La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) lleva meses construyendo una agenda muy ambiciosa para transformar las condiciones laborales de los autónomos en España.

Mientras su “Bus del Emprendimiento” recorre municipios de menos de 30.000 habitantes de la Comunidad de Madrid ofreciendo asesoramiento gratuito, la organización ha puesto sobre la mesa un paquete de 60 propuestas que busca aliviar la carga administrativa, reforzar la protección social y adaptar la fiscalidad a la realidad de más de 3,4 millones de profesionales.

El objetivo declarado es claro: que emprender y mantenerse como autónomo no dependa de superar una carrera de obstáculos burocráticos, sino de la viabilidad del proyecto.

La federación quiere que estas reformas se conviertan en una hoja de ruta para los partidos políticos y para el diálogo social, de forma que el empleo por cuenta propia gane estabilidad, flexibilidad y un entorno regulatorio menos hostil.

Redefinir quién es autónomo y cómo se le exige cotizar

Una de las líneas centrales del documento es la redefinición de la habitualidad. ATA propone que solo tengan obligación de alta en el régimen de autónomos quienes superen el umbral del Salario Mínimo Interprofesional en rendimientos netos anuales, y que la actividad tenga una duración mínima en el tiempo, ya sea de varios meses seguidos o repartidos en el año.

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Con ello se pretende evitar que pequeños encargos ocasionales acaben obligando a asumir cuotas y trámites desproporcionados.

En paralelo, la federación quiere consolidar el sistema de cotización por ingresos reales, poniendo fin al carácter transitorio del modelo actual.

Las bases mínimas y máximas se fijarían anualmente en los Presupuestos Generales del Estado y se revisarían cada tres años, vinculando este seguimiento a la Comisión del Pacto de Toledo.

Para garantizar seguridad jurídica, se plantea que sea la Agencia Tributaria quien comunique de forma oficial los rendimientos computables antes de que la Tesorería regularice la cotización, y que se acorten los plazos para devolver el exceso cuando se ha pagado de más.

Otra pieza clave es el ajuste de las bases de quienes decidieron mantener su nivel de cotización previo a 2022. La propuesta incluye actualizar automáticamente esas bases con el Índice de Precios de Consumo y permitir aportaciones voluntarias que eviten pérdidas de poder adquisitivo en las pensiones futuras.

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También se defiende ampliar el porcentaje de gastos deducibles presuntos a efectos de cotización, de forma que el cálculo de rendimientos tenga más en cuenta la estructura real del negocio.

Tarifa plana, bonificaciones y protección frente a los riesgos

El bloque de medidas sobre Tarifa Plana busca un impulso decidido al emprendimiento. La federación propone una cuota cero durante dos años, ampliable a tres para menores de 30 años, mujeres que regresan a la actividad tras la maternidad y personas con ingresos por debajo del SMI en los primeros ejercicios.

También sugiere un régimen especial para quienes compatibilizan trabajo por cuenta propia con un empleo asalariado con alta cotización, de forma que en determinados supuestos solo sea necesario el alta a efectos fiscales, sin tener que abonar cuota adicional.

En materia de protección social, las propuestas son muy concretas. Se plantea que los autónomos con enfermedad grave vean bonificada el cien por cien de su cuota desde el primer día de baja, y no a partir del segundo mes como ocurre ahora.

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Igualmente, se quiere elevar al cien por cien la bonificación para quienes deben dejar temporalmente la actividad para cuidar a menores con patologías graves. En el ámbito del cese de actividad, la organización propone que el cierre definitivo del negocio, acreditado mediante baja censal o traspaso de licencia, suponga un reconocimiento automático del derecho a prestación.

El documento reclama también que el subsidio para mayores de 52 años se extienda al colectivo, de manera que quienes agotan la protección por cese de actividad no queden sin red en la recta final de su vida laboral.

