Cada vez la presión fiscal es mayor. Y también la diferencia al respecto entre trabajadores por cuenta propia y pequeñas y medianas empresas. De hecho, acaba de alcanzar niveles de récord, con el lógico impacto que esto conlleva en la estructura productiva.

Los últimos datos publicados por la Agencia Tributaria reflejan que los autónomos soportan un tipo medio del 21,7% sobre sus beneficios, mientras que las pymes tributan en torno al 17,3% en el Impuesto de Sociedades.

La distancia entre ambos regímenes se ha ampliado de forma sostenida, hasta situarse en torno a un 25% de diferencia relativa.

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Hacienda revisará las declaraciones de todos los autónomos este año, incluso si ya han recibido la devolución

Esta situación está empujando a miles de profesionales a replantear su forma jurídica, priorizando la constitución de sociedades para reducir su factura fiscal.

Una evolución desigual desde 2017

El análisis histórico permite entender mejor el fenómeno. En 2017, los autónomos soportaban un tipo medio cercano al 17,4%, muy similar al de las pymes, que se situaban en torno al 16,8%. La distancia era prácticamente marginal.

Sin embargo, en apenas siete años el escenario ha cambiado de forma significativa. Mientras que la tributación media de las empresas apenas ha aumentado en torno a tres puntos porcentuales relativos, la de los trabajadores por cuenta propia se ha incrementado de manera mucho más intensa.

En términos prácticos, esto significa que el esfuerzo fiscal de los autónomos ha crecido de forma notable, sin que las sociedades hayan experimentado un ajuste equivalente.

El papel clave del IRPF frente al Impuesto de Sociedades

El origen de esta diferencia reside en la propia estructura de los impuestos. El IRPF es un tributo progresivo, con tipos que oscilan entre el 19% y el 47%, lo que implica que a medida que aumentan los ingresos también lo hace el porcentaje efectivo que se paga.

Por el contrario, el Impuesto de Sociedades parte de un tipo general del 25%, pero incorpora múltiples mecanismos que permiten reducir la carga final.

Deducciones, bonificaciones, amortizaciones o planificación fiscal son herramientas habituales que rebajan el tipo efectivo que terminan soportando las empresas.

Esta asimetría provoca que, a igualdad de beneficios, la carga fiscal sea mayor en el caso de los autónomos.

Inflación y fiscalidad y cómo distorsionan los datos

Uno de los elementos que explica el aumento de la presión fiscal sobre los autónomos es la inflación. En los últimos años, el incremento generalizado de precios ha obligado a estos profesionales a elevar tarifas para mantener márgenes.

Sin embargo, al no haberse ajustado los tramos estatales del IRPF, este aumento de ingresos nominales ha provocado un salto automático a tramos superiores. Es decir, parte del incremento de ingresos no responde a una mejora real del poder adquisitivo, sino a la necesidad de cubrir mayores gastos.

Los datos reflejan que los ingresos brutos de los negocios de autónomos han crecido en torno a un 73% desde 2017, mientras que en las pymes el aumento ha sido similar, cercano al 75%. A pesar de esta evolución paralela, la carga fiscal no ha seguido el mismo patrón.

Un efecto directo: 57.000 autónomos cambian de modelo

El impacto de esta brecha ya se traduce en decisiones empresariales concretas. En 2025, alrededor de 57.000 trabajadores por cuenta propia optaron por constituirse como sociedades, buscando una fiscalidad más favorable.

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Así ha subido Hacienda el IRPF sin que nos hayamos dado cuenta, más de 100 euros por contribuyente

Y es que, las sociedades permiten deducir un mayor número de gastos vinculados a la actividad, como suministros, vehículos, estructuras o retribuciones.

Además, ofrecen herramientas adicionales como la posibilidad de diferir dividendos, ajustar la retribución entre salario y beneficios o aplicar incentivos fiscales específicos. Todo ello facilita una mayor capacidad de planificación.

La presión de los costes y la falta de ajuste fiscal

El contexto económico ha intensificado el problema. El encarecimiento de la energía, los alquileres y los suministros básicos ha elevado los gastos estructurales de los negocios.

