La subida del SMI no solo afectará a los salarios: en 2026 también cambiará las reglas que determinan qué parte de las pensiones de autónomos jubilados puede quedar protegida.

Se trata de un cambio que afecta directamente a miles de trabajadores por cuenta propia jubilados que mantienen deudas pendientes con Hacienda, la Seguridad Social o acreedores privados.

La actualización del salario mínimo tiene, como no, una consecuencia inmediata: aumenta también la parte de la pensión que queda protegida frente a embargos. Cuanto mayor es el SMI, mayor es el umbral de ingresos que no puede ser retenido por la Administración.

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Desde este año, el salario mínimo queda fijado en 1.221 euros mensuales en 14 pagas, frente a los 1.184 euros anteriores. Esto implica que todas las pensiones inferiores a esa cuantía pasan a estar completamente blindadas frente a embargos ordinarios.

El nuevo límite protegido para autónomos jubilados

La Ley de Enjuiciamiento Civil establece un sistema progresivo para calcular cuánto dinero puede retenerse de salarios y pensiones cuando existen deudas pendientes.

La norma fija como referencia el SMI vigente en cada ejercicio. En consecuencia, durante 2026 ningún autónomo jubilado que cobre menos de 1.221 euros mensuales podrá sufrir embargos sobre su pensión, salvo en casos excepcionales previstos por la legislación.

Esto afecta especialmente a un colectivo como el de los autónomos, cuyas prestaciones siguen situándose por debajo de las pensiones medias del Régimen General. Actualmente, buena parte de los pensionistas del RETA cobran cantidades próximas o incluso inferiores al nuevo límite inembargable.

El objetivo de este sistema es garantizar unos ingresos mínimos para cubrir necesidades básicas, incluso cuando el pensionista mantiene obligaciones económicas pendientes.

Cómo funcionan ahora los tramos de embargo

La normativa no permite embargar automáticamente toda la pensión cuando se supera el salario mínimo. El sistema funciona mediante porcentajes progresivos aplicados únicamente sobre la parte que excede de cada tramo.

Con las nuevas cifras de 2026, los límites quedan establecidos de la siguiente manera:

• Hasta 1.221 euros mensuales: totalmente inembargable.
• Entre 1.221 y 2.442 euros: puede retenerse el 30% del exceso.
• Entre 2.442 y 3.663 euros: se embarga el 50% de ese tramo.
• Entre 3.663 y 4.884 euros: la retención alcanza el 60%.
• Entre 4.884 y 6.105 euros: el porcentaje sube hasta el 75%.
• A partir de 6.105 euros mensuales: puede embargarse hasta el 90% del importe que supere esa cifra.

En la práctica, esto significa que la Administración nunca aplica el porcentaje sobre el total de la pensión, sino únicamente sobre la parte que supera cada umbral.

Por ejemplo, un autónomo jubilado que cobre 1.500 euros al mes sólo tendría expuestos a embargo 279 euros, es decir, la diferencia entre su pensión y el nuevo SMI. Sobre esa cantidad se aplicaría el porcentaje correspondiente.

La subida del SMI amplía la protección

El incremento del salario mínimo aprobado para 2026 eleva en 37 euros mensuales la cuantía protegida frente a embargos respecto al ejercicio anterior.

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Aunque la diferencia pueda parecer reducida, en el caso de los autónomos jubilados puede resultar una cantidad importante. Hay que tener en cuenta que muchos trabajadores por cuenta propia han cotizado históricamente por bases reducidas durante décadas, lo que se traduce ahora en prestaciones más ajustadas y una mayor vulnerabilidad económica durante la jubilación.

Hacienda y Seguridad Social revisan automáticamente los límites

Tanto la Agencia Tributaria como la Tesorería General de la Seguridad Social aplican automáticamente los nuevos umbrales tras cada actualización del salario mínimo.

Esto significa que los procedimientos de embargo iniciados anteriormente también deben adaptarse a las nuevas cuantías protegidas. En muchos casos, las retenciones pueden reducirse directamente al entrar en vigor el nuevo SMI.

No obstante, es recomendable revisar cuidadosamente cualquier diligencia de embargo recibida, especialmente cuando existen varias fuentes de ingresos o prestaciones complementarias.

Los casos en los que sí puede embargarse por debajo del mínimo

Existen algunas excepciones importantes donde el límite inembargable no se aplica de la misma forma. La situación más habitual corresponde a las pensiones alimenticias derivadas de separaciones o divorcios.

En estos casos, los jueces pueden autorizar embargos incluso sobre cantidades inferiores al salario mínimo al priorizar la manutención de hijos o personas dependientes.

También pueden existir particularidades cuando concurren varias pensiones, ingresos adicionales o determinadas resoluciones judiciales específicas.

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La mayoría de las veces, por necesidad, ocurre una situación algo anómala en España. Cada vez más personas optan por continuar desarrollando una actividad profesional tras alcanzar la jubilación.

Pero claro, es que lejos de ser incompatible, la normativa vigente permite combinar la percepción de la pensión con trabajos por cuenta propia, siempre que se respeten ciertos límites.

Esta opción resulta especialmente atractiva para quienes desean mantenerse activos o complementar sus ingresos sin renunciar a su prestación.

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La regulación establece que es posible seguir trabajando como autónomo y cobrar la totalidad de la pensión, pero bajo condiciones concretas que afectan principalmente al nivel de ingresos obtenidos por esa actividad.

El límite clave: no superar el SMI anual

La Ley General de la Seguridad Social fija un umbral claro para poder beneficiarse de esta compatibilidad total. Los ingresos derivados de la actividad por cuenta propia no deben superar el Salario Mínimo Interprofesional en cómputo anual.

En 2026, esta cifra se sitúa en 17.094 euros brutos anuales, equivalente a 14 pagas de 1.221 euros mensuales. Mientras el autónomo jubilado se mantenga por debajo de este límite, podrá seguir percibiendo el 100% de su pensión sin reducciones.

