La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha presentado una propuesta de modificación del Estatuto del Trabajo Autónomo con el objetivo de adaptar la legislación actual a las transformaciones económicas, tecnológicas y sociales que se han producido en las últimas dos décadas.

La iniciativa cuenta con el respaldo de más de 150 asociaciones de autónomos de toda España y plantea una revisión profunda de una norma que fue aprobada hace demasiado tiempo, allá por 2007.

Y claro, desde entonces, todo ha cambiado mucho. La digitalización, la aparición de nuevas formas de trabajo, la expansión de las plataformas tecnológicas y la evolución de los modelos de negocio han sido constante.

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Durante los últimos meses, la organización ha desarrollado un proceso de consulta con entidades sectoriales e intersectoriales de todo el país para recoger las principales demandas de los profesionales por cuenta propia. Y este ha sido el resultado.

Más protección ante enfermedad, jubilación y cese de actividad

Uno de los pilares de la propuesta se centra en ampliar la cobertura social de los autónomos. El objetivo es acercar sus garantías a las que disfrutan los trabajadores asalariados, especialmente en situaciones que pueden comprometer la continuidad de un negocio o los ingresos personales.

Entre las medidas planteadas figura la mejora de las prestaciones por cese de actividad, una herramienta que durante años ha sido objeto de debate dentro del colectivo por las dificultades de acceso y las limitaciones existentes en determinados supuestos.

La reforma también propone revisar las condiciones relacionadas con la jubilación, la incapacidad temporal y las contingencias profesionales. Además, se contemplan mecanismos de apoyo extraordinario para situaciones excepcionales que puedan afectar gravemente a la actividad económica de los trabajadores autónomos.

La organización considera que el actual sistema necesita adaptarse mejor a la realidad de millones de profesionales que desarrollan su actividad sin la cobertura que existe en otros regímenes laborales.

El trabajo digital gana protagonismo

Otro de los grandes cambios incluidos en la propuesta afecta a las nuevas modalidades de trabajo que han surgido en los últimos años.

La expansión de las plataformas digitales, los servicios desarrollados a través de internet y las actividades económicas vinculadas a entornos virtuales han generado situaciones que no siempre encuentran un encaje claro dentro de la normativa actual.

Por este motivo, la reforma incorpora nuevas figuras jurídicas destinadas a ofrecer mayor seguridad tanto a los profesionales como a las empresas que operan en estos ámbitos.

El objetivo es reducir la incertidumbre legal y facilitar el desarrollo de actividades emergentes que tienen un peso creciente en la economía española.

Cambios en la figura del autónomo dependiente

La propuesta también presta especial atención a los trabajadores autónomos económicamente dependientes, conocidos como TRADE.

UPTA plantea una actualización de esta figura para adaptarla a los nuevos modelos productivos y reforzar los mecanismos de control frente a posibles usos indebidos. La intención es evitar situaciones en las que determinados profesionales trabajan en condiciones de dependencia económica sin disponer de una protección adecuada.

Incentivos para emprender y facilitar el relevo generacional

La reforma dedica un apartado importante a los incentivos económicos y al apoyo al emprendimiento.

Entre las medidas planteadas figura la revisión del sistema de bonificaciones, ayudas y reducciones de cuotas para hacerlo más eficaz y ajustado a las circunstancias actuales. También se proponen actuaciones específicas destinadas a impulsar el emprendimiento juvenil y favorecer la continuidad de negocios viables.

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El relevo generacional aparece como otra de las prioridades. Numerosos negocios gestionados por autónomos afrontan dificultades para encontrar continuidad cuando sus propietarios alcanzan la edad de jubilación.

La propuesta busca facilitar la transmisión de actividades económicas y evitar la desaparición de empresas que siguen siendo rentables.

Asimismo, se plantean medidas para fortalecer el tejido productivo en zonas rurales y contribuir a combatir la despoblación mediante incentivos específicos para quienes desarrollan su actividad fuera de los grandes núcleos urbanos.

Menos presión fiscal y un marco preparado para las próximas décadas

La organización considera imprescindible abordar cambios tributarios que permitan aliviar la carga económica que soportan numerosos autónomos. La propuesta defiende un modelo fiscal más equilibrado y vinculado a la capacidad económica real de cada profesional.

El presidente de UPTA, Eduardo Abad, ha destacado la necesidad de que las decisiones sobre el futuro del colectivo se adopten con la participación directa de sus representantes.

Según señaló, "es el momento de los autónomos" y de situar sus necesidades reales en el centro del debate político y social para impulsar una normativa adaptada a la realidad actual del trabajo por cuenta propia.

Imágenes |  Brooke Cagle, Vitaly Gariev

Acceder al cese de actividad sigue siendo uno de los trámites más complicados para los trabajadores por cuenta propia. Los últimos datos actualizados por la Seguridad Social hasta abril de 2026 reflejan que apenas cuatro de cada diez solicitudes terminan aprobándose.

En total, durante los primeros meses del año se reconocieron 2.674 prestaciones frente a 2.684 expedientes rechazados. Sin embargo, las estadísticas oficiales dejan además otro dato que da que pensar: cuando la Seguridad Social sí concede la prestación, casi siempre lo hace por motivos económicos muy concretos y perfectamente documentados.

