En España, la pandemia de la COVID-19 ha dejado un panorama desolador no solo en cuanto a saldo de contagiados y fallecimientos, sino también desde el punto de vista económico. Las esperanzas en torno a una recuperación en "V" se han desvanecido, y ahora queda ver cuándo podremos recuperar los niveles de producción y empleo previos a febrero de 2020.

Al desplome del PIB y el impacto que esta variable ha tenido sobre el mercado de trabajo se le une ahora el número de empresas que pueden sucumbir a esta crisis sin precedentes. Y es que, según el documento elaborado por el Banco de España "Las necesidades de liquidez y la solvencia de las empresas no financieras españolas tras la perturbación del Covid-19", en el que realiza una simulación de los cuatro trimestres de este año, las quiebras empresariales pueden ser históricas este año.

El informe cifra las necesidades de liquidez de las empresas en unos 230.000 millones de euros, pero este quizá no sea el mayor de los problemas, ya que el regulador deja entrever que el número de quiebras técnicas puede haber crecido hasta el 22% del total de las sociedades que operan en España, es decir, rozando un cuarto de las mismas.

En Pymes y Autonomos

¿Cuándo se considera que una empresa está en quiebra técnica?

Recordemos que una quiebra técnica se produce cuando el valor de los pasivos (de las deudas contraídas) es superior al valor de los activos, dando como resultado un patrimonio neto negativo ocasionado por pérdidas del negocio. Esto no quiere decir que la empresa vaya a desaparecer, al menos de manera inmediata, pero sí es un buen indicador de que la empresa está con problemas financieros serios.

A este panorama tan desolador hay que sumarle una variable más: la proporción de empresas con una probabilidad alta o muy alta de impago habría aumentado 10 puntos porcentuales hasta situarse por encima del 30%. Es decir, una de cada cuatro empresas se situaría en quiebra técnica, y de las tres restantes, casi una de cada tres en riesgo de impagos.

Evidentemente, esta crisis se habría cebado más con las pequeñas y medianas empresas, que han sido mucho más vulnerables ante la paralización de la economía derivada del confinamiento, que con las grandes corporaciones, por lo que el impacto sobre el empleo sería más reducido.

La quiebra es una de las mayores preocupaciones de las empresas, especialmente en tiempos de crisis. Esta situación supone la práctica disolución de la sociedad como consecuencia de un estado en el que ya no es posible garantizar su continuidad. Pero, ¿cuándo se considera que una empresa entra en quiebra técnica?

Una quiebra técnica supone una situación patrimonial negativa, es decir, un estado en el que el valor en libros del activo es inferior al pasivo exigible, tanto a corto como a largo plazo. Dicho de otro modo, cuando el valor total de los activos es inferior al total de las deudas, haciendo que el pasivo no exigible (o fondos propios) sean negativos.

Pero, ¿cómo puede llegar una empresa a esta situación? Muy sencillo, con varios ejercicios de pérdidas continuados y prolongados en el tiempo que reducen sus fondos propios. Llegará un momento en el que el patrimonio neto sea negativo desde un punto de vista contable, y haga que la sociedad entre en quiebra técnica.

¿Qué ocurre cuando una empresa entra en quiebra técnica?

Cuando una empresa se declara legalmente en quiebra se abre un procedimiento concursal en virtud del cual se realiza una valoración del activo de la empresa y se satisfacen en la medida de lo posible el pago de las deudas. Una vez se haya liquidado la sociedad, se procede a pagar las deudas pendientes y la empresa se diluye, echando el cierre.

En Pymes y Autonomos

¿Qué diferencias existen entre una quiebra y una suspensión de pagos?

Durante el tiempo que dure el proceso concursal, ningún acreedor puede emprender acciones legales contra la sociedad por los impagos, y el empresario tendrá que vender el activo de la empresa para hacer frente a sus deudas pendientes.

A diferencia de la suspensión de pagos, donde sí es posible garantizar la supervivencia de la empresa a través de refinanciaciones u otros mecanismos similares, en la quiebra técnica no se da la expectativa de recuperación. En este sentido, la finalidad del procedimiento es conseguir que todos los acreedores consigan satisfacer sus créditos contra la sociedad en la medida de lo posible.