Para ATA, si existe obligación de cotizar durante años, debe existir también el derecho a acceder a mecanismos de apoyo similares a los de los trabajadores asalariados.

Conciliación, relevo generacional y vejez activa

Las reformas propuestas ponen un fuerte acento en la conciliación. La federación plantea ampliar en quince días el descanso por nacimiento y cuidado de menor para las autónomas, con el fin de que el permiso por lactancia tenga el mismo tratamiento efectivo que en el régimen general.

También defiende un modelo más flexible de baja por maternidad, que permita compatibilizar parte del periodo de prestación con ciertas tareas profesionales tras las primeras semanas obligatorias, evitando el cierre total de la actividad en momentos críticos del negocio.

En la misma línea, se propone que las autónomas sin plantilla puedan contratar a una persona con bonificaciones específicas en el último tramo del embarazo, compartir con ella el trabajo y asegurar un relevo temporal que no perjudique ni al negocio ni a la salud de la futura madre.

Este enfoque se complementa con la figura del autónomo colaborador ampliada a no familiares en el marco del relevo generacional, para facilitar que un aprendiz se incorpore años antes de la jubilación y pueda acabar asumiendo el testigo del negocio.

Respecto al envejecimiento activo, el plan sugiere reforzar la jubilación activa, eliminando el año obligatorio de espera y permitiendo compatibilizar pensión y actividad con porcentajes crecientes, hasta llegar al cien por cien cuando se mantenga empleo o colaboración con otras personas trabajadoras.

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Además, se aboga por mejorar la previsión complementaria mediante planes de pensiones específicos para autónomos, con límites de aportación y deducción más amplios que los actuales.

Menos burocracia y una fiscalidad adaptada al autónomo

El capítulo de simplificación administrativa y fiscal es uno de los más potentes. La organización propone implantar un régimen de IVA franquiciado que exima de ingresar el impuesto hasta 85.000 euros de ingresos anuales, con un umbral mayor para operaciones internacionales.

Para quienes se acojan, la liquidación pasaría a ser anual, reduciendo de forma notable la carga administrativa. En paralelo, se plantea una transición ordenada desde el sistema de módulos hacia una estimación directa especial que reconozca de forma objetiva un porcentaje amplio de gastos deducibles habituales sin exigir tanta justificación documental.

La facturación electrónica obligatoria y el sistema Verifactu, previstos para 2027, se aceptan como inevitables, pero ATA exige incentivos fiscales y un periodo de lanzamiento sin sanciones por errores, además de la digitalización completa de tickets y facturas simplificadas.

Asimismo, se sugiere que la presentación de declaraciones informativas pase de periodicidad trimestral a semestral para liberar tiempo y recursos.

En el terreno de la relación con la Administración, la federación propone un auténtico cambio cultural: test de impacto específico para micronegocios en cada nueva norma, creación de una “carpeta pyme y autónomo” que centralice toda la documentación pública del contribuyente, consolidación del silencio administrativo positivo como regla general y reconocimiento del derecho al error con un primer aviso sin sanción.

También se plantea limitar las notificaciones a días laborables y horario comercial y evitar que los autónomos con ingresos modestos sean condenados en costas en un contencioso frente a la Administración, además de garantizar que el pronto pago de una sanción no impida recurrirla.

El conjunto de estas 60 reformas perfila un modelo en el que el trabajo autónomo tendría menos trabas, más protección y una fiscalidad alineada con la realidad diaria de millones de pequeños negocios.

Ahora la clave está en la capacidad de los partidos para convertir este documento en acuerdos concretos. En realidad, lo más complicado.

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Tras el resultado electoral en la jornada de ayer parece que el tablero político ha quedado más o menos igual que antes. Es necesario un pacto entre varios partidos para gobernar y el único que podría llevarlo a cabo es el PSOE con ayuda de Unidas Podemos si consiguen ponerse de acuerdo, que es algo que está todavía por ver. Por eso vamos a ver las propuestas para empresas y autónomos si hay nuevo Gobierno.