Las causas económicas concentran siete de cada diez prestaciones aprobadas

Las denominadas causas Económicas, Técnicas, Organizativas o Productivas (ETOP) siguen siendo la principal vía de acceso al cese de actividad en España.

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Hasta abril de 2026, 1.902 autónomos lograron cobrar la prestación por esta vía, lo que supone más del 71% del total de expedientes favorables. El peso de estas causas no deja de crecer. En 2025 representaban cerca del 67% de las ayudas concedidas y este año ya superan claramente el 70%.

Dentro de este grupo se incluyen distintas situaciones. La normativa permite acceder al paro cuando el autónomo acredita pérdidas superiores al 10% durante un ejercicio completo, siempre excluyendo el primer año de actividad.

También pueden acceder quienes acumulen deudas superiores al 150% de sus ingresos ordinarios durante los dos trimestres anteriores o aquellos negocios que hayan tenido que reducir un 60% la jornada de sus empleados para intentar mantener la viabilidad económica.

La Seguridad Social exige, eso sí, una acreditación muy detallada mediante balances, facturación, libros contables, declaraciones fiscales y documentación económica suficiente para justificar la caída real de actividad.

La fuerza mayor sigue siendo la segunda gran vía de acceso

La segunda causa más habitual por la que los autónomos consiguen cobrar el cese de actividad es la fuerza mayor.

En los primeros meses de 2026, la Seguridad Social reconoció 512 prestaciones vinculadas a este supuesto, lo que equivale aproximadamente a un 19% del total de ayudas aprobadas.

Aquí se incluyen situaciones extraordinarias ajenas al trabajador por cuenta propia que impiden continuar temporal o definitivamente con el negocio. Emergencias públicas, interrupciones graves de actividad o incidencias excepcionales pueden dar derecho a esta protección.

Tras los cambios introducidos después de la pandemia, el sistema permite además solicitar un cese temporal parcial o total sin necesidad de darse de baja en el RETA o en Hacienda, algo que anteriormente complicaba enormemente el acceso.

La normativa actual contempla, por ejemplo, supuestos donde una emergencia provoque una caída de ingresos del 75%, siempre que el autónomo no alcance determinados mínimos de facturación.

Autónomos dependientes, divorcios o pérdida de licencia

Más allá de las causas económicas y de fuerza mayor, existen otros supuestos mucho menos habituales que también permiten acceder a la prestación.

Durante 2026, un total de 112 Trabajadores Autónomos Económicamente Dependientes (TRADE) lograron cobrar el paro. Se trata de profesionales cuyos ingresos dependen en al menos un 75% de un único cliente y que además no cuentan con empleados ni local abierto al público.

Estos trabajadores pueden solicitar la prestación cuando finaliza el contrato principal, existe incumplimiento grave por parte del cliente o incluso en casos de jubilación o fallecimiento del contratante.

Las estadísticas también muestran que 54 autónomos accedieron al cese tras perder una licencia administrativa imprescindible para desarrollar su actividad.

Además, 26 trabajadores por cuenta propia cobraron la prestación tras un divorcio o separación matrimonial al tratarse de autónomos colaboradores vinculados al negocio familiar.

Por otra parte, 13 autónomas víctimas de violencia de género pudieron acceder automáticamente al cese de actividad gracias a la protección específica prevista en la normativa.

El gran problema sigue siendo acreditar correctamente el cierre

Si las cifras de aprobación ya reflejan importantes dificultades, los datos de denegación muestran aún más claramente dónde está el principal obstáculo.

Hasta abril de 2026, la Seguridad Social rechazó 2.684 solicitudes. De ellas, 1.614 fueron denegadas porque el autónomo no consiguió acreditar suficientemente el cese de actividad.

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Esto significa que seis de cada diez rechazos se producen exactamente por el mismo motivo.

Muchos trabajadores por cuenta propia creen que cerrar el negocio o reducir ingresos basta para cobrar la prestación, pero el sistema exige pruebas documentales muy concretas sobre pérdidas, caída de facturación, endeudamiento o imposibilidad real de continuar con la actividad económica.

El segundo gran bloque de rechazos correspondió a las denominadas “otras causas”, con 737 expedientes denegados.

Además, otros 269 autónomos no pudieron acceder a la ayuda por no tener el período mínimo de cotización exigido.

En cambio, únicamente 63 solicitudes fueron rechazadas por no estar al corriente en el pago de cuotas, desmontando así una de las ideas más extendidas entre el colectivo.

Imágenes | Revista Seguridad Social, Look Studio

El sistema de protección social de los autónomos presenta diferencias importantes respecto al de los asalariados, especialmente en materia de desempleo. Una de las consecuencias más desconocidas afecta al subsidio para mayores de 52 años, una ayuda especialmente relevante por su impacto económico y por sus efectos sobre la futura jubilación.

Muchos profesionales por cuenta propia descubren demasiado tarde que haber cotizado durante años no garantiza el acceso a esta prestación. Y el motivo no está relacionado con la edad, los ingresos o los años trabajados.

Un subsidio clave para quienes se acercan a la jubilación

El subsidio para mayores de 52 años es una de las ayudas más importantes del sistema de protección por desempleo. Su principal ventaja es doble: proporciona ingresos mensuales y mantiene las cotizaciones a la Seguridad Social hasta la jubilación.

