España está muy cerca de perder los 11.600 millones de euros del quinto  (7.600 millones) y el sexto pago (4.000 millones) del programa de fondos europeos Next Generation.

Para su obtención, el Gobierno debía sacar adelante la reforma fiscal como condición sine qua non, con varias legislaciones clave como la simplificación del IVA o los impuestos verdes) y, esta, ha sido tumbada (por tercera vez) entre vetos cruzados de los bloques, y deja al Gobierno con un margen escaso.

Vetos cruzados

Nadie quiso dar su brazo a torcer, esa es la conclusión que se compartía en privado a principios de semana, según todos los medios. Los principales puntos de fricción: el gravamen a la banca y las energéticas.

En Pymes y Autonomos

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Desde los bloques de izquierda, se exigían medidas más efectivas y sociales —incluso se recriminó al PSOE su equidistancia—, mientras que partidos como PNV y Junts, o las ya conocidas presiones del BBVA y CaixaBank sobre los partidos políticos vascos y catalanes, han obligado a suavizar y reducir las condiciones del pacto.

Para llegar hasta aquí, los retrasos reiterados han tenido mucho que ver. Durante el primer semestre de 2024, en teoría, debería haberse aprobado el paquete tributario; sin embargo, el PSOE intentó dar por cumplido el plan y el ejecutivo no ha reaccionado hasta la llegada del nuevo Plan Fiscal y Estructural desde Europa. Por ello, se escogió una ley en trámite para incluir —a través de un gran número de enmiendas— su reforma fiscal.

¿El problema? Si Hacienda no consigue el apoyo de los grupos parlamentarios, el texto base podría caer. En este caso, no solo se arriesgarían los fondos de la financiación comunitaria, sino que se pueden llegar a recibir sanciones por parte de la Comisión Europea.

Adiós, reforma fiscal

Y (por ahora) así ha sido. La propuesta del Ministerio de Hacienda, que incluía fijar un impuesto mínimo del 15 % a las multinacionales, no ha conseguido los apoyos necesarios y, además, ha mostrado un abismo entre ERC, Podemos, Bildu y Sumar frente al Gobierno.

Para adelante, han salido enmiendas puntuales: subir dos puntos el IRPF para las rentas del ahorro superiores a 300.000 euros, bajar el impuesto de sociedades a las cooperativas y empresas que facturan menos de un millón de euros y una mejora de la tributación de las actividades artísticas.

Por la mínima, ayer, el Gobierno español consiguió pactar con partidos como Junts, Bildu, ERC y BNG un nuevo impuesto progresivo para la banca, que eleva el tipo al 7 % para entidades con bases imponibles superiores a 5.000 millones de euros. También se amplía el alcance del tributo a bancos extranjeros (con sede fuera) que operen en España.

De lo que se preveía, lo más hablado y esperado, casi nada. Aunque se intentará salvar el impuesto a la banca, y a las eléctricas que no se comprometan con la descarbonización (el resto, quedarán exentas de tributos). Tampoco se ha conseguido equiparar el diésel a la gasolina, ni sacar adelante el plan de quitar la ventaja fiscal de las socimis o la penalización a los seguros privados sanitarios.

Montero ya había pospuesto varias veces la votación, así como modificado gran parte del texto que debía negociar la reforma fiscal a cuatro bandas, o más.  El intento de Hacienda, como estaba planteado, ha fracasado, y al Gobierno se le acaba  el escaso margen que tenía para los Presupuestos Generales del Estado. Hoy, todo sigue en el aire; durante el día, saldremos de dudas.

Y ahora ¿qué?

¿Y los fondos NextGen?

Los fondos NextGen (Next Generation EU) surgieron en julio de 2020 como un instrumento excepcional de recuperación de los estados miembro tras la pandemia. El objetivo: dotar de 750.000 millones de euros a Europa como una respuesta coordinada para lidiar con las consecuencias económicas y sociales de la pandemia.

Para el quinto tramo de los pagos, que se veía realista solicitar antes de final de año desde el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, España lo veía ligado, y muy ligado, a la reforma fiscal.