Este modelo se ha consolidado como una fórmula flexible que facilita la continuidad laboral de perfiles con experiencia, especialmente en sectores donde el conocimiento acumulado es un valor diferencial.

Sin cotización, pero con obligaciones fiscales

Uno de los aspectos más relevantes de este régimen es que la actividad no genera nuevos derechos en materia de Seguridad Social. Es decir, aunque el jubilado continúe trabajando, no incrementará su pensión ni accederá a nuevas prestaciones derivadas de esa actividad.

Asimismo, no existe obligación de cotizar como autónomo en este escenario. Esto supone una ventaja económica importante, ya que elimina uno de los principales gastos asociados al trabajo por cuenta propia.

Sin embargo, sí se mantienen las obligaciones fiscales. El profesional deberá darse de alta en Hacienda, emitir facturas y cumplir con el pago de impuestos correspondientes, como el IVA y el IRPF.

Por tanto, aunque se reduce la carga en términos de cotización, la actividad sigue estando sujeta a control tributario.

Qué sucede si se supera el límite establecido

Cuando los ingresos anuales superan el umbral del SMI, la situación cambia de forma significativa. En ese caso, ya no es posible mantener el cobro íntegro de la pensión bajo este modelo, y se abre la puerta a otras fórmulas contempladas en la normativa.

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Una de ellas es la jubilación activa al 50%, que permite seguir trabajando mientras se percibe la mitad de la pensión. Esta modalidad es aplicable tanto a trabajadores por cuenta propia como ajena y se utiliza habitualmente cuando la actividad económica es más intensa.

También existe la opción de acceder a la jubilación activa al 100%, pero con requisitos adicionales. En este caso, el autónomo debe tener contratado al menos a un trabajador, lo que implica una mayor estructura empresarial y responsabilidades añadidas.

Una tendencia al alza entre los jubilados

El envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida están impulsando nuevas formas de entender la jubilación. Cada vez son más los profesionales que deciden continuar en activo, ya sea por motivación personal, necesidad económica o deseo de mantenerse vinculados a su sector.

Este modelo permite aprovechar la experiencia acumulada durante décadas, al tiempo que se mantiene una fuente de ingresos adicional. Además, contribuye a dinamizar la economía, especialmente en ámbitos donde el conocimiento especializado es clave.

Claves para cumplir la normativa y evitar problemas

Para acogerse a este régimen sin riesgos, es fundamental llevar un control riguroso de los ingresos anuales. Superar el límite sin notificarlo puede derivar en sanciones o en la obligación de devolver cantidades percibidas indebidamente.

También es recomendable mantener una contabilidad ordenada, conservar todas las facturas emitidas y estar al día con las obligaciones fiscales. La comunicación con la Seguridad Social es igualmente importante, especialmente si se producen cambios en la actividad o en el volumen de ingresos.

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La propuesta del Ministerio de Hacienda para acompañar la subida del salario mínimo interprofesional deja fuera a cientos de miles de autónomos empleadores y a familias que contratan cuidadores o empleados del hogar.

La propuesta trasladada por Hacienda a los agentes sociales contempla una deducción en el impuesto de Sociedades para aquellas empresas que incrementen su plantilla con trabajadores que perciban salarios por encima del SMI.

Para acceder a este incentivo, las compañías de menos de cien empleados deberán aumentar su personal al menos en una persona a jornada completa durante un año, mientras que las de mayor tamaño deberán hacerlo en dos trabajadores o en un porcentaje mínimo de su plantilla.

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El problema surge en la letra pequeña. La deducción solo se aplicaría a contribuyentes que tributan por el impuesto de Sociedades o a aquellos cuyos gastos de personal superen el 70% del resultado de explotación.

Esto deja automáticamente fuera a más de 500.000 autónomos empleadores que tributan en estimación directa o en módulos, así como a miles de familias que emplean cuidadores o personal doméstico.

Desde ATA denuncian que esta medida ignora por completo la realidad del trabajo autónomo. “Es una propuesta que no responde a la realidad del tejido productivo y que vuelve a dejar a los autónomos en la cuneta”, ha señalado su presidente, Lorenzo Amor, quien considera que el planteamiento del Ministerio “no soluciona nada y no compensa el fuerte incremento de los costes laborales”.

Rectificación parcial pero el malestar continua

Tras la reacción del colectivo, Hacienda se vio obligada a matizar su propuesta y aclarar que la deducción podría extenderse también a los autónomos en estimación directa.

Este cambio permitiría que alrededor de 300.000 profesionales accedieran al incentivo, aunque dejaría todavía fuera a más de 200.000 autónomos que tributan en módulos, además de las familias empleadoras.

Para Amor, la rectificación llega tarde y resulta claramente insuficiente. “Han reaccionado solo después de que denunciáramos públicamente la situación, pero siguen dejando fuera a cientos de miles de autónomos y a los hogares que contratan cuidadores”, ha afirmado.

En la misma línea, CEOE y Cepyme consideran que la propuesta no responde a la realidad del mercado laboral ni al impacto real de la subida del salario mínimo.

Una medida ligada a incrementos de plantilla difíciles de asumir

Otro de los puntos más controvertidos es la exigencia de crecimiento de plantilla como condición para acceder a la deducción.

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Hacienda revisará las declaraciones de todos los autónomos este año, incluso si ya han recibido la devolución

Hacienda plantea un sistema escalonado en el que la reducción fiscal aumenta en función del porcentaje de trabajadores incorporados, llegando al máximo si la empresa incrementa su plantilla en al menos un 15 %.

Además, ese aumento debe mantenerse durante un periodo mínimo de dos años, lo que introduce un riesgo adicional para pequeñas empresas y autónomos con márgenes ajustados y alta incertidumbre.

