Estas empresas, tienen una legislación propia desde el mes de diciembre pasado; la Ley 44/2007 para la regulación de Empresas de Inserción. En esta Ley se marcan las características para que una empresa sea considerada de inserción, se regulan las relaciones laborales con los trabajadores, se articula el registro de empresas, y se le abre la posibilidad de obtener subvenciones y ayudas por parte de la Administración, tanto para el desarrollo de la propia empresa como para las subvenciones por el sobrecoste laboral que origina tener empleados en situación de exclusión.

Mirando la Ley, se observa que los trabajadores de dichas empresas tienen unas licencias y una flexibilidad que en puestos de trabajo estándares de cualquier empresa nunca se permitirían, como la posibilidad de no justificar impuntualidades o absentismo, con motivo de seguir cualquier tipo de tratamiento o curso.

A su favor, estas empresas cuentan con el respaldo y la supervisión de los centros de Servicios Sociales, tanto autónomicos como locales, con lo cual la supervisión, gestión y colaboración por parte de todas las administraciones se da por recibida.

En definitiva, y tal y como está el patio a nivel económico y empresarial, contar con una empresa con ciertas ayudas, nóminas que no difieren mucho del SMI y la hipotética ayuda de la administración es una vía para emprender tan buena como otra cualquiera. En tiempos difíciles, lo importante es producir más barato que la competencia, y si los costes laborales disminuyen, o incluso la salida de mis productos es la administración, mi puesto como empresario lo puedo tener más garantizado. ¿Os atreveís a emprender con este tipo de empresas?

Vía | Diario Ideal