La jubilación ya no tiene por qué significar una salida definitiva del mercado laboral. El Consejo de Ministros ha aprobado una reforma de la jubilación flexible que introduce cambios de calado en este sentido.

En los últimos años, el envejecimiento de la población, la falta de relevo en algunos sectores y la necesidad de adaptar las carreras profesionales a nuevas realidades han impulsado distintas fórmulas para hacer más flexible esa transición del empleo al retiro.

España da un paso para aumentar las posibilidades de quienes, una vez jubilados, deseen seguir activos: por primera vez, los trabajadores autónomos que hasta ahora quedaban fuera de esta modalidad, podrán compatibilizar parte de su pensión con una actividad económica.

Los autónomos entran por primera vez en la jubilación flexible

Hasta ahora, esta posibilidad estaba centrada fundamentalmente en trabajadores asalariados con determinadas condiciones de jornada parcial. La nueva regulación cambia ese escenario y extiende la compatibilidad a otros perfiles.

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La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha señalado que: "El Gobierno ha aprobado nuevas mejoras en la jubilación flexible para que quienes quieran compatibilizar el empleo y la pensión puedan hacerlo de una forma sencilla y beneficiosa para ellos".

La reforma incorpora además una novedad relevante: los jubilados no tendrán que esperar un tiempo mínimo antes de reincorporarse a la actividad laboral. Podrán hacerlo cuando lo consideren oportuno y siempre de forma voluntaria.

Saiz añadió también que la medida "ofrece la posibilidad de que las personas que ya están jubiladas, voluntariamente, puedan reincorporarse actividad y compatibilizar su pensión con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o también con la realización de un trabajo por cuenta propia".

Cambian los límites de jornada y mejora el porcentaje de pensión

La modificación no solo amplía quién puede acogerse a este sistema, también introduce cambios en los porcentajes aplicables.

En el caso de quienes regresen al mercado laboral como asalariados a tiempo parcial, el margen de jornada aumenta. Hasta ahora la compatibilidad permitía trabajar entre un 25% y un 75% de la jornada habitual. A partir de la nueva regulación, el rango pasa a situarse entre un 33% y un 80%.

Además, la reforma incorpora mejoras económicas para quienes tengan una dedicación superior. Los pensionistas con jornadas situadas entre el 55% y el 80% obtendrán un incremento adicional del 25% sobre la cuantía correspondiente. Para jornadas comprendidas entre el 33% y el 55%, el aumento será del 15%.

Qué ocurrirá con los jubilados autónomos

Los autónomos pasan a incorporarse a una modalidad de compatibilidad de la que hasta ahora estaban excluidos.

La nueva regulación establece que el pensionista podrá seguir desarrollando una actividad económica y percibir simultáneamente hasta un 25% de la pensión mientras mantenga esa actividad compatible.

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Esta medida afecta a todos los regímenes de la Seguridad Social salvo algunas excepciones concretas. Quedan fuera de su aplicación los funcionarios civiles del Estado, los miembros de las Fuerzas Armadas y el personal al servicio de la Administración de Justicia.

Una reforma vinculada a los cambios del sistema de pensiones

El nuevo Real Decreto entrará en vigor tres meses después de su publicación oficial en el Boletín Oficial del Estado y forma parte de la reforma de pensiones aprobada durante 2024 junto a los interlocutores sociales.

El objetivo es facilitar una transición más gradual entre vida laboral y jubilación, incorporando incentivos para retrasar la salida definitiva del empleo o favorecer retornos parciales al mercado laboral.

Además, quienes se incorporen a esta modalidad mantendrán la condición de pensionistas a efectos de asistencia sanitaria y protección social.

También existen novedades para quienes accedieron inicialmente a una jubilación anticipada involuntaria. Cuando regresen posteriormente a la jubilación plena tras acogerse a la modalidad flexible, podrán ver mejorada su pensión mediante el recálculo de la base reguladora y del porcentaje aplicable según el tiempo adicional cotizado.

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Muchos autónomos pasaron años tomando una decisión que parecía lógica: pagar menos cada mes para aliviar gastos y ganar algo más de margen económico. Lo que pocos imaginaron es que esa estrategia, aparentemente beneficiosa en el corto plazo, podía terminar teniendo consecuencias importantes décadas después, justo en el momento de la jubilación. 

Pero claro, ¿qué ocurrió más tarde? Que cuando llega el momento de calcular la jubilación, se nota y mucho el impacto real que esta estrategia tiene sobre la pensión a recibir.

La situación afecta a una gran parte del colectivo. En 2023, el 86,6% de los autónomos cotizaba por la base mínima y cerca del 40% mantuvo esa situación durante buena parte de su trayectoria profesional.

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El resultado ofrece una diferencia importante respecto a los trabajadores asalariados: la pensión media de los autónomos llegó a situarse cerca de un 40% por debajo de la del Régimen General.

La reforma del sistema iniciada en 2023 busca corregir progresivamente esa situación mediante un modelo basado en ingresos reales. Pero ojo, porque esta nueva normativa no modifica décadas anteriores de cotizaciones reducidas.

La reforma cambia el sistema, pero no el pasado

Hasta hace pocos años, el modelo permitía elegir la base de cotización prácticamente con libertad. La mayoría optaba por la mínima y únicamente elevaba las aportaciones en etapas cercanas a la jubilación.

El nuevo sistema cambia esa dinámica. Desde la entrada en vigor del nuevo modelo de rendimientos reales, las cuotas pasan a vincularse a los ingresos obtenidos por el autónomo y desaparece gran parte de la libertad existente anteriormente.