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Esto permite que el trabajador continúe generando derechos futuros y evita que una etapa prolongada sin empleo reduzca la cuantía de la pensión.

Para acceder a esta ayuda deben cumplirse distintos requisitos:

• Tener al menos 52 años
• Haber cotizado seis años por desempleo
• Cumplir las condiciones necesarias para acceder a la jubilación, salvo la edad
• Estar inscrito como demandante de empleo
• No superar determinados límites de ingresos

Sin embargo, existe una condición que termina convirtiéndose en el gran obstáculo para muchos autónomos.

El problema no es cotizar, sino la situación legal de desempleo

La principal diferencia radica en cómo interpreta la normativa la finalización de una actividad laboral.

Cuando un trabajador asalariado pierde su empleo por causas reconocidas legalmente, pasa a encontrarse en situación legal de desempleo.

En cambio, un autónomo que cesa su actividad no entra automáticamente en esa categoría.

El Servicio Público de Empleo Estatal considera que darse de baja como trabajador por cuenta propia no equivale a una situación legal de desempleo, requisito indispensable para acceder a prestaciones y subsidios asociados al paro.

Por ese motivo, las solicitudes son rechazadas incluso aunque el interesado reúna el resto de condiciones exigidas.

Tener todas las cotizaciones puede no ser suficiente

Muchos trabajadores creen, incluso, que décadas cotizando bastan para acceder a la ayuda, especialmente si cumplen con los años necesarios y tienen ingresos reducidos. Pero la realidad es diferente.

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Da igual haber cotizado seis años por desempleo o disponer de carreras laborales extensas. Si no existe situación legal de desempleo reconocida, el acceso al subsidio queda bloqueado.

Este aspecto afecta a numerosos autónomos que, tras cerrar negocios o abandonar actividades por dificultades económicas, descubren que no pueden acceder a una ayuda que consideraban alcanzable.

La alternativa para poder acceder al subsidio

Existe, eso sí, una vía que permite cambiar la situación. Un autónomo puede acceder posteriormente al subsidio si vuelve a trabajar por cuenta ajena y ese empleo termina de forma no voluntaria.

En la práctica, debe incorporarse como asalariado durante un periodo mínimo y posteriormente encontrarse en una situación reconocida legalmente como desempleo.

No basta abandonar el trabajo por decisión propia. La finalización debe producirse por circunstancias admitidas por la normativa. Solo entonces podría solicitar el acceso a la ayuda si cumple el resto de requisitos exigidos.

Cuánto se cobra con esta ayuda

La cuantía del subsidio para mayores de 52 años mantiene un funcionamiento distinto respecto a otras ayudas asistenciales. Actualmente equivale al 80% del IPREM, lo que se traduce en aproximadamente 480 euros mensuales.

Además, existe otra ventaja relevante. Mientras se percibe la ayuda, el beneficiario continúa cotizando a la Seguridad Social sobre el 125% de la base mínima vigente.

Ese mecanismo puede tener un efecto importante sobre la futura pensión, especialmente en trabajadores cercanos a la edad de jubilación que necesitan mantener cotizaciones activas.

Imágenes  | Annie Spratt, SEPE

Miles de autónomos llevan años pagando una prestación que, en la práctica, muy pocos consiguen cobrar. Ahora, una nueva iniciativa registrada por Junts per Catalunya en el Congreso pretende cambiar esta situación.

La propuesta plantea que los trabajadores por cuenta propia accedan al cese de actividad casi automáticamente. Sin justificar pérdidas económicas complejas ni superar largos procesos burocráticos que actualmente bloquean la mayoría de las solicitudes.

El sistema actual sigue rechazando la mayoría de solicitudes

El denominado “paro de los autónomos” lleva años generando frustración a los trabajadores por cuenta propia. Mucha.

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Aunque esta cobertura forma parte de las cotizaciones obligatorias desde hace ya tiempo, acceder realmente a la prestación continúa siendo muy complicado. De hecho, siete de cada diez solicitudes de cese de actividad terminan siendo rechazadas por la Seguridad Social.

En la mayoría de los casos, los autónomos no logran acreditar correctamente las pérdidas económicas o las causas técnicas exigidas por la normativa actual.

Para poder acceder hoy al paro, un autónomo debe presentar muchísima documentación fiscal, contable y administrativa que demuestre caídas severas de ingresos, pérdidas continuadas o situaciones extraordinarias que hagan inviable mantener la actividad.

La propuesta del paro casi automático

La nueva proposición de ley registrada, pretende simplificar el funcionamiento del sistema. El objetivo principal es acercar la protección de los autónomos a la que ya tienen los trabajadores asalariados cuando pierden su empleo.

Es decir, bastaría con cerrar el negocio y darse de baja en Hacienda para acceder automáticamente a la situación legal de cese de actividad.

En concreto, el texto propone que la baja definitiva en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores de la Agencia Tributaria sirva como prueba suficiente de que existen causas económicas, productivas o técnicas que impiden continuar con la actividad.

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Además, el autónomo únicamente tendría que acreditar el cierre o traspaso del negocio, sin una gran parte de las actuales comprobaciones económicas de rigor.