Lógicamente como ambos grupos no llegan a sumar mayoría absoluta será necesario el acuerdo con varios más, por lo que sus propuestas se podrían ver moduladas por esta necesidad de pacto. La parte positiva es que sacar leyes con un gran consenso supuestamente las dota de una mayor estabilidad y un cambio de Gobierno en unos años no implicaría automáticamente una derogación de las mismas.

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Los autónomos en el punto de mira

Para el PSOE, la principal medida para este colectivo es la cotización por ingresos reales, donde también coinciden con Unidas Podemos. Esto favorece a aquellos que tienen menores ingresos, por debajo del SMI, que podría suponer una bajada en su cotización. A la vez se pretende equiparar en derechos a los inscritos en el RETA con el resto de trabajadores.

La reforma de la tarifa plana también parece estar en su punto de mira aunque no lo indiquen en su programa explícitamente. Fomentar el emprendimiento, especialmente en áreas rurales y entre colectivos de jóvenes es otra de sus prioridades.

Para Unidas podemos, la lucha contra los falsos autónomos es una prioridad. Para ello quieren que se pretenden equiparar a los TRADE con falsos autónomos. Se presumirá que existe una relación laboral por cuenta ajena cuando la persona autónoma tenga una única vía de ingresos relevante.

Proponen límites a la morosidad en los pagos con la administración y también con grandes empresas para que paguen antes de 30 días y exención de tener que pagar el IVA de las facturas no cobradas.

Otras medidas económicas que afectan a las empresas

En este sentido el PSOE tiene como media estrella facilitar a las empresas que quieran exportar, especialmente a las pymes, como forma de mejorar su competitividad. Pero tiene en el punto de mira una reforma fiscal para mejorar la contribución de grandes empresas, sector financiero o las tecnológicas.

Unidas Podemos tiene como bandera la fiscalidad del impuesto de sociedades, con un tipo mínimo del 15% sobre el rendimiento neto positivo para grandes corporaciones, ampliado al 20% para las entidades financieras y empresas de hidrocaburos. Para las pymes rebajarían el tipo de sociedades del 25 al 23%.

La lucha contra el fraude y el uso de paraísos fiscales es algo en lo que ambas formaciones coinciden. También en algunos retoques del IVA que tienen que ver con bajadas de productos básicos al 4%, de productos veterinarios del 21 al 10% o subida para productos de lujo de esta misma tasa.

Empleo y reforma laboral

Este quizás sea uno de los puntos más discordantes de ambos partidos, donde Unidas Podemos plantea medidas más audaces que el PSOE, que intentará sacar adelante el nuevo Estatuto de los Trabajadores, pero que no habla de derogar la reforma laboral.

En Unidas Podemos parten de una reducción de horas para implantar una jornada de 34 horas semanales, con 7 horas al día trabajadas de lunes a jueves y 6 los viernes. Una medida que será complicada sacar adelante ya que no cuenta con el apoyo de otros partidos.

Más posibilidades tienen de salir adelante medidas como poner freno a la uberización de la economía o eliminar parte de las reformas laborales de 2010 y 2012, aunque aquí el orden de los factores si altera el producto. Nuevo estatuto de los trabajadores antes de derogar las reformas o después, esta es la clave.

¿Y qué pasa con la mochila austriaca?

Está por ver si se consigue el consenso con otros grupos para sacar adelantes medidas que no están en el programa electoral, pero si en el punto de mira del PSOE. El ejemplo más sintomático es la mochila austriaca, que modificaría de forma sustancial el formato de contratación, pago de despidos e incluso paro y jubilación para los empleados.

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Es una medida para la que no contarían con el apoyo de Unidas Podemos, pero si de otros grupos, dentro de una arimética variable para llevar medidas adelante, donde se necesitaría un gran consenso para poder realizar una reforma de este calado.