Actualmente solo determinados tramos con ingresos más reducidos permiten cotizar por bases mínimas muy bajas. Sin embargo, quienes pasaron décadas aportando por debajo de otros niveles mantienen el impacto acumulado de esas decisiones tan extendidas en autónomos.

Cómo se calcula la pensión de un autónomo en 2026

El cálculo de la jubilación funciona de forma parecida al Régimen General. La base reguladora se obtiene mediante la suma de las bases de cotización correspondientes a los últimos 25 años, es decir, los últimos 300 meses, dividida entre 350.

Además, existen varios elementos que influyen directamente:

· Años cotizados totales

· Edad efectiva de jubilación

· Posibles coeficientes reductores

· Lagunas de cotización

· Actualización de bases anteriores por inflación

· Exoneraciones o periodos especiales

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Una diferencia importante afecta precisamente a los periodos sin cotizar. En autónomos, esa cobertura funciona de forma distinta y puede afectar negativamente al resultado final.

O lo que es lo mismo: cotizaciones bajas durante largos periodos terminan traduciéndose en pensiones reducidas.

Entonces, ¿qué puede cobrar un autónomo que ha cotizado siempre por lo mínimo?

No existe una cifra universal porque cada jubilación depende de múltiples variables. Sin embargo, sí puede hacerse una aproximación tomando como referencia el sistema vigente en 2026.

En un supuesto de un trabajador que únicamente hubiera cotizado el periodo mínimo exigido, 15 años, tendría derecho inicialmente al 50% de su base reguladora.

Tomando como referencia bases mínimas asociadas a ingresos reducidos, la pensión teórica podría situarse alrededor de:

· Base aproximada: 653,59 euros mensuales

· Aplicación del 50%: unos 326,80 euros al mes

La cifra está muy por debajo de las cuantías mínimas legales. Por ese motivo, la mayoría de los autónomos en esta situación suelen acceder posteriormente a complementos a mínimos para elevar la prestación.

Las pensiones mínimas en 2026 elevan la cuantía final

Las prestaciones mínimas experimentaron una actualización importante en 2026 y quedan configuradas de la siguiente forma:

Mayores de 65 años con cónyuge a cargo

• 1.256,6 euros mensuales
• 17.592,4 euros anuales

Sin cónyuge a cargo

• 936,2 euros mensuales
• 13.106,8 euros anuales

Con cónyuge no a cargo

• 888,7 euros mensuales
• 12.441,8 euros anuales

Requisitos para acceder a la jubilación contributiva

Para acceder a la pensión contributiva deben cumplirse varias condiciones:

• Haber cotizado al menos 15 años
• Tener 2 años cotizados dentro de los últimos 15 anteriores a la jubilación
• Alcanzar la edad legal ordinaria

En 2026 la edad de jubilación queda establecida en 66 años y 10 meses para quienes tengan menos de 38 años y 3 meses cotizados. Y en 65 años para quienes superen ese periodo cotizado.

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Los autónomos que se están jubilando en 2026 empiezan a marcar diferencias respecto a generaciones anteriores. Las nuevas pensiones del RETA ya son notablemente más altas que las que cobraban quienes se retiraban hace apenas unos años, reflejando un cambio cada vez más visible en las prestaciones de jubilación.

Los últimos datos de la Seguridad Social muestran que la pensión media de las nuevas altas de jubilación en el RETA alcanza los 1.178,8 euros mensuales, un máximo histórico para el colectivo.

La mejora es especialmente visible si se compara con la situación de 2017. Hace menos de diez años, las nuevas jubilaciones apenas alcanzaban los 801 euros mensuales. Ahora, las cuantías medias superan los 1.178 euros, es decir, un incremento cercano al 47% durante la última década.

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Eso así, la realidad sigue mostrando importantes diferencias frente a los asalariados del Régimen General.

La pensión media de los nuevos jubilados crece año tras año

Esta evolución refleja una subida prácticamente constante de las nuevas pensiones contributivas del RETA entre 2017 y 2026.

Según datos oficiales, las cantidades acumuladas hasta marzo de este año muestran este crecimiento:

• 2017: 801,76 euros
• 2018: 822,86 euros
• 2019: 836,83 euros
• 2020: 860,60 euros
• 2021: 853,28 euros
• 2022: 914,52 euros
• 2023: 933,84 euros
• 2024: 1.026,33 euros
• 2025: 1.079,83 euros
• 2026: 1.178,80 euros

El salto más fuerte se produce especialmente a partir de 2022, coincidiendo con las revalorizaciones ligadas al IPC y con la implantación progresiva del nuevo sistema de cotización por ingresos reales.

En total, las nuevas altas de jubilación de autónomos han aumentado casi 380 euros mensuales en menos de diez años.

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Otro dato relevante es la diferencia creciente entre quienes se jubilan ahora y el conjunto de pensionistas autónomos.

Actualmente, la pensión media general del RETA ronda los 1.058 euros mensuales. Esto significa que las nuevas jubilaciones ya superan esa cifra en unos 120 euros cada mes.

En términos anuales, la diferencia alcanza aproximadamente los 1.691 euros más al año en 14 pagas.

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Eso implica que los nuevos jubilados autónomos perciben alrededor de un 11,4% más que la media total del colectivo.