Para compensar este aumento, muchos autónomos han tenido que subir precios. Sin embargo, este ajuste ha tenido un efecto colateral: un incremento automático en la tributación debido al sistema progresivo del IRPF.

En la práctica, una parte relevante de ese esfuerzo por mantener la viabilidad del negocio termina trasladándose a la Administración en forma de mayor recaudación.

Diferencias territoriales en la respuesta fiscal

Algunas comunidades autónomas han intentado mitigar este efecto mediante la deflactación de su tramo autonómico del IRPF. Regiones como Madrid, Andalucía, País Vasco, Navarra, Aragón o Canarias han aplicado ajustes para adaptar el impuesto al contexto inflacionario.

No obstante, estas medidas solo afectan a una parte del tributo, ya que el tramo estatal representa aproximadamente el 50% del IRPF y sigue sin actualizarse en línea con el aumento del coste de vida.

Esto genera una situación desigual entre territorios y limita el alcance real de las medidas adoptadas a nivel autonómico.

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Sin paliativos. El sistema tributario español sufre un creciente desequilibrio entre la tributación que afrontan los autónomos y la que aplican las sociedades mercantiles. Al menos esto es lo que denuncian desde la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA)

Según dicha organización, más de 57.000 autónomos optaron por constituirse como empresas durante 2025 debido a la diferencia existente entre el IRPF y el Impuesto de Sociedades.

UPTA considera que esta situación está provocando un desplazamiento progresivo de pequeños negocios desde el régimen de personas físicas hacia estructuras societarias. Además, sostiene que el marco fiscal actual genera un incentivo claro para adoptar la forma jurídica de sociedad, incluso en actividades de pequeño tamaño que tradicionalmente operaban como autónomos.

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Los autónomos podrán deducirse el IVA de sus compras en el mismo trimestre en que se realicen, incluso si la factura todavía no ha sido emitida o entregada

“La brecha entre el IRPF y el Impuesto sobre Sociedades está expulsando a miles de pequeños negocios del régimen tributario de las personas físicas”, ha advertido la organización. Por este motivo, UPTA ha reclamado al Ministerio de Hacienda que impulse medidas destinadas a reequilibrar la presión fiscal entre ambos modelos.

Diferencias en los tipos impositivos y en las deducciones disponibles

Uno de los factores que explican este fenómeno es la diferencia en los tipos efectivos de tributación. En España, el tipo nominal del Impuesto sobre Sociedades se sitúa en el 25%. Sin embargo, diferentes deducciones, incentivos fiscales y mecanismos de planificación permiten que el tipo efectivo que pagan muchas empresas se sitúe en torno al 20% o incluso por debajo.

En determinados grupos empresariales de gran tamaño, el tipo real puede llegar a situarse entre el 7% y el 15%, según estimaciones de organizaciones profesionales y estudios fiscales. En contraste, los autónomos tributan en el IRPF a través de una escala progresiva que puede alcanzar el 37% en determinados niveles de ingresos.

Desde UPTA señalan que el perfil medio del trabajador autónomo en España declara rendimientos anuales de actividad económica que rara vez superan los 60.000 euros. Aun así, los tipos aplicables en el impuesto sobre la renta pueden resultar significativamente más elevados que los que afrontan muchas sociedades.

La organización subraya que no se trata únicamente de una diferencia en los tipos nominales, sino también en el tratamiento de los gastos deducibles. Las sociedades cuentan con un mayor margen para deducir gastos estructurales vinculados a la actividad empresarial, lo que reduce su base imponible final.

Planificación fiscal y ventajas estructurales para las sociedades

Las empresas también disponen de instrumentos de planificación tributaria que no están disponibles para los trabajadores autónomos. Entre ellos se encuentran mecanismos como las reservas de capitalización, las reservas de nivelación o la posibilidad de decidir el momento en que se distribuyen los dividendos.