En la tesitura actual, la Comisión Europea puede retrasar o directamente suspender los desembolsos de fondos asignados, así como bloquear futuros pagos hasta negociar una solución. A nivel europeo, esto también puede suponer la pérdida de fiabilidad de nuestro país y dificulta futuras peticiones de apoyo financiero.

En la práctica, el presupuesto restante hasta los 60.000 millones destinados para España  tendría un impacto significativo tanto en los autónomos como en las pymes, que son los colectivos principales de estos fondos.

La falta de acceso a los fondos limitaría la implementación de programas como el famoso kit digital, con ayudas clave para la transformación tecnológica. Sin estos recursos, muchas empresas enfrentarían dificultades para adoptar herramientas digitales esenciales o para realizar mejoras tecnológicas en procesos productivos.

De igual modo, la pérdida de estos fondos puede suponer cierta desventaja frente a competidores de otros países europeos que sí accedan a estas ayudas para mejorar la productividad, optimizar operaciones o cumplir con estándares internacionales.

Por último, y aunque se puede prever cierto impacto económico generalizado, peligran, sobre todo, los procesos de sostenibilidad y digitalización, muy ligados a inversiones críticas en energías renovables, descarbonización o conectividad digital, que pueden dificultar el cumplimiento de los objetivos nacionales y europeos.

Parece que la gran reforma fiscal pendiente va a seguir sin estar encima de la mesa. Algo previsible por otro lado, teniendo en cuenta que 2023 es año electoral y que una reforma de calado de este tipo debería ser pactada para consolidar un sistema fiscal que de estabilidad al menos durante una década. Pero se han puesto encima de la mesa un nuevo paquete de medidas fiscales para 2023 que afectan a autónomos, a los que tributan por módulos y al impuesto de Sociedades, entre otras cuestiones.

No solo afecta a empresas, los trabajadores que tengan salarios brutos de menos de 21.000 euros van a tener una reducción por rendimientos, lo que va a suponer para el 50% de los empleados que se mueven por debajo de este baremo un ahorro de 1.881 millones de euros. También aumenta el mínimo exento para no tributar por IRPF para un contribuyente soltero y sin hijos hasta los 15.000 euros.

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Novedades para los autónomos que tributan por módulos en 2023

La Ministra Montero ha anunciado una rebaja adicional en el IRPF de cinco puntos para los autónomos que tributan por módulos. Más importante todavía es que se va a prorrogar un año más los límites vigentes del sistema de módulos, algo que para los que pasaría a estimación directa por superar los límites supone un gran alivio. Hay que recordar que ya llevamos años con prórrogas, ya que los nuevos límites fueron establecidos por el anterior Gobierno de Rajoy.

Los autónomos que están en estimación directa van a tener una mejora de la deducción de gastos de difícil justificación que aumenta al 7%, una medida que ya estaba anunciada hace tiempo.

Cambios en el impuesto de Sociedades en 2023

Estas medidas ya estaban anunciadas, al menos en parte. Afectan sobre todo a grandes grupos, que van a tener una tributación mínima del 15% en Sociedades y una limitación al 95% la exención de dividendos y plusvalías. A esto se unirá un cambio normativo pendiente de aprobación que limitaría  en un 50% la posibilidad de compensar pérdidas en los grupos consolidados.

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¿Cómo afectaría a las empresas españolas el tipo mínimo al Impuesto de Sociedades pactado en el G-7?

Se trata de lograr que las empresas de mayor tamaño aporten al menos en igual medida que las pymes, que no tienen muchas veces la posibilidad de aplicar reducciones en igual medida que las grandes. En este sentido se ha anunciado que se rebajará el tipo nominal del Impuesto sobre Sociedades del 25% al 23% para las pymes con una facturación de hasta un millón de euros.

En todo caso habrá que esperar a ver qué Gobierno sale de las urnas en 2023 y si tiene o no la voluntad de afrontar la reforma fiscal global pendiente o se tendrá que conformar con volver a aplicar pequeños parches correctores.