Cambios importantes para el cese temporal de actividad

La propuesta también introduce modificaciones relevantes en los supuestos de cese temporal.

Actualmente, los requisitos exigidos para acceder a esta modalidad son elevados.  La nueva propuesta pretende rebajar considerablemente estos umbrales.

Por ejemplo, los negocios con trabajadores contratados podrían acceder al cese temporal si suspenden temporalmente los contratos o reducen la jornada al 50% de al menos la mitad de la plantilla, siempre que los ingresos hayan caído un 65% durante los dos trimestres anteriores.

La legislación vigente exige condiciones mucho más duras: reducciones del 60% y desplomes de ingresos del 75%.

En el caso de los autónomos sin empleados, también se flexibilizan las condiciones. La propuesta considera suficientes unas deudas equivalentes al 75% de los ingresos ordinarios y una caída de facturación del 50%. Actualmente, los requisitos prácticamente duplican esas cifras.

Emergencias y fuerza mayor

Otro de los cambios más relevantes afecta a las situaciones extraordinarias. Durante los últimos años, especialmente tras la pandemia, muchas asociaciones denunciaron las dificultades que seguían existiendo incluso en contextos de emergencia económica.

La proposición de ley plantea que, cuando exista una emergencia declarada oficialmente por la Administración, los autónomos puedan acceder al cese de actividad con una caída de ingresos del 50%.

La normativa actual obliga a acreditar descensos del 75%, algo que muchos pequeños negocios no logran demostrar dentro de los plazos establecidos.

ATA llevaba años reclamando esta reforma

La simplificación del paro de autónomos es una de las grandes reivindicaciones históricas de ATA, una de las principales organizaciones representativas del colectivo.

La asociación lleva años denunciando que miles de autónomos cotizan obligatoriamente por una cobertura que después no consiguen utilizar cuando atraviesan dificultades reales.

Durante la negociación del nuevo sistema de cotización por ingresos reales y de las futuras cuotas previstas para 2026, ATA volvió a poner esta cuestión encima de la mesa.

Más facilidades para acceder a contratos públicos

La iniciativa presentada en el Congreso no solo afecta al paro de autónomos. La proposición incorpora también medidas destinadas a mejorar el acceso de pequeños negocios y microempresas a la contratación pública.

Según plantea el texto legislativo, el actual modelo sigue favoreciendo principalmente a grandes compañías, dejando fuera a miles de pequeños operadores por la complejidad administrativa y el tamaño de muchos concursos públicos.

Para corregir esa situación, la reforma propone reservar al menos un 10% de los contratos públicos de obras, servicios y suministros para autónomos y microempresas.

La idea es impulsar procedimientos simplificados y dividir grandes contratos en lotes más pequeños que permitan competir a negocios de menor tamaño.

Imágenes | Wikipedia, JESHOOTS-com

No ha sido un buen arranque de año para los trabajadores por cuenta propia. Los datos correspondientes al primer trimestre de 2026 reflejan un retroceso notable en el número de autónomos. De hecho, la caída es tal que no se veía desde hace años.

La última Encuesta de Población Activa deja una cifra especialmente importante: 68.600 autónomos menos en solo tres meses.

Este descenso equivale a una caída del 2,08% respecto al mismo periodo del año anterior, y supone además 33.200 trabajadores por cuenta propia menos en términos interanuales.

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El contraste con el inicio de 2025 es tristemente evidente. Entonces, el primer trimestre había cerrado con un ligero crecimiento de 1.400 autónomos, lo que daba cierta estabilidad a un colectivo que ya venía mostrando signos de desgaste. Este año, en cambio, la tendencia se ha invertido.

Resisten los empleadores, caen los demás

El análisis de los datos revela, eso sí, una evolución desigual dentro del colectivo. Los autónomos que cuentan con trabajadores a su cargo han logrado mantenerse e incluso crecer, con un incremento de 10.400 personas en el primer trimestre.

Sin embargo, el drama viene aquí: los autónomos sin empleados -que constituyen la mayoría del colectivo- han descendido en 59.900 personas. A esto se suma la caída de 10.900 autónomos colaboradores y la reducción de 8.200 miembros de cooperativas.

O lo que es lo mismo, la caída en el número de autónomos afecta principalmente a los perfiles más vulnerables, es decir, aquellos que dependen exclusivamente de su actividad.

Un contexto cada vez más complicado

El retroceso del número de autónomos coincide con un panorama complicado para estos trabajadores: incremento de los gastos operativos y el aumento de la presión fiscal.

Tampoco es que ayude la situación geopolítica que, como es lógico, afecta al consumo y a la inversión, dos variables clave para el funcionamiento de muchos pequeños negocios.

Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), ha sido especialmente contundente en su valoración. “Sin duda, una debacle: frente al crecimiento de 1.400 autónomos registrados en el primer trimestre de 2025, este año la EPA refleja una pérdida de 68.600 autónomos en tan solo un trimestre”, señala.

El empleo en general también se resiente

Los datos de la EPA no solo reflejan una caída del emprendimiento, sino también un deterioro del mercado laboral en España durante el primer trimestre del año. El paro ha aumentado en 231.500 personas, elevando el número total de desempleados hasta los 2.708.600.

