La decisión de mantener sin cambios las cuotas de los trabajadores por cuenta propia durante este ejercicio parecía haber zanjado el debate sobre posibles incrementos.

Sin embargo, una parte relevante del colectivo sí verá cómo su aportación a la Seguridad Social aumenta de forma notable.

El origen no está en una medida reciente, sino en un acuerdo previo que ahora comienza a desplegar sus efectos. Y claro, toca sufrirlos.

Qué perfiles se verán afectados por el incremento

El ajuste no impacta de forma generalizada a todos los autónomos, sino que se concentra en tres grupos muy concretos.

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Por un lado, los autónomos societarios, es decir, aquellos que desarrollan su actividad a través de una sociedad mercantil. Por otro, los familiares colaboradores, habituales en pequeños negocios donde trabajan cónyuges o parientes directos.

Finalmente, también entran en este escenario quienes no comunican sus rendimientos reales. En conjunto, este segmento representa cerca de un tercio del total de afiliados al RETA.

En España hay alrededor de 3,4 millones de trabajadores por cuenta propia, de los cuales más de un millón encajan en estas categorías.

Cuánto sube la base y qué impacto tiene en la cuota

El cambio clave está en la base mínima de cotización. Hasta ahora, muchos de estos profesionales venían cotizando sobre una base cercana a los 1.000 euros mensuales.

Con la nueva referencia, esa base pasa a situarse en torno a los 1.424 euros, lo que supone un incremento aproximado del 42%.

Traducido a la cuota mensual, esto implica un aumento que puede alcanzar los 135 euros para quienes cotizan por la base mínima.

En los casos en los que la base ya era superior, el impacto será menor, pero igualmente apreciable en términos de esfuerzo económico claro está.

Cuándo se aplicará realmente el aumento

Uno de los aspectos que más dudas está generando es el momento en el que este ajuste se hará efectivo en el bolsillo de los autónomos. Aunque la normativa fija este cambio para 2026, no todos tendrán que abonar de inmediato la diferencia.

El sistema permite seguir pagando la cuota actual durante el ejercicio, pero será en la regularización posterior cuando se ajuste la situación.

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En concreto, a partir de 2028, cuando se revisen los datos correspondientes a 2026, se deberá compensar la diferencia acumulada si se ha cotizado por debajo de la base exigida.

Por qué se produce esta subida pese a la congelación

La aparente contradicción entre la congelación de cuotas y este incremento tiene una explicación normativa.

La reforma del sistema de cotización aprobada en 2022 del Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio ya contemplaba que, a partir de 2026, determinados perfiles no podrían tener una base inferior a la mínima del Régimen General.

Esto responde al objetivo de equiparar progresivamente las cotizaciones con los ingresos reales y reducir diferencias entre distintos tipos de trabajadores.

En este caso, se busca evitar que ciertos autónomos mantengan bases más bajas que las de asalariados con condiciones similares.

La polémica, de nuevo, está servida

La medida no ha estado exenta de críticas. Desde organizaciones como ATA se reclama una revisión de este tratamiento diferencial, argumentando que introduce una desigualdad dentro del propio colectivo de autónomos.

Además, han solicitado que se corrija esta situación con efectos retroactivos desde comienzos de año.

Por su parte, la Seguridad Social defiende que se trata de una aplicación directa de la normativa vigente, pactada en su momento con agentes sociales y aprobada en sede parlamentaria.

Según el organismo, el marco legal es claro y no ha sido objeto de impugnaciones hasta la fecha.

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Ser autónomo y cobrar las facturas a su debido tiempo sigue siendo una utopía para muchos. El Informe Anual 2025 del Observatorio de Pagos de la Unión Europea revela un empeoramiento significativo en el retraso en el cobro de facturas que sufrieron las pequeñas y medianas empresas en España durante 2024.

El documento muestra que el 46% de las pymes afirma haber tenido problemas debido a la demora en los pagos, el nivel más alto registrado desde 2019 y un indicador que confirma que la morosidad continúa siendo uno de los principales obstáculos para la estabilidad financiera del tejido empresarial.

El dato supone un aumento de cinco puntos porcentuales respecto a 2023, cuando el porcentaje se situaba en el 41%. Si se compara con el nivel más bajo registrado en 2021, el incremento alcanza los 12 puntos porcentuales, lo que refleja una tendencia negativa en la evolución de los plazos de pago en el entorno empresarial.