Últimamente mi sensación es que vivimos en una continua campaña electoral. No hemos terminado de cerrar una cuando empieza otra. Y esto distorsiona mucho debates que deberían ser más serenos como es el caso de los impuestos y la fiscalidad. Porque para mi la cuestión no es cuánto van a subir los impuestos, sino cuándo lo harán. Porque más pronto que tarde subirán.

A nadie se le escapa que toda la deuda que se está generando durante esta crisis habrá que pagarla en algún momento. ¿O acaso esperamos una quita de Europa? No es del todo descartable pero si muy improbable que algo así ocurra. Y llegados a este punto solo existen dos opciones, o se paga más o se gasta menos.

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La economía sumergida repuntará con la crisis y esto es un problema para todos

Complicado gastar menos

Si tenemos en cuenta que hay que atender las necesidades de una población cada vez más envejecida, eso supondrá más gasto en pensiones, dependencia o sanidad. Se puede buscar un modelo de estado más eficiente, pero dudo mucho que ningún partido ponga encima de la mesa hoy por hoy un cambio de este calibre que se debe negociar y consensuar con todo el mundo, no solo a nivel nacional,sino también autonómico.

Por lo tanto solo queda generar más ingresos. Y aquí lo habitual es que se haga de dos maneras, o encontrar nuevas fuentes de financiación o hacer que aquellos que pagan, contribuyan un poco más. Es interesante la creación del comité de expertos. No se debe improvisar en una materia tan sensible como la fiscalidad.

Recaudar más siendo más eficientes

Generar más ingresos no implica necesariamente pagar tipos más altos por los mismos impuestos. Por un lado se puede tener un mejor control y hacer que todo el mundo pague, sin que exista la posibilidad de escaparse o no declarar ingresos. Este sería el camino emprendido por el SII, que se ha demostrado muy efectivo o el sistema Batuz en Euskadi que se pondrá en marcha próximamente. La extensión de ambos modelos debería ser convergente e ir ampliando su implantación.

Por otro lado tenemos sistemas obsoletos de control como los módulos, llamados a desaparecer más pronto que tarde. Su utilización debería ser residual. Hoy en día hay posibilidad de controlar la facturación en tiempo real, por mucho que se quiera simplificar la gestión para pequeños negocios, hay otras alternativas.

No se puede obviar que otros sistemas de recaudación como el IVA en España es una red llena de agujeros, donde demasiados sectores y productos pagan algún tipo de IVA reducido. Y es el que tiene más números para que poco a poco la excepción sea precisamente eso y no la norma. De poco sirve tener el IVA al 21% si luego muchos productos tributan al 10%.

Los nuevos impuestos

En esta categoría también entrarían los impuestos especiales, como los de carburantes. ¿Cómo afrontamos el paso a una movilidad verde, donde vehículos híbridos y eléctricos se implantarán en el parque automovilístico en poco tiempo? Subir el impuesto del diesel será un parche, pero en no mucho tiempo veremos impuesto a la recarga eléctrica del coche. No solo en España, puesto que hoy por hoy ningún estado puede renunciar a esta recaudación.

Y luego está el tema de la armonización fiscal. Es un tema que transciende el modelo fiscal de España. El FMI ya ha indicado que se debería buscar que todas las compañías, especialmente aquellas multinacionales que generan ingresos millonarios contribuyan con una fiscalidad más justa. No puede ser que una pyme pague más que Apple, Facebook o Google.

¿Cómo lo logramos sin que al final el impuesto recaiga en el consumidor final? La tasa Google implantada en España ya ha dejado claro que se repercute en el comprador. La tasa Amazon que quiere poner el Ayuntamiento de Barcelona o ciudades como Nueva York van por el mismo camino.

La pyme tiene que ser protegida no penalizada

Todo esto hace que al final acaben pagando aquellos que no tienen posibilidad de zafarse. Y las pymes o los autónomos sienten que gran parte del esfuerzo fiscal acaba por recaer sobre ellos. No es justo y sobre todo no es sostenible ni ayuda a que las pequeñas empresas puedan competir contra las grandes.

