pensiones

Es llamativo que durante esta semana estuviese reunido la Comisión del Pacto de Toledo en el Parlamento, discutiendo los futuros cambios que se plantean acometer en un futuro no muy lejano y al mismo tiempo se sigan publicando noticias acerca de prejubilaciones en distintos sectores de la economía española.

Así el pasado miércoles en la edición impresa de Cinco Días aparecía una noticia en la página 17 en la que informaban que el plan de reestructuración financiera de las cajas de ahorro iba a implicar la amortización de más de 20.000 puestos de trabajo entre 2010 y 2011, siendo el 90% vía prejubilaciones.

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La inclusión en la Ley de Presupuestos de 2011 de la norma que adelanta la edad tope para que los autónomos puedan subir voluntariamente sus aportaciones al RETA para aumentar su pensión de jubilación, abre la puerta a recuperar el debate sobre la reforma del sistema de pensiones.

Antes del verano ya se comentó la posibilidad de que se elevara la edad de jubilación a los 67 años, ahora se está evaluando la posibilidad de que se necesisten 20 años de cotización para tener derecho a la pensión de jubilación (en lugar de los 15 actuales) y también se ha rumoreado la posibilidad de variar el sistema de cálculo del importe de la pensión y que se eleve de 35 a 37 los años cotizados para cobrar el 100% de la pensión. Todo ello derivado de la necesidad de modificar un sistema que, en el largo plazo, puede verse en peligro, ¿por qué?

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Llevamos unos días escuchando noticias acerca de las negociaciones sobre los servicios mínimos que se están llevando a cabo en estos días con motivo de la convocatoria de huelga general. Siendo como es el derecho a la huelga un derecho fundamental no es lógico que se manipule un servicio estratégico, como el transporte, para que condicione el resultado de la convocatoria, a favor de quienes la organizan.

Aunque no me cabe lugar a dudas que el poder de convocatoria de los sindicatos es nulo, las razones en las que basan estas movilizaciones socavan aún más la iniciativa y, por ende, su resultado. Creo que ningún trabajador puede apoyar una huelga general en oposición a una reforma laboral que es imperativa en España, pero siendo promovido por unas organizaciones tan lejanas a los intereses de los trabajadores es imposible secundarla. A pesar de todo, yo sí que haría huelga general, pero por otras razones.

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Según se publica hoy, el Pacto de Toledo podría acordar la modificación del funcionamiento de nuestro sistema de pensiones sin elevar la edad de jubilación, como había propuesto inicialmente el Gobierno. La cuestión es que en lugar de aumentar de los 65 a los 67 años la edad de jubilación, se establecería un periodo de cotización de 37 ó 38 años para cobrar el 100% de la pensión correspondiente, ahora son obligatorios 35 años.

Por otro lado se elevaría de 15 a un intervalo de entre 20 a 25 años, el periodo que se toma como base para el cálculo del importe de la pensión, en principio, parece ser que se decidirá por la opción de los 20 años, si bien inicialmente se había planteado la de los 25.

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Dentro de las negociaciones que se están llevando a cabo en la reforma laboral y las modificaciones en las condiciones para el acceso a las pensiones de jubilación, el ministro Corbacho, lanzó ayer el guante de la ampliación de los años cotizados desde los quince actuales a veinte años.

En esta propuesta, la ATA ha aportado una propuesta sumamente interesante que repercute directamente en los autónomos y que puede facilitar la jubilación de este amplio colectivo dado que se debería dar la posibilidad de escoger los años con mayores bases cotizadas dentro de toda la vida laboral.

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Los fondos de pensiones cumplen una importante función social que se pone de manifiesto a través de la labor de modernización, desarrollo y estabilidad de los mercados financieros. Por esa razón, según una sentencia del Juzgado Mercantil nº 6 de Madrid, de 5 de julio de 2010, se establece la indisponibilidad de los derechos consolidados y, consecuentemente, su inembargabilidad.

El fallo de este Tribunal determina que durante un proceso concursal, los derechos consolidados de los fondos y planes de pensiones, de titularidad del concursado, no pueden ser incluidos en la masa activa del concurso, ni someterse a retención o traba, todo ello hasta la fecha de jubilación del mismo o cualquiera de las causas legales que permiten acceder al capital del fondo,

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En varios de los últimos artículos míos he atacado y he incidido en lo que para mí es un desvarío y que no deberíamos tener que pagar entre todos, el mal llamado para mí estado del bienestar, pero lo he hecho básicamente basándome en el ataque a las prestaciones y servicios públicos a los que una persona empleada, a los que un trabajador tiene acceso, es cierto que he nombrado otro tipo de prestaciones y colectivos pero sin incidir especialmente en ellos, hoy me adentro en otros colectivo que todos los que hoy somos empresarios o autónomos llegaremos, las personas de la tercera edad, otramente dichos jubilados o pensionistas.

Lógicamente y en consonancia con mi línea de pensamiento sobre las prestaciones y servicios públicos no debería existir pensiones o prestaciones contributivas (y de no contributivas a modo de solidaridad) y debería ser responsabilidad de cada personas el haberse dotado de un buen plan privado, pero hoy no quiero entrar en eso, quiero entrar en la raíz misma de los que nos lleva a jubilarnos o cobrar una pensión, ¿Por qué nos obligan a jubilarnos?

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Chavalina me daba por Twitter esta idea para un post, para reflexionar sobre el entorno y la reforma laboral que tenemos en ciernes. ¿Qué pasaría si todos los trabajadores fueran autónomos? Así a bote pronto, en las mismas circunstancias que nos encontramos ahora más de 3 millones de personas. Veamos a vuela pluma lo que se me ocurre al respecto, porque es un tema complicado de prever.

No existiría la prestación por desempleo ni los subsidios por desempleo. Si todos fuésemos autónomos, nadie cobraría el paro, por tanto las cotizaciones sociales para las empresas serían mucho más baratas.

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En medio de la discusión sobre el aumento o no de la edad de jubilación hasta los 65 años, hoy el Instituto de Estudios Económicos hace público un informe de la Eurostat (oficina estadística de la Unión Europea) en relación a este tema (PDF)

En este estudio se pone de manifiesto que sólo el 45% de los trabajadores entre 55 y 64 años se mantiene activo. Lo que pone de manifiesto esta estadística es la problemática que el sistema de prejubilaciones crea y que tiene un impacto tan grande en el sistema de pensiones como lo puede tener el desempleo.

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