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A pesar de este deterioro, el informe también señala que España todavía se mantiene ligeramente por debajo de la media de la Unión Europea en cuanto a empresas afectadas por retrasos en los cobros, aunque la diferencia se ha reducido en los últimos años.

La morosidad impacta en pagos, inversiones y empleo

El retraso en el cobro de facturas no solo afecta a la liquidez inmediata de las empresas, sino que tiene consecuencias directas en la actividad económica. Según el estudio, los pagos a proveedores son el área más afectada, ya que un 24% de las empresas reconoce haber tenido dificultades para cumplir con sus propios compromisos debido a los retrasos de sus clientes.

En segundo lugar aparecen las inversiones y las nuevas contrataciones, con un 19% de las pymes que afirma haber tenido que frenar decisiones estratégicas por la falta de liquidez derivada de la morosidad.

Esto significa que los retrasos en los pagos no solo afectan a las cuentas de resultados, sino que también limitan la capacidad de crecimiento de las empresas.

El informe subraya que estas dificultades financieras tienen un efecto en cadena dentro del tejido empresarial. Cuando una empresa recibe pagos tarde, muchas veces se ve obligada a retrasar a su vez sus propios pagos, generando un ciclo que acaba afectando a proveedores, trabajadores y nuevas oportunidades de negocio.

Los plazos de pago siguen siendo elevados

El plazo medio de pago en operaciones entre empresas, conocido como B2B, se mantiene en torno a los 80 días en España, una cifra que apenas ha variado en los últimos tres años. Este dato se sitúa por encima de los plazos recomendados por la normativa europea, que establece límites más estrictos para evitar la acumulación de deuda comercial.

Entre las causas que explican estos retrasos destacan los problemas de liquidez de los clientes, una situación que se ha visto agravada por el contexto económico internacional y la incertidumbre en los mercados.

Las empresas encuestadas en el estudio muestran además una visión pesimista sobre la evolución futura de los pagos, pese a que la economía española ha registrado uno de los crecimientos más altos dentro de la Unión Europea.

El informe apunta a posibles perturbaciones en el comercio mundial y a la volatilidad económica como factores que podrían agravar la situación.

Las grandes empresas pagan más tarde

Uno de los aspectos más llamativos del informe es la diferencia de comportamiento en los plazos de pago según el tamaño de la empresa. Los datos muestran que las grandes compañías tardan mucho más en pagar sus facturas que las microempresas.

Mientras que el 51% de las microempresas paga sus facturas dentro del plazo acordado, solo un 14% de las grandes empresas cumple con esta obligación en la fecha de vencimiento. Esto significa que las compañías de mayor tamaño presentan tasas de cumplimiento significativamente inferiores.

España aparece además entre los países europeos con mayores diferencias en el comportamiento de pago según el tamaño empresarial, lo que genera tensiones dentro de la cadena de suministro.

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Este fenómeno tiene especial impacto en la economía española, donde el 99% del tejido empresarial está compuesto por pymes y autónomos. Por este motivo, las organizaciones empresariales advierten de que los retrasos en los pagos representan una amenaza estructural para la supervivencia de muchas pequeñas empresas.

Una cultura de retraso en los pagos extendida en Europa

El informe también muestra que la morosidad no es un problema exclusivo de España. En toda la Unión Europea, el 31% de las empresas reconoce haber tenido que retrasar sus propios pagos debido a que también recibió los cobros fuera de plazo.

Este efecto dominó refleja que los retrasos en las facturas se han convertido en una práctica relativamente extendida dentro del mercado europeo. Sin embargo, en el caso español el problema resulta especialmente sensible debido al peso de las pequeñas empresas dentro de la economía.

Muchos autónomos y pequeños empresarios creen tener libertad para decidir cómo cobran a sus clientes, sin embargo, la ley establece ciertas obligaciones en cuanto al efectivo y marca límites claros sobre cuándo pueden negarse a recibir pagos con tarjeta.

Un tema que ha generado interés creciente a raíz de los pagos digitales y el número de establecimientos que optan por eliminar el efectivo. Tras el apagón de finales de abril, quizá el escenario vuelva a cambiar de forma abrupta.