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Hacienda no siempre tiene razón, los Tribunales estiman el 45% de las reclamaciones de las empresas

¿Es justo que una librería de barrio pague comparativamente más que Amazon? No solo se trata de encontrar una fiscalidad más equitativa, sino también de poder competir al menos con un poco de igualdad, que ambos paguen por sociedades cantidades similares, independientemente de cuanto facturen.

No entramos aquí a tratar otros impuestos que están más ligados al ámbito personal, como pueden ser IRPF, patrimonio o sucesiones, por ejemplo. Pero si sería interesante abrir un debate serio de cómo evitar que profesionales que generan sus ingresos en España acaben tributando en otros países con menos presión fiscal para rentas altas. También cómo atraer a otros teletrabajadores, que pueden ganar sus salarios en Berlín pero gastarlos en España, sin que suponga necesariamente tributar aquí. Es mucho el trabajo que tiene por delante tiene la comisión de expertos.

El Ministerio de Hacienda ha aprobado una resolución para crear el comité de personas expertas para elaborar el Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria. De esta forma se da inicio a la reforma que tendrá que definir como será el sistema tributario en España durante los próximos años y hacerlo más eficiente.

El grupo de expertos está formado por catedráticos y profesores de Economía y Derecho Financiero y Tributario. El comité estará presidido por Jesús Ruiz-Huerta, catedrático emérito de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos. El objetivo es tener un análisis completo del sistema tributario en su conjunto. Eso incluye la imposición directa, indirecta y los restantes ingresos públicos.

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Multinacionales que pagan menos impuesto de sociedades que una pyme, ¿hasta cuándo?

Será necesario tener en cuenta aspectos como la eficiencia económica y también desde la equidad interpersonal, territorial y de género. Tendrán que prestar especial atención a aspectos como la fiscalidad medioambiental; la imposición societaria; la tributación de la economía digitalizada o la fiscalidad de las actividades económicas emergente.

Uno de los objetivos de la reforma debe ser garantizar la suficiencia de recursos públicos. En este sentido la Ministra de Hacienda ha recordado que España se encuentra siete puntos por debajo de la media de la zona euro en ingresos públicos. Las reformas que proponga el comité deberán calibrar adecuadamente el momento económico actual y el esperado a medio y largo plazo.

Su trabajo deberá estar concluido a finales de febrero de 2022. De todas formas ya han indicado que no implica que hasta entonces no se vayan a tomar medidas o realizar algún ajuste. Lo cierto es que la reforma tributaria es una de las grandes reformas del estado que están pendientes.

Sería bueno que los partidos tuvieran altura de miras para pactar un sistema que diera seguridad jurídica a empresas y contribuyentes al menos los próximos 30 años. Dudo mucho que esto ocurra en un momento donde solo se miran la encuestas de mañana o se hace política en función de la repercusión del último mensaje en cualquier red social.

La realidad es que habrá que recaudar más, porque los gastos del estado cada vez serán mayores con una población envejecida, véase pensiones o gasto sanitario, dependencia o asistencial. Y los ingresos solo se pueden hacer de dos manera, o se suben los tipos y se mejora la eficiencia del sistema. No es desde luego una tarea fácil la que tiene por delante el comité.

Cuando hace poco más de un año muchos de nosotros tuvimos que confinarnos en casa en lo que se suponía que iba a ser un paréntesis, ya se pronosticó que quizás no íbamos a salir exactamente igual que como entramos. Las empresas tienen que adaptarse a un entorno cambiante y el mundo que van a encontrar cuando todo vuelva a la normalidad no será el mismo. Además hay siete retos pendientes a resolver mientras se sale de la crisis económica.

Porque había muchas cuestiones pendientes que afectaban a las empresas, al mercado de trabajo a nuestro modelo productivo. Y no pueden quedarse en el olvido, es necesario saber gestionarlos a la vez que se va saliendo de la crisis económica. Lo cierto es que las condiciones económicas han empeorado y esto lo cambia todo.

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1. El salario mínimo

Uno de los temas que estaban en la agenda del Gobierno era llevar el SMI al 60% del salario medio en España, siempre que se dieran las condiciones económicas de crecimiento adecuado. También desde la UE se quiere mejorar este aspecto. Este matiz es importante, puesto que la crisis ha provocado que este objetivo sea muy complicado de alcanzar, al menos en esta legislatura.