La primera noticia que conocíamos en el día de ayer era que el Banco Santander había comprado el Banco Popular por el simbólico precio de un euro, y que llevaría a cabo una ampliación de capital de 7.000 millones de euros para realizar un saneamiento completo de la entidad rescatada.

Sin entrar a valorar los pormenores de la operación, son millones de depositantes, ahorradores y clientes de otros productos quienes tienen su dinero en esta entidad, y que se preguntan qué va a ocurrir a partir de ahora. Algunos incluso quienes temen que esta operación pueda suponer una pérdida de sus ahorros.

Nada más lejos de la realidad. Al igual que ocurría con la reestructuración financiera de las cajas de ahorro de hace unos años, a corto plazo el cliente apenas notará la transición de una entidad a otra, más allá del evidente cambio de imagen que sufrirá su operativa habitual y su comunicación con el banco.

Otro cantar es lo que suceda con las cuentas corrientes y, en general, los depósitos bancarios, que se adaptarán a las actuales condiciones del Banco Santander. En cualquier caso, hay que mencionar que los depositantes no sufrirán pérdidas en ningún caso, ya que el Fondo de Garantía de Depósitos garantiza los primeros 100.000 euros por titular y entidad.

No obstante, los préstamos bancarios, como las hipotecas, no deberían sufrir cambios en las condiciones mientras no se renegocien, en cuyo caso el cliente podría subrogarse para obtener unas condiciones más beneficiosas con otra entidad.

¿Y qué ocurre con mis inversiones?

Los fondos de inversión y otros productos de inversión pasarán a la gestora del Banco Santander. Sin embargo, son los accionistas del Santander y del Banco Popular quienes más problemas tendrán para mantener sus ahorros e inversiones.

Los primeros, porque la próxima ampliación de capital del Santander podría tener efectos en el valor de la acción, al diluirse con la entrada de nuevos capitales. Y para el Banco Popular porque los fondos que tengan exposición a sus acciones o bonos perderán la totalidad de la inversión.

En cualquier caso, no hay por qué alarmarse. La compra del Popular por parte del Santander ha supuesto un auténtico alivio para los clientes de la entidad y, además, servirá para que no le cueste ni un solo euro al erario público.

En Pymes y Autónomos | ¿Es correcto mantener una cuenta 572 de bancos con saldo negativo?

Imagen | eflon

Liquidez y solvencia. Dos conceptos empresariales que aparecen muy unidos y que muchas veces se confunden, pero que tienen repercusiones muy diferentes. De hecho, existe la creencia generalizada de que las quiebras son un problema de solvencia cuando, en realidad, una de los factores que llevan a las empresas a su desaparición es su falta de liquidez.

Y, si no, que se lo digan a Abengoa, la multinacional que hace apenas quince días solicitó el preconcurso de acreedores, ahogada en una deuda de 8.904 millones de euros y que podrá significar la mayor quiebra de la historia en España. Sus costes de financiación son una pesada losa sobre la que se puede derrumbar la empresa andaluza.

Y no es porque Abengoa no sea una empresa solvente, ni mucho menos. Sus activos valen mucho dinero y es la segunda empresa con más patentes en el IBEX-35, solo superada por Telefónica. Además, sus plantas solares son la envidia de muchas grandes empresas del sector de las renovables.

Abengoa tiene un grave problema de liquidez que está relacionado con su estructura financiera y sus fuentes de financiación. Al fin y al cabo, si no puede hacer frente a sus compromisos de pagos a más corto plazo, el valor de sus acciones y, por tanto, de su patrimonio neto, se hundirán, provocando la quiebra técnica de la empresa.

Si finalmente Abengoa logra obtener liquidez suficiente, podrá mantener a flote la empresa durante tres o cuatro semanas, tiempo que dura el preconcurso para negociar con sus acreedores una refinanciación de su deuda e incluso alguna que otra quita.