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Los autónomos sufren una mayor tasa de pobreza que los asalariados: supera el 31% frente al 19,79%

La tasa de paro se sitúa así en el 10,83% con 170.300 puestos de trabajo menos. Se trata de una cifra que prácticamente duplica la registrada en el mismo periodo del año anterior, cuando el descenso fue de 92.500 empleos.

Reivindicaciones del colectivo

Ante esta situación, las organizaciones de autónomos insisten en la necesidad de medidas concretas que alivien la carga que soporta el sector.

Entre las propuestas más repetidas se encuentran la deflactación del IRPF, la simplificación de trámites administrativos y la puesta en marcha de un sistema de IVA franquiciado.

Lorenzo Amor ha vuelto a reclamar ante los medios este tipo de iniciativas para frenar la pérdida de actividad. “Los autónomos están viviendo un momento muy delicado por lo que es importante establecer medidas de apoyo real al colectivo que permitan aligerar las trabas y los trámites, como son deflactar la tarifa de IRPF y poner en marcha el IVA franquiciado, que alivie la carga fiscal y los trámites y trabas al colectivo”, apunta.

Unas medidas que buscan mejorar la liquidez de los negocios y reducir la burocracia, dos factores que, según el sector, están limitando la capacidad de crecimiento y supervivencia de muchos autónomos.

Imágenes | Pixabay

El mercado laboral español cerró octubre con un balance positivo en creación de empleo, aunque el paro volvió a subir tras tres meses consecutivos de descensos.

Según los datos publicados por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, el sistema sumó 141.926 afiliados en octubre, alcanzando los 21,84 millones de cotizantes, el nivel más alto para este mes desde que existen registros.

Como todos los años, pero a la baja

Sin embargo, el Ministerio de Trabajo informó de un aumento del paro de 22.101 personas, hasta situar el número total de desempleados en 2.443.766. Pese a este repunte, estamos ante la cifra más baja desde 2007.

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Un comportamiento que responde al clásico patrón estacional español, donde el fin de la temporada turística provoca una caída en hostelería y agricultura, compensada por la contratación en educación y sanidad al inicio del curso.

Según los datos analizados por El Economista, la afiliación creció un 0,65 % respecto a septiembre y un 2,6 % interanual. El avance ha sido generalizado: 16 comunidades autónomas registran aumentos, con Madrid (+47.000) y Cataluña (+32.000) a la cabeza, según las estimaciones del Ministerio.

La educación ha aportado más de 110.000 afiliados, seguida de sanidad y servicios sociales (+35.000), mientras que hostelería y agricultura reducen, un año más, sus plantillas al terminar la campaña estival. Por su parte, el paro se concentró en los servicios (+25.000 personas), mientras que la industria y la construcción apenas variaron.

Las mujeres representan un 58 % del total de personas desempleadas y los jóvenes menores de 25 años registraron un ligero descenso en el paro (-1.200 personas), reflejando la incorporación al nuevo curso académico y formativo.

Leve recuperación en las pymes

El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) sumó alrededor de 3.900 afiliados en octubre, un dato modesto pero positivo tras las caídas de los meses anteriores.

El total se mantiene cerca de los 3,34 millones de autónomos, según la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA).

Los incrementos más notables se perciben en el comercio, la educación y otras actividades profesionales, mientras que los descensos afectaron, de nuevo, a la hostelería y la agricultura.

Durante el mes de octubre se han firmado 1,24 millones de contratos, un 5 % menos que en septiembre, según el SEPE. De ellos, el 46 % fueron indefinidos, frente al 14 % que representaban antes de la reforma laboral de 2021.

En este contexto, la figura del fijo-discontinuo sigue ganando peso, donde se han reconocido más de 570.000 prestaciones para este colectivo hasta septiembre, más del doble que antes de la reforma, lo que refleja la creciente presencia de esta modalidad en sectores con picos de actividad.

Los contratos temporales se redujeron un 10 % interanual, pero los sindicatos advierten de que la rotación laboral sigue siendo alta, especialmente en las pequeñas empresas.

Evolución previsible

Por comunidades, Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana concentraron casi el 60 % del incremento de afiliados, mientras que Andalucía lideró el aumento del paro (+7.000 personas), seguida de Baleares y Canarias, afectadas por el fin de la campaña turística. En el extremo contrario, Navarra y La Rioja registraron leves descensos del desempleo.

A nivel provincial, los mayores crecimientos de empleo se registraron en Madrid, Barcelona, Valencia y Zaragoza, con aumentos vinculados al refuerzo de plantillas en educación, administración y atención sanitaria.

El balance de octubre confirma un mercado laboral estable, pero muy dependiente de la estacionalidad. El empleo continúa creciendo y marca máximos históricos, pero el repunte del paro y la caída de contratos reflejan una moderación en el ritmo de creación de puestos de trabajo.

Un año más, las pymes y los pequeños autónomos miran a los próximos meses buscando los indicadores habituales: el consumo pre-navideño y las contrataciones temporales, que determinarán si el cuarto trimestre mantiene el impulso o se frena ante la incertidumbre económica.