La explicación está en el peso histórico de las cotizaciones mínimas dentro del RETA. Durante décadas, muchos trabajadores por cuenta propia priorizaron pagar cuotas reducidas para disminuir gastos mensuales, especialmente pequeños comercios, negocios familiares y profesionales con ingresos variables. Y claro, estas decisiones siguen reflejándose hoy en día en las estadísticas generales.

El nuevo sistema de cotización cambia el perfil del autónomo

El cambio de tendencia tiene mucho que ver con la evolución reciente del propio RETA.

Cada vez más autónomos cotizan por bases superiores, especialmente durante los últimos años de actividad. Además, el nuevo sistema basado en rendimientos reales ha obligado a una parte importante del colectivo a aumentar sus aportaciones.

También existe una mayor concienciación sobre las consecuencias de cotizar durante décadas por la base mínima. Muchos profesionales han comprobado que intentar reducir cuotas durante la vida laboral puede traducirse después en pensiones insuficientes para afrontar gastos básicos durante la jubilación.

Los autónomos se jubilan más tarde que hace una década

También hay otra realidad que se debe tener en cuenta. La edad de jubilación de los trabajadores por cuenta propia es cada vez mayor.

En la jubilación ordinaria, la edad media ha pasado de unos 66,1 años en 2017 a prácticamente 67 años en 2026. En las jubilaciones anticipadas también se aprecia un cambio importante. La media ha aumentado desde aproximadamente 63,5 años hasta superar ya los 64 años.

Además, la jubilación demorada gana cada vez más peso dentro del colectivo. Se trata de una modalidad que permite continuar trabajando más allá de la edad legal a cambio de incentivos adicionales en la futura pensión.

Imágenes | Micheille Henderson, David Suárez

El momento de la jubilación es uno de los más esperados por los trabajadores. Toca disfrutar de otra etapa de la vida, pero desde la calma y de una supuesta tranquilidad económica gracias a una pensión ganada tras décadas de madrugones y esfuerzos.

Sin embargo, para los autónomos este momento de la vida no es igual al de otros trabajadores. La distancia entre la pensión media de un autónomo y la de un trabajador asalariado es abismal.

Según datos de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, quienes han desarrollado la mayor parte de su carrera en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos perciben de media de 1.054,39 euros mensuales al jubilarse.

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En el Régimen General, la pensión media asciende a 1.724,11 euros. La diferencia supera los 650 euros al mes y, en términos anuales, rebasa los 9.000 euros.

Si se proyecta esta brecha a lo largo de 20 años de jubilación, el diferencial acumulado puede situarse por encima de los 180.000 euros. No se trata solo de una estadística, sino de un simple número, sino de una diferencia brutal en la capacidad de gasto, ahorro y bienestar durante la última etapa de la vida.

Bases de cotización: el núcleo del problema

El sistema público español se basa en un modelo contributivo. La cuantía de la pensión depende directamente de las bases por las que se ha cotizado, especialmente en los últimos años de carrera, que son los que determinan la base reguladora.

Durante décadas, una parte mayoritaria de los autónomos optó por cotizar por la base mínima permitida, incluso cuando sus ingresos eran superiores.

Mientras que un asalariado cotiza automáticamente en función de su salario bruto, el trabajador por cuenta propia ha tenido margen para elegir su base dentro de determinados límites.

En 2022, antes de la reforma por ingresos reales, más del 80% de los autónomos cotizaba por la base mínima. Este patrón ha tenido un efecto directo en la prestación final.

Además, el Régimen General incluye mayores aportaciones empresariales. La cotización total en este régimen ronda el 28% del salario, de los cuales una parte significativa corre a cargo de la empresa.

En el caso del autónomo, el esfuerzo recae íntegramente sobre el propio trabajador, lo que históricamente ha incentivado bases más reducidas para contener el esfuerzo mensual.

Trayectorias irregulares y lagunas de cotización

Otro elemento clave es la estabilidad en la carrera profesional. Los asalariados suelen presentar trayectorias más lineales, con ingresos relativamente previsibles y continuidad en la cotización. En cambio, los autónomos afrontan ciclos de facturación variables, cierres temporales de actividad o periodos con ingresos bajos.

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Las lagunas de cotización afectan directamente al cálculo de la base reguladora. Aunque el sistema contempla mecanismos de integración parcial de estas lagunas en el Régimen General, la cobertura no es equivalente en el régimen de autónomos, lo que amplifica la diferencia final.

A ello se suma la mayor incidencia de jubilaciones anticipadas por cese de actividad o dificultades económicas, que pueden implicar coeficientes reductores sobre la pensión reconocida.

Envejecimiento del colectivo y aumento de jubilaciones

El número de autónomos que accede a la jubilación sigue aumentando. En 2024 se registraron 60.583 bajas por retiro, mientras que en 2025 la cifra alcanzó las 64.267, lo que supone un incremento cercano al 6%. Este crecimiento refleja el envejecimiento del colectivo y la salida de generaciones que cotizaron bajo esquemas menos exigentes.

España cuenta con más de 3,3 millones de trabajadores autónomos afiliados, muchos de ellos en tramos de edad avanzados.

La transición demográfica implica que el sistema deberá afrontar un volumen creciente de pensiones con bases históricamente bajas, consolidando la brecha existente frente al Régimen General.

Las dudas sobre la reforma por ingresos reales

La implantación progresiva del sistema de cotización por ingresos reales busca corregir distorsiones históricas. El nuevo esquema establece tramos vinculados a rendimientos netos, con bases mínimas y máximas ajustadas a la facturación efectiva. En teoría, esta medida reducirá las diferencias futuras si los autónomos cotizan en función de lo que realmente ingresan.

