Recientemente Remo trataba un tema de vital importancia: la delicada frontera, si es que la hay, entre la responsabilidad personal de los empleados y la de la empresa de la que forman parte. Es uno de esas cuestiones-río, con muy distintas perspectivas, ramificaciones, etc. Es, por tanto, una materia apasionante. Apasionante y dolorosa. En este caso, Remo, partiendo de caso Spanair, planteaba una duda inquietante:
Formalmente, el trabajador como mínimo ha sido cómplice proactivo en la realización de un fraude fiscal, que dado el caso puede ser también un delito si los importes defraudados así lo califican. Aunque quizá su obligación pase por incumplir las órdenes y denunciar el delito. ¿No debería denunciar estos hechos tal y como marca el código penal o la ley general tributaria? Pero si hace esto, ¿el trabajador mantendría su puesto de trabajo?