Según datos recientes del SEPE, España mantiene más de 2,7 millones de desempleados y ya supera las 150.000 vacantes sin cubrir. Este “agujero” del mercado laboral afecta tanto a comunidades con paro estructural elevado, como puede ser Andalucía, como a otras tradicionalmente con baja tasa de desempleo, como Navarra o el País Vasco.

El Adecco Group Institute y Randstad Research coinciden en que el país atraviesa una de las mayores brechas entre oferta y demanda de empleo de la Unión Europea. Las causas principales son un desajuste formativo crónico, la baja movilidad laboral, la fuga de talento joven y la escasez de profesionales cualificados en sectores clave.

Un mercado laboral desequilibrado

La Encuesta de Población Activa del INE (tercer trimestre de 2025) sitúa la tasa de paro en el 11,3 %, con 2,74 millones de personas desempleadas. No obstante, la estadística de vacantes del SEPE muestra más de 152.000 puestos sin cubrir, una cifra que se ha duplicado desde 2019.

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El desajuste no afecta solo a sectores tecnológicos o especializados. El déficit de personal alcanza también a construcción, transporte, hostelería, sanidad y logística, según el informe de Adecco.b En regiones como Andalucía o Castilla-La Mancha, el número de parados quintuplica el de vacantes; en Navarra y País Vasco, ocurre lo contrario: abundan las ofertas, pero faltan candidatos disponibles o con el perfil requerido.

El Banco de España señala que la productividad española “sufre una pérdida persistente por falta de adecuación entre formación y demanda real de empleo”. De este modo, la brecha de competencias es, hoy día, una de las principales causas de la desaceleración del mercado laboral.

Las causas del “desequilibrio”

Según Randstad Research, 6 de cada 10 empresas españolas tienen dificultades para contratar, frente al 49 % de media europea.

Entre los motivos se encuentran el desajuste formativo, donde la formación profesional y universitaria no se adapta al ritmo del mercado, las dificultades de movilidad o el rechazo a trasladarse a otras comunidades autónomas (por precio de la vivienda o vínculos familiares), condiciones laborales poco competitivas, la absorción de perfiles de formación media o superior debido a la alta competencia digital y factores demográficos, como el envejecimiento de la población activa disponible en zonas rurales.

CEPYME ha advertido de que la falta de personal cualificado está “dificultando la permanencia de muchas pymes y micropymes, como talleres, carpinterías, empresas de mantenimiento o constructoras, que rechazan contratos o alargan plazos por no disponer de trabajadores.

En la logística y el transporte, cooperativas y autónomos del sector denuncian que faltan conductores profesionales y que los costes de sustitución se disparan. En hostelería, la rotación sigue siendo elevada y dificulta mantener equipos estables.

Para los autónomos con empleados, cubrir una baja o una renuncia se ha convertido en “una carrera contrarreloj”, señala ATA. El resultado: sobrecarga de trabajo, pérdida de clientes y menor competitividad.

La pyme —que representa el 99 % de las empresas españolas y dos tercios del empleo privado— es el más expuesto, según el estudio de Adecco, con una media de 64 días en cubrir un puesto vacante.

Posibles soluciones

Los informes de Adecco Group Institute y Randstad Research plantean varias medidas:

• Reforzar la FP dual y la colaboración entre empresas y centros educativos
• Incentivar la movilidad interregional con ayudas al traslado y vivienda
• Recualificar a los mayores de 45 años en sectores con demanda creciente
• Simplificar los procesos para contratar y formar desde las pymes
• Crear un observatorio de desajuste laboral, que actualice vacantes y necesidades por comunidad en tiempo real.

El Banco de España añade que mejorar la eficiencia del SEPE y coordinar mejor las políticas autonómicas serían pasos clave para reducir el desajuste.

En conclusión, España combina paro elevado y escasez de talento, un problema que va más allá de los ciclos económicos y que, de no corregirse, entre lo que se enseña y lo que el mercado necesita, las pymes seguirán frenando contrataciones, rechazando proyectos o asumiendo costes laborales crecientes.

El debate sobre las nuevas cuotas de cotización por ingresos reales vuelve a tensarse. En las últimas semanas, la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) ha decidido dar un golpe en la mesa frente al Gobierno y negarse a negociar mientras no se resuelva primero un problema de fondo: el acceso al paro de los autónomos sigue siendo prácticamente inaccesible para la mayoría.

Según la patronal, 6 de cada 10 autónomos no tienen acceso real a la prestación por cese de actividad, lo que complica sobremanera un cambio laboral y supone una cotización mayor para un sistema que no apoya a los trabajadores por cuenta propia en los momentos de mayor necesidad.

Un sistema ineficaz

Hoy por hoy, más de la mitad de los autónomos que solicitan el paro se quedan sin él, pese a haber cerrado su negocio y cotizado para cubrir ese derecho.

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Esta situación contrasta con la protección que reciben los asalariados en caso de despido, y supone que miles de pequeños negocios se enfrenten a cierres sin una red de seguridad mínima.

Según Lorenzo Amor, presidente de ATA, el problema no es nuevo, pero sí urgente: el 60-65 % de quienes lo solicitan no logran acceder a la ayuda, lo que convierte a esta prestación en un mecanismo casi decorativo.