Y todo esto pasa porque los partidos se pongan de acuerdo para establecer un Gobierno, algo que claramente no está garantizado.

No cabe duda que vivimos momentos de incertidumbre que está teniendo un gran impacto en la economía de nuestro país y nuestro mercado de trabajo. Este año, hemos experimentado una desaceleración en el empleo como consecuencia del el retroceso del consumo interno. Los autónomos a un ritmo 6 veces menor al año anterior, lo que augura un 2020 complejo y preocupante para el colectivo.

Por esta razón, la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) ha publicado una batería de 40 propuestas en favor de los trabajadores autónomos. Entre ellas, destacan varias reformas estructurales en varios campos para que el nuevo Ejecutivo que salga de las urnas después de las elecciones Generales del 10 de noviembre pueda trabajarlo.

Posiblemente, la reforma de mayor calado se centra en la reforma del sistema de pensiones. Su propuesta se basa en adaptarlo a la realidad socio laboral en pro de una protección social universal e independiente. Pero no deja de lado otras cuestiones como la reforma en el Estatuto de Trabajadores, para que la legislación laboral sea más flexible, o el impulso a la formación.

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Estos son los cinco tramos que proponen ATA y UPTA para que los autónomos acerquen la base de cotización a sus ingresos reales

Como medidas concretas, ATA propone una exención en el pago de la cuota de autónomos para aquellos trabajadores por cuenta propia cuyos ingresos no superen la mitad del SMI anual, una tarifa de 30 € para menores de 25 años que estén cursando formación universitaria, superiores reglados o formación profesional, y una tarifa de 60 € para autónomos con ingresos inferiores al SMI durante dos años prorrogables.

Además, también propone un impulso al empleo femenino, a través de una tarifa plana de 30 € para mujeres que trabajen en el ámbito rural, igualdad en el acceso a las ayudas previstas para las trabajadoras por cuenta ajena del ámbito rural o una ampliación de la tarifa plana de 60 euros de 12 a 24 meses para las autónomas que se reincorporen a la actividad tras la maternidad, entre muchas otras.

Sin embargo, para poner en marcha todas estas medidas es necesario que exista un Gobierno que proporcione estabilidad, moderación y dotar de seguridad jurídica al entorno para que la actividad se desarolle en un contexto de certidumbre normativa y económica.

La nueva convocatoria de elecciones provoca que se aplace de nuevo una serie de decisiones que tienen que tomarse para dar un impulso a la economía y poder afrontar la nueva situación de desaceleración económica en mejor situación. Lo más importante es el aplazamiento de los presupuestos y algunas reformas que ya son urgentes y afectan a autónomos y empresas.

Podemos empezar por tener en cuenta la cotización por ingresos reales de los autónomos. Una vez más, si tenemos en cuenta que la intención era que entrara en vigor en 2019, en 2020 seguiremos como hasta ahora, con la subida prevista, pero sin cotizar por lo que realmente se genera. Tampoco se abordan temas como los autónomos a tiempo parcial o una regulación de las relaciones laborales que puede generar los nuevos modelos de plataformas digitales.

Demasiadas reformas se quedan en suspenso

Otro de los afectados será el sistema de módulos. En este caso será positivo para aquellos que están dentro de los límites actuales, dado que la formación de Gobierno, por muy rápida que sea prácticamente imposibilita definir los nuevos límites, más bajos que los actuales. El sector del transporte, que sería uno de los más afectados, tendrá un nuevo año de prórroga.

La tarifa plana también necesita una vuelta de tuerca. Hoy en día no es una medida tan efectiva como hace unos años. No se trata de erradicarla, pero si se pone en marcha la cotización por ingresos reales ya no tendría tanto sentido. Debería darse apoyo a los autónomos con una mejor fiscalidad en sus primeros años hasta que sean capaces de consolidad sus empresas y no tanto con cotizaciones a la Seguridad Social.