Sin embargo, el efecto será gradual. Las pensiones actuales y las que se reconocerán en los próximos años responden a carreras de cotización anteriores a la reforma. La corrección del diferencial estructural no será inmediata y dependerá de la consolidación de bases más elevadas durante periodos prolongados.

Además, el aumento de cotizaciones puede tensionar la viabilidad económica de determinados pequeños negocios, especialmente en sectores con márgenes ajustados. El equilibrio entre sostenibilidad del sistema y capacidad contributiva del autónomo continúa siendo un debate abierto.

No se puede vivir con mil euros al mes

Una pensión media cercana a los 1.050 euros sitúa a muchos jubilados autónomos en un umbral vulnerable frente al incremento del coste de vida.

Vivienda, suministros energéticos y atención sanitaria absorben una proporción significativa de sus ingresos. La brecha de más de 650 euros mensuales frente a un asalariado no solo es una diferencia contributiva, sino también una desigualdad en capacidad de consumo y ahorro en la etapa final de la vida laboral.

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Para este 2026, los autónomos que han cotizado toda su vida por la base mínima ya saben que su pensión será baja. Sin matices. El sistema calcula la jubilación en función de lo cotizado y los años trabajados, sin distinguir entre empleados y trabajadores por cuenta propia.

Si durante décadas se ha elegido el tramo más bajo, la prestación resultante será reducida. La base determina la pensión, y quien ha mantenido la mínima parte con una cuantía inicial ajustada que, por sí sola, no alcanza cifras elevadas.

El cálculo teórico de la pensión se obtiene aplicando la base reguladora a los años cotizados. En el caso de quienes han permanecido en el mínimo, el resultado bruto dista mucho de las cifras que se asocian a pensiones medias.

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Sin embargo, esa cantidad inicial no es la que finalmente ingresan la mayoría de estos jubilados. El sistema incorpora un mecanismo corrector que eleva las prestaciones más reducidas hasta un umbral legal.

El papel decisivo del complemento a mínimos

La Seguridad Social activa cada año el complemento a mínimos cuando la pensión reconocida no alcanza las cantidades fijadas como referencia. Este ajuste no es una ayuda opcional, sino un instrumento estructural para evitar que las prestaciones contributivas queden por debajo de un nivel considerado básico.

En 2026, para un jubilado con cónyuge a cargo, la pensión final se sitúa en torno a los 1.256 euros mensuales distribuidos en catorce pagas.

En el caso de una unidad económica unipersonal, la cifra ronda los 936 euros al mes. Cuando el jubilado tiene cónyuge no dependiente, el importe se aproxima a los 888 euros mensuales.

Unas cantidades que representan la prestación definitiva tras aplicar el complemento. La cifra resultante del cálculo puro de la base mínima sería sensiblemente inferior. El ajuste estatal es el que permite alcanzar esos niveles, aunque en dos de los tres supuestos no se superan los 1.000 euros mensuales.

Límites de ingresos y condiciones

El acceso al complemento está condicionado por el nivel de rentas adicionales. La normativa establece topes anuales que no pueden superarse si se quiere mantener este refuerzo.

Para quienes no tienen cónyuge a cargo, el límite se sitúa en torno a los 9.442 euros anuales en ingresos externos. En el caso de tener cónyuge dependiente, el margen se amplía hasta aproximadamente 11.013 euros al año.

Se computan como rentas adicionales los ingresos procedentes de alquileres, dividendos, intereses o rescates de productos financieros.

Si el pensionista supera esos umbrales, pierde el derecho al complemento y pasa a percibir únicamente la cuantía derivada de su base reguladora. Este punto es relevante para muchos autónomos que mantienen pequeñas fuentes de ingresos una vez jubilados.

Edad de jubilación y años cotizados

Otro elemento clave en 2026 es la edad efectiva de retiro. La legislación mantiene el calendario progresivo de aumento de la edad ordinaria.

Para jubilarse a los 65 años es necesario acreditar al menos 38 años y tres meses de cotización. Quien no alcance ese periodo deberá esperar hasta los 66 años y diez meses.

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Esta exigencia afecta especialmente a autónomos con trayectorias irregulares, periodos sin actividad o cambios frecuentes de régimen.

Adelantar la jubilación también es posible, pero conlleva coeficientes reductores permanentes que disminuyen la cuantía final. Incluso aplicando el complemento a mínimos, una jubilación anticipada puede implicar ingresos más ajustados durante toda la etapa de retiro.

Una realidad que obliga, sí o sí, a planificar

El panorama para quienes han cotizado siempre por el tramo mínimo confirma una tendencia conocida. La pensión resultante es modesta y, salvo en el supuesto más favorable con cónyuge a cargo, no alcanza los 1.000 euros mensuales.

El complemento estatal amortigua la diferencia, pero no compensa completamente décadas de cotización reducida.

En los últimos años, el sistema de cotización por ingresos reales ha introducido cambios graduales en el régimen de autónomos. No obstante, quienes están a punto de jubilarse no pueden modificar sustancialmente el resultado acumulado de su carrera.

Un consejo que por obvio no debe pasarse por alto: Revisar años cotizados, estudiar la fecha óptima de retiro y analizar la posible existencia de ingresos adicionales es un paso imprescindible antes de formalizar la jubilación.

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El perfil del trabajador autónomo en España está cambiando. Cada vez son más los autónomos que deciden alargar su vida laboral más allá de la edad legal de jubilación con el objetivo de mejorar la prestación que cobrarán durante el resto de su vida.

