En la web del INE nos cuentan que la Contabilidad Nacional tiene como objeto describir las características más relevantes de la economía española y los sectores institucionales y las ramas de actividad que la integran. Pero algunas características relevantes de la economía española parecen no reflejarse en el PIB, y es que la mordida de políticos y el dinamismo en la ejecución de obras, endeudando a diferentes Administraciones Publicas, para luego devolver las deudas friendo a los ciudadanos a impuestos, parece ser un gran factor dinamizador.

Quizás cualquier día nos digan que debemos de dar las gracias por las obras realizadas, aeropuertos sin aviones, ciudades de la incultura, autopistas sin vehículos que se deben de rescatar y un largo etcétera de despropósitos, que a buen seguro, se habrán realizado sin comisión alguna pensando en los intereses de la ciudadanía.

Trafico de drogas y prostitución elevan el PIB

Parece ser que el Producto Interior Bruto (PIB) se ha elevado en 26.193 millones de euros en 2013 y suma 1,049 billones con el nuevo cálculo del INE para medir la economía, que incluye actividades como tráfico de drogas y prostitución, que representan cerca de 9.000 millones. Las más importantes son la prostitución que representa un 0,35 % (3.670 millones) y el tráfico de drogas que supone un 0,50% (5.245 millones).

Y yo que pensaba que en España había mucha prostitución, pero debe de ser poca cuando la familia Pujol parece haber acaudalado unos 1.800 millones (la mitad del % del PIB de la prostitución). Teniendo en cuenta que este caudal de dinero según dicen los medios de comunicación procede del cobro del 3% de cada obra o servicio adjudicados por la Generalitat durante los 23 años (1980-2003) en los que Jordi Pujol fue presidente autonómico, la contabilidad nacional podría incrementarse en un 0,17% más si incluyéramos estos mil ochocientos millones.

Los aprendices de los Pujol: todo suma para el PIB de la corrupción

Los aprendices de la 'Operación Púnica', dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y la Fiscalía Anticorrupción, donde hay medio centenar de personas implicadas acusadas de formar parte de una trama de corrupción que en los últimos dos años se adjudicó contratos de varios ayuntamientos y comunidades autónomas por importe de 250 millones de euros a cambio de comisiones ilegales, son solo unos pequeños aprendices que no le llegan a la altura de los zapatos a la familia Pujol, quizás deberían de haber cobrado un 6% para así llegar a los 15 millones de Blesa y la “superpandi” de las tarjetas black.

En cualquier caso, parece que la suma de corruptelas incrementaría más el PIB que la prostitución y las drogas juntas, con la ventaja de que las organizaciones a las que pertenecen parecen tener asegurada la permanencia, ya que si la policía hace una redada en un local y encuentra drogas y prostitución ilegal se precinta el local y ya esta, pero las organizaciones políticas a las que pertenecen los corruptos permanecerán con sus puertas abiertas, pase lo que pase y sean cuantos sean, porque ya mucho más no puede pasar, y ser ya son unos cuantos.

Pero mientras nos chupan hasta el tuétano, mientras socavan nuestra democracia y debilitan sus cimientos, España “is diferent” y nos reímos con el pequeño Nicolas, que parece sacado cual conejo de una chistera, para entretenernos mientras nos roban la cartera.

Imagen | José Ramón Fernández

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En unas recientes declaraciones, el Presidente del INE, apuntaba que España, al igual que otras naciones de la UE se estaba planteando la inclusión de determinadas actividades “alegales” en el cálculo del PIB. Esta inclusión en cualquier caso no se produciría antes del 2014.

¿Y eso a quién beneficiaría? El reflejo de estas actividades en el PIB, aunque sólo fuese de la pequeña parte que fuesen capaces de contabilizar, haría que las cifras de renta media disponible en España aumentasen, nuestro PIB sería mayor (de lo que se estima ahora, no de lo que es ahora) y el político de turno nos vendería la moto de que gracias a él (o ella) somos todos más ricos, gracias a su gestión.