Además hay cuestiones vigentes que es necesario reformar. Las deducciones de las dietas de los autónomos, prácticamente inaplicables para el colectivo o la broma de los suministros para los profesionales que trabajan desde casa son dos ejemplos como no basta con legislar, hay que hacerlo bien para no crear incertidumbres.

A esto hay que añadir el clima de inestabilidad política que muchas veces frena inversiones. Pongamos un ejemplo, ¿qué empresa que tenga que renovar su flota de vehículos lo va a hacer antes de saber qué fiscalidad tendrá el diesel en los próximos años? Las decisiones se posponen hasta saber el color del nuevo Gobierno.

La reforma laboral y el nuevo estatuto de los trabajadores también quedarán pendientes. Estos temas además no son de los que se llega un acuerdo rápido entre los diferentes grupos, si como todo indica no existirán mayorías absolutas. En el mejor de los casos se aprobarían al final de la legislatura, dentro de tres o cuatro años. Tarde, quizás demasiado tarde.

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Ocho medidas pendientes para mejorar la situación de los autónomos para 2019

Por último un tema que afecta a todos aquellos que van a jubilarse en los próximos años, la reforma del sistema de pensiones para hacerlo sostenible a largo plazo. El Pacto de Toledo acabó sus reuniones sin acuerdo. Y si hacemos caso a la tendencia en Europa todo indica que la parte que le toca pagar al trabajador se vería aumentada. Es una cuestión bastante compleja y a la vez urgente como para seguir dilatando esta cuestión.

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Este año 2018 ha estado lleno de novedades para los autónomos. Se inició con la llegada de la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo y concluye con una reforma transitoria del sistema de cotizaciones. Por el cambio un cambio de Gobierno incluido. Y muchas promesas y buenas intenciones que se quedan por el camino. Por eso el mejor regalo de Navidad para los autónomos es que los políticos cumplan lo pactado.

Más allá todavía, ni siquiera lo que prometen, lo que se ha negociado y firmado. Tenemos algunos ejemplos de como la redacción confusa, una aplicación en la práctica imposible o la interpretación restrictiva de una norma se lleva por delante la posibilidad de mejorar la situación de los autónomos.

Podemos empezar con la posibilidad de deducirse los suministros en casa, una burla desde el principio, ya que el anunciado y negociado porcentaje del 30% de los gastos de suministros se vio desvirtuado por el porcentaje de la vivienda afecto a la actividad económica. Apenas unas migajas para los autónomos que trabajan desde su casa.

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7 timos que han sufrido los autónomos en las últimas reformas del RETA

Ya estábamos avisados, ejemplos de una ley inútil o de imposible aplicación ya teníamos con el IVA de caja, que prácticamente nadie utiliza y no soluciona el problema de tener que abonar el IVA de las facturas no cobradas.

También de la interpretación restrictiva de una norma. El ejemplo del paro de los autónomos, que solo llegan a cobrar la mitad de los solicitantes es bastante significativo. A este se une la posibilidad de deducir dietas de manutención, algo que parecía un gran avance y que una interpretación restrictiva por parte de la Agencia Tributaria inutiliza dicha norma.

Ahora con el acuerdo transitorio, no sabemos por cuanto tiempo, para mejorar las prestaciones de los autónomos esperemos que no pase lo mismo. De momento pagaremos más, luego de lo de las prestaciones ya si eso tal... que decía el anterior Presidente del Gobierno. Esperemos que respeten lo pactado y esto no vuelva a ser una nueva burla... aunque desde luego después de años de promesas incumplidas no creo que la cosa vaya a mejorar.

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Magdalena Valerio tomará hoy posesión de su cargo de Ministra de Trabajo. Dos son los grandes temas que tiene encima de la mesa para abordar en los dos años que como máximo quedan para las elecciones, pensiones y reforma laboral. Son temas complejos a los que además se suma la necesidad de consenso entre todas las fuerzas políticas.