En caso de incumplimiento, la norma prevé la devolución de las cantidades deducidas junto con los intereses correspondientes, lo que añade una carga financiera adicional.

Este diseño ha sido calificado por las organizaciones empresariales como poco realista. Consideran que obliga a asumir compromisos difíciles de sostener en sectores con elevada volatilidad o fuerte estacionalidad, y que no tiene en cuenta la situación de miles de pequeños empleadores que ya soportan una presión fiscal y laboral creciente.

El impacto en autónomos y familias empleadoras

Más allá del ámbito empresarial, la propuesta tiene un efecto directo sobre miles de hogares que emplean cuidadores o personal doméstico.

Al no tributar por el impuesto de Sociedades, estas familias quedan completamente excluidas de cualquier deducción, pese a que también afrontan el incremento del salario mínimo.

Este colectivo, que cumple una función social esencial, queda así al margen de cualquier compensación fiscal, lo que podría traducirse en una reducción de contrataciones o en un aumento de la economía sumergida.

Una consecuencia que, según advierten las asociaciones, contradice el objetivo declarado de mejorar las condiciones laborales.

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El Ministerio de Trabajo ha convocado a sindicatos y organizaciones empresariales para iniciar la negociación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 2026, un proceso que vuelve a situar el foco en el equilibrio entre mejora salarial y sostenibilidad empresarial, especialmente en el caso de las pymes.

El debate llega tras varios años de subidas consecutivas del salario mínimo, que han elevado el SMI desde los 735 euros mensuales de 2018 hasta los 1.134 euros actuales en 14 pagas, un incremento acumulado superior al 50 % en apenas seis años.

Las cifras que están sobre la mesa

Si bien la negociación acaba de arrancar, el informe de expertos que sirve de base al diálogo social ya apunta a varios escenarios de subida. Las horquillas planteadas sitúan el SMI de 2026 entre 1.220 y 1.240 euros mensuales en 14 pagas, lo que supondría un incremento aproximado de entre el 3 % y el 5 % respecto al nivel actual.

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El objetivo del Ejecutivo es seguir acercando el salario mínimo al 60 % del salario medio, una referencia recogida en la Carta Social Europea y asumida como compromiso político en esta legislatura.

Uno de los puntos clave aún sin resolver es si el SMI volverá a quedar exento de tributación en el IRPF, una decisión que condiciona el impacto real de la subida en el salario neto de los trabajadores y que genera incertidumbre tanto en empleados como en empresas.

Más allá del salario

Para las pymes, el impacto del SMI no se limita al salario bruto que percibe el trabajador. Cada incremento del salario mínimo arrastra un aumento automático de las cotizaciones sociales, elevando el coste total por empleado.

En términos aproximados, una subida de 50 euros mensuales en el SMI puede traducirse en entre 70 y 80 euros adicionales al mes por trabajador cuando se incluyen las cotizaciones empresariales. En negocios con plantillas amplias o con varios empleados referenciados al salario mínimo, el efecto acumulado es significativo.

Este impacto es muy sensible en sectores intensivos en mano de obra, donde el margen de ajuste es reducido y el coste laboral representa una parte elevada del gasto total.

De este modo, el efecto del SMI y sus incrementos no es homogéneo en todo el tejido productivo. Las pymes más expuestas suelen concentrarse en comercio minorista y hostelería, limpieza, cuidados y servicios auxiliares, así como en zonas con salarios medios más bajos, donde el SMI actúa como salario de referencia para una mayor proporción de trabajadores.

En estos casos, las subidas del salario mínimo suelen trasladarse, al menos en parte, a los precios, reducción de márgenes, ajustes de jornada o menor capacidad de inversión.

El debate de fondo: salarios, costes y productividad

Desde el Gobierno y los sindicatos se defiende que el aumento del SMI ha contribuido a mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores sin provocar una destrucción significativa de empleo.

Desde el ámbito empresarial, en cambio, se insiste en que el problema no es la mejora salarial en sí, sino su desconexión con la productividad y la acumulación de costes laborales y regulatorios, como se ha analizado en este medio anteriormente.

Para muchas pymes, el reto no es pagar mejores salarios, sino hacerlo en un contexto donde los márgenes son cada vez más estrechos y la capacidad de absorber nuevos incrementos es limitada.

La negociación del SMI de 2026 se desarrollará previsiblemente durante las próximas semanas. Aunque la cifra final aún no está cerrada, el escenario apunta a una nueva subida del salario mínimo, con impacto directo en los costes laborales desde el inicio del próximo año.

Para las pymes, anticipar escenarios, revisar estructuras salariales y evaluar el impacto real del incremento será clave para evitar ajustes improvisados cuando se cierre el acuerdo. No obstante, el debate de la baja productividad, el SMI y las horas de trabajo apunta a que seguirá vigente en el próximo ejercicio fiscal.

El Ministerio de Trabajo ha puesto sobre la mesa un nuevo modelo para actualizar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que afectaría a los trabajadores por cuenta ajena. La propuesta, enviada a sindicatos y patronal, busca indexarlo a la inflación y revisarlo dos veces al año, una medida que reabre el debate sobre los costes laborales y su efecto en las pymes y los autónomos con empleados.

El texto, que se encuentra en fase de borrador, plantea blindar el poder adquisitivo de los salarios más bajos frente al encarecimiento de la vida. Sin embargo, la forma escogida por Yolanda Díaz y el Ministerio de Trabajo —una revisión automática y semestral— ha generado inquietud entre los negocios.

Qué propone exactamente Trabajo

Según adelantó Expansión, el borrador plantea que el SMI quede vinculado por ley al Índice de Precios al Consumo (IPC), de forma que se actualice automáticamente en enero y julio. Con ello, el salario mínimo no podría caer por debajo del 60 % del salario medio nacional, en línea con la Carta Social Europea.

