Desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, la negociación del plan de igualdad, y su diagnóstico previo, es obligatorio para las empresas.

Sin embargo, aunque la figura de los representantes de los trabajadores es crucial en este plan, muchos autónomos con negocios pequeños no cuentan con un sindicato. Esto conllevaba ponerse en contacto con sindicatos mayoritarios para elaborar el plan.

Pero al no recibir respuesta de estas organizaciones, el Supremo falló a favor de los negocios sin representantes de los trabajadores, para dejar claro que pueden registrar un plan de igualdad elaborado por la empresa sin la participación de un sindicato.

En Pymes y Autonomos

Último mes para las empresas para adaptarse a la Ley Trans. Multas de hasta 150.000 euros por no tener un plan de igualdad

Los sindicatos no respaldan a los pequeños negocios para elaborar el plan de igualdad

La sentencia que nos sirve como ejemplo, deja claro que una empresa pequeña llegó a pedir durante más de un año, una reunión con un sindicato para elaborar el plan de igualdad. Por lo que decidió presentar su plan en el Registro y Depósito de Convenios Colectivos de Trabajo y Planes de Igualdad (REGCON)

Sin embargo, la empresa recibió una petición por parte de la Administración para acreditar documentalmente la constitución de la comisión negociadora del plan, porque la presencia de un sindicato es obligatoria.

La empresa solicitó ampliar el plazo para intentar dialogar con los sindicatos y así presentar el plan de igualdad de manera correcta pero no logró obtener respuesta de los representantes de los trabajadores.

El veredicto resalta que este pequeña empresa estuvo durante más de uno año intentando poner en marcha la comisión negociadora para sacar adelante su plan de igualdad sin éxito. Por lo que podrá elaborar el plan sin la parte social ante su falta de comunicación.

Y el Supremo ratificó estos argumentos, así que es legal elaborar un plan sin la participación de los representantes de los trabajadores o sindicatos más representativos. Y no se puede decir que esta empresa no lo intentara.

En el día de ayer les hablaba en estas páginas sobre la importancia de valorar los hechos desde el punto de vista objetivo para asegurar un adecuado reemplazo generacional dentro de la empresa familiar. Y hoy quiero ir un poco más allá, abordando una cuestión relacionada con la anterior, pero muchas veces olvidada, como es el riesgo que supone para la continuidad de la misma el no delegar o no formar a nuestros sucesores en asuntos estratégicos o relacionales necesarios para la toma de decisiones.

Piensen un momento en el típico negocio familiar en el que el padre (o la madre) se encargan de tareas muy concretas, que conocen solo ellos y que además son fundamentales para el funcionamiento del negocio (gestión de la cartera de clientes, relaciones con instituciones, negociación de precios y/o acuerdos con proveedores, etcétera). De tal manera que cuando llega el momento de la jubilación o retiro efectivo de la persona que se encarga de estas, deja un vacío tremendo para el que no contamos con el expertise necesario.

Ante este tipo de situaciones lo más recomendable es la elaboración de un plan de contingencia, en el que se cataloguen todas las tareas, haciendo hincapié en las más importantes. De tal modo que con su catalogación y transmisión podamos tener garantías de que cuando se ausente la persona que habitualmente los realiza podamos seguir con nuestro día a día.

Como pueden comprobar esta situación no tiene por qué ser exclusiva de las pequeñas empresas, pero sí es cierto que en estas es dónde mayor impacto puede tener. Además de que no solo se manifiesta en el momento de la jubilación, sino en otras muchas más eventualidades como bajas laborales y vacantes entre otras. Por lo que merece la pena realizar este pequeño ejercicio para evitar males mayores y situaciones indeseables.

En Pymes y Autónomos | La objetividad en la sucesión generacional de nuestra empresa
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Con la aprobación de las nuevas medidas anti-fraude ha vuelto a quedar claro que el Gobierno se siente más comprometido con la persecución de autónomos y pymes y su control del fraude antes que afrontar la búsqueda de los grandes defraudadores.

Para ello diseña una estrategia que dificulta la actividad de este colectivo ante la sospecha de que algunos de ellos puedan cometer fraude fiscal pero no mide por el mismo rasero a las grandes empresas. Todo ello sin tener en cuenta que la estimación del fraude anual en España es de 85.000 millones de euros, de los cuales apenas el 20% se deriva de actuaciones ilícitas de pequeños empresarios y el resto corresponde a las grandes compañías.

Ya he manifestado mi opinión sobre la limitación de pagos en efectivo, que sólo se aplica a las operaciones en las que intervengan empresarios autónomos y profesionales. Como si las grandes empresas fueran ajenas a este tipo de actividades.

Sobre la nueva normativa que afecta al sistema de módulos, se vuelve a poner el acento sobre el autónomo que supuestamente emite facturas falsas, pero no sobre la empresa que se beneficia de ellas, muchas veces las grandes empresas son las que utilizan “servicios” subcontratados para “rebajar” su factura fiscal. Esta nueva legislación “expulsa” al autónomo del sistema de módulos en determinadas circunstancias que pueden resultar sospechosas, pero no ciertas.

En ambos casos no se persigue el fraude, eso se hace intensificando las inspecciones y descubriendo a quien realmente lo conoce, sino que se ponen obstáculos a la actividad con la esperanza (incierta) de que con eso los defraudadores depongan su actitud.

O sea, que por unos pocos pagan todos. Pagan teniendo que asumir unos costes financieros mayores por tener que hacer frente a gastos y comisiones en medios de pago que han de utilizar obligatoriamente. También pagan los que están en módulos y no emiten facturas falsas pero su negocio tiene una mayoría de clientes que son empresas o autónomos y eso implica que pueden verse obligados a dejar los módulos y pasarse a estimación directa.

En resumen, mayor control y más obstáculos para los “sospechosos habituales” sean o no culpables. Los otros, los que hacen mayor daño a los ingresos del Estado puede seguir campando a sus anchas y, si les apetece, acogerse a la amnistía fiscal.

En Pymes y Autónomos | El Plan de Lucha contra el Fraude aumenta el control de las actividades en módulos y toma otras medidas
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