Se ha subido el SMI de forma notable y la moderación salarial del nuevo escenario económico hará que no sigan aumentado las diferencias, puesto que el salario medio al menos no ha subido. Pero es necesario llegar a un consenso con los agentes sociales para poner un calendario encima de la mesa para la próxima década. Esto dará más seguridad jurídica para facilitar futuras inversiones.

2. La reforma laboral

La derogación de determinados aspectos de la última reforma laboral también era un objetivo claro del Gobierno. El nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI tendría que crear el marco jurídico para dar cobertura a nuevas formas de relación laboral. Y esto se tiene que producir sin menoscabo de derechos o protección de los trabajadores.

Pero también facilitando la flexibilidad laboral que muchas organizaciones necesitan para poder competir y dar respuesta a los nuevos desafíos del mercado. Lograr que ambos ingredientes se combinen de forma adecuada sin que supongan un freno para el empleo ni la inversión es cuestión clave. Y la dificultad para encontrar el maridaje entre ambos.

Acabar con la temporalidad es otro de los retos. El modelo de contratación, el coste del despido son alguno de los frenos para transformar contratos temporales en estables. Y en un mercado laboral como el español, donde ya gran parte de la contratación está ligada a una estacionalidad marcada por el turismo de sol y playa se ha convertido en algo endémico complicado de solucionar.

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3. La economía sumergida

Es uno de los elefantes que están en la sala, pero que Gobierno tras Gobierno no quieren ver. No hablo ya de acabar con la economía sumergida, pero al menos si dejarla en unos parámetros que sean aceptables a nivel europeo. La cuestión es que si no se toman medidas cada vez nos alejamos más de ellos y aumenta en momentos de dificultades como el actual.

Esto también afecta al empleo. Mantener bolsas de desempleados que muchos de ellos no tienen más ingresos que los que consiguen en esta economía sumergida. ¿Cuántos empleos se generarían, cuánto recaudaría Seguridad Social o Hacienda si todas estas relaciones laborales irregulares se formalizaran?

4. La reforma fiscal

Es otro de los aspectos pendientes. Pymes que tributan por tipos superiores a grandes corporaciones. Trabajadores que se marchan a otros países con fiscalidad más favorable, teletrabajadores extranjeros que consideran atractivo nuestro país, pero que a nivel fiscal pueden pagar bastante más que en sus países de origen.

• Pero también a nivel de IRPF es necesaria una revisión. Hay que tener en cuenta cuál es el objetivo final, recaudar más. Y aquí también estamos lejos de Europa en lo que tiene que ver con la presión fiscal. No se trata de poner tipos más altos, sino de que todo el mundo pague y no se escapen con bonificaciones, deducciones fiscales, etc.

Luego también está pendiente la revisión del sistema de módulos, una figura fiscal arcaica pero efectiva. Lo lógico es que desaparezca más pronto que tarde. Que progresivamente sean menos empresas las que puedan acogerse a esta alternativa, hasta que sea algo residual.

El SII o soluciones como el sistema Batuz, si se implanta algo parecido a nivel nacional, pueden ser un gran cambio en las empresas. El IVA es un sistema de recaudación sencillo y efectivo. Pero en España está lleno de excepciones. Quizás si se bajan los tipos, pero se generalizara sería una fórmula que permitiría recaudar más.

5. Reforma de la Seguridad Social

La jubilación de los baby boomers es otro de los elefantes en la sala. Una población envejecida, con pensiones altas que pagar y una ratio entre trabajadores y pensionistas cada vez más desequilibrada. No basta con los retoques del Pacto de Toledo. Hay que plantear un modelo que asegure las pensiones al menos los próximos 25 años.

Sacar del sistema las pensiones no contributivas y financiarlas vía impuestos puede ser una solución. Pero para eso se necesita recaudar más. Lo que nos lleva al punto anterior de la reforma fiscal. Sin ingresos no se puede financiar el estado del bienestar y corremos el riesgo de quedarnos con pensiones asistenciales que supongan una merma de la calidad de vida de las personas en sus últimos años de vida.