Los últimos datos oficiales confirman que esta tendencia no es puntual. Se ha intensificado especialmente a partir de las reformas introducidas en los últimos ejercicios.

La evolución del sistema de pensiones, junto con el impacto que han tenido las cotizaciones históricamente más bajas del colectivo, está empujando a muchos trabajadores a replantearse el momento del retiro.

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A ello se suma la aparición de fórmulas más flexibles que permiten seguir trabajando y, al mismo tiempo, mejorar de forma significativa la pensión futura, lo que ha cambiado por completo la percepción tradicional de la jubilación.

El retraso en la jubilación se consolida como tendencia

Los datos de la Seguridad Social correspondientes a 2025 confirman que más del 30% de las nuevas jubilaciones del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos se produjeron por encima de la edad legal ordinaria.

En la práctica, esto significa que una parte cada vez mayor del colectivo opta por seguir en activo más allá de los 65 o 66 años y ocho meses exigidos para acceder al 100% de la pensión, en función del periodo cotizado.

La edad media real de jubilación entre los autónomos se sitúa ya cerca de los 67 años, una cifra que no deja de crecer.

Este retraso responde, en buena medida, a la necesidad de mejorar una pensión que, en muchos casos, se queda por debajo de la media del Régimen General. Mantener la actividad durante uno o dos años más puede suponer una diferencia notable en los ingresos mensuales durante toda la jubilación.

La jubilación demorada gana peso año tras año

Uno de los factores que explica este cambio de comportamiento es el auge de la jubilación demorada.

Esta modalidad permite al trabajador seguir en activo una vez alcanzada la edad legal y obtener, a cambio, importantes incentivos económicos.

Los datos oficiales muestran que el número de autónomos que optan por esta vía se ha multiplicado en los últimos años, pasando de cifras cercanas a los siete mil casos anuales a más de dieciocho mil en el último ejercicio completo.

El punto de inflexión se produjo tras la reforma que amplió los incentivos asociados a esta modalidad. Desde entonces, retrasar la jubilación se ha convertido en una estrategia habitual para quienes desean reforzar su pensión sin renunciar a su actividad profesional. En términos relativos, el crecimiento acumulado supera ampliamente el cien por cien en apenas cuatro años.

Más incentivos y mayor flexibilidad para seguir trabajando

El atractivo de la jubilación demorada radica en las ventajas económicas que ofrece.

Por cada año completo que se retrasa el acceso a la pensión, el trabajador puede incrementar su prestación futura en un porcentaje adicional que se mantiene de forma vitalicia.

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Esta mejora se traduce en un aumento significativo de los ingresos a largo plazo, especialmente relevante en un colectivo con pensiones medias más bajas.

A esta opción se suma la posibilidad de recibir una cantidad económica a tanto alzado o combinar ambas fórmulas, lo que permite adaptar la decisión a las necesidades personales de cada autónomo.

En muchos casos, el impacto económico de retrasar la jubilación dos o tres años puede suponer varios miles de euros adicionales a lo largo de toda la etapa de retiro.

La jubilación activa gana protagonismo

Junto a la jubilación demorada, la jubilación activa se ha convertido en otra de las grandes protagonistas del cambio de tendencia.

Esta modalidad permite compatibilizar el cobro de la pensión con la continuidad de la actividad profesional, algo especialmente valorado por quienes mantienen pequeños negocios o actividades profesionales consolidadas.

Las modificaciones introducidas recientemente han ampliado las posibilidades de acceso y han mejorado las cuantías que se pueden percibir mientras se sigue trabajando.

En función del tiempo que se retrase la jubilación total, el porcentaje de pensión compatible con la actividad puede llegar hasta el 100%, lo que ha convertido esta fórmula en una alternativa muy atractiva para muchos autónomos.

Un sistema que empuja a retrasar el retiro

Más allá de los incentivos normativos, existe un factor estructural que explica este fenómeno. Las pensiones medias del colectivo siguen situándose en torno a los mil euros mensuales, una cifra que obliga a muchos trabajadores a prolongar su vida laboral si quieren mantener un nivel de ingresos suficiente tras la jubilación.

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Dos años después de su puesta en marcha, el fondo público de pensiones de empleo sigue sin despegar. El sistema, concebido como una de las piezas clave de la reforma de las pensiones, avanza más lento de lo esperado, con una adhesión limitada por parte de empresas y una implantación que, por ahora, apenas se traduce en ahorro complementario efectivo para los trabajadores.

El problema no es solo de diseño institucional, sino de incentivos, tiempos y prioridades empresariales, especialmente en el caso de las pymes, que constituyen la mayor parte de la infraestructura productiva española.

Complementar las pensiones públicas

El fondo público de pensiones nació con el objetivo de impulsar el ahorro complementario a través de planes de empleo, siguiendo modelos implantados en otros países europeos.

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En esencia, la idea es facilitar a empresas (sobre todo, a las pequeñas) el acceso a planes colectivos con menores costes y una gestión centralizada. Sin embargo, la realidad es que la herramienta no ha conseguido atraer volumen significativo.

Hoy, se percibe una falta de aportaciones relevantes, que se suma al escaso número de empresas adheridas, que pone de manifiesto que el plan no basta para cambiar los hábitos de previsión social. En varias ocasiones, los medios han apuntado a que el despliegue se ha visto lastrado por la complejidad inicial, la falta de información clara y un contexto económico poco propicio para compromisos a largo plazo.