Por lo que tiene que ver con la reforma laboral, la recuperación de la negociación colectiva es una de las prioridades. Pero también temas candentes como la temporalidad o los falsos autónomos. Y esto pasa por potenciar mucho más un organismo como la Inspección de Trabajo. De nada sirve legislar si no hay un órgano de control encargado de que se cumpla.

Pero no va a ser fácil con un Gobierno en minoría donde tienen que ponerse de acuerdo diferentes sensibilidades, desde partidos más conservadores como PNV o PDCat a otros más progresistas como Unidos Podemos o ER. Nada nuevo por otro lado, las grandes reformas siempre necesitan de un consenso muy amplio para que duren.

Por lo que respecta a las pensiones, Valerio tiene claro como hacer sostenible el sistema a largo plazo y esto solo pasa por aumentar sus ingresos. Para hacerlo posible tendrán que aumentar empleo, salarios y se creará un impuesto especial para financiar el sistema.

Esta es la gran especialidad de la Ministra, un tema en el que lleva tiempo trabajando y en la que espera lograr en consenso dentro del Pacto de Toledo. Aspectos como el factor de sostenibilidad o que las pensiones estén ligadas al IPC también son cuestiones que tiene encima de la mesa en su ministerio.

A esto tenemos que sumarle la reforma del RETA, donde los trabajos de la Comisión en el Congreso ya están avanzados. Como en los dos casos anteriores, el tiempo es el mayor enemigo para sacarlo adelante en lo que queda de legislatura. Hay que recordar que el PSOE llevaba en su programa que los autónomos que no lleguen al sueldo mínimo tengan una tarifa superreducida o no paguen nada, así como la cotización según ingresos, una forma de aumentar la recaudación de la Seguridad Social.

Veremos que pasos se van dando y cual es la capacidad para acordar las reformas necesarias entre todos los grupos. Lo cierto es que habrá que ver que puntos se priorizan. Lo que no parece estar en cuestión es el coste del despido, algo que salvo sorpresa se mantendrá constante.

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Imagen | Ignacio Renuncio

Parece que el Gobierno empieza a desandar el camino iniciado con sus medidas de austeridad y contención. O el escenario económico dibuja un mejor futuro para que ahora se puedan aplicar estas reformas o, última hipótesis, en 2015 habrá elecciones y conviene no cargar el peso sobre determinados hombros que han soportado gran parte de las reformas económicas emprendidas por el Gobierno.

El proyecto de ley que aprobó el Gobierno establece que la retención actual del 21% que sufrimos con carácter general los trabajadores por cuenta propia se reduzca al 20% el próximo año y al 19% el siguiente. Si bien el pasado viernes la intención que se anunció es que el descenso sea más intenso y el porcentaje se reduzca al 19% directamente en 2015 y para 2016, el gravamen se establezca de forma definitiva en el 18%.

Parece que el gobierno ha escuchado las propuestas de organizaciones de autónomos como ATA, que reclama un marco que estimule a un colectivo que supera los 1,6 millones de contribuyentes.

Si hacemos historia, en septiembre de 2012, el actual Gobierno de Mariano Rajoy incrementó del 15% al 21% la retención para los autónomos, una subida que debía mantenerse hasta 2013 y reducirse al 19% en 2014. La situación y la coyuntura económica llevaron a a prorrogar el tipo del 21%. En julio de este año, como medida paliativa para las rentas inferiores a los 15.000€ aprobó un tipo reducido del 15%, medida que está beneficiando, según estimaciones de Hacienda, a 325.000 trabajadores por cuenta propia.

La rebaja de las retenciones que se plantea ahora implica que los autónomos deberán adelantar un menor volumen de sus ingresos a la Agencia Tributaria, lo que elevará la liquidez y hará que fluya algo más el consumo al disponer de mayor renta disponible, algo reclamado por este colectivo de manera incesante en los últimos años.