¿Se pueden rechazar pagos en efectivo?

Sin embargo, tanto consumidores como negocios deben saber que la normativa española protege el derecho a pagar en metálico, dentro de ciertos límites, y que imponer únicamente medios telemáticos puede acarrear sanciones. La regulación busca equilibrar la modernización del comercio con los derechos de los consumidores y la lucha contra el fraude.

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Por lo tanto, los comercios no pueden rechazar pagos en efectivo. En España, están legalmente obligados a aceptar pagos en efectivo, siempre que el importe no supere los límites establecidos.

Así lo establece el Artículo 47 del Real Decreto Legislativo 1/2007 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, cuya última actualización tuvo lugar en enero de 2025.

Según explicó Alfredo Gosálvez, Secretario General de FECE, en declaraciones para distintos medios: negarse a aceptar efectivo constituye una infracción legal, ya que "la moneda de curso legal son los billetes, no el pago con tarjeta."

Este principio se aplica de forma general a todos los establecimientos, incluidos comercios físicos, restaurantes o servicios profesionales. El Banco Central Europeo refuerza esta interpretación y señala que “una etiqueta que indique que no se acepta efectivo no es suficiente” si no hay una justificación legítima detrás.

¿Se puede limitar el pago en efectivo?

Sí, pero con condiciones. Desde la Ley 11/2021, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, se establece un límite de 1.000 euros para pagos en efectivo cuando al menos una de las partes actúe como profesional o empresario. En el caso de personas físicas no residentes en España, el límite asciende a 10.000 euros.

Además, en situaciones excepcionales, los comercios pueden negarse a aceptar efectivo si existe una justificación clara, como riesgos de seguridad, falta de cambio o imposibilidad técnica. No obstante, deben poder demostrar esa causa de fuerza mayor para evitar sanciones.

¿Están obligados a aceptar pagos con tarjeta?

Por el contrario, los pagos con tarjeta siguen sin ser de aceptación obligada.  A diferencia del efectivo, los negocios no están obligados a aceptar pagos con tarjeta. Según confirmó Carlos Moreno, portavoz de la Confederación Española de Comercio (CEC), la tarjeta no es moneda de curso legal, por lo que su aceptación es opcional.

Eso sí, si un negocio opta por permitir el pago con tarjeta, debe cumplir ciertas condiciones: informar con claridad, no aplicar recargos abusivos y no discriminar entre clientes sin motivo. Si una empresa ofrece el servicio de TPV, debe asegurarse de que está disponible de forma regular y no puede retirarlo de forma arbitraria para determinados usuarios.

Por lo tanto, aunque la negativa a aceptar tarjeta es legal, negarse a aceptar efectivo puede derivar en sanciones económicas que oscilan entre 150 y 10.000 euros, según la normativa vigente.

En un contexto donde los pagos digitales ganan terreno, es fundamental que los negocios conozcan sus obligaciones legales. Aceptar pagos en efectivo es un deber legal, no una opción, mientras que la aceptación de tarjetas de crédito o débito sigue siendo voluntaria.

En cualquier caso, las decisiones deben comunicarse de forma transparente y coherente con la normativa vigente. Informarse bien y actuar conforme a la ley no solo evita sanciones, sino que también mejora la confianza del cliente y protege los derechos de ambas partes.

Las pymes y los autónomos llevan años reclamando que se ponga en marcha el reglamento de la ley de morosidad que articule el régimen sancionador ante el incumplimiento de la misma. A día de hoy sigue parado. Y no pagar a tiempo sale gratis. La mayor vergüenza empresarial en España es esta: el IBEX está pagando a 191 días y las pymes y autónomos lo sufrimos.

Así lo indica un estudio de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad,  (PMcM). Y lo peor de todo es que no es en un momento de necesidad, de pérdidas, sino que el beneficio empresarial, sobre todo de estas grandes empresas se recupera. Las empresas españolas cotizadas ganaron 30.304 millones de euros en el primer semestre de 2021. Mientras las pymes con mucho menos músculo económico siguen con graves problemas de tesorería.

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El problema es endémico. La gran empresa no paga a tiempo porque se utiliza ese dinero para tener un mayor beneficio. Y porque sale gratis. No hay penalización por estar seis meses sin pagar a un autónomo. Saben que no les van a sancionar y que la pyme no tiene capacidad para reclamar jurídicamente.