Como autónomo, cada vez que pago mis impuestos, devuelvo IVA, me peleo con facturas y papeleos varios, relleno impresos, hago gestiones o cuadro mis cuentas, me siento discriminado frente a prostitutas, contrabandistas y traficantes de sustancias ilegales, que ejercen su actividad al margen de la ley, sin pagar impuestos, sin tediosas gestiones ante hacienda, sin altas y bajas de sus empleados, sin cotizaciones a la seguridad social.

¿Prostitutas, contrabandistas y narcotraficantes no son más que autónomos o pymes que no pagan impuestos de ningún tipo porque no hay ninguna actividad legal en la que se puedan dar de alta para cotizar?

Este tipo de actividades, algunas de ellas ejercidas impunemente, y a vista de todo el mundo, no repercuten en modo alguno en beneficio de la sociedad.

Erradicar la profesión más antigua del mundo es inviable, por algo es la más antigua, y sin embargo, sorpresivamente, la menos regulada si exceptuamos Holanda. Una regulación en este sector, con normas sanitarias como las que son de aplicación a los hosteleros, normas de higiene mínima, sería exigible, como lo sería también que, como actividad económica que ejercen, paguen impuestos, y contribuyan al beneficio de todos, como hacemos los demás autónomos y pymes.

El tráfico de sustancias estupefacientes, no es más lesivo para la salud que la venta de otras sustancias legales como el tabaco o el alcohol, por el que, tanto comerciantes como consumidores pagan altos impuestos, que sirven para costear parte del gasto sanitario que puedan producir.

La venta y el tráfico de drogas, pero sobre todo su consumo, al no estar regulado en forma alguna, genera unos movimientos de dinero que no repercuten en la sociedad, y toda una serie de peligros para la salud pública que costeamos entre todos, con los impuestos que pagamos. Parece lógico exigir que estas actividades paguen impuestos.

La vía para conseguir que estas actividades paguen los impuestos que les corresponderían, ¿pasa por legalizarlas? supongo que sí, pero ya que no vamos a conseguir erradicar el consumo de drogas, la prostitución… y de todas formas ya convivimos con ellas, por más que no las queramos ver, ¿porqué no las regulamos en beneficio de todos?

Más allá de cuestiones morales, poco racionales, no se me ocurren motivos para no legislar sobre esas actividades. En Holanda ya lo han hecho, ¿porque aquí no? ¿Es mejor que todo ese dinero entre y salga del país sin ningún control?

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Imagen| Fran Carreira

La prostitución callejera en nuestro país es un síntoma económico y social pero lejos de pretender entrar en contenidos éticos quiero reflexionar sobre la indefensión que sufre el empresario ante la presencia de la prostitución en las áreas industriales y en las calles donde se ubican sus negocios.

No debemos caer en la hipocresía pues por mucho “derecho” que puedan tener estas personas a utilizar su cuerpo el problema de imagen y depreciación de la zona es evidente. ¿Os gustaría encontrar prostitutas ejerciendo en la puerta de vuestro negocio? Seguramente ni os gustaría esto ni os gustaría encontrarlas frente a la tienda que visitéis como consumidores.

El debate podríamos abrirlo por el fondo del asunto realizándonos una pregunta ¿La prostitución es motivo o efecto de la depreciación de la zona? Podemos decir que la prostitución suele ubicarse en zonas marginales pero sabemos que no siempre es así dada la gran competencia que hace que tengan que buscar nuevas zonas donde ejercer.

La prostituta que ejerce en la calle suele ser estar acompañada de otra serie de problemas que la preceden. Drogas, mafias, robos, poca presencia policial… podríamos decir que si aparecen en nuestra zona es por culpa de las autoridades y como efecto al aumento de la seguridad de otras áreas que han producido el desplazamiento de la prostitución o la disminución de la misma en nuestra zona. A mi parecer es efecto y a la vez parte del motivo de la depreciación.