Los problemas de solvencia suelen ser consecuencia de problemas previos de liquidez. Atajar el problema implica contar con una estructura financiera correcta, cuyos primeros pasos deben darse en la propia constitución de la sociedad el establecer la cuantía de capital social que se aporta y cuáles serán las fuentes de financiación. Si no lo hacemos de forma correcta, puede que nuestra sociedad, al igual que Abengoa, esté abocada a la suspensión de pagos, el paso previo a la quiebra empresarial.

En Pymes y Autónomos | ¿Qué diferencias existen entre una quiebra y una suspensión de pagos?

Imagen | alex lang

Una de las causas principales de la crisis económica que con tanta virulencia ha salpicado a todos los ciudadanos ha sido el elevado nivel de endeudamiento en mano tanto de familias como de empresas, que ha provocado un elevado riesgo de insolvencia entre ambos agentes económicos. En los últimos años, sin embargo, este riesgo se ha mitigado, en parte por la mejora de las expectativas y las probabilidades de caer en quiebra del empresario español experimentaron un ligero descenso durante el último ejercicio.

No obstante, el proceso de desapalancamiento sigue su curso, y esto quiere decir que la incertidumbre por una posible quiebra está todavía latente. El último estudio publicado por la firma de servicios de consultoría y asesoría SFAI Spain revela que el 40% de las compañías españolas tiene un elevado riesgo de insolvencia, de acuerdo con las cuentas anuales de las firmas depositadas en 2013.

Un riesgo que decrece conforme crece el tamaño de la empresa. Tanto es así que de entre las empresas de 0 a 10 empleados, el 41,75% tiene un alto riesgo; un porcentaje que se reduce al 28,60% en el caso de empresas de entre 11 a 50 empleados y al 27,60% para empresas de entre 51 y 200 empleados. Es decir, cuanto mayor es el tamaño de la empresa, más bajo es el riesgo de quiebra.

Se dan, no obstante, otras circunstancias que determinan este riesgo de insolvencia, entre las que cabe destacar la reforma laboral, que ha flexibilizado el mercado de trabajo y las mejores condiciones y perspectivas de la economía española, que han reducido las solicitudes de concursos de acreedores de forma significativa.

En cualquier caso, todavía quedan muchos pasos por dar para reducir el riesgo de insolvencia al mínimo posible. Entre ellas, una modificación de la Ley Concursal que haga viables a las empresas con problemas financieros o un mayor apoyo a la inversión que aumente la capitalización de las empresas, su tamaño y su solvencia; un reto difícil de conseguir pero por el que deberíamos apostar para prevenir futuras crisis.

Imagen | jprohaszka

La imagen que acompaña al artículo, cortesía del economista Perpe, constituye una representación gráfica de cuál ha sido la magnitud de esta crisis, especialmente violenta con uno de sus agentes más afectados: las empresas.

Mientras el número de empresas afectados por procesos de quiebra se había triplicado en 2012 con respecto al inicio de la crisis, en 2013 la tendencia parece seguir siendo a un mayor número de quiebras. La herida no se ha curado, y año tras año tenemos que anunciar que, desgraciadamente, las quiebras empresariales siguen aumentando y nuestro sistema concursal no tiene capacidad de detener esta sangría.

Atendiendo a los datos desagregados, llama la atención que, a pesar de que el número de empresas dedicadas al sector de la construcción que están en quiebra sigue aumentando, su evolución es cada vez menor, a diferencia de las quiebras empresariales del sector industrial y comercial, cuya evolución es similar a la de años anteriores, o la de otros sectores, que han aumentado de forma notable.

Un problema que, evidentemente, es consecuencia de la falta de demanda y de la imposibilidad de acceder al crédito, pero también de un procedimiento concursal que no es capaz de lograr el objetivo de conservación de la empresa. Casi el 90% de procesos concursales acaba en quiebra, y solo poco más del 10% en convenio.

En cierta medida, existe una cierta responsabilidad del socio de la empresa que, en muchas ocasiones, no recurre a tiempo a un procedimiento concursal, que podría garantizar la conservación de la empresa y evitar la insolvencia.

En cualquier caso, nuestro sistema concursal debe garantizar, en la medida en que la situación así lo permita, ser un hospital donde las empresas puedan curarse, y un crematorio donde incinerar al muerto. Es un problema de todos, que supone una enorme destrucción de riqueza material e inmaterial, especialmente grave en nuestra situación.