Además, en muchos casos no reclaman los pagos por no perder un cliente. Saben que si quieren volver a trabajar con esa empresa, mejor esperar y que tarde o temprano, más bien lo primero cobrarán.

¿Cómo se beneficia la gran empresa de estar medio año para pagar?

La Ley de Morosidad tras su reforma de 2010 limita a sesenta días el plazo para pagar una factura. Además prohíbe la posibilidad de ampliar ese periodo mediante acuerdos particulares. Tiene previstas medidas para que se cumpla, al menos sobre el papel, con recargos  del 15% anual cuando las deudas no liquidadas en esos dos meses superan  los 30.000 euros. La realidad ya la conocemos.

La gran empresa además obtiene devoluciones de Hacienda de entre 5.100 y 9.800  millones de euros por el IVA de facturas que no han pagado pero que sí  han computado formalmente como gastos. Mientras la pequeña empresa si que paga dicho IVA.

Según Antonio Cañete, presidente de la PMcM:

una parte importante de este efectivo podría utilizarse en la recompra de sus propias acciones en el mercado para incrementar el valor de la inversión de sus accionistas, en vez de destinarlo a pagar esas enormes cuentas pendientes que tienen con sus proveedores.

El régimen sancionador que se está tramitando supone que según la gravedad:

• Las infracciones leves se sancionan con multas de hasta 3.000 euros.
• Las graves hasta 100.000 euros.
• Las muy graves, hasta 1 millón de euros.

Además, y en el supuesto de reincidencia como infractor grave, se  añaden otras consecuencias como la imposibilidad de contratar con  entidades del sector público, no poder ser beneficiario de subvenciones,  la suspensión o imposibilidad de acceso a créditos ICO o incluso no poder beneficiarse de deducciones del Impuesto de Sociedades o IRPF.

Pero pese a contar con el acuerdo de un 98% de los diputados, la introducción de multitud de enmiendas deja esta proposición sin efecto práctico y no sería la primera vez que no llega a salir adelante.

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Según consta en la propio preámbulo de la proposición de ley:

El coste financiero de la morosidad en nuestro país estaría por encima de los 850 millones de euros, entendido como el coste de oportunidad que  entraña no poder hacer un uso alternativo de la liquidez objeto de  impago

a esto habría  que añadir los costes que el impago acarrea para las empresas y que, a  diferencia del coste financiero anterior no son costes de oportunidad,  sino pérdidas directas para el empresario.

A esto hay que unir que no solo es que no se cobre la deuda a tiempo, sino que en muchos casos la pequeña empresa tiene que recurrir al crédito para hacer frente a los costes que le ha generado realizar ese trabajo.

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Además en la mayoría de los casos si se prolonga el periodo de morosidad tienen que pagar el IVA de una factura que no han cobrado, lo que contribuye a penalizar aún más su exigua liquidez.

Una esperanza para cambiar esta situación es que el Gobierno ha incluido en el Plan de Recuperación remitido a la UE para acceder a sus fondos el compromiso de que se adoptarán medidas para  reducir la morosidad. Pero es ahora, cuando muchos necesitan liquidez cuando es acuciante aprobar esta ley. 

Las medidas contra la morosidad se han incluido en el anteproyecto de Ley para la Creación y Emprendimiento Empresarial. Dicho anteproyecto  ya ha finalizado la fase de consulta pública y está lista para llevar al parlamento. ¿La veremos en marcha en 2022? Seguro que muchas pequeñas empresas s conformaría ya con eso.

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Son muchos los negocios que han puesto en marcha los pagos a través de Bizum, ya sea en la pasarela de pagos de su comercio online, pero también en comercios tradicionales, como una fórmula interesante a la hora de aceptar pagos de clientes que realizan pedidos para llevar, por ejemplo. Ayer se pusieron en marcha las nuevas condiciones de servicio que supone una reducción significativa del número de pagos que permite aceptar. Afortunadamente está la alternativa de Bizum para empresas, la solución si los nuevos límites no te bastan.