Para muchas pymes, el problema no es conceptual, sino práctico. Ofrecer un plan de pensiones de empleo implica un coste adicional en un momento en el que las empresas ya afrontan subidas de cotizaciones, salarios y otros costes estructurales.

Además, en negocios pequeños, la prioridad suele ser garantizar la viabilidad a corto y medio plazo, más que comprometer recursos a un instrumento cuyo beneficio se percibe a largo plazo. A todo ello, se suma la falta de tradición en planes de previsión social complementaria en gran parte de las empresas españolas.

Desde el punto de vista de la gestión, muchas pymes consideran que el fondo público no simplifica lo suficiente el proceso como para compensar el esfuerzo administrativo y económico que supone ponerlo en marcha.

Qué se está haciendo (en realidad)

Mientras el fondo público avanza con dificultad, empresas y trabajadores están optando por otras vías para cubrir esa necesidad de ahorro o compensación salarial.

En el caso de las empresas, especialmente las pymes con perfiles cualificados, la alternativa más habitual ha sido priorizar el salario directo frente a beneficios diferidos. En un mercado laboral tensionado, ofrecer mejores sueldos o retribuciones variables resulta más atractivo que un plan de pensiones cuyo valor se percibe a largo plazo.

Por parte de los trabajadores, el ahorro se está canalizando sobre todo a través de planes individuales, productos financieros privados o fórmulas de inversión fuera del ámbito laboral.

Si bien estos instrumentos cuentan con menores ventajas fiscales que los planes de empleo, ofrecen mayor flexibilidad y control individual, dos factores muy valorados en el contexto actual.

Una pieza que queda incompleta en la reforma

El escaso avance del fondo público deja una sensación de reforma a medias. Mientras el sistema público refuerza sus ingresos mediante mayores cotizaciones (en especial, en los salarios más altos), el pilar complementario que debía equilibrar ese esfuerzo no termina de consolidarse.

Diversos analistas han señalado que, sin incentivos más claros o una simplificación real para las empresas, el fondo corre el riesgo de quedar como un instrumento testimonial, lejos de su objetivo inicial de extender el ahorro colectivo.

Para las pymes, el mensaje es claro: no existe, por ahora, una solución sencilla y generalizada para la previsión social complementaria. En la práctica, cada empresa está resolviendo esta cuestión según sus márgenes, su sector y su capacidad para atraer y retener talento.

El fondo público sigue sobre la mesa, pero su recorrido dependerá de si logra adaptarse mejor a la realidad empresarial: por ahora, la previsión social seguirá siendo un terreno fragmentado, en el que salario, ahorro individual y beneficios alternativos conviven como soluciones parciales.

Un debate abierto

El futuro del fondo público de pensiones sigue abierto. Su lento arranque no implica necesariamente su fracaso, pero sí evidencia que el diseño institucional no basta si no va acompañado de incentivos reales y de un contexto económico favorable.

Para las pymes, más allá del debate político, la clave está en entender que la previsión social complementaria no se resolverá de forma automática. Mientras tanto, las decisiones seguirán tomándose caso a caso, con soluciones imperfectas: eso sí, mejor adaptadas a la realidad de la empresa.

Una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha ampliado la interpretación del artículo 213.4 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS), que regula la compatibilidad entre la pensión de jubilación y el trabajo autónomo considerado como puntual.

En este sentido, el fallo establece que, para determinar si un jubilado está obligado a cotizar, se debe tener en cuenta el rendimiento neto de su actividad —es decir, los ingresos menos los gastos deducibles— y no la facturación total.

Qué dice la ley

Hasta ahora, la Seguridad Social entendía que el límite para poder realizar trabajos por cuenta propia sin alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) era no superar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), actualmente fijado en 15.120 euros anuales (2025). Sin embargo, el criterio administrativo no aclaraba si ese umbral se refería a ingresos o beneficios.

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La sentencia del Tribunal Supremo (STS 563/2023) que ha acogido relevancia en los últimos meses, resuelve la duda al apuntar que solo se valoran los rendimientos netos: “El tribunal aplica la interpretación más favorable al pensionista, conforme a los parámetros de la legislación fiscal”, según han explicado desde la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA).

Esto significa que un jubilado que facture, por ejemplo, 17.000 euros pero declare gastos deducibles de 3.000 euros, tendrá un rendimiento neto de 14.000 € y no estará obligado a cotizar.

El artículo 213.4 de la LGSS establece literalmente que "el percibo de la pensión de jubilación será compatible con la realización de trabajos por cuenta propia cuyos ingresos anuales totales no superen el SMI, en cómputo anual. Quienes realicen estas actividades económicas no estarán obligados a cotizar por las prestaciones de la Seguridad Social".

El Supremo interpreta que este precepto se aplica exclusivamente a jubilados y no exige habitualidad ni establecimiento abierto al público, siempre que no se rebase el límite del SMI anual. De este modo, el tribunal diferencia claramente entre la compatibilidad limitada del jubilado y la obligación general de alta para los autónomos activos.

Por qué se permite esta excepción 

La norma busca favorecer la continuidad de pequeñas actividades en el medio rural, la agricultura o los oficios tradicionales, sin penalizar a quienes obtienen ingresos esporádicos. 

Hay tres grandes escenarios en los que ocurre esto:

• La brecha entre las pensiones del RETA y del Régimen General, que en muchos casos supera los 400 euros mensuales.
• La realidad rural y la despoblación, donde pequeñas tiendas o talleres siguen funcionando gracias a jubilados que realizan tareas ocasionales.
• La necesidad de preservar microexplotaciones agrícolas o negocios familiares que no superan el umbral del SMI. 