¿Es un problema legal? La respuesta también es ambigua. Es decir, algunos comerciantes opinan que este problema no se solucionará hasta que se legalice y regule la actividad pero por otro lado existen ordenanzas municipales que regulan estas actividades en las calles sin demasiado éxito. El problema de no tener una regulación nacional pone el foco sobre los municipios y deja a la policía en una situación comprometida al ser incapaz de hacerlas cumplir de forma efectiva.

El comerciante y el pequeño comercio son víctimas de la situación y no encuentran fácil solución más allá de cambiar de zona. Ante la prostitución en sus puertas llaman a la policía. La prostituta se retira y vuelve más tarde o al día siguiente. Si no es así solo hay que esperar pues otra vendrá. Así de triste es la situación, una batalla perdida por el comerciante que no se da cuenta de la magnitud del problema hasta que no se plantan en su calle y en su puerta.

“Comprendemos la situación de muchas de estas chicas, pero no podemos continuar soportando su presencia en el entorno de nuestros negocios porque nos asusta cómo va a afecta esta situación a la marcha de los mismos” Francisco Pérez presidente de APREMA para El Día de Córdoba

En algunas zonas se colocan cámaras pero aunque amedrentan a carteristas y ladrones (en cierta medida pues ya sabemos lo mal protegidos que estamos los ciudadanos ante estas prácticas) las prostitutas pueden verlo incluso como una medida de seguridad a su favor al no estar incumpliendo ninguna ley ni ordenanza (según la localidad donde se encuentren.) Eso sí, parece amedrentar a parte de los potenciales clientes.

Las grandes superficies comerciales no sufren estos problemas pero el pequeño comercio puede ver su supervivencia en juego. Los problemas son evidentes aunque la prostitución se realice durante el día o la noche:

• Los empresarios tienen problemas de imagen no solo con sus clientes sino con sus potenciales socios al llevarles a sus oficinas y encontrarse con un mal entorno.

• El local comercial pierde valor y su venta se complica por depreciación de la zona.

• La suciedad en la vía pública aumenta.

• La imagen de marca empeora.

• Disminuye la seguridad de nuestro local ( hogueras en zonas industriales o robos derivados del entorno generado y atraído por ciertos tipos de prostitución).

• Las ventas o prestación de servicios son perjudicados ante la disminución de público.

Las personas que ejercen la prostitución pueden comportarse de forma respetuosa, o no, pero su mera presencia es un indicador de que algo falla en la zona. Si se colocan delante de la entrada a nuestro establecimiento podemos esperar resultados similares a si se realizan obras en la acera pero en este caso sin indemnización ni ayuda alguna.

La legislación nacional no enfrenta el problema sino que lo pasa por alto delegando la responsabilidad a cada zona. No existen los medios suficientes y la policía no puede abordar toda la magnitud del problema al existir problemas de seguridad mucho más urgente a corto plazo (robos, violaciones, actos violentos…). Con la situación de paro que vive nuestro país ha aumentado la prostitución de mujeres y hombres de modo que no se puede esperar que el problema vaya a solucionarse por sí mismo.

“Desde hace unos meses hay mucha más competencia”. “La gente que trabaja en esto ya ni se toma una semana de vacaciones” Kenin en el año 2008 para “El Confidencial”. Gigoló desde hace más de 20 años.

Si aplicamos los fundamentos de oferta y demanda podemos concluir que el aumento del número de personas ejerciendo disminuirá el precio. Oímos en la televisión que las prostitutas admiten haber tenido que bajar los precios por la crisis así que ambos factores producen que la competencia sea más feroz y aumente la conflictididad y la “agresividad comercial”, por decirlo de manera elegante. Todo juega en contra del empresario pero también de la seguridad ciudadana y de los “profesionales del sexo”.