¿Cuáles son los nuevos límites? Tal y como ya anunciaron los nuevos límites implican:

• Importe mínimo por operación: 0,50€
• Importe máximo por operación: 1.000€
• Importe de operaciones recibidas por cliente en un día: 2.000€
• Número de operaciones recibidas por un cliente en un mes: 60 operaciones
• Número de operaciones emitidas por un cliente: sin límite
• Número máximo de destinatarios a incluir en una solicitud/envío múltiple: 30 destinatarios

El principal cambio se puede situar en el límite de operaciones en un mes, limitadas a menos de la mitad, ahora 60 y anteriormente 150. A partir de aquí si lo queremos seguir utilizando toca hablar con nuestro banco para pasar a la opción pensada para profesionales de Bizum para empresas.

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El problema es que Bizum puede aplicar condiciones diferentes en función de la entidad con la que trabajamos. En la mayoría de los casos lo que nos obliga es a contratar un TPV virtual, con unas condiciones complementarias a las ofrecidas a los pagos por datáfono.

Por otro lado parece lógico que los bancos ganen dinero con un servicio que prestan a los negocios y del cual se benefician. Para los negocios más pequeños lo utilizaron durante las restricciones. Otros es ahora cuando quieren ponerlo en marcha aprovechando su sencillez. En el caso de llegar a los límites marcados, algo muy fácil puesto que basta con recibir un par de pagos al día por este método para superarlo, pueden pasar a la versión de empresas. La gran ventaja es que es muy cómodo para el cliente, incluso más que el pago a través de la propia tarjeta.

También muy fácil y rápido de poner en marcha para aceptar pagos online. Todo esto ha hecho que en muchos casos se haya puesto en marcha sustituyendo en algún caso al datáfono para aceptar pagos con tarjeta de toda la vida, aunque hoy por hoy el servicio no está tan extendido como para sustituir por completo al pago con tarjeta.

La crisis económica ha supuesto graves problemas de liquidez para muchas compañías. Según un estudio realizado por Credit Back aproximadamente 8 de cada 10 empresas no puede pagar sus facturas a tiempo. En concreto un 76% afirma no tener la liquidez suficiente para poder pagar facturas pendientes.

Y esto es un grave problema que ya se ha visto en otras crisis económicas. Se establece una espiral de morosidad porque hay empresas que a la vez son deudores y adeudados. El estudio de Credit Back indica que el 10,4% de las empresas simplemente no quieren pagar y el 12,4% se aprovechan de sus proveedores.

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Empresas no viables y ERTES convertidos en ERE, los que inevitablemente quedarán atrás

Hay que tener en cuenta que hay una ley contra la morosidad, regulada en el RD4/2013, estipula un plazo de pago de 30 días si no se han establecido previamente por contrato. En todo caso, el plazo nunca puede superar los 60 días. El problema es que se dilatan los tiempos y las empresas insolventes se convierten en un problema.

No se trata solo de que no paguen, sino también de que si no se reclama formalmente los pagos se tarda más en recuperar el dinero. Y posiblemente no se va a recuperar todo el monto adeudado. Además todo cuanto antes se inicia el proceso más cantidad se recupera.

El problema ya **lo hemos vivido en otras crisis económicas******. En el peor de los casos acaba con una liquidación de la empresa. Las ayudas, los créditos ICO, la exención de impuestos, etc. en muchos casos no llegan a todas las organizaciones y a veces, aunque lo hagan, ya es demasiado tarde.

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El pasado martes 24 de septiembre conocíamos la quiebra del gigante de viajes Thomas Cook, casi sin previo aviso y dejando en tierra a más de 600.000 turistas, de los que más de 150.000 estaban en España. Esta caída provocó un tsunami sin precedentes en el negocio de los touroperadores europeos, dejando un sinfín de empresas afectadas.

Sin embargo, el Gobierno, a través del presidente canario, Ángel Víctor Torres, ha avanzado que la Seguridad Social estaría estudiando la posibilidad de que las empresas afectadas por la quiebra de Thomas Cook puedan aplazar sus pagos a este organismo durante un periodo de entre doce y 18 meses, según se puede leer en El Confidencial.

Esta medida ya se habría trasladado a las patronales turísticas. Durante este fin de semana se espera conocer el número total de firmas afectadas de forma directa e indirecta. Además, el presidente canario ha abogado por incentivar nuevas rutas turísticas hacia el archipiélago canario, en un intento por conseguir que la caída de Thomas Cook sea una oportunidad para los touroperadores locales.