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El Congreso deniega por segunda vez este año la prórroga del límite de facturación anual de los autónomos para que puedan mantenerse acogidos al régimen de módulos en 2026

UPTA destaca que estas herramientas permiten modular la tributación de los beneficios empresariales, optimizando el momento y la forma en que se produce la carga fiscal. La retribución del socio a través de salario o dividendos también ofrece flexibilidad en la gestión fiscal de la empresa.

La organización señala que este conjunto de factores provoca que muchos profesionales que inicialmente operaban como autónomos terminen optando por constituir sociedades mercantiles para mejorar su situación financiera.

Además, el marco actual podría generar efectos indirectos sobre la economía. Según UPTA, el desequilibrio fiscal no solo penaliza a los pequeños negocios, sino que también puede favorecer prácticas vinculadas a la economía sumergida o incentivar estructuras societarias creadas exclusivamente con fines fiscales.

“La falta de equilibrio fiscal termina erosionando la competitividad del pequeño trabajador autónomo frente a empresas con mayor capacidad de planificación tributaria”, advierte la organización.

Y seguimos con un aumento de gastos y reducción de márgenes…

Este debate se produce además en un momento en el que muchos trabajadores por cuenta propia afrontan un incremento de los gastos operativos. El aumento de los precios de suministros, energía o alquileres ha reducido los márgenes de numerosos negocios.

Desde UPTA se denuncia además lo que consideran una falta de sensibilidad institucional ante los problemas que afronta este colectivo. La organización habla de apatía y escasa comprensión por parte del Ministerio de Hacienda respecto a las dificultades que afectan a miles de autónomos en todo el país.

El presidente de UPTA, Eduardo Abad, ha sido especialmente crítico con la situación actual del sistema tributario. “La presión fiscal que soportan los autónomos es insostenible frente a las grandes empresas. Muchos se ven obligados a convertirse en sociedades solo para sobrevivir. Si no se adoptan reformas reales, desde UPTA no dudaremos en tomar medidas drásticas para forzar un cambio. Exigimos un IRPF justo para los autónomos y que las grandes compañías contribuyan de manera proporcional”, ha afirmado.

La organización insiste en que la reforma del sistema fiscal debería abordar este desequilibrio para evitar que el régimen de autónomos pierda atractivo y siga reduciendo su base de contribuyentes.

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El año pasado la Agencia Tributaria realizó 6.000 comprobaciones el año pasado a aquellos autónomos que utilizan sociedades para evitar pagar impuestos o declarar menos. Esto supuso un incremento del 4% pero en 2025 la cifra podría aumentar.

Y es que con la llegada del próximo año todos los negocios estarán obligados a informar a Hacienda sobre su titularidad real. Es decir, quedará más claro quién es el verdadero propietario.

El aumento de estas inspecciones indica el trabajo y control que realiza Hacienda para evitar la economía sumergida, en este caso hablamos del abuso de las formas societarias para eludir pagar impuestos o directamente, pagar menos.

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Si no das esta información a Hacienda, prepárate: te espera una multa de 600.000 euros

Crece el número de comprobaciones por ocultar la actividad y abusar de las formas societarias

Si echamos un vistazo al informe de control tributario de la AEAT publicado recientemente, el número de actuaciones por parte de Hacienda en 2023 ascendió a 5.182, es decir creció un 3,9% si lo comparamos con el año anterior, así lo recoge Autónomos y Emprendedores.

¿Qué comprueba la Agencia Tributaria? Las entradas y registros del control de las ventas de la actividad profesional o económica cuando se utilizan sociedades y la relación entre los socios, sus trabajadores, administradores o cualquier persona relacionada.

Normalmente las operaciones vinculadas entre el profesional, que además suele ser el propietario de la sociedad, por poner ejemplos, hablaríamos de médicos, arquitectos o cualquier otro trabajador por cuenta propia que utilice una sociedad.

Hacienda considera que se le debe atribuir a estas personas un peso mayor por su actividad económica en el IRPF, y no como si actuara como una Sociedad al ser la única persona que realiza trabajos, en muchos de los casos.