6. El modelo productivo

Es otro aspecto del que se lleva hablando mucho pero no se dan los pasos necesarios para efectuar los cambios necesarios. Primero fue la construcción, como un sector puntero que generaba mucho empleo y tenía un peso muy elevado en el PIB. Después de la crisis de 2008-2010 emergió el turismo como sustituto.

Ya era un sector importante, pero absorbió gran parte de los puestos de trabajo que se perdieron en la construcción se movieron hacia este sector. El problema es que se habla de potenciar otros sectores que sean más innovadores, más competitivos a nivel global. Pero para esto hace falta además de inversión en formación, porque no se pasa de poner cafés un día a estar trabajando en Big Data, construyendo un parque eólico o solar, etc.

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7. El tamaño de las empresas

Por último otro de los males endémicos de la economía en España tiene que ver con el tamaño de las empresas. Es normal que las más numerosas sean las más pequeñas, pero falta un número importantes de empresas de tamaño medio. O son micropymes o nos vamos a grandes empresas.

Y es una cuestión importante para ser competitivos, para tener capacidad de inversión, pero también para soportar mejor situaciones económicas adversas como las actuales. Y no parece que se preste especial importancia a este asunto. Hay zonas como por ejemplo País Vasco que son un ejemplo a seguir, pero son la excepción no la norma.

Imagen | viarami en Pixabay

Continuamos con el serial dedicado a los cambios impositivos para 2016. Después de analizar el Impuesto de Sociedades, el IRPF y el régimen de módulos, toca hacer un breve repaso sobre las novedades que nos traerá uno de los impuestos más importantes para todo autónomo y pyme: el IVA.

A pesar a que los partidos políticos han hecho mucho hincapié en una reforma estructural del IVA, los principales aspectos del impuesto quedan intactos, y todo hace indicar que durante el próximo año, el tipo general seguirá siendo del 21%. No obstante, se introducen algunos cambios en la Ley 37/1992, sobre el Impuesto del Valor Añadido (LIVA).

A partir del 1 de enero de 2016, se considerarán como exentos los servicios que se presten a los transitorios y consignatarios, del mismo modo que están exentos el resto de servicios relacionados con la exportación. Además, todas aquellas importaciones que se destinen a tiendas libres de impuestos, es decir, que no estén vinculadas al régimen de depósito aduanero, también estarán exentas de IVA.

Por otro lado, todas las sociedades civiles que, desde el 1 de enero de 2016, pasen a tributar por el Impuesto de Sociedades, cesando en el régimen especial de recargo de equivalencia, podrán deducirse la cuota resultante de aplicar el valor de adquisición de sus existencias inventariadas en la fecha del cese, excluyendo el IVA y el recargo de equivalencia, en la autoliquidación que se corresponda con el período en el que se produzca dicho cese.

Además, se modifican los límites a partir de los cuales los autónomos están obligados a pasarse al régimen de estimación directa, teniendo por tanto que dejar de tributar por módulos.

Por lo demás, el IVA de caja seguirá siendo una opción para aquellas empresas que facturen por debajo de los dos millones de euros al año; además, se espera que la Ley de Morosidad sirva para reducir el plazo de pago de los proveedores con las empresas en estos próximos años.

Imagen | stevepb

Se acerca el final de año 2015 y el inicio de un nuevo año fiscal, que viene cargado de novedades en cada uno de los impuestos que conforman el sistema fiscal español y que, por supuesto, también afectan a las pymes y a los autónomos.

Para que no se nos escape nada, comenzamos un pequeño serial en el que repasaremos los principales cambios fiscales que se darán este nuevo año dentro de las grandes figuras impositivas de nuestro país. En este post hablaremos de los cambios que nos traerá el impuesto de sociedades.