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El turismo como problema para la economía

El objetivo de esta medida no es otro que el de intentar mantener el mayor número posible de puestos de trabajo ligados al sector turístico que, recodemos, supone hasta el 10% del PIB total de nuestro país. España ha sido el segundo país más afectado por la caída del gigante, con 1,23 millones de asientos, solo superado, evidentemente, por Reino Unido, donde el touroperador más antiguo del mundo tenía su sede.

A pesar de la buena voluntad del Gobierno con las empresas afectadas, lo cierto es que, en conjunto, la caída de Thomas Cook no trae buenas noticias para nuestro país. De hecho, ha puesto en alerta al sector turístico español ya que era el encargado de enviar a España cerca de 4 millones de pasajeros, según los datos facilitados por la compañía.

A nadie le sorprende ya los pagos con el móvil, con una pulsera o incluso con su reloj. Ya no pagamos como lo hacíamos hace cinco años; las transformaciones digitales han tomado el testigo en todos los ámbitos de nuestra vida, y las transacciones comerciales no iban a ser una excepción.

Se trata de un fenómeno imparable. Tecnologías como los asistentes de voz, el Internet de las cosas o nuevas soluciones biométricas están tomando el testigo, y todo hace indicar que se convertirán en medios de pago cotidianos, igual que la tarjeta de crédito actual.

En este sentido, Ingenico, el líder mundial en pagos, ha analizado las cinco tendencias disruptivas que transformarán la industria de los pagos en 2020.

Comercio social y por voz

El comercio social y el comercio por voz están cada vez más integrados en nuestra vida. Cada vez es más habitual que los pagos se realicen a través de chatbots en redes sociales o de manera instantánea a través de la voz, a través de Servicio de valor agregado o VAS implementados.

Objetos IoT como plataforma única de pago

El llamado Internet of Things (Internet de las cosas o IoT) está revolucionando la forma en la que interaccionamos con objetos cotidianos. Frigoríficos, televisores y automóviles están ahora conectados entre sí. Y, en el futuro, esta integración puede llegar hasta los pagos sin necesidad que intervenga el ordenador o un móvil. Las posibilidades que ofrece el IoT son casi infinitas si se saben integrar los pagos seguros con nuestros hogares, productos y necesidades futuras.

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El Tribunal Supremo avala que los pagos a proveedores no pueden exceder los 60 días

Tecnologías emergentes al servicio de la seguridad

La seguridad y la protección de datos continúa siendo una de las principales preocupaciones de los usuarios de Internet. Y con más razón ante un tema tan sensible como los pagos. Hasta hace poco tiempo, la única medida de seguridad era un código PIN. Los nuevos desarrollos tecnológicos se centran en la autenticación biométrica o la integración a través del móvil, y en 2020 se prevé que se extienda en su adaptación a las criptomonedas o el uso de la Inteligencia Artificial y el Aprendizaje Automático.

Integración de la venta física y online

Lo más probable es que cada vez más negocios que tienen sistemas de distribución físico y online consigan integrar de forma exitosa ambos canales. De este modo, consiguen crear la mejor experiencia multicanal, lo que les servirá para convertirse en los líderes del mercado.

Influencia de las startups y fintech

La experiencia de uso y los nuevos servicios son factores decisivos cuando hablamos de pagos. La industria de pagos debe apoyarse en las mejores organizaciones corporativas e institucionales para ofrecer las mejores soluciones. Además, deben estar dispuestas a hacer pruebas que les permita encontrar nuevos productos y fórmulas para encontrar los productos idóneos para cada cliente.

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En la inmensa mayoría de ocasiones, las transferencias son el método habitual de pago de facturas a proveedores. Según datos del Banco de España, tres de cada cuatro operaciones comerciales en 2017 se hicieron efectivas a través de este instrumento. Su facilidad de uso, la rapidez y, sobre todo, sus relativos bajos costes han hecho que sea, de largo, el medio preferido por autónomos para efectuar pequeños pagos.

En general, la práctica totalidad de las operaciones se pagan a través de este instrumento o del adeudo domiciliado, que suma un 21%. En total, un 95% del total de las operaciones comerciales se hacen efectivas a través de alguno de estos dos instrumentos, fundamentalmente debido a los bajos costes para los profesionales y a la dificultad que ponen las entidades financieras a utilizar otros métodos de pago diferentes.