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Esta fórmula implicaría que el SMI se ajuste al ritmo de la inflación sin necesidad de negociación política o sindical, un mecanismo que ya existe en países como Bélgica o Luxemburgo, donde los salarios se revalorizan periódicamente según los precios al consumo.

En España, no obstante, el SMI también determina la base mínima de cotización de los autónomos y trabajadores por cuenta ajena, de modo que cualquier variación afecta directamente a las cuotas mensuales. Si se aprueba, los autónomos verían dos subidas anuales automáticas de su base mínima, sin que sus ingresos necesariamente hayan aumentado al mismo ritmo.

Además, la base mínima de cotización de los autónomos está indirectamente vinculada al Salario Mínimo Interprofesional, ya que este actúa como referencia legal para fijar los tramos del sistema por ingresos reales.

Dicho de otro modo, cada vez que sube el SMI, el Ministerio de Inclusión revisa las bases para mantener la proporción entre tramos, lo que se traduce en un aumento automático de las cuotas.

Según la Seguridad Social, esto garantiza coherencia entre rentas y cotizaciones, pero para muchos autónomos el principal problema es la falta de previsibilidad: dos revisiones anuales del SMI podrían implicar dos ajustes en las cuotas dentro del mismo ejercicio, complicando todavía más la planificación fiscal.

Asimismo, el Ministerio estudia limitar el uso de pluses o complementos para absorber la subida, según avanzó El País, de modo que los incrementos impacten directamente en el salario base. Para las microempresas, esto puede suponer un sobrecoste inmediato sin posibilidad de compensación interna.

Desde ATA recuerdan que "el SMI debe revisarse con criterios técnicos y previsibles, no mediante automatismos que ignoren la realidad de cada sector". En la misma línea, la CEOE advirtió que las subidas automáticas "desincentivan la negociación y generan incertidumbre", especialmente en sectores con baja productividad o alta temporalidad.

Por su parte, UGT y CCOO han respaldado la medida al considerar que garantizaría un salario mínimo ajustado al coste real de la vida, y recuerdan que España sigue lejos de los estándares salariales del norte de Europa.

Impacto estimado

A falta de cifras definitivas del INE sobre el salario medio de 2025, el Gobierno calcula que el 60 % equivaldría a una horquilla de entre 1.410 y 1.470 euros brutos al mes. Si el SMI actual es de 1.134 €, el incremento rondaría entre un 2 % y un 6 %, dependiendo de la evolución de los precios.

Para un autónomo que cotiza por la base mínima —en torno a 960 € mensuales, según datos de la Seguridad Social—, la subida podría traducirse en un coste adicional de entre 5 y 15 euros al mes, que podría duplicarse si se aplican dos revisiones anuales. En el caso de los autónomos empleadores, se calcula que el impacto por la ampliación en las nóminas y las cotizaciones sería más amplio.

Según estimaciones del Consejo General de Economistas, una microempresa con dos empleados a jornada completa podría asumir entre 600 y 800 euros más al año en costes laborales con una subida del 5 %, sin contar los efectos fiscales o de IRPF.

Desde el Gobierno se defiende que esta política da continuidad a su estrategia de salarios dignos, iniciada en 2018 con la primera gran subida del SMI (de 735 € a 900 €). Desde entonces, el salario mínimo ha crecido más de un 50 %, mientras que la inflación acumulada lo ha hecho un 25 %, según datos del INE.

Para el Ejecutivo, la fórmula de indexación permitiría despolitizar las subidas y asegurar un estándar mínimo homogéneo en todo el territorio. Sin embargo, ya se han advertido de los riesgos de ralentizar el empleo en sectores de baja productividad (hostelería, comercio minorista), donde los márgenes son más reducidos, y del efecto arrastre sobre precios y cotizaciones, que puede neutralizar parte del beneficio real de los trabajadores si la inflación se mantiene alta.

Próximos pasos

El debate llega justo antes de que el Comité de Expertos del SMI entregue su informe técnico anual y el Gobierno cierre la cifra definitiva para 2026. Además, según El Nacional, Hacienda estudia si el nuevo SMI debe tributar o no al IRPF, lo que podría alterar los cálculos netos de los salarios más bajos.

En cualquier caso, la implantación de un mecanismo semestral supondría un cambio estructural en el mercado laboral español. Más allá del debate político, el reto será equilibrar la protección del poder adquisitivo con la sostenibilidad de los pequeños negocios, que siguen representando más del 90 % del empleo privado en España.

En conclusión, si se aprueba esta nueva medida el SMI se actualizaría dos veces al año según el IPC y se mantendría siempre en torno al 60 % del salario medio nacional: el objetivo es garantizar un salario mínimo real y evitar pérdidas de poder adquisitivo, pero la medida implicaría un aumento anual de entre el 2 % y el 5 % en costes laborales y cuotas, con un efecto especialmente sensible en autónomos y microempresas.

El debate, más que económico, será de equilibrio: cómo sostener salarios dignos sin comprometer la viabilidad de quienes los pagan.

Han pasado más de quince años desde que estalló la crisis de 2008 y, si bien los datos a nivel macroeconómico han mostrado una recuperación, muchos autónomos y pymes no han notado mejoras reales en sus ingresos.

El salario medio ha comenzado a repuntar, pero sin que se traduzca en un alivio compartido. Una cuestión que está directamente vinculada con las dificultades de ajustar la brecha salarial entre España y la eurozona, que se ha seguido ampliando hasta alcanzar un 31 %, según un análisis reciente de Our World in Data.

¿Y los autónomos?

Si bien los sueldos empiezan a subir, el ingreso medio de los autónomos sigue estancado o incluso ha retrocedido. En muchos casos, los márgenes se han reducido, los costes han aumentado y la competencia (con o sin IVA) ha endurecido las condiciones para sostener un negocio.