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Si tu negocio tiene deudas, Hacienda puede hacer responsables a todos los socios o sólo a algunos

En 2025 todos los negocios deberán informar sobres sus titulares a Hacienda

Debido al incremento de ocultaciones a la Agencia Tributaria por parte de algunos autónomos que tributan como Sociedades de manera abusiva, aumentará el control sobre éstos y se traducirá en 2025 con la obligación de los negocios de informar sobre su titularidad real frente al Fisco.

Deberán aportar datos de:

• La persona o personas físicas por cuya cuenta se pretenda establecer una relación de negocios o intervenir en operaciones.
• La persona o personas físicas que posea o controlen directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25% del capital o del derecho de voto de la sociedad.

Con esta información aumentarían las facilidades a Inspección para controlar la actividad de las sociedades y de las personas vinculadas a ellas, y así aumentaría el control cuando los autónomos utilicen los negocios para aminorar los impuestos que deben pagar individualmente de forma fraudulenta.

La firma digital de escrituras, obtener copias simples o la constitución de sociedades, ya está disponible mediante el notario digital.

Esto es así desde el pasado 9 de noviembre, día que entrara en vigor la Ley 11/2023 de digitalización de actuaciones notariales y registrales, que viene a transponer una serie de directivas europeas que obligan a poder realizar una importante número de trámites de notarios de forma online.

Entre otras cosas, los ciudadanos y las empresas podrán acceder obtener y disponer de copias electrónicas de sus documentos notariales, como escrituras o poderes, o constituir sociedades de capital íntegramente online, incluyendo el otorgamiento de la escritura de constitución, cosa que hasta ahora se podía hacer todo excepto el notario.

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Crear una sociedad limitada de forma íntegramente online y por videollamada será posible en 2024

El portal notarial del ciudadano: tu notaría digital

Todo esto ha tomado forma en el Portal notarial del ciudadano, donde puedes localizar y pedir cita telemática con tu notario habitual, y solicitarle el servicio a través de esta de la Sede Electrónica Notarial que alberga el portal, de forma que podrás hacer el trámite por videoconferencia y almacenar todos los documentos digitales con los que vayas trabajando en una carpeta ciudadana.

La opción más sencilla para comenzar a usar los servicios es acceder con certificado digital y rellenar el formulario con tus datos personales. 

Una vez enviado el formulario, recibirás un código de verificación por SMS que deberás introducir en el portal para validar tu número de teléfono. Igualmente, recibirás un mensaje de correo electrónico para verificar tu dirección de correo.

¿Qué cosas se pueden hacer en la notaría digital?

En el portal notarial del ciudadano, los autónomos, las pequeñas empresas o los ciudadanos a título particular podrán hacer multitud de trámites de forma online. Los trámites que se podrán hacer en la sede electrónica notarial son los siguientes:

• Constitución de sociedades
• Nombramiento y ceses de cargos en sociedades
• Apoderamientos mercantiles
• Modificaciones de estatutos y cambios de domicilio de sociedades
• Ampliaciones y reducciones de capital
• Liquidaciones de sociedades
• Las actas de junta general y las de referencia en sentido estricto.
• Las pólizas mercantiles
• Los poderes de representación procesal para la actuación ante las administraciones públicas, así como los electorales y los poderes para actos concretos
• La revocación de poderes, excepto los preventivos.
• Las cartas de pago y las cancelaciones de garantías.
• Los requerimientos iniciales de las actas y aquellas diligencias que fueren susceptibles de practicarse por videoconferencia.
• Los testimonios de legitimación de firmas.
• Las declaraciones de obra nueva sin extinción de condominio, ni adjudicación de propiedad, y la división de la propiedad horizontal.
• Los testamentos, pero solo en caso de epidemia declarada mientras dure la obligación de confinamiento.
• La conciliación en los casos que el notario lo considere conveniente.

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Autónomo, se acabó ir al notario para realizar estos trámites

¿Cómo se hacen los trámites ante el notario digital?

Para hacer cualquiera de estos trámites, solicitarás cita online a través del Portal Notarial del Ciudadano, posteriormente te llegará una correo electrónico con los detalles de la cita, la documentación requerida y los pasos a seguir para conectarte a la videoconferencia. 