En Pymes y Autónomos | Las quiebras empresariales se han triplicado desde que se iniciara la crisis Imagen | perpe.es

En contabilidad, una situación de suspensión de pagos se produce cuando la empresa no puede hacer frente a una parte importante de sus pagos a vencimiento, bien sea con proveedores, nóminas, cuotas, etc. y por cualquier motivo, como por ejemplo un desajuste en sus plazos de cobro o pago.

Sin embargo, una situación de quiebra se produce cuando el valor en libros del activo es inferior al valor de las deudas contraídas con terceros, dando como resultado una cifra de patrimonio neto negativa motivado por pérdidas reiteradas a lo largo de los diferentes ejercicios.

La diferencia fundamental radica, por tanto, en la naturaleza del problema. Mientras la suspensión de pagos se debe a un desajuste en la tesorería de la empresa y constituye, por tanto, un problema de liquidez, la quiebra va mucho más allá y puede dar lugar a una causa de disolución de la entidad, siendo un problema, por tanto, de solvencia.

Una empresa puede estar en suspensión de pagos si maneja fondos de maniobra negativos y su tesorería no es suficiente para satisfacer los préstamos a corto plazo o el pago a proveedores, por ejemplo, pero esto no significa que la empresa se encuentre en quiebra técnica.

Del mismo modo, es posible que una situación de quiebra técnica no esté acompañada de una situación de suspensión de pagos puesto que, aunque el fondo de maniobra fuese positivo, el valor de los activos es inferior al valor de la totalidad de los pasivos.

Se trata, por tanto, de situaciones financieras diferentes que requieren soluciones diferentes. Mientras que la suspensión de pagos es un problema de liquidez que podría solucionarse, por ejemplo, con una refinanciación de las deudas o una modificación en el período de pago a proveedores, la situación de quiebra técnica es un problema de solvencia que se podría solucionar mediante un aumento de capital.

En Pymes y Autónomos | ¿Cuál es la diferencia entre liquidez y solvencia? Imagen | SupportBiz

Las familias y empresas que se declararon en concurso de acreedores (suspensión de pagos y quiebras) ante la imposibilidad de afrontar sus pagos y deudas sumaron 9.660 durante 2013.

Esta cifra supone un repunte del 6,5% respecto a 2012, según la Estadística de Procedimiento Concursal del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicada este jueves (PDF).

En 2013, las empresas que pusieron en marcha este procedimiento crecieron un 10,4%, hasta 8.934, empujando al alza la cifra total de deudores concursados en el año. Ambos datos son mejores que los registrados en los dos ejercicios anteriores.

El 77,5% de las empresas concursadas en 2013 eran sociedades limitadas, frente al 17,4% de sociedades anónimas. En concreto, las sociedades anónimas que entraron en concurso el año pasado se incrementaron un 10,2%, hasta un total de 1.559, mientras que las sociedades limitadas que se vieron inmersas en esta situación sumaron 6.928, un 11,7% más que en 2012.

Durante el año pasado, los concursos voluntarios subieron un 8,2%, en tanto que los necesarios bajaron un 18,7%. Por clase de procedimiento, los ordinarios aumentaron un 13,6% y los abreviados, un 4,5%.

El 26,6% de las empresas que entraron en concurso en 2013 tenían como actividad principal la construcción (2.378 concursos), mientras que el 18,5% se dedicaba al comercio (1.651 empresas concursadas) y el 17,3% a la industria y energía (1.549). En total, estos tres sectores concentraron seis de cada diez procedimientos concursales de 2013.

Lo más lamentable de estas cifras es que muestran la incidencia de la crisis está siendo devastadora para las empresas de menor tamaño.

Imagen | Fried Dough En Pymes y Autónomos | Nueva estrategia del gobierno para ayudar a las empresas en peligro de quiebra

Una de las medidas que, a mi juicio, más importancia han tenido dentro de Ley de Emprendedores que se ha anunciado el Viernes en Consejo de Ministros, pero que al mismo tiempo, ha pasado más desapercibida, es la creación de la figura del autónomo de responsabilidad limitada y la regulación de la segunda oportunidad empresarial, figuras que ya existen en otros países de nuestro entorno pero que, inexplicablemente, aún no existían en España.