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El problema es doble: por un lado, muchos pequeños negocios no han podido subir precios al ritmo de sus costes. Por el otro, el consumo interno sigue debilitado en muchos sectores, precisamente por la pérdida de poder adquisitivo acumulada en los últimos años.

Entre los elementos clave que han influido en la recuperación salarial está el aumento del salario mínimo interprofesional (SMI), que ha pasado de 735,9 euros en 2018 a 1.184 euros en 2025, un 60,9 % más. Esta subida ha sido vital para millones de trabajadores en empleos poco cualificados o precarizados, pero también alcanza a un porcentaje concreto de los trabajadores (el primer tercil salarial).

Del mismo modo, ha supuesto un reto importante para muchas pequeñas empresas y autónomos, especialmente en sectores como la hostelería, el comercio o el campo, donde los costes laborales tienen un peso muy alto y los márgenes son más reducidos. Subir sueldos sin capacidad para ajustar precios se traduce, en muchos casos, en menos contratación o, por lo menos, en cargas que resultan difíciles de asumir.

¿Es la recuperación salarial… un espejismo?

El SMI ha subido por encima de la inflación acumulada, pero el salario medio no lo ha hecho. De hecho, ha crecido 4 puntos por debajo del IPC, lo que significa que muchos trabajadores y autónomos han perdido capacidad real de gasto, como se traduce en muchas economías familiares, donde muchos trabajadores no han conseguido mantener su nivel de vida.

En 2023, a pesar de los buenos datos a nivel "macro", el salario medio de los trabajadores españoles seguía siendo, en términos nominales, un 7,6 % inferior al que se registró en 2009.

This deserves more attention:

Median and real incomes have increased over the last 20 years in many wealthy countries.

This includes Spain: +30% https://t.co/bSPmS64pTW

— Kiko Llaneras (@kikollan) April 5, 2025

Una situación más precaria que la vivida por la mayoría de los países de la eurozona, que experimentaron una recuperación más rápida y segura, superando hace tiempo los niveles previos a la crisis.

Además, estas cifras esconden numerosas desigualdades, pese a un salario medio (total de salarios entre número de trabajadores) superior a los 26.000 euros (2022): el salario mediano (50 % por debajo) fue de 22.383 euros y el más frecuente apenas superó los 14.586 (menor al SMI). Estas diferencias revelan una distribución donde los sueldos más altos elevan artificialmente la media sin reflejar la realidad del conjunto de la población.

Sin mejoras concretas

La estadística dice que estamos recuperando los niveles salariales de antes de la crisis de 2008. Pero quince años después, hay muchos profesionales por cuenta propia que siguen sin ver esa mejoría.

Los datos económicos no se han traducido en mayor estabilidad, ingresos sostenibles y una carga fiscal razonable. Asimismo, los datos aportados (arriba) por Max Roser han sido puestos en tela de juicio, ya que se centran en el poder adquisitivo a través de los salarios reales, que se calculan ajustando los salarios nominales según la inflación (es decir, el IPC general).

El resultado de esta combinación es evidente: la recuperación salarial ha sido desigual y, en gran parte, impulsada por factores externos a la negociación colectiva tradicional.

En los últimos días, el Ministerio de Trabajo ha planteado a los agentes sociales una propuesta para automatizar las subidas del salario mínimo interprofesional (SMI), lo que ha abierto un nuevo foco de tensión con la patronal. La iniciativa forma parte de la mesa negociadora que arrancó este lunes para adaptar al derecho español la directiva europea sobre salarios mínimos adecuados, cuyo plazo de trasposición venció el pasado 15 de noviembre.

La propuesta, que ha sido fundamentalmente verbal, incluye varios elementos relevantes para los empleadores, entre ellos la posibilidad de vincular las futuras subidas del SMI a indicadores objetivos, como el 60 % de la mediana salarial bruta o el 50 % del salario medio bruto, en línea con lo que establece la directiva comunitaria.

Qué implicaría automatizar el SMI

Hasta ahora, el Gobierno actualizaba el SMI anualmente tras un proceso de consulta con sindicatos y patronal. Sin embargo, la automatización implicaría que no fuese necesaria una negociación anual para decidir el nuevo importe, sino que este se ajustaría automáticamente conforme a criterios predefinidos. En 2025, el SMI ha quedado fijado en 1.134 euros mensuales en 14 pagas, lo que equivale a 15.876 euros anuales.

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Fuentes de la negociación han señalado que también se ha debatido la posibilidad de que las subidas del SMI se apliquen automáticamente a los convenios colectivos, incluso de forma retroactiva, y se prohíba expresamente que dichas mejoras puedan ser absorbidas o compensadas por otros conceptos salariales.

Estado de la negociación

Como viene siendo habitual, la propuesta ha sido recibida con escepticismo por parte de la patronal, según informó El País. Los representantes empresariales consideran que las medidas responden únicamente a los acuerdos previos entre el Ministerio y los sindicatos, dado que la CEOE no suscribió el último pacto sobre el SMI.

Además, la patronal ha recordado que el salario mínimo actual ya cumpliría con el 60 % del salario medio, tal y como recoge la Carta Social Europea. También ha puesto en duda la validez de la directiva que se pretende trasponer, al estar recurrida ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por parte de países como Dinamarca y Suecia. En este sentido, el abogado general de la UE se ha mostrado favorable a anularla.

A pesar de este contexto, el Ministerio mantiene su compromiso de avanzar en la adaptación de la norma europea y ha anunciado que remitirá una propuesta formal por escrito antes de la próxima reunión, prevista para finales de abril.

Cómo afectará a las pymes

La automatización del SMI podría tener implicaciones relevantes para las pequeñas empresas y empleadores por cuenta propia.