Después, en la cita, ya conectados, se procede a realizar las firmas con certificado digital una vez el notario te identifique y verifique el documento que se va a firmar.

Nueva era para emprendedores y empresarios

Aparte de los beneficios para el ciudadano de a pie, tanto para emprendedores como empresarios, todo lo que sea la mejora de los trámites, reducción de la burocracia y evitar desplazamientos innecesarios siempre será bienvenido.

Como vemos los empresarios podrán resolver una gran variedad de gestiones societarias y mercantiles, y los emprendedores podrán directamente constituir sus empresas 100% online, siempre que el desembolso sea dinerario.

Como ciudadanos, cualquiera de nosotros también puede informarse de los documentos notariales que ha realizado durante los últimos 17 años, y de qué notario los custodia, de esta formas podrás solicitar una copia simple electrónica de los mismos y guardarlos en el portal, en un espacio privado y seguro.

La constitución de sociedades va a dar un cambio importante a partir del año que viene, ya que se van a introducir modificaciones en la normativa que regula a los notarios.

Este cambio va a permitir que, a partir de 2024, entre otras cosas, se pueda tramitar la constitución de una sociedad limitada de forma online y sin desplazamientos al notario.

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Autónomo, se acabó ir al notario para realizar estos trámites

¿Cómo es el método “online” para constituir una SL que funciona hasta ahora?

En los últimos años se han hecho avances importantes, como pueda ser la implementación del DUE (Documento Único Electrónico) para la constitución telemática de empresas, el desarrollo de una red PAE (Punto de Atención al Emprendedor) para dicha tramitación, la posibilidad de tener notarios concertados y a precios preestablecidos, tener unos estatutos sociales estandarizados o la constitución de sociedades con 1 euro de capital social.

Con esto, la forma “pseudo online” más habitual hasta ahora, era acudir a un Punto de Atención al emprendedor, que podía ser público o privado, notarios o gestorías, y que te rellenaran el DUE telemáticamente, aunque siempre implicaba una visita posterior al notario con el que se reservaba cita al rellenar el DUE.

Con todo esto lo que se conseguía, en teoría, la constitución de sociedades en 48 horas. De abrir una cuenta bancaria a nombre de la sociedad hablamos otro día.

También, en los últimos tiempos, esto había evolucionado un poco, ya que el emprendedor podía acceder a rellenar el DUE directamente a través de un PAE virtual, pero tampoco se libraba de tener que ir físicamente al notario.

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Me va bien como autónomo, pero no sé cuándo me conviene crear una Sociedad Limitada

¿Qué va a cambiar para que no haya que comparecer ante notario para crear una SL?

Pues que ha salido la Ley 11/2023, de 8 de mayo, que transpone varias directivas europeas y que supone un cambio radical al funcionamiento digital y online de los notarios.

Esta ley, entre otras muchas cosas que podrán hacer ante los notarios establece, introduciendo un nuevo artículo 17 ter. en la Ley del Notariado, que se permite a través de videoconferencia “La constitución de sociedades, nombramientos y apoderamientos mercantiles de toda clase previstos en la legislación mercantil, así como el otorgamiento de cualquier otro acto societario, siempre que en caso de contener aportaciones de los socios al capital social sean dinerarias”.

Siguiendo con los cambios, siempre que se usen estatutos estandarizados, la inscripción en el Registro mercantil se llevará a cabo en seis horas hábiles contadas desde el día siguiente al de la fecha del asiento de presentación.

Igualmente, la creación de una sede electrónica notarial permitirá al notario, además de todo lo anterior, expedir copias autorizadas con su firma electrónica cualificada, con lo que se facilitará enormemente la obtención de copias de documentos notariales.

Para los pagos y desembolsos de capital, como no puede ser de otra forma, se habilitará  instrumento de pago electrónico que permita identificar al pagador.

Este cambio será efectivo a partir del año 2024, ya que si bien las modificaciones de la normativa entrarán en vigor en noviembre de 2023, requerirá una implementación de los distintos sistemas necesarios por parte del Consejo General del Notariado, los propios notarios y el CIRCE.