Mientras el Gobierno sigue enfocado en tratar de perfilar el sistema de cotización por ingresos reales, para la ATA y otras organizaciones del sector no tiene sentido seguir adelante si antes no se garantiza el acceso efectivo al paro: "No podemos negociar cuánto pagamos si no sabemos qué protección obtenemos a cambio", resumía Amor en declaraciones recogidas por Mundo Emprende.

Sin embargo, a medida que el verano avanza, todo indica que este debate traerá cola. La UPTA, otra de las asociaciones representativas, coincide en la necesidad de más protección social y propone un sistema más progresivo, donde quienes ingresen más paguen más, y quienes ingresen menos tengan más margen de alivio. Sin embargo, subrayan también que la clave es que los autónomos cuenten con derechos equiparables a los asalariados.

Un laberinto de requisitos

El acceso al paro de los autónomos sigue siendo uno de los puntos más criticados del sistema. La principal razón es que, para poder solicitarlo, la normativa exige haber cotizado al menos 12 meses de forma continuada, estar dado de alta en el RETA y al corriente en el pago de las cuotas.

Además, el trabajador debe justificar el cese de actividad (por causas económicas, técnicas, pérdida de licencia, fuerza mayor, divorcio, violencia de género, etc.) y presentar la solicitud dentro de los plazos establecidos.

A todo ello se suma la obligación de firmar un compromiso de actividad, que implica participar en programas de formación, orientación o reinserción laboral. Todo ello configura un entramado burocrático que, en la práctica, convierte en muy difícil acceder a una ayuda que debería funcionar como red de seguridad.

Las consecuencias son claras: más del 60 % de las solicitudes de cese de actividad acaban rechazadas por la Seguridad Social, según diferentes análisis. Los motivos más frecuentes son no cumplir con la cotización continuada, no poder acreditar suficientemente el motivo del cierre o arrastrar pequeñas deudas con la Seguridad Social.

Esto ha generado una paradoja: existe un fondo millonario acumulado para cubrir estas prestaciones, la mayor parte queda sin utilizar porque la mayoría de los trabajadores por cuenta propia no logra superar las trabas administrativas. En pocas palabras, el paro de autónomos se convierte así en un derecho reconocido sobre el papel, pero de muy difícil acceso en la realidad.

Un contraste con el mercado laboral

El debate llega en un momento paradójico. Según la última Encuesta de Población Activa (EPA), España superó en julio por primera vez los 22 millones de trabajadores en activo y redujo la tasa de paro al 10,29 %, el nivel más bajo desde 2007. Sin embargo, este dinamismo no se traslada a los autónomos, que continúan perdiendo efectivos y, lo que es más grave, siguen sin acceso real a una prestación básica.

Las principales demandas son claras:

• Simplificar los requisitos para acceder a la prestación por cese de actividad
• Garantizar un subsidio específico, similar al de mayores de 52 años que sí tienen los asalariados
• Un marco estable y duradero de cotizaciones, que no cambie cada pocos meses
• Apoyo al relevo generacional, evitando que miles de negocios desaparezcan al llegar la jubilación de sus titulares

De nuevo, desde la ATA y otras asociaciones se apunta a que más allá de las cuotas futuras, está en juego la confianza en el sistema. Si un autónomo paga lo mismo que un trabajador por cuenta ajena, pero no recibe la misma protección, el modelo se resquebraja.

Por todo ello, antes de hablar de nuevas cargas fiscales, se insiste en resolver primero lo básico: un paro de autónomos real, accesible y efectivo.

En julio de 2025, España registró la pérdida de 7.286 autónomos, lo que equivale a 235 bajas diarias. Este es el peor dato en este mes de los últimos tres años y refleja una tendencia que empieza a preocupar tanto a las asociaciones como a las instituciones públicas.

Si bien el número total de trabajadores por cuenta propia se mantiene en torno a los 3,37 millones, la realidad es que el crecimiento ha quedado estancado y, lo que es más grave, no hay relevo generacional: crecen los autónomos mayores de 56 años, pero descienden con fuerza los que tienen entre 36 y 45, según los datos del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social.

En números rojos

El mal dato de julio no es un hecho aislado. El pasado enero ya cerró con un balance negativo: 17.815 autónomos menos respecto a diciembre, lo que supuso uno de los descensos más intensos en la última década, según informó la ATA.

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Esto ha supuesto uno de los descensos más intensos de la última década y reflejó una tendencia que se ha ido consolidando a lo largo del año: más bajas que altas, sobre todo, en sectores como el comercio, la hostelería y las actividades vinculadas al consumo interno.

En la práctica, significa que cada vez son más los autónomos que abandonan la actividad, bien por jubilación sin relevo, bien por falta de rentabilidad, mientras que los nuevos emprendedores no compensan esas salidas.

Por comunidades autónomas, la situación es especialmente dura en Castilla y León, que perdió un 0,5 % de su tejido autónomo en apenas cuatro meses.

Detrás de la caída

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha sido claro: el problema no es solo la coyuntura económica, sino una carga fiscal y burocrática excesiva, que golpea con más fuerza a los pequeños negocios.

Todo ello está produciendo una pérdida sostenida de autónomos empleadores, lo que significa menos capacidad para generar puestos de trabajo en el futuro.