Imagen | Tax Credits

En Pymes y Autónomos | Hoy entra en vigor la rebaja de las retenciones al 15% para algunos profesionales

Continúan las medidas encaminadas a facilitar el emprendimiento y el autoempleo en España, dentro de la futura ley de emprendedores que sigue preparando el Gobierno y que, según el Gobierno, será aprobada en las próximas semanas. En este caso, la nueva norma permitirá la creación de empresas en 24 horas y con un coste de tan solo 40 euros.

La novedad no es tanto el coste de la creación ni el tiempo necesario para comenzar a operar, sino que los trámites se realizarán de forma telemática a través del sistema informático CIRCE (Centro de Información y Red de Creación de Empresas), lo que sin duda permitirá agilizar la enorme burocracia que existe en España para la constitución de sociedades, con el añadido de que, además, podrán crearse con un capital social inicial de tan solo un euro.

Al parecer, este conjunto de medidas serán aprobadas por el Gobierno en los próximos días, según Manuel Valle, director general de Industria y de la Pyme, y que podría coincidir con el paquete de reformas estructurales que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció que presentaría para el día 26 de Abril con el objetivo de eliminar estrangulamientos y cuellos de botella al crecimiento de sectores productivos.

Además, este conjunto de medidas irá acompañada con un amplio repertorio de incentivos fiscales, en especial en lo concerniente a la tributación de las opciones sobre acciones o stock options, que facilite el acceso de las pymes a personal altamente cualificado mediante el pago de planes de retribución asociados al cumplimiento de determinados objetivos.

Un nuevo paso en la buena dirección, aunque en mi opinión, no dejan de ser parches. No solo es necesario poner la alfombra roja a las pymes, los autónomos y los emprendedores (que también), los verdaderos actores que nos tienen que sacar del atolladero en el que nos encontramos, sino facilitar la creación de industrias competitivas que puedan generar productos de medio-alto valor añadido para competir con los principales países de nuestro entorno.

Imagen | La Moncloa En Pymes y Autónomos | El Gobierno prepara medidas para permitir constituir empresas a tan solo un euro

A todos los cinéfilos les sonará esta frase de Cabaret. Puede que con algún matiz es una realidad. Pero lo que es indudable es que lo importante del dinero es que esté en circulación porque en caso contrario, los efectos son extraordinariamente contraproducentes por el riesgo de colapso de la economía.

A todos los que les interese la economía les sonará o habrán oído hablar de la paradoja de la frugalidad, que sucintamente consiste en que cuando se produce un exceso en el ahorro, el consumo se reduce, disminuyendo en mayor proporción la demanda agregada y por tanto, el ingreso persona, produciéndose un circulo vicioso que obliga a los individuos a utilizar sus ahorros por la fuerte caída en sus ingresos.

Según los datos de los Técnicos de Hacienda el impacto que tendrá las reformas en el IVA será un incremento del 2% del PIB de la economía sumergida, ya que cada punto de subida del IVA incrementa el volumen de economía sumergida en un punto de PIB. Esto traducido a unidades monetarias supondrá unos 20.000 millones de euros que dejaran de recaudarse, o lo que es lo mismo, un tercio de las previsiones totales realizadas por el Gobierno con estos ajustes.

En términos de fraude y evasión fiscal se estima que volumen que elevará el volumen global del fraude alcance el 25 ó el 27% del PIB, aproximadamente un cuarto de billón de euros. De este modo es bastante probable que España se consolide como el país con mayor volumen de economía sumergida.

Retomando lo que indicaba al principio el dinero tiene que estar en constante movimiento y ha de facilitarse que fluya. Los autónomos, por su incuestionable peso en nuestra economía, asumen un rol fundamental en este sentido. Por tanto, el propio sistema abrirá vías alternativas para que el dinero fluya y con movimientos tan restrictivos como los de los ajustes de una semana, al final lo que se consigue es que se cumpla la paradoja de la frugalidad y el resultado sea contrario al perseguido por el Ejecutivo.