El escenario económico actual es cualquier cosa menos previsible. No solo se trata de los efectos de una inflación elevada, sino de las consecuencias energéticas de una guerra en Europa o una séptima ola de contagios que se está pasando por alto.

Y todo ello supone más incertidumbre para las inversiones. Por eso la ralentización de la economía es un hecho, por segundo mes consecutivo se frena la creación de empresas según los datos aportados por el INE.

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Todo lo que puedes (y debes) pedir a un buen asesor además de que te haga la declaración del IRPF

En mayo se crean 9.132 sociedades mercantiles, un 4,6% menos que en el mismo mes de 2021. Es el segundo mes consecutivo donde en la comparación con el año anterior vemos un descenso ya que en el mes de abril ocurrió lo mismo.

Un escenario económico incierto que no facilita las inversiones

A esto se suma que aumentó ligeramente la disolución de empresas, con un total de 1.728, un 0,3% más que en el mismo mes de 2021. De éstas, el 76,3% lo hicieron voluntariamente, el 8,4% por fusión y el 15,3% restante por otras causas.

Si queremos buscar un buen dato lo tenemos en el capital suscrito para la constitución de empresas que supera los 376 millones de euros, con un aumento anual del 12,9%. No aumenta de igual manera las ampliaciones de capital, que descienden en la tasa interanual.

Y todo esto en un escenario donde la inversión de los fondos europeos tendría que haber generado el ecosistema necesario para una recuperación económica sólida. Lo cierto es que todo esto va a suponer un otoño muy complicado para el mundo de la empresa.

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Las pymes se descuelgan de la recuperación y están en situación crítica

Un último aspecto a tener en cuenta es el fin de la moratoria concursal, del que empezaremos a ver sus efectos con las estadísticas de julio. Aquí vamos a ver el daño que ha hecho esta crisis al tejido empresarial y cuántas no han podido resistir.

Uno de los debates más recurrentes es si es necesario subir los impuestos en España para financiar el estado de bienestar. Son muchos los economistas y tertulianos que aseguran que nuestro país se sitúa por debajo del resto de la UE en presión fiscal. Sin embargo, la realidad es bien diferente a la que nos han querido inculcar en los últimos años.

Según el Índice de Competitividad Fiscal 2019, presentado por Tax Foundation, España presenta un nivel de presión fiscal normativa del 108,1, por encima de países como Austria, Finlandia, Suecia, Alemania o Países Bajos. En la comparativa, tan solo nos supera Dinamarca, Reino Unido, Bélgica, Japón, Grecia, Portugal, Italia, Polonia y Francia.

Pero, ¿cómo analiza el estudio los datos para realizar tales comparaciones? El informe considera insuficiente utilizar un indicador como la presión fiscal, ya que se calcula en función del PIB nominal, sin tener en cuenta otras variables como la renta de los ciudadanos. Por ello, el estudio incorpora el concepto de presión fiscal normativa, entendida como la carga del gravamen que el sistema tributario introduce en las economías al margen de su recaudación. Algo así como el esfuerzo fiscal soportado por los ciudadanos en función de sus rentas.

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¡Es el esfuerzo fiscal, estúpido!

Una de las fórmulas para medir la presión fiscal normativa es el índice de competitividad fiscal, que analiza si el sistema tributario cumple con los dos principios centrales que deben guiar el diseño de una buena política tributaria: neutralidad y competitividad. Y, a tenor de los resultados, el modelo español no es un buen sistema tributario.

La presión fiscal sobre los beneficios empresariales

Pero si hay un colectivo realmente castigado por la presión fiscal, ese no es otro que el de las empresas y los autónomos. Los datos que arroja el informe vienen a legitimar una de las principales reivindicaciones de los trabajadores por cuenta propia: que se reduzca su carga impositiva.

De hecho, en el ámbito empresarial, la presión fiscal que soportan las empresas españolas (10,5%) es superior a la media de la eurozona (9,3%). La presión fiscal de este tributo es, por tanto, un 13% superior al promedio europea.