El contraste entre el crecimiento de empleo en grandes empresas y la caída entre autónomos y pymes pone de relieve una brecha que preocupa al sector. Amor concluía que para los pequeños negocios la batalla se centra en mantener empleo, ni tan siquiera en crear nuevos puestos ya.

Sin embargo, la caída de autónomos supone un riesgo real para el tejido económico local, que se traduce en menos emprendimiento (menor posibilidad de generar proyectos propios), fuga de talento menor de 45 años, que no encuentran incentivos, y un alto impacto en zonas rurales, donde las pymes son la base de la actividad económica.

La visión de la patronal

Desde la ATA, la CEOE o la UPTA se sigue insistiendo en medidas estructurales, como las bonificaciones reales en las cuotas de la Seguridad Social, un marco estable que no cambie cada pocos meses y verdadero apoyo al relevo generacional.

Uno de los grandes retos para sostener el trabajo autónomo es el relevo generacional. En Aragón, la Diputación de Huesca y los grupos Leader han puesto en marcha un plan dotado con 300.000 euros anuales durante tres años para identificar negocios en riesgo de cierre y facilitar que nuevos emprendedores los asuman, con especial atención al medio rural. A su vez, en Extremadura, el Gobierno regional ha licitado un programa que busca emparejar a autónomos próximos a jubilarse con jóvenes interesados en continuar la actividad, ofreciendo acompañamiento y asesoría durante el traspaso.

En este sentido, la pérdida de más de 7.000 autónomos en un solo mes debería encender las alarmas: no se trata de un ajuste puntual, sino de un síntoma de fragilidad estructural en el modelo económico español.

A la falta de estabilidad normativa se suma la dificultad para garantizar el relevo generacional en miles de pequeños negocios, desde comercios urbanos hasta explotaciones agrícolas en el medio rural.

Si no se refuerza el apoyo real al autoempleo y a las pymes, España corre el riesgo de vaciar su tejido emprendedor, un pilar esencial para la creación de empleo y la cohesión territorial. Hoy es otro aviso; mañana, puede ser demasiado tarde.

Una de las principales asociaciones de autónomos en España, la ATA, y su presidente, Lorenzo Amor, han lanzado una advertencia clara al Gobierno:no participarán en la negociación de las nuevas cuotas del RETA hasta que no se corrijan los fallos del actual sistema de cese de actividad.

La decisión abre un nuevo frente en el diálogo social y pone sobre la mesa uno de los grandes problemas sin resolver para el colectivo: un paro que pocos pueden cobrar, pese a cotizarlo cada mes.

Origen del conflicto

En los últimos años, los trabajadores por cuenta propia han incorporado a su cotización mensual un extra destinado a cubrir posibles situaciones de inactividad forzosa. Sin embargo, las cifras revelan un problema estructural: más de la mitad de las solicitudes de cese de actividad son rechazadas.

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Para muchas personas autónomas, esto supone pagar por una prestación a la que luego no tienen acceso real en situaciones de cese de actividad. A su vez, esta situación entraña dificultades y un análisis pormenorizado en comparación con las cotizaciones por cuenta ajena de los trabajadores asalariados.

ATA denuncia que el sistema no solo es ineficaz, sino también injusto. Las exigencias para acreditar una bajada de ingresos o una causa objetiva de cierre son tan elevadas que dejan fuera a la mayoría de los solicitantes. Además, alertan de que los fondos acumulados por estas cotizaciones no se están destinando adecuadamente al fin para el que fueron creados.

De este modo, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha sido tajante: su organización no volverá a sentarse en la mesa de diálogo con el Ministerio de Seguridad Social mientras no se reforme el acceso a la prestación por cese. La advertencia llega justo antes del inicio del calendario de negociaciones para definir el nuevo sistema de cuotas que entrará en vigor a partir de 2026.

Hace unas semanas, Amor volvió a ratificar sus palabras, afirmando que seguir hablando de tramos y tipos sin solucionar los problemas previos sería una “tomadura de pelo” para los autónomos, especialmente para quienes se encuentran en situaciones de pluriactividad o actividad estacional, más vulnerables ante caídas de ingresos. Por ahora, el Gobierno no ha presentado modificaciones claras en la negociación.

Por ahora, silencio institucional

Sin embargo, desde el Ministerio se insiste en que el sistema de cotización por ingresos reales —implantado en 2023 y en fase de revisión— ha sido un avance importante en términos de equidad. También han reconocido, no obstante, que el sistema de cese de actividad necesita ajustes, y que están abiertos a revisarlopara facilitar su acceso real.

La mesa de negociación sobre cuotas sigue en pie, con participación de otras organizaciones representativas del colectivo. Sin embargo, la ausencia de la ATA, la más numerosa, pone en entredicho el consenso necesario para llevar adelante una reforma efectiva.

Las tensiones entre la patronal y el Ejecutivo revelan un fondo más profundo: el descontento creciente entre buena parte del colectivo autónomo ante un sistema que recauda, pero no protege. Resolver el acceso al paro no solo es una cuestión de justicia contributiva, sino también una condición imprescindible para mantener la confianza en cualquier reforma futura. El calendario avanza, pero el diálogo, como suele ocurrir por estas fechas, vuelve a quedar en pausa.