¿Alguien ayudará a los empresarios y a estas personas? ¿Tenemos que meter los negocios en centros comerciales para estar seguros? ¿Convertir el local en un burdel, quizás? ¿Para cuando un debate serio al respecto en España?

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Imagen | Germán R. Udiz

Tanto en Pymes y Autónomos como en El Blog Salmón ya se ha hablado, largo y tendido, sobre la legalización de la profesión más antigua del mundo. Desde el punto de vista económico, estamos de acuerdo en que la legalización de esta actividad supondría un aumento de la recaudación del estado, lo que no vendría nada mal en estos tiempos de arcas vacías.

Respecto a que la puesta en marcha de esta medida sea la fórmula mágica para solucionar los problemas asociados con esta (marginalidad, prostitutas callejeras y molestias a los vecinos, mafias, proxenetismo, etc.), no lo tengo muy claro. Aunque estoy a favor de esta medida, hay que tener en cuenta las posibles consecuencias de la decisión, considerando escenarios similares.

Con todo esto, me refiero al caso de los gorrillas. Cuando el fenómeno comenzó a surgir en nuestro país, la solución de muchos ayuntamientos fue la de otorgar una concesión administrativa a entidades de fomento del empleo (por lo general, destinadas a mayores de 45 años o a personas de dificil empleabilidad). Obviamente, lo que se pretendía era que los aparcacoches “legales” marcasen el territorio, disuadiendo a los “ilegales” de que continuasen con sus prácticas. Esto fue así durante los horarios de trabajo de los aparcacoches. Cuando estos se iban, el puesto pasaba a ser ocupado por los gorrillas.

Con el tiempo, al ver que los ayuntamientos no ejercían ninguna medida contra estos, los gorrillas se desplazaron a otros barrios e incluso entraron en competencia directa con los aparcacoches. En la escalada de medidas inteligentes, los ayuntamientos respondieron ilegalizando la actividad del gorrilla, gravándola con multas. Como se ha podido comprobar en Sevilla, los resultados obtenidos no han sido muy positivos (en todo caso, se ha conseguido que los gorrillas ejerzan su actividad con completa inmunidad, para desesperación de la vecindad).

Tenemos un escenario similar con la legalización de las drogas blandas. No basta con decir “permitamos que se vendan porros en los estancos para recaudar 15.000 millones de euros”, ya que una medida de este calado siempre tiene efectos más allá de los puramente económicos.

Con la legalización de la prostitución puede suceder algo parecido. Si el Parlamento se decide a dar el paso y permite esta actividad de forma expresa, el paquete legislativo tendrá que incluir, necesariamente, un conjunto de medidas tales como un incremento de los medios policiales, mayor presencia de los servicios sociales, dotación de profesionales sanitarios para el control de las ITS, etc.

Lamentablemente, si el Gobierno se mueve en esta dirección, no creo que vaya a variar su costumbre de legislar a medias (véase el caso de la ley antitabaco). Los parlamentarios no deberían olvidar que las normas que dictan tienen efectos económicos importantes y directos sobre el tejido productivo del país. En tiempos de crisis, es clave transmitir claridad en estas, para que la inseguridad de las empresas no se añada a los numerosos males que ya las aquejan.

Imagen | Daquella manera
En Pymes y Autónomos | La prostitución como actividad económica
En El Blog Salmón | Prostitución

Os informaré cuál es el criterio que la Dirección General de Tributos tiene respecto la prostitución como actividad económica. La consultante plantea a Hacienda las siguientes cuestiones:

¿Qué epígrafe sería aplicable en el Impuesto sobre Actividades Económicas a la actividad de prostitución en el caso de que se trabajara por cuenta propia? ¿Qué documentos fiscales y qué libros es preciso rellenar y llevar a los efectos de poder desarrollar dicha actividad?