Entre los puntos más destacables están:

• Costes laborales previsibles, pero recurrentes: una subida automática anual implicaría un aumento estructural de los costes, especialmente en sectores con salarios ajustados al SMI, como la hostelería o la construcción.
• Menor margen de negociación colectiva: si las subidas pasan a estar reguladas por ley y no por acuerdo anual, se limitaría el espacio de diálogo social a nivel sectorial.
• Impacto indirecto, aunque no se tengan empleados: puesto que, incluso para los autónomos sin plantilla, un incremento sostenido del SMI puede influir en precios, tarifas o condiciones de mercado, especialmente si compiten con empresas que sí están sujetas a convenios con personal asalariado.

También se ha tratado en la mesa la posibilidad de que los negociadores sindicales tengan acceso a información sobre los márgenes de beneficios empresariales por sectores, una cuestión que genera reticencias en la patronal, aunque no forma parte directamente de la directiva europea.

El debate continúa abierto y la evolución de estas negociaciones podría determinar el marco laboral y salarial de los próximos años. El efecto en el tejido empresarial español es directo, por lo que es un tema que toca hueso, como suele decirse.

La huelga de alquileres ha vuelto al centro de debate con más fuerza que nunca. En un contexto marcado por la inflación, el encarecimiento del mercado inmobiliario y un salario mínimo interprofesional que sigue sin ajustarse al coste real de la vida en las grandes ciudades, el debate sobre la efectividad de esta medida se intensifica.

Aunque desde algunos sectores ciudadanos se defiende como una forma de protesta legítima, numerosos economistas advierten que su impacto puede ser más perjudicial que transformador.

La brecha entre ingresos y gastos esenciales, como el alquiler, se amplía. Para muchos trabajadores, incluso compartir piso resulta económicamente inviable, lo que coloca la huelga de alquileres como un síntoma más del agotamiento de un sistema que no responde a las necesidades básicas de buena parte de la población.

Una protesta sin respaldo técnico

Referentes en el campo de la economía, como Javier Díaz Giménez, han sido claros al calificar esta iniciativa como poco efectiva. El profesor del IESE ironizaba en una reciente entrevista que, si alguien en su entorno dijera "voy a dejar de pagar el alquiler", su respuesta sería sencilla: "como dicen mis jefes, ¿quién va a pagar mi sueldo entonces?".

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La frase no solo encierra escepticismo, sino que también pone de relieve una verdad estructural: el impago masivo de alquileres puede tener efectos en cadena que afecten incluso a quienes pretenden beneficiarse de la medida.

Desde el punto de vista económico, una huelga de alquileres no resuelve el problema de fondo. No genera una redistribución automática ni obliga al mercado a corregir sus desequilibrios.

Por el contrario, puede derivar en una crisis de confianza entre propietarios e inquilinos, aumentar la litigiosidad y colapsar aún más el ya lento sistema judicial en materia de vivienda.

Existen riesgo de consecuencias legales y sociales

A nivel práctico, dejar de pagar el alquiler puede acarrear consecuencias jurídicas graves para los inquilinos. Las leyes no contemplan el impago como forma legítima de protesta, por lo que muchos ciudadanos podrían verse envueltos en procesos de desahucio o reclamaciones judiciales.

Este escenario es especialmente delicado para las personas que ya están en situación de vulnerabilidad económica o que dependen del alquiler social.

La medida, aunque simbólica, podría volverse en contra de quienes buscan mayor justicia social, no solo por la inseguridad habitacional que puede generar, sino también por el aumento de la tensión entre sectores sociales enfrentados por un mercado que no ofrece soluciones sostenibles.

El problema real: un SMI que no da para vivir

Más allá del debate sobre la huelga de alquileres, los datos demuestran que el problema central es el desajuste entre los salarios y el coste de vida.

El SMI en España, que en 2024 ha subido hasta los 1.134 euros brutos al mes en 14 pagas, sigue siendo insuficiente para cubrir una habitación en ciudades como Madrid o Barcelona.

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El dato que confirma lo mal que se paga en España: el SMI ya supera el 70 % del sueldo medio en las pymes

En muchos barrios céntricos, el alquiler de una habitación puede superar los 500 euros mensuales, lo que representa cerca del 50 % del sueldo neto de una persona que cobra el mínimo legal.

A este gasto se deben añadir transporte, alimentación, suministros y otros gastos cotidianos. Como resultado, incluso compartir piso se convierte en una opción económicamente difícil, especialmente para jóvenes, trabajadores precarios o familias monoparentales.

El alquiler, que debería ser un derecho básico, se ha transformado en un privilegio al alcance de unos pocos.

Un mercado tensionado y… desregulado

El problema no es solo salarial. También existe una falta de control efectivo sobre el mercado del alquiler. Mientras las ayudas públicas se mantienen limitadas y el parque de vivienda social es escaso, la especulación inmobiliaria y la falta de oferta de alquiler asequible han generado un desequilibrio estructural.

Esta situación obliga a muchos ciudadanos a destinar más del 40 % de sus ingresos al pago del alquiler, un porcentaje que supera con creces las recomendaciones internacionales.

Frente a esta realidad, la huelga de alquileres aparece como un grito de frustración, más que como una estrategia con resultados concretos. Aunque su motivación es comprensible, sus efectos colaterales podrían agravar aún más el problema de fondo.

Necesidad de reformas profundas

Para los expertos, la solución no pasa por medidas individuales o protestas masivas que comprometan la estabilidad jurídica del sector, sino por políticas públicas estructurales. La regulación de los precios del alquiler, el aumento del parque de vivienda pública y el fomento de incentivos fiscales para propietarios que ofrezcan alquileres accesibles son algunas de las líneas que podrían mejorar la situación.