Sin embargo, que sean las dos más utilizadas no quiere decir que sean las más idóneas. Hay que tener en cuenta que, dependiendo del tipo de operación, puede que nos interese utilizar un medio de pago y cobro diferente, especialmente si el pago es aplazado a varios meses y se utiliza el criterio del IVA del devengo.

En estas circunstancias, deberemos liquidar el IVA de las facturas que todavía no se han cobrado (y que en muchos casos acaban siendo impagadas), lo que en muchos casos puede acabar provocando problemas serios de liquidez. No en vano, esta ha sido la razón por la que muchas empresas y profesionales acabaron en situación de suspensión de pagos, al verse condenadas por la morosidad de algunos de sus clientes y el anticipo del pago de impuestos.

Además, la actividad transcurre de manera habitual, y no podemos dejar las compras para cuando recibamos el importe de la factura. La liquidez es fundamental, y es un recurso que no siempre está disponible por culpa del retraso en el pago de las facturas.

El descuento de efectos, el preferido por las empresas, pero lejos del alcance de los autónomos

Esta es la razón por la que muchas empresas optan por otros métodos de pago diferentes a las transferencias o los adeudos domiciliados. Entre los preferidos, aquellos que les permiten anticipar las facturas o efectos comerciales y, de ser posible, aquellos en los que la gestión de los pagos y los cobros se cede a otra entidad.

El factoring (con y sin recurso), el confirming, el descuento de pagarés, el forfaiting... son métodos de gestión de cobros y pagos en los que la empresa obtiene financiación a través de las facturas comerciales y, de paso, cede esa gestión a otra entidad.

Sin embargo, son métodos que están lejos del alcance de los autónomos, fundamentalmente por su elevado coste y la reticencia de las entidades a aceptar a profesionales individuales y microempresas debido a su mayor riesgo de mora y su inferior solvencia en comparación con otras empresas más grandes.

Abrir estos métodos de financiación a pequeños empresarios habría servido para paliar los graves efectos de la crisis económica, y en la actualidad, serviría para garantizar un crecimiento que no siempre es posible.

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Encontrar negocios en los que no se pueda pagar con tarjeta de crédito es cada vez más complicado en España. Pero todavía quedan algunos. Yo conozco unos cuantos en los que sus propietarios se niegan a aceptar este tipo de forma de pago. Aquí se paga con dinero de verdad, suele ser la frase que repiten. En Italia es bastante frecuente esta práctica, por eso el Gobierno está preparando una ley para obligar a los negocios a aceptar el pago con tarjeta.

Se trata de intentar crear una cultura de pago con tarjeta, dado que en el país italiano donde el donde el 56% de los gastos de las familias sigue pagándose en efectivo y el 80% de las transacciones se realiza con billetes y monedas. Ahora estarán obligados a admitir los pagos con tarjeta en importes superiores a 5 euros.

El objetivo no es otro que luchar contra el fraude, contra la caja B la economía sumergida que en Italia representa aproximadamente un 3% del PIB. La bancararización de los pagos deja un rastro documental tras de sí, que dificulta de forma notable el fraude de forma masiva en los pequeños comercios. En nuestro país el porcentaje es mucho más alto.

No es el único intento. La mayoría de los pagos que se realizan en efectivo son pequeñas cantidades. Y la resistencia de los comercios a que dichos pagos se realicen a través de tarjetas o desde el smartphone, que es otra forma de control igual supone un impedimento a la expansión de este tipo de formas de pago. A pesar de ello, España lidera esta lidera los pagos contactless en Europa.

A ello hay que sumarle las comisiones que tienen que pagar los comercios por el uso de los datáfonos. Por mucho que se hayan reducido, o existan tarifas planas que lo hacen más asequible, es un margen que con el efectivo no pierden. También los trabajadores de dichos negocios, donde una parte de las propinas se pierden si no se paga en efectivo.

En España ya se han adoptado algunas medidas, como la reciente limitación de los pagos en efectivo a un máximo de 1.000 euros. No sería de extrañar que se tomara ejemplo y la medida de obligar a aceptar pagos por medios electrónicos se impusiera también en nuestro país.

En Pymes y Autónomos | Hacienda a por el pequeño comercio

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