El IRPF y los autónomos

Atendiendo al IRPF, la realidad no es mucho mejor. Suele ser un impuesto progresivo, es decir, se articula en torno a una serie de tramos, de modo que quien más ingresa, más paga. En los tramos altos, los tipos marginales suelen ser más elevados, sobre todo teniendo en cuenta el límite a partir del cual se aplica el tipo marginal máximo.

En España, el umbral máximo de referencia ronda el 45% y se aplica a rentas superiores a los 60.000 €, y puede llegar hasta el 48% en comunidades autónomas como Cataluña. En comparación, Alemania y Francia aplican el tipo marginal máximo del 48 y el 50%, respectivamente, a las rentas superiores a los 250.000 y 150.000 €, respectivamente. El caso más acusado es el de México, donde el tramo superior se aplica a rentas 28 veces superiores al ingreso medio.

Diciembre es el mes de la Navidad, de Papa Noel, de nochevieja, de los Santos Inocentes y, como no, el mes en que acaba el año natural y también el año fiscal. Entre cena y cena toca hacer balance de este año y pensar en todas nuestras obligaciones con la Agencia Tributaria, que no son pocas, además de aquellas que tendremos que atender con el nuevo año.

Por eso, vamos a hacer un pequeño resumen de todos los modelos y obligaciones tributarias que tenemos que presentar como pymes y autónomos de aquí al 31 de diciembre.

Impuesto de Sociedades

Durante el mes de diciembre, deberemos presentar el modelo 202, de pagos a cuenta del impuesto de sociedades, con el tercer pago anticipado del impuesto. En caso de domiciliar el pago, el plazo de presentación telemática de las autoliquidaciones de este modelo va desde el día 1 hasta el 15 de diciembre.

IRPF

Diciembre marca el fin del ejercicio fiscal, de modo que es la última oportunidad para realizar las acciones necesarias para poder incluir las deducciones previstas en la declaración de la renta con el fin de reducir la factura fiscal. En este sentido, siempre podemos aportar una cantidad mayor a nuestro plan de pensiones, vender acciones o participaciones de nuestro fondo de inversión para compensar pérdidas o realizar donaciones en favor de una entidad sin ánimo de lucro, entre otras muchas cosas.

En Pymes y Autonomos

Cinco consejos para reducir tu factura fiscal de cara al año que viene

Además, el 31 de diciembre es el último día para cambiar nuestra forma de tributación a través del modelo 036, el Censo de empresarios, profesionales y retenedores o el 037, el modelo simplificado. Recordemos que el Gobierno ha dado un año más de gracia a los autónomos que tributan por módulos, pero se prevé que sea el último que podamos acogernos a este sistema.

IVA

Aunque en diciembre no hay que presentar ningún modelo relacionado con el IVA, siempre es recomendable revisar nuestras cuentas para ver qué compras previstas podemos adelantar para deducirnos ese IVA soportado antes del último trimestre y de la declaración anual. Antes del día 30 de enero tendremos que presentar dos modelos: el modelo 303, de autoliquidación trimestral del IVA, y el modelo 390, la declaración y el resumen anual del IVA.

En España, la libertad para amortizar fiscalmente elementos de inmovilizado está restringida a determinados supuestos, muchos de los cuales son inalcanzables para una pequeña empresa. Hacienda utiliza una serie de tablas de amortización con unos coeficientes que todas las empresas deben utilizar al final de cada ejercicio fiscal.

La última reforma tributaria modificó la Ley del Impuesto sobre Sociedades, que simplificó el sistema de tablas de amortización, reduciendo la clasificación desde los 600 elementos amortización vigentes en aquel momento hasta los 30 actuales, vigente desde 2015. Además, los autónomos también pueden amortizar sus elementos de inmovilizado según tributen por el método de estimación directa u objetiva.