Asimismo, es necesario repensar el SMI en función del coste real de la vida por territorios. Un salario mínimo unificado en todo el país no refleja la enorme diferencia de precios entre una ciudad como Vigo y otra como Barcelona. Ajustarlo regionalmente podría aliviar la presión en las zonas más tensionadas y ofrecer una herramienta más eficaz para mejorar el acceso a la vivienda.

Lo que está ocurriendo con el alquiler en España no es solo un conflicto entre propietarios e inquilinos: es un reflejo de la precariedad laboral, la desigualdad y la falta de planificación urbana.

Imagen: Unplash, Instagram

El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se ha disparado en los últimos siete años, con un aumento sostenido de más de un 60 % entre 2018 y 2025. Hoy, el SMI alcanza los 1.184 euros mensuales.

Los porcentajes son menores si hablamos de sueldos medios, que se han incrementado en menor medida en estas dos décadas. Todo ello, ha llevado a que el SMI represente más del 71 % del salario medio en las pequeñas y medianas empresas (pymes), una situación sin precedentes que está generando preocupación en el tejido empresarial español.

Impacto en la pyme

Las pymes constituyen el 99,8 % del tejido productivo en España. Si bien, representan poco más del 62 % del VAB (Valor Añadido Bruto), según Industria y PYME del Gobierno español.

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En cualquier caso, una amplia mayoría de los españoles dependen de la actividad económica de las pymes, habiendo encontrado notables escollos a medida que las cotizaciones sociales han subido y la jornada laboral se ha empezado a reducir por ley. 

Hoy, el SMI de 1.184 euros supone el 70 % del salario medio ordinario de jornada completa en estas empresas. Este desajuste entre el SMI y los salarios medios está ejerciendo una presión significativa sobre las pymes, que enfrentan dificultades para absorber el incremento de los costes laborales sin comprometer su viabilidad económica.

Como puntos fundamentales, desde Europa se ha matizado con anterioridad que el SMI debería no ser superior al 60 % de los salarios medios; no obstante, en gran parte de los estados miembros, el SMI permite un mínimo coste de vida, lo que no está ocurriendo en España, donde apenas el salario medio alcanza para poder costearse la vida en las grandes ciudades.

En este sentido, el último informe de Cepyme (Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa), las microempresas han dejado de crear, aproximadamente, 350.000 empleos desde 2018 debido a las sucesivas subidas del SMI. Este dato refleja cómo el aumento de los costes laborales puede limitar la capacidad de las pymes para generar empleo.

La letra pequeña

Sin embargo, el argumento viene con algún "pero" detrás. Así, si bien el SMI ha experimentado un crecimiento de más del 61 % desde 2018, mientras que los salarios medios en las pymes han mostrado un estancamiento preocupante.

Entre 2008 y 2022, estos salarios crecieron menos del 25 %, lo que indica una desconexión entre el salario mínimo y la remuneración promedio en las pequeñas empresas. Este estancamiento puede atribuirse a varios factores, entre ellos la baja productividad y la estructura empresarial caracterizada por microempresas con escasa capacidad de inversión en capital humano.

La cuestión no es solo el dato en sí, sino las preguntas que surgen a partir de él: ¿están realmente aumentando los ingresos de los trabajadores o los salarios medios llevan tiempo estancados? ¿Debería el Gobierno ser más cauteloso con nuevas subidas o, con el coste de vida actual, no hay margen para frenar esta tendencia? ¿Sería viable ajustar el salario mínimo en función de cada comunidad autónoma, como ocurre en otros países?

A pesar de los incrementos, el SMI sigue sin garantizar una vida digna en muchas zonas de España, especialmente en ciudades como Madrid y Barcelona, donde el alquiler supera los 1.200 euros mensuales, haciendo imposible costearlo sin compartir vivienda. Los análisis más recientes  (por ejemplo, Idealista o BBVA Research) señalan que el gasto mínimo para vivir de forma independiente oscila entre 1.500 y 1.800 euros al mes, una cifra inalcanzable no solo para quienes perciben el salario mínimo, sino también para muchos que ganan algo más.

El SMI supera ya el 70% del sueldo medio en las pymes y la patronal acusa al Gobierno de impedir la creación de 350.000 empleos

El umbral del 60% fijado por la Carta Social Europea se rebasa en hasta 13 comunidades autónomas

Por @CrisAlonsoGhttps://t.co/NPb3Qi7zjC pic.twitter.com/nihoWyt5sz

— Jon González (@Jongonzlz) February 17, 2025

Para abordar esta problemática, es esencial considerar políticas que fomenten el crecimiento salarial de manera sostenible, como incentivos fiscales, programas de formación para mejorar la productividad y medidas que reduzcan la carga de las cotizaciones sociales para las pequeñas empresas.

Sin embargo, aunque la visión de la ATA, la CEOE y Cepyme, como principales organizaciones empresariales, está clara (no seguir cargando las cotizaciones y la mejora de la productividad a hombros de las pymes), también se percibe cómo la estructura empresarial española, además de ser poco flexible y modernizable, se encuentra vinculada a sectores de escaso rendimiento, como la construcción y la hostelería, donde la creación de empleo se da en perfiles sin apenas cualificación en los que prima el SMI.

Más cotizaciones, mismos sueldos

La otra cara de la moneda está en la mayor carga en términos de cotizaciones sociales. Si hacemos un cálculo rápido, estas contribuciones representan, aproximadamente, un 30 % adicional sobre el salario bruto del empleado, lo que ha incrementado notablemente los costes laborales totales de las empresas debido a que estamos hablando de que, en 2018, el SMI estaba en los 735,90 frente a los 1.000 euros de 2022 y los 1.184 de 2024.

Según el informe de Cepyme, recogido por El Mundo, se ha estimado un aumento de hasta un 80,7 % desde 2016, según sus cálculos (salarios más costes sociales). Además, las recientes reformas por parte del Ejecutivo han aumentado las cotizaciones con el objeto de reforzar los ingresos del sistema de Seguridad Social, en gran parte, debido a la carga de las pensiones de la generación baby boomer.