Cambios en los tipos de gravamen

La nueva Ley del impuesto de sociedades incluye como una de las novedades más significativas la reducción de los tipos de gravamen. En concreto, se fijan los siguientes tipos impositivos a partir de 2016:

• Se fija un tipo de gravamen general del 25% para aquellas sociedades cuyo período impositivo haya comenzado a partir del 1 de enero de 2016. Para las sociedades que comiencen este período antes de esa fecha, se aplicará un 28%.
• Las entidades de nueva creación que desarrollen actividades económicas tributarán al 15% durante los dos primeros períodos.
• Se equipara el tipo impositivo general con el tipo reducido para empresas de reducida dimensión si el ejercicio comienza en 2016. Ambas tributarán, por tanto, al 25%. Si comienzan el ejercicio fiscal en 2015, las empresas de reducida dimensión seguirán teniendo el mismo tipo impositivo que se aplica en 2015, diferenciado en dos tramos: el 25% cuando la base imponible esté comprendida entre los 0 y los 300.000 euros y el 28% sobre la base imponible que exceda los 300.000 euros.
• Un tipo de gravamen que se reduce del 35% al 30% para aquellas sociedades cuya actividad sea la exploración, investigación y explotación de yacimientos y almacenamientos subterráneos de hidrocarburos.

Las sociedades civiles tributarán en el impuesto de sociedades

Las sociedades civiles que tengan personalidad jurídica y objeto mercantil pasarán a ser contribuyentes sujetos al impuesto de sociedades. Hasta ahora, lo venían haciendo en atribución de rentas donde cada uno de los socios integraba su parte proporcional en la renta y, por tanto, tributaban por IRPF.

En cualquier caso, se habilita una alternativa que permite a aquellos socios que no quieran tributar por sociedades. Podrán liquidar la sociedad sin coste en los seis primeros meses del año si no quieren acogerse a este nuevo régimen, siempre y cuando se realicen todos los trámites para la extinción de la sociedad civil.

Cambios en la tributación de entidades parcialmente exentas

Las asociaciones parcialmente exentas, tales como colegios profesionales, asociaciones o patronales se librarán de declarar solo si sus ingresos totales no superan los 75.000 euros, los correspondientes a rentas exentas no superan los 2.000 euros y si la totalidad de las rentas no exentas que obtengan están sometidas a retención.

En realidad, existen muchos más cambios en el impuesto de sociedades, como el que se refiere al cambio en la determinación del incentivo fiscal de los activos intangibles. No obstante, este cambio tendrá efectos a partir del 1 de julio de 2016, así que hablaremos de este cambio cuando llegue el momento.

En Pymes y Autónomos | Deducción en el impuesto de Sociedades por creación de empleo

Imagen | WerbeFabrik

El adelanto de la segunda fase de la reforma fiscal que rebaja de nuevo el IRPF, unida a la medida que rebaja de las retenciones a cuenta para los trabajadores autónomos al 15% ha sido una medida que, sin duda, beneficiará a la mayor parte de contribuyentes en España. Sin embargo, un grupo bastante elevado de trabajadores autónomos no percibirán rebaja alguna.

Se trata del colectivo de los trabajadores autónomos societarios, entre los que se incluyen determinados profesionales tales como los electricistas, los fontaneros o los albañiles, entre muchos otros. De este modo, según la Organización de Profesionales, Autónomos y Emprendedores (OPA), tan solo el 62% de los autónomos se verán beneficiados por la rebaja del IRPF; el resto, 1.188.090, quedan excluidos.

Esta organización entiende que la rebaja solo será de aplicación para aquellos profesionales liberales que se dediquen a actividades que estén recogidas en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), entre los que se encuentran los abogados, arquitectos o ingenieros, además de otras profesiones no colegiadas como traductores, programadores o agentes de seguros.

Desde esta organización se ha realizado un llamamiento al Gobierno para que se extienda la rebaja del IRPF a todos los trabajadores autónomos sin excepción; un colectivo que, junto con las pymes, es el encargado de crear el 80% de los puestos de trabajo de nuestro país.

OPA va más alla y pretende que el Gobierno dé pasos mucho más decisivos y contundentes para aliviar la elevada carga fiscal que tienen que afrontar los trabajadores autónomos, proponiendo una exención de pago de IRPF a aquellos autónomos que no alcancen los 12.000 euros al año, tal y como ya ocurre con los trabajadores por cuenta ajena.

