sentencia

El hecho de que una empresa se haya extinguido, tras un proceso judicial, no impide que pueda seguir con una demanda interpuesta contra un tercero antes de que la empresa haya dejado de tener personalidad jurídica.

Así resuelve la Audiencia Provincial de Barcelona, en una sentencia de 9 de febrero de 2012, un caso en el que una sociedad demandó a otra por competencia desleal y posteriormente entró en proceso concursal que acabó con la liquidación de la compañía.

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Varios tribunales han dictando sentencias que anulan la imposición de recargos por presentar liquidaciones de impuestos fuera de plazo. Estas sanciones se imponen de manera sistemática sin analizar los motivos del incumplimiento de los plazos y eso no es admisible para los Juzgados que han resuelto las reclamaciones de los contribuyentes.

Dos sentencias, de fecha 30 de marzo de 2011 y 13 de junio de 2011, cuestiona la legalidad de esta postura “excesivamente formalista” de la Administración y señalan que se hace necesario un análisis de cada caso particular y de las circunstancias que lo rodean.

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Una sentencia del Tribunal Contitucional (PDF) ha fallado a favor de un recurso presentado contra determinados artículos de la Ley de IRPF y declara inconstitucional los términos en los que se regula la desgravación por mínimo familiar en el IRPF.

El fallo se centra en que esta Ley otorga la reducción de la base imponible por el mínimo familiar en el caso de los descendientes sólo cuando éstos convivan con el contribuyente, ante lo que el Tribunal se ha manifestado en contra.

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Uno de los puntos más conflictivos de la pasada reforma laboral es el que atañe a las condiciones de despido de los trabajadores y a los salarios de tramitación. La nueva norma especifica que en caso de reclamación del trabajador por no estar de acuerdo con la catalogación de despido procedente, si la sentencia sale a su favor y se decreta la improcedencia, la empresa podrá optar por abonar la indemnización de 33 días por año trabajado, en lugar de los 20 días del despido procedente, o por la readmisión del trabajador.

En el primer caso no habrá lugar al salario de tramitación, por entenderse que independientemente de que el despido sea procedente o no, la relación laboral termina en la fecha del cese efectivo en el trabajo. Sin embargo la readmisión si generaría salarios de tramitación. ¿Qué pasa con los despidos efectuados antes de la reforma y cuya sentencia sale posteriormente a esta modificación?

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Según una senencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 30 de enero de 2012, la finalización del plazo para compensar el IVA negativo no extingue el derecho a la devolución de cuotas que tiene el contribuyente.

El ponente de la sentencia, el magistrado Fonseca González, considera que en ningún caso se puede privar a los interesados de su derecho al cobro al tener un crédito contra Hacienda que debe cobrar aún después de concluir el plazo de caducidad.

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Dos recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la UE vienen a definir qué tipo de establecimientos deben pagar derechos de autor por poner música en los mismos. Las sentencias resuelven en sentido contrario el caso de los establecimientos hoteleros y de una clínica dental.

En el caso de los hoteles, que según al legislación irlandesa están exentos del pago de los derechos de autor, el Tribunal ha determinado que sí deben pagar los derechos correspondiente. En el caso de la clínica dental, la sentencia le exime de dicho pago.

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Una sentencia de la Audiencia Nacional establece que las empresas deben justificar las dietas exentas que paga a sus trabajadores por los deplazamientos por motivos de trabajo. Eso implica que no es suficiente con los documentos internos y que han de conservarse los justificantes que prueben la procedencia de la misma.

La sentencia establece que “esos documentos internos acreditarían, en todo caso, el abono al trabajador de determinadas cantidades en concepto de dietas, pero no la realidad y razón de los desplazamientos, que es uno de los requisitos esenciales para aplicar la exención”.

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Una sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Badalona determina que un error al fijar el precio de un producto no obliga al vendedor a suministrarlo a ese precio. El caso se refiere a una denuncia interpuesta contra una tienda virtual que en su página web, debido a un error al introducir los datos, ponía a la venta portátiles Apple Macbook a 22,48 euros.

La demandante realizó un perdido de dos unidades pero en el momento de realizar el pago, éste fue rechazado. La empresa se puso en contacto con el cliente por correo electrónico para comunicarle el error pero, a pesar de ello, el cliente manifestó su deseo de continuar con la compra en las condiciones que se fijaban en la web y denunció el hecho.

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Según una sentencia judicial, instalar un control de presencia para los trabajadores supone una modificación sustancial de las condiciones de trabajo. La puesta en funcionamiento de un sistema de control, en el que los trabajadores tengan que fichar al entrar y salir de su turno, implica un cambio de las condiciones laborales según se refleja en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores.

La sentencia determina que la puesta en marcha de ese sistema “comporta objetivamente un cambio sustancial en el cumplimiento de la jornada” y que la empresa en ningún momento ha justificado las razones económicas, técnicas, organizativas o de producción que exige el citado artículo del ET.

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