A continuación, pasamos a detallar los coeficientes por los que deberás guiarte en función de tu condición fiscal como autónomo o pyme:

Estimación directa simplificada

Estimación directa por módulos

Tabla de amortización para sociedades y estimación directa normal

En Pymes y Autónomos | Diferencias entre amortización contable y fiscal

Imagen | FirmBee

Los últimos acontecimientos acaecidos en Cataluña están provocando que muchas empresas estén cambiando su domicilio fiscal más allá de los límites de esta (por ahora) Comunidad Autónoma española. Aunque hasta ahora habían sido empresas con escasa relevancia dentro de la estructura empresarial española, el último movimiento del Banco Sabadell ha metido presión a otras entidades financieras y empresas grandes, que están ya debatiendo este cambio de sede para que la inseguridad jurídica que se está viviendo en Cataluña no afecta su actividad diaria y la relación con sus clientes.

El propio Gobierno, consciente de que estos movimientos societarios podrían servir para meter más presión aún al proceso soberanista, está en pleno proceso de modificación de un decreto que facilitará el cambio de domicilio social de las empresas. Pero, ¿sirve de algo cambiar el domicilio social entre tanta incertidumbre política?

Pues lo cierto es que la mayoría de ellos son movimientos de escasa relevancia. Entre otros motivos, porque una cosa es cambiar el domicilio fiscal (que al fin y al cabo tan solo es un movimiento administrativo y muy rápido) y otra bien diferente es deslocalizar todo el equipamiento físico, las cadenas de producción o las plantillas, que ni se va a realizar a corto plazo ni se espera que se realice en el futuro, pues mover todos los medios de producción es mucho más complejo.

De hecho, el cambio de domicilio fiscal ni siquiera tiene efectos fiscales relevantes. Y es que, la Ley General Tributaria, en su artículo 48, dice lo siguiente:

El domicilio fiscal es el lugar de localización del obligado tributario en sus relaciones con la Administración tributaria, siempre que en él esté efectivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus negocios. En otro caso, se atenderá al lugar en el que se lleve a cabo dicha gestión o dirección y cuando no pueda determinarse el lugar del domicilio fiscal de acuerdo con los criterios anteriores prevalecerá aquel donde radique el mayor valor del inmovilizado.

Es decir, en la actualidad, con Cataluña formando parte de España, es irrelevante que una empresa o entidad bancaria tenga radicada su sede social en Cataluña o en Alicante, como es el caso actual del Banco Sabadell. La tributación sobre los beneficios va a una caja única que posteriormente se distribuye entre todas las administraciones. Es más, la propia empresa podría decidir si establecer su domicilio social en una localidad y el fiscal en otra e, incluso, recibir la correspondencia en un tercer domicilio.

Una hipotética independencia de Cataluña posiblemente ni siquiera provocaría un cambio en el país en el que tributen las empresas, pues la mayor parte del negocio de las mismas seguiría estando en el mismo país. Además, hay que tener en cuenta que otros impuestos con mayor potencial recaudatorio, como el IRPF o el IVA, seguiría tributando en Cataluña.

Entonces, ¿por qué lo hacen las empresas?

Evidentemente, el hecho de que no exista ningún impacto a nivel fiscal del cambio de sede puede inducirnos a pensar que estos movimientos pueden ser irrelevantes. En la gran mayoría de casos, son cambios con un impacto más simbólico que real para evitar que el proceso soberanista siga adelante.

El caso de los bancos es algo más complejo. La posible independencia de Cataluña haría que, mientras la Unión Europea no la aceptase como miembro de pleno derecho y, por tanto, no permitiese la adopción del euro como moneda única, los bancos no puedan acceder a las operaciones del Banco Central Europeo, algo que, con los tipos de interés tan bajos, es vital para garantizar su supervivencia. Además, todavía no se sabe cómo se articularía un Fondo de Garantía de Depósitos equivalente al actual de España y ni siquiera si habría dinero suficiente como para garantizar los depósitos, lo cual es fundamental para evitar pánicos bancarios.

En definitiva, el cambio de sede de las empresas tendrá escaso impacto sobre las finanzas catalanas, salvo que la mayoría de ellas opten por llevarse el grueso de sus operaciones fuera de Cataluña algo que, como ya hemos puesto de manifiesto, entraña una enorme complejidad y, por tanto, no se espera que se produzca.

En Pymes y Autónomos | ¿Cuál es la diferencia entre el domicilio social y el fiscal?

Imagen | MHachem