Si bien el fallo amplía la seguridad jurídica, los expertos recomiendan prudencia, puesto que si la Administración o los tribunales consideran que la actividad tiene carácter habitual, el jubilado podría verse obligado a devolver hasta cuatro años de pensiones y pagar las cotizaciones pendientes, con intereses.

Doble rasero normativo

De igual modo, este criterio contrasta con la situación de muchos autónomos activos, para los que la Administración sí exige alta en el RETA incluso sin alcanzar el SMI en rendimientos netos, lo que genera una sensación de doble rasero normativo.

Así, el artículo 305.1 de la Ley General de la Seguridad Social y la doctrina del Tribunal Supremo (STS 29/11/1997, entre otras) establecen que basta con que la actividad sea habitual, personal y directa para que exista la obligación de cotizar, sin referencia explícita a ingresos mínimos.

Esto implica que un trabajador autónomo que facture menos de 12.000 o incluso 6.000 euros anuales debe cotizar mensualmente (entre 230 y 300 euros en 2025), mientras que un pensionista con rendimientos similares puede quedar exento si no supera el SMI neto.

La diferencia no es menor: en la práctica, el pensionista podría ingresar entre 14.000 y 15.000 euros al año sin cotizar, mientras que el autónomo activo estaría obligado a pagar cuotas que reducen su renta neta hasta en un 25 %. Para los expertos, este doble rasero normativo crea una incoherencia estructural dentro del propio sistema.

“Un autónomo joven que factura 800 euros mensuales tiene que pagar la cuota y asumir los costes del RETA, pero un jubilado con una pensión y una actividad equivalente no”, explican desde la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA).

Esta disparidad, según la organización, desincentiva el emprendimiento activo y penaliza la baja facturación, especialmente en sectores rurales o profesionales con ingresos variables.

ATA y UPTA han pedido en reiteradas ocasiones que la Seguridad Social armonice los criterios y permita una exención o cotización reducida para quienes acrediten ingresos inferiores al SMI, algo que el Ministerio de Inclusión ha rechazado por el momento.

La sentencia del Supremo aporta claridad legal para un colectivo numeroso —más de tres millones de pensionistas con ingresos complementarios potenciales— y corrige una laguna administrativa que generaba inseguridad.
Aun así, los expertos advierten de que esta interpretación no elimina el riesgo de inspección y recomiendan mantener registros claros de facturación y gastos, así como asesoramiento fiscal.

En definitiva, el fallo favorece la compatibilidad entre pensión y autoempleo para quienes mantienen pequeñas actividades o colaboraciones esporádicas, pero deja abierta una cuestión pendiente: la desigualdad de trato con los autónomos en activo que no alcanzan el SMI, un debate que podría reabrirse en futuras reformas del sistema.

En España, las pensiones se han convertido en un reto económico de primer orden comparable al acceso a la vivienda. Las cotizaciones sociales financian alrededor del 70 % de los ingresos de la Seguridad Social, pero ya no bastan para cubrir el gasto creciente.

En la actualidad, lo que resta se compensa con impuestos y deuda, mientras pymes y autónomos cargan con una de las presiones más altas de Europa.

¿Un peso desproporcionado?

En 2025, los ingresos por cotizaciones ascendieron a 87.500 millones de euros, un 7,2 % más que en 2024. Aun así, el sistema sigue en números rojos. Según el Instituto de Estudios Económicos, España es uno de los países de la UE donde más pesan las cotizaciones sobre la recaudación: un 25,8 % frente al 17,9 % comunitario.

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En términos de PIB, en España la presión fiscal empresarial alcanza el 12,3 %, frente al 10,2 % de la media europea. Esto se traduce en menor margen para contratar, subir salarios o reinvertir beneficios. Los autónomos tampoco salen mejor parados: la mayoría cotiza por bases mínimas, lo que limita su pensión futura.

Sin embargo, la Seguridad Social ha compartido datos actualizados que muestran cómo el gasto en pensiones se mantiene en torno al 12 % del PIB (Seguridad Social). Solo en julio de 2025, el desembolso mensual fue de 13.588 millones de euros, un 6,2 % más que el año anterior.

Haciendo un cálculo rápido, hoy día, la pensión contributiva media se sitúa en 1.311 €/mes, mientras la de jubilación supera los 1.500 €/mes. En cambio, la pensión de los autónomos apenas llega a los 1.000 euros al mes, y quienes cotizan siempre por la base mínima pueden estar cobrando (o cobrarán) poco más de 635 €.

El Banco de España y la Comisión Europea advierten que el modelo actual no es sostenible: el gasto crece más rápido que los ingresos, y la base de cotizantes se debilita. El peso de los salarios en el PIB, que rondaba el 55 % hace dos décadas, ha caído al 50 % y podría bajar al 40 % en 2060, como apuntaba Julián Díaz Saavedra para El País.

Para intentar ganar oxígeno, el Gobierno ha reforzado el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), elevando la cotización adicional del 0,7 % al 0,8 %. Solo en 2025 generará 690 millones extra, así como se ha introducido una “cuota de solidaridad” para salarios que superen los 58.900 € anuales, con recargos crecientes de aquí a 2045.