La Agencia Tributaria responde que la prostitución como actividad no es más que el ejercicio habitual y venal por persona de cualquier sexo, de relaciones sexuales con cualquiera que se lo pide (esta última afirmación es más que temeraria), sea o no su único medio de vida; dicha actividad y su ejercicio no están tipificadas penalmente, aunque se considera como acto y actividad ilícita, objeto de diversas medidas no penales para evitar su extensión. Sí es objeto de represión penal cualquier forma de promoción, aprovechamiento o explotación de la prostitución ajena.

Sigue la resolución (cuyo final se huele) que el hecho de que el ejercicio de la prostitución por la propia persona prostituida no sea ilícita penalmente no significa que sea una actividad lícita o permitida, sin que la mera tolerancia pueda considerarse declaración de licitud; antes bien, constituye una actividad prohibida por normas legales no penales.

A continuación, y desde la perspectiva jurídica privada la resolución nos apunta que la prostitución es una actividad ilícita frente a la que se reacciona, como sanción, con la nulidad absoluta de los actos y pactos que la posibiliten. Es ilícita de acuerdo con lo que exponen los siguientes artículos del Código Civil:

Art. 6.3 Los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención. Art. 1255 Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público. Art.1271.1 Pueden ser objeto de contrato todas las cosas que no están fuera del comercio de los hombres, aun las futuras.Art.1275 Los contratos sin causa, o con causa ilícita, no producen efecto alguno. Es ilícita la causa cuando se opone a las leyes o a la moral.

Fruto de los razonamientos iniciales declara que aun pudiendo conceptuarse como actividad económica, ello no implica la subsunción de tal actividad en el hecho imponible del impuesto sobre actividades económicas por cuanto que de admitirse tal interpretación, fundada en la circunstancia de que en el concepto de actividades sujetas no se distingue si son lícitas o no, se subsumirían en el mismo actividades ilícitas no penales (explotación no autorizada de juegos de azar, entrada clandestina de inmigrantes extranjeros, etc.) o penales (tráfico de drogas, contrabando, explotación habitual de la prostitución, etc.).

Como eso no es posible, debiendo circunscribirse el hecho imponible del impuesto a aquellas actividades que, reuniendo los requisitos que permiten calificarlas como “económicas”, sean conformes con el ordenamiento jurídico, o, lo que es lo mismo, sean lícitas; y ello porque la pretensión de la norma delimitadora del hecho imponible no es gravar cualquier tipo de actividad “económica”, sino sólo aquéllas que tienen carácter empresarial, profesional o artístico, cuyo ejercicio presupone su licitud.

Como además el requisito de licitud en la actividad propia de su objeto social es exigido para las sociedades mercantiles, civiles y personas físicas, la explotación de la prostitución, cualquiera que sea el tráfico, forma o comercio de la misma, ya sea de la prostitución ajena (ilícita penalmente), ya se de la propia de quien la ejerce (ilícita civilmente y objeto de medidas de seguridad) no puede ser objeto válido de ninguna actividad empresarial, profesional o artística a efectos fiscales; por lo que no está sujeta al Impuesto sobre Actividades Económicas y por lo que no ha lugar a la clasificación de la expresada actividad en las Tarifas.

Debido a que se trata de una actividad ilícita, algunos tribunales entienden los ingresos procedentes de esa actividad como subsumibles dentro de los incrementos de patrimonio no justificados. En fin, que siendo ilícita la actividad, sus ingresos son los que más tributan.

Por mi parte os diré que recientemente la abogada laboralista Gloria Poyatos, responsable del gabinete jurídico de CCOO en Girona, logró darse de alta como autónoma de esta actividad ante la Administración (se trataba de un trabajo de campo) siendo el epígrafe asignado el de "otras actividades personales". Esperemos que ahora hacienda no reproche esa actuación, la inspeccione y califique todos sus ingresos como incrementos del patrimonio no justificados.

Eso estaría mal, como otras muchas cosas... ¿verdad?

Imagen | Galería de loco085

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