Desde luego, la reforma del IRPF llega cojeando de un pie, la de los trabajadores autónomos societarios, que no podrán celebrar, como el resto de autónomos y trabajadores asalariados, la reducción en los tramos del IRPF.

En Pymes y Autónomos | Aprobada la nueva rebaja del IRPF. Así quedan los tramos a partir de julio Imagen | juantiagues

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy los nuevos tramos y tipos impositivos del IRPF que se aplicarán a partir de julio. Una rebaja fiscal que ya había adelantado el Ejecutivo la semana pasada y que inyectará unos 1.500 millones de euros a la economía y en la que unos 20 millones de contribuyentes se ahorrarán, de media, cerca de 12 euros al mes en lo que queda de año.

En concreto, los tramos bajarán del 20% al 19,5% para aquellas bases imponibles de menos de 12.450 euros; entre 12.450 y 20.200 bajará del 25% al 24,5%; del 31% al 30,5% para bases imponibles entre 20.200 y 34.000; del 38% al 37% para bases imponibles en cuantías comprendidas entre los 34.000 y 60.000 euros; y del 47% al 46% para las rentas superiores a los 60.000 euros. Además, las retenciones a cuenta que tendrán que practicar los autónomos se reduce desde el 19% vigente hasta ahora al 15%.

Hay que tener en cuenta que las tarifas que se establecen en la actualidad tendrán vigencia hasta el 1 de enero de 2016, fecha a partir de la cual se rebajarán en medio punto porcentual adicional los tres primeros tramos y en un punto porcentual los dos últimos. Los tramos quedan, por tanto de la siguiente manera:

Se prevé que la Agencia Tributaria disponga del nuevo programa de retenciones a partir de la semana que viene, para que las empresas puedan calcular las nuevas retenciones que tendrán que aplicar a sus empleados a partir del mes de julio. Este hecho hará que el grueso de contribuyentes noten la reducción en su nómina a partir del mes de agosto, por la cercanía del abono de las nóminas en las cuentas corrientes de sus empleados y del hecho de estar en período estival, lo que suele retrasar muchas acciones por parte de las empresas.

La rebaja del IRPF se aplicará a través de una tarifa única que, con carácter transitorio, tendrá efectos de enero a diciembre de 2015.

En Pymes y Autónomos | Los autónomos se ahorrarán 60 euros al mes con la nueva rebaja del IRPF

Imagen | Moncloa

Truco o trato, se mantienen las rebajas fiscales por la venta de viviendas de menos de 400.000 euros, si te endulza este caramelo, será porque no habrás cerrado el trato de la venta de tu casa antes del 2015, amenazado por la subida de la factura fiscal que presentó el Gobierno con la reforma fiscal donde se eliminaban las correcciones monetarias y los coeficientes de abatimiento que se aplican en el IRPF a las plusvalías generadas por la venta de viviendas.

Finalmente el Gobierno ha decidido mantener los coeficientes de abatimiento para las ganancias patrimoniales derivadas de la venta de viviendas u otros activos inferiores a 400.000 euros, según las enmiendas que ha presentado el PP al proyecto de ley de reforma fiscal.

De esta manera nos bajan los impuestos antes de subirlos, y si has vendido antes la vivienda pensando en la eliminación de los coeficientes de abatimiento, lo que tendrás es cara de abatimiento, una medida muy impactante similar podría ser anunciar una subida del IVA de cierto calado, para luego retractarse.

Se tendrá en consideración no sólo el valor de transmisión del elemento patrimonial, sino también los valores de transmisión correspondientes a todas las ganancias patrimoniales a las que haya resultado de aplicación los coeficientes de abatimiento, obtenidas desde el 1 de enero de 2015 hasta el momento de la imputación temporal de la ganancia patrimonial.

Los coeficientes de abatimiento afectan ahora únicamente a las venta de viviendas adquiridas antes del 31 de diciembre de 1994 y para las plusvalías obtenidas hasta el 20 de enero de 2006, fecha desde la que se suprimió con carácter general.

Imagen | Ginny

En Pymes y Autónomos | Se debería de incluir en el PIB el impacto de la corrupción