Hasta ahora, los trabajadores autónomos y, en general, toda deudor que no tenga responsabilidad limitada de sus deudas (cualquier personas física) responde de ellas con todo su patrimonio presente y futuro, hasta que finalmente se salde la deuda pendiente. Con esta medida, se pretende proteger al trabajador autónomo blindando la parte de su patrimonio que no exceda los 300.000 euros, que será inembargable.

A la responsabilidad del deudor sobre sus obligaciones se refiere el artículo 1911 del Código Civil, que dice lo siguiente:

Del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes, presentes y futuros

He querido subrayar la palabra futuros porque es precisamente la que supone el mayor problema para los deudores. Lo que quiere decir este artículo del Código Civil es que el deudor, mientras mantenga la deuda viva con sus acreedores, tendrá que liquidar sus bienes actuales y los bienes que obtenga en el futuro para saldarla.

Una situación terrible para el deudor, ya que en caso de concurrir en estas circunstancias, queda automáticamente excluido de la sociedad, y nunca va a poder rehacerse de esta situación. En el momento que vaya a adquirir cualquier bien, éste queda automáticamente embargado y destinado a satisfacer la deuda (exceptuando el salario mínimo interprofesional, que es inembargable).

Precisamente por este motivo se hace necesario equiparar la responsabilidad limitada a sociedades y a trabajadores por cuenta ajena e incluso personas físicas. Todo ello, acompañado con modificaciones en la Ley Concursal que regule la insolvencia empresarial para pequeños empresarios e incluso personas físicas, son medidas que van en la buena dirección.

El fracaso empresarial no puede ser una sentencia de muerte, sobre todo si tenemos en cuenta que los autónomos y muchas personas físicas que se encuentran en esta situación son deudores de buena fe que, por circunstancias sobrevenidas, se quedan desamparados y con una deuda de por vida. De hecho, una ley de segunda oportunidad serviría también para solucionar parte de los problemas que existen actualmente con los desahucios como una alternativa a la dación en pago retroactiva.

Imagen | p1nkp4nt3r En Pymes y Autónomos | Los autónomos de responsabilidad limitada, o no tanto

Los problemas judiciales de Díaz Ferrán siguen copando titulares. Sí ya tiene todas sus empresas en situación concursal, al embargo preventivo de sus bienes se le suma ahora la declaración necesaria de concurso de acreedores sobre su persona. A partir de esta decisión judicial, los acreedores personales de Díaz Ferrán deberán presentar ante el juzgado mercantil de Madrid la relación de deudas que presentan.

Esta situación concursal inhabilita a Díaz Ferrán para la administración de sus bienes y le impide la libre disposición y tutela de los mismos. La administración de ellos ha pasado al administrador concursal, tal y como marca el procedimiento judicial. Evidentemente, esta situación estaba cantada y era cuestión de tiempo que un juez se tomara en serio las reclamaciones de los acreedores de Marsans y el resto del grupo de empresas del presidente de la CEOE.

La imagen que se ha transmitido sobre la clase empresarial y sus representantes ha sido y es lamentable. Una organización de la talla de la CEOE no debería haber permitido que Díaz Ferrán estuviera al frente de ella desde que saltó el primer escándalo con Air Comet. Esta situación sólo deteriora más aún la imagen de los empresarios y hace que la opinión pública etiquete por igual a "Díaz Ferranes" y otros empresarios.

Desde este blog, hemos sido muy críticos con la gestión y con la presidencia en la CEOE de Díaz Ferrán y previsiblemente, el juez nos de la razón a todas las voces críticas cuando señalábamos a Ferrán como un mal gestor, mal empresario y peor administrador. A partir de ahora, si el proceso concursal sigue adelante, Díaz Ferrán puede estar seguro que sólo le quedaran disponibles las cuentas en paraisos fiscales si las tiene porque del resto, es muy previsible que sólo le queda la ropa que lleve puesta.

Más Información | El País En Pymes y Autónomos | Embargan todos los bienes de Díaz Ferrán