más la gestión fiscal dentro del mercado interior europeo.

Este tipo de distorsiones es precisamente uno de los problemas que la Unión Europea intenta evitar mediante la armonización de normas tributarias.

Cambios previstos en sectores como arte, antigüedades y comercio digital

La directiva comunitaria no solo afecta al régimen simplificado para pequeñas empresas. También introduce modificaciones en el tratamiento fiscal de determinados bienes y servicios que tienen características especiales dentro del sistema del IVA.

Entre ellos se incluyen los bienes de segunda mano, las obras de arte, los objetos de colección y las antigüedades, sectores donde se aplican regímenes fiscales específicos para evitar tributaciones excesivas o duplicadas.

Asimismo, la normativa incorpora disposiciones relacionadas con los servicios digitales, incluyendo plataformas de streaming y otros sistemas de distribución virtual.

Estos sectores han experimentado un crecimiento significativo en los últimos años y han obligado a la Unión Europea a adaptar su normativa tributaria para garantizar una fiscalidad coherente en el entorno digital.

Imágenes | El Periódico, Pixabay

Desde que llegó la tarifa plana para los autónomos ha existido cierto conflicto entre la Administración y los emprendedores que tenían una sociedad a la hora de aplicarla. Muchos de ellos animados por las ventajas de la tarifa plana se dieron de alta, pero luego no se reconoció dicho derecho de cotizar por la tarifa plana de 50 euros para los autónomos societarios.

A día de hoy diferentes tribunales han dictado sentencias favorables a los autónomos societarios. Pero la Seguridad Social seguirá realizando una interpretación restrictiva de la ley para no favorecer el derecho a bonificación. Esto es un contrasentido, se pretende favorecer el trabajo autónomos y los emprendedores, pero luego se ponen palos en la rueda para que no puedan beneficiarse todos de este derecho.

El principal escollo es que solo existen sentencias dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo, en primera instancia. La Seguridad Social no recurre las sentencias que favorecen a los autónomos que reclaman, por lo que al no llegar a un organismo superior, como el Tribunal Supremo, lo que haría que de darles la razón, el camino de la reclamación fuera mucho más rápido y corto. Esto obliga a todos los autónomos que quieren reclamar dicho derecho a acudir a los tribunales.

Y la justicia es de todo menos barata. Ahora con la entrada en vigor de la nueva ley de autónomos, la cantidad a reclamar es algo más elevada, pero anteriormente a muchos no les compensaba pleitear por una cantidad tan pequeña. Y de esto se aprovechan muchas veces las Administraciones para retorcer la ley a su favor.

En todo caso siempre hay que solicitar el derecho a bonificación. Si se deniega, presentar un recurso y si a pesar de las sentencias favorables de diferentes tribunales siguen sin darnos la razón llegar a los Tribunales. El problema es que por un ahorro de algo más de 3600 euros muchos no quieren emprender esta vía y prefieren renunciar. Quizás la única forma sea una reclamación conjunta presentada por alguna asociación de autónomos.

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Imagen | qimono

Hay muchos tipos de empresas, pero parece que a partir de ahora aquellas pymes que no realicen de forma real una actividad, no contarán con los mismos beneficios fiscales que otras empresas de reducida dimesión y que si tienen una actividad productiva propia como fuente principal de ingresos.

Esta noticia es toda una llamada al orden para las empresas que sólo cuenten con elementos patrimoniales ente su actividad empresarial, el Estado las ha gravado un 5% extra en el Impuesto de Sociedades hasta el 30%. Muchas de ellas gozaban del régimen especial para pymes de reducida dimensión que sólo grava en un 25% los primeros 120.000 euros de base imponible.

Esta noticia se extrae de una resolución del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC):

Una entidad jurídicamente constituida no es una empresa si sólo había obtenido ingresos derivados de la mera titularidad o tenencia de elementos patrimoniales aislados

Además añade acerca del por qué de gravar el Impuesto de Sociedades como solución:

La finalidad del régimen especial de Hacienda es precisamente estimular fiscalmente la realización de actividades empresariales.

Es decir, queda claro que según esta resolución el Estado gravará en un 5% más a partir de este momento todas aquellas empresas cuya única finalidad sea por ejemplo tener patrimonio inmobiliario, activos financieros o participaciones en otras entidades.

Un caso estrella que se ve afectado son muchas empresas cuyo único objetivo es el de facturar los consejos de administración de dicho directivo. Otro caso las empresas constituídas por ciertas personas sólo para gestionar sus bienes inmuebles. Pues a partir de ahora y gracias a esta jurisprudencia fiscal, por llamarlo de alguna manera, se les acabó el chollo.

A partir de ahora esta resolución entrará en las reformas fiscales con validez para el Impuesto de Sociedades a declarar el año que viene, es decir sobre el ejercicio fiscal que tenemos actualmente por lo que demuestra que realmente la jurisprudencia en sentencias tan definitorias como estas se aplica de forma muy clara a la normativa.

Vía | cincodías Imagen | osterwalder

Aviso para navegantes, y nunca mejor dicho: las autoescuelas, uno de los negocios PYME por excelencia, también pueden funcionar como un cártel. Así lo ha establecido el Tribunal Galego de Defensa da Competencia (TGDC) que ha impuesto una multa de casi 600.000 euros a la Asociación Provincial de Autoescolas de Pontevedra y a cincuenta autoescuelas del sur de la provincia por pactar precios y socavar la libre competencia.

El reparto de territorios o pactar los precios son acuerdos empresariales ilegales que reciben el nombre de cártel y que, desde siempre, nos había sonado a cosa de grandes multinacionales como las aerolíneas o las petroleras pero resulta que también las PYMES tienen que estar ojo avizor con sus prácticas empresariales.

Concretamente, estas autoescuelas multadas tendrán ahora que afrontar ahora el pago de una sanción millonaria y ser más competitivas en el futuro mediante el abaratamiento de precios, la mejora de la calidad de sus servicios, etc, etc... pero lo más llamativo de esta historia el que el cártel fue promovido por la propia Asociación de autoescuelas con prácticas que se podrían calificar como no demasiado ortodoxas.

Resulta que, según la investigación realizada, se considera probado que fue la propia asociación quien "construyó" el cártel, puesto que en virtud de cierto estudio de mercado realizó "una recomendación colectiva de precios" a sus asociados, con la entrega incluso de un cuadro de tarifas y "visitas" a los propietarios para insistir en la necesidad de respetar las "recomendaciones" de la Asociación.

A la asociación se le impuso una sanción de 75.000 € y el resto se lo reparten 50 academias que siguieron la recomendación y concertaron los precios durante los años 2003, 2004 y 2005 sin que ello (se recoge en la resolución) se pueda explicar por la similitud de costes de las mismas o por las características del mercado.

Seguro que muchos empresarios siguieron las recomendaciones por inercia o por el consabido “ya que lo hacen todos...” para encontrarse al final con una multa importante. La lectura para navegantes es clara: nadar sí pero guardando la ropa. Y es que no siempre hay que ir donde va la gente, Vicente.

Fuente | Faro de Vigo Imagen | País de locos