En este panorama, por ejemplo, también se entiende la aprobación de la tributación del IRPF a partir del SMI. La Comisión Europea alertaba hace apenas un año que bastaba un salario mínimo de 955 euros, y varios economistas han matizado que era cuestión de tiempo que todos los salarios quedasen sujetos a impuestos (si bien, solo afectará a un 20 % de los trabajadores que cobren SMI, en la práctica).

En conclusión, el incremento del SMI busca mejorar las condiciones de los trabajadores (y su poder adquisitivo, en un contexto de crisis inflacionaria y un alto coste de vida, además), pero el impacto en las pymes empieza a resultar cada vez más difícil de sostener.

La reducción de cargas fiscales para las pequeñas empresas y las medidas de apoyo a la productividad empresarial podrían ayudar a crear empleo de mayor cualificación; sin embargo, con el modelo laboral mayoritario hemos topado, y no va a ser fácil un cambio.

Foto: Flickr

La decisión del Gobierno de no actualizar el mínimo exento de tributar por el IRPF tras la última subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha generado un fuerte debate tanto dentro de la coalición de Gobierno como en el ámbito parlamentario.

Sin embargo, a pesar de la controversia política, los datos de Eurostat y Eurofound recogidos por El País muestran que la tributación del SMI en España sigue siendo una de las más bajas de la Unión Europea.

Política fiscal

Hasta el momento, el SMI había estado exento del pago del IRPF debido a actualizaciones constantes del mínimo exento. En un lustro, los salarios mínimos se han incrementado más de un 50 % (hoy, 15.876 euros anuales), por lo que el Ministerio de Hacienda ha optado por no incrementar el umbral de tributación, lo que afectará a un 20 % de los trabajadores que cobran el salario mínimo.

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A pesar de la polémica generada, que esta semana ha generado controversia entre el Ministerio de Trabajo y el de Hacienda, Eurostat señalaba, en 2023, un trabajador soltero sin hijos con un salario equivalente al 50 % del sueldo medio destinó solo el 6,7% de su salario a impuestos, una cifra muy inferior a la media comunitaria del 19 % (El País).

En este sentido, países como Alemania (28,8 %), Portugal (20,6 %) o Francia (13,8 %) aplican tipos significativamente más elevados a los ingresos más bajos.

No obstante, en la mayoría de los casos, el elefante en la habitación se encuentra entre en las cifras comparativas entre el coste de vida y el salario medio. Mientras España mantiene un gasto nominal per cápita de más de 17.500 (sindo el salario medio de 21.900 y el salario mínimo notablemente menor),  los salarios medios de muchos países del centro y el norte de Europa suelen duplicar el coste de vida y, en la mayoría de los casos, alcanzan para contar con capacidad de ahorro.

Coste de vida

De este modo, el impacto fiscal para los trabajadores con SMI será reducido: hay una parte significativa (20 %, solteros, sin cargas familiares) que comenzará a tributar, pero cuya medida podrá suponer un incremento impositivo de 300 euros anuales de media.

En cuanto al impacto económico, aunque esto representa un tipo marginal elevado sobre el incremento salarial, el tipo medio del total de su renta es mucho más bajo, situándose en torno al 1,8 %.

En este sentido, es más preocupante la inflación de la economía española, en especial, su afectación en los hogares con ingresos más bajos: el aumento en la cesta de la compra ha experimentado subidas significativas, con alimentos básicos como el aceite de oliva o la carne alcanzando precios récord; a todo ello, se suma el encarecimiento del alquiler en las principales ciudades.

En comparación con otros países europeos, España sigue teniendo una de las presiones fiscales más bajas sobre los salarios mínimos, pero también cuenta con un mercado laboral con elevada temporalidad, escasa capacidad de ahorro y una estructura de precios que no siempre se ajusta a los salarios bajos.

En este sentido, Alemania o Francia, pese a tener tipos impositivos más altos, muestran una mayor facilidad para acceder a servicios públicos y productos, lo que se traduce en un poder adquisitivo superior.

Trabajadores de SMI

La medida ha generado un choque dentro del propio Ejecutivo. Sumar, de la mano de la propia ministra Yolanda Díaz, ha criticado la medida, apoyada por otras fuerzas, entre las que destacan Podemos, ERC, Bildu y BNG, que la rechazaron de forma frontal, e incluso el Partido Popular, que ha criticado la medida argumentando que debería haberse actualizado.

El Ministerio de Hacienda ha defendido la acción, alegando que, según sus estimaciones, alrededor de un 80 % de los perceptores del SMI seguirán exentos gracias a deducciones familiares y otros beneficios fiscales aprobados en esta legislatura.

En cuanto al impacto económico, se estima que los trabajadores afectados pagarán alrededor de 300 euros anuales en concepto de IRPF. Aunque esto representa un tipo marginal elevado sobre el incremento salarial, el tipo medio del total de su renta es mucho más bajo, situándose en torno al 1,8%.

En términos absolutos, la tributación del SMI seguirá siendo baja en comparación con la media europea. Sin embargo, el cambio de criterio del PSOE supone un giro en la política fiscal aplicada hasta ahora al salario mínimo. Es cierto que el impacto real para la mayoría de los trabajadores del SMI será limitado, pero la medida tiene un peso político importante en un contexto de creciente presión sobre el coste de vida.

¿La realidad? Mientras se debate sobre si es justo gravar estos ingresos a las rentas más bajas, se pasa de puntillas sobre la desigualdad y el encarecimiento del coste de vida, que son problemas más evidentes para la toma de decisiones fiscales. Se puede defender que el SMI ayudará a mantener el coste de vida, pero, desde luego, si hay algo claro y cristalino, es que la mayoría de los españoles no pagan más impuestos porque no pueden.