El dilema de las pymes

Como resultado, el ecosistema empresarial español supone una doble pinza: por un lado, empresas pequeñas y trabajadores por cuenta propia soportan unas cotizaciones muy elevadas en comparación internacional. A su vez, sus pensiones futuras no están garantizadas, especialmente en el caso de los autónomos que cotizan por lo mínimo.

Un ejemplo práctico: contratar un trabajador con un salario bruto de 20.000 € anuales cuesta a la empresa alrededor de 26.000 € tras sumar las cotizaciones sociales. Para una pyme con tres empleados, la factura anual se dispara por encima de los 18.000 € adicionales, un coste que limita tanto la contratación como la competitividad.

Todo indica que España no puede sostener el futuro de las pensiones cargando todavía más sobre la pequeña y mediana empresa y los autónomos.

Según los analistas, la solución debe pasar por diversificar las fuentes de financiación (vía impuestos finalistas, mejora de la productividad y planes complementarios) y por incentivar bases de cotización más altas sin penalizar la actividad.

Si no se aborda el problema de raíz, se corre el riesgo de seguir siendo sostenible a costa de quienes menos margen tienen: los pequeños negocios y los trabajadores por cuenta propia. Pero ¿hasta cuándo?

Si no hace mucho tiempo, Gonzalo Bernardos hablaba sobre las edades de jubilación, Santiago Niño-Becerra ha vuelto a poner a debate la sostenibilidad del sistema público español. Un aspecto que afecta tanto al mercado de trabajo como al propio sistema de prestaciones. Su diagnóstico es claro: el modelo fue concebido para una realidad social y económica que ya no existe. "El sistema de pensiones ha muerto", ha dicho.

La advertencia no es nueva, y hace tiempo que muchos economistas apuntan en la misma dirección, pero llega acompañada de cifras preocupantes: una población cada vez más envejecida, cotizaciones insuficientes, y un mercado laboral incapaz de sostener las jubilaciones futuras. Para miles de jóvenes y autónomos, la pregunta ya no es cuándo se jubilarán, sino si podrán jubilarse alguna vez.

Un sistema de otro mundo

El sistema público de pensiones nació en Europa tras la Segunda Guerra Mundial, en un contexto de pleno empleo, esperanza de vida limitada y crecimiento económico sostenido. Durante décadas, la lógica fue simple: los trabajadores activos financiaban las pensiones de los jubilados, y el equilibrio se mantenía porque había muchos cotizantes por cada pensionista.

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Además, las cotizaciones medias eran muy superiores a las pensiones de jubilación hasta los años noventa (una fecha que empieza a quedar lejana), que ayudaba a mantener un equilibrio. No obstante, España sufre el tsunami perfecto: una generación (boomers) que ha cotizado por pensiones superiores, una de las tasas de natalidad más bajas de Europa, una esperanza de vida creciente y un mercado laboral marcado por la temporalidad y los bajos salarios.

El resultado: cada vez hay menos cotizantes por cada jubilado, y los ingresos no alcanzan para cubrir los compromisos futuros.

El desequilibrio ya está aquí

Hoy, el gasto en pensiones supera el 11,5 % del PIB y podría llegar al 17,1 % en las próximas décadas si no se toman medidas. La ratio de cotizantes por pensionista, que hace unas décadas era superior a 3, se acercará peligrosamente al 1 a 1 en 2050.

Incluso la “hucha de las pensiones” no es más que una quimera: se ha vaciado en los últimos años, y el sistema ha tenido que recurrir a deuda o fondos extraordinarios para pagar prestaciones. Sin embargo, nunca ha sido una solución real, como explicábamos hace unos días en este mismo blog. Si bien  se ha reactivado recientemente gracias al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), no representa una solución estructural: se trata de un parche con escasa capacidad de respuesta frente a desequilibrios sostenidos.

Niño Becerra no es el único que advierte del cambio de paradigma. Otros economistas, como Gonzalo Bernardos, coinciden en que las reformas serán inevitables: retraso de la edad de jubilación, revisión del cálculo de la pensión y recortes parciales están sobre la mesa desde hace tiempo.

Algunos informes apuntan a que las nuevas generaciones solo accederán a pensiones más bajas y con mayor esfuerzo contributivo, y que la edad real de jubilación podría superar los 70 años en apenas dos décadas. 

Por descontado, las preguntas están claras. La más evidente: ¿si el sistema está roto, es justo para las generaciones actuales y futuras asumir toda la carga contributiva?

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha planteado un enfoque técnico: auditorías trienales del sistema, seguimiento del gasto y mecanismos automáticos de ajuste si se disparan los desvíos. Por el contrario, otros analistas proponen complementar el sistema público con planes colectivos, fórmulas de ahorro incentivado o más protagonismo del pilar privado:los datos muestran que, fuera de grandes empresas, este tipo de mecanismos sigue siendo residual en España.

De igual modo, la presión contributiva sigue subiendo para empresas y trabajadores por cuenta propia. Muchos autónomos ya cotizan al máximo permitido para poder acceder a una pensión decente, pero temen que eso no sea suficiente. Las pymes, por su parte, se enfrentan a un dilema: ¿cómo garantizar el bienestar futuro de sus empleados si el sistema no responde?

En cualquier caso, al margen de previsiones macroeconómicas, la percepción ciudadana empieza a romperse. Muchos mayores de 60 años ya dudan de que el sistema aguante cuando les llegue el turno. Entre los jóvenes, la desconfianza es aún mayor: salarios bajos, cotizaciones insuficientes y carreras laborales inestables convierten la jubilación en un horizonte borroso.