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Una vez publicada la rebaja de los tipos de IVA en las obras de rehabilitación de vivienda y las condiciones para poder deducirse las obras de rehabilitación en el IRPF, el Ministerio de Economía y la Agencia Tributaria han sacado una circular que quiere aclarar qué tipo de IVA se debe aplicar en cada caso.

En estas circulares, se especifica cuándo se aplicará el IVA al tipo general (16% y 18% a partir de julio) y el tipo reducido (7% y 8% a partir de la misma fecha. Veamos cada caso para discriminar el tipo de IVA correcto.

Requisitos para facturar una rehabilitación al tipo de IVA reducido (7%)

• El destinatario sea una persona física que la destine a uso particular excluyendo viviendas que contemplen actividad empresarial o profesional. El tipo reducido al 7% también cuando el destinatario sea una comunidad de propietarios por las obras hechas en el edificio en el que se encuentre la vivienda.

• La construcción o rehabilitación de la vivienda debe haber finalizado al menos dos años antes del inicio de las obras de renovación o reparación.

• Quien realice las obras no debe aportar materiales cuyo coste supere el 33 por ciento de la base imponible de la operación.

Este último extremo debe constar especificado en la factura que se expida por las reparaciones o rehabilitaciones que se hayan llevado a cabo. En el caso de que no se cumpla alguno de los requisitos anteriores, se aplicará el tipo general de IVA.

Concepto de rehabilitación a efectos de la Ley del IVA

• Para tener la consideración de rehabilitación, el coste de las obras debe exceder del 25 por ciento del precio de adquisición de la edificación (si se efectuó en los dos años anteriores al inicio de las obras de rehabilitación) o del valor del mercado, descontando en ambos casos el valor del suelo.

• Adicionalmente, más del 50 por ciento de las ejecuciones de obra comprendidas en el proyecto deben consistir en la reconstrucción del inmueble y en la realización de obras análogas o conexas a aquéllas.

Estas nuevas definiciones introducen dentro del mapa tributario el concepto de obra análoga a la rehabilitación y obra conexa. La nueva normativa define como obras análogas a las de rehabilitación:

• Las de adecuación estructural que proporcionen a la edificación condiciones de seguridad constructiva, garantizando su estabilidad y resistencia mecánica.

• Las de refuerzo o adecuación de la cimentación así como las que afecten o consistan en el tratamiento de pilares o forjados.

• Las de ampliación de la superficie construida, sobre y bajo rasante.

• Las de reconstrucción de fachadas y patios interiores.

• Las de instalación de elementos elevadores, incluidos los destinados a salvar barreras arquitectónicas para su uso por discapacitados.

Y como obras conexas se definen los siguientes trabajos:

• Las obras de albañilería, fontanería y carpintería.

• Las destinadas a la mejora y adecuación de cerramientos, instalaciones eléctricas, agua y climatización y protección contra incendios.

• Las obras de rehabilitación energética.

En todo caso de rehabilitación, para poder aplicar el tipo reducido de IVA el coste de las obras conexas debe ser inferior a la suma de las partidas de rehabilitación y obras análogas, excluyendo siempre las obras de acabado, ornato, mantenimiento y pintura.

Conclusiones

En el caso de vivienda en división horizontal dentro de un edificio, encajan como obras de rehabilitación la sustitución de ventanas, modificaciones en las instalaciones de luz y agua o los arreglos de impemeabilizaciones y similares. En este sentido, el tipo reducido de IVA no va a ser tan extensible como inicialmente podríamos suponer.

Más Información | Agencia Tributaria (PDF), Ministerio de Economía (PDF)
En Pymes y Autónomos | Medidas para el estímulo económico: tipo de IVA reducido para la rehabilitación
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