Quiero recomendaros un blog, La fiscalidad explicada con sencillez. Ciertamente es un blog un tanto guadianesco, pero Al, su autor, tiene disculpa: es abogado fiscalista y está hasta arriba. Algo de eso hay en su último post: Vuelta al blog, y vuelta al Terror Fiscal. Claro que me permitiría corregirle: no ha vuelto el Terror Fiscal. El Terror Fiscal nunca se fue.

Ciertamente la crisis fiscal que viven las Administraciones Públicas hacen que muestren su colmillo más retorcido. Si durante un tiempo se hablaba de garantismo de los derechos del contribuyente era para disimular y porque nadaban en la abundancia gracias al sangrado fiscal del tráfico inmobiliario. Lo cierto es que Hacienda, o las distintas Haciendas, nunca han dejado de vernos a todos como una vaca lechera sin derechos. Para muestra este botón que se conocía hace dos años, y que yo sepa no supuso la entrada en prisión de los responsables. Pero veamos otros casos que se citan en dicho post:

1) Adm. Local, se devenga un IBI y se cobra por vía de apremio sin notificación de ningún tipo (ni siquiera por Boletín)... se recurre se obtiene de un Juzgado resolución favorable (es decir anula el IBI), se hace firme, y el Ayuntamiento embarga un bien inmueble en base a esto. Llevamos 3 años para anular el embargo…

2) Adm. Autonomica: Un impuesto sobre el patrimonio grande de gran empresario. Se inspecciona y con un criterio afirmado por la DGT (Tributos no trafico) como incorrecto, se liquida. Se recurre está liquidación y se avala la deuda. Se ignorá el aval (y por tanto la Ley que dice bien clarito que con aval suspensión automatica), y se apremia, luego de apremiar (que se recurrio) se embargan cuentas. Mientras el TEAR dice que no puede hacer nada… Dos años despues nulidad de pleno derecho del procedimiento… mientras más de 300.000 € embargados, mala imagen en bancos por los embargos, etc.

3) Administración Estatal: IVA. Se regulariza una situación, es decir se paga, se pagan los correspondientes recargos. Un año despues la Administración dicta una resolución sancionadora (cuando no puede), estamos en ello. O lo más cachondo, procedimiento inspector de una sociedad. Se dicta liquidación que se estima como valida, no se recurre. Filial en misma situación, pero unidad de inspección diferente, aplican criterio radicalmente diferente.

Tremendo casuismo. Claro que la arbitrariedad no cesa. Hoy mismo la AECE denuncia la actuación de la Delegación de la AEAT de Murcia, que ha empezado a girar liquidaciones provisionales sobre el Impuesto de Sociedades del ejercicio 2010 suprimiendo directamente como gasto deducible la retribución del trabajador que es además el administrador de la sociedad, sin requerimiento previo de información. Recauda que algo queda.

Dejando al margen ideologías, estoy con Al en que en su día, y han corrido años, FJL hizo un análisis impecable del mal fiscal español:

Adelantamos nuestra tesis: el terror fiscal en España es tan profundo y generalizado que nadie se atreve a criticar al Fisco: el ciudadano sólo aspira a eludirlo o, si llega el caso, a corromperlo. Pero a su vez, es tan grande la corrupción en el Fisco que sólo puede mantenerse mediante el terror. Como las empresas de comunicación, los partidos políticos, los propios políticos y los periodistas participan en ese pánico, lo han interiorizado hasta el punto de dimitir de su función de vigilar y denunciar a cualquier poder incontrolado y despótico que atropelle los derechos constitucionales. O que utilice el sistema fiscal, por lo demás injusto y confiscatorio, para eventual beneficio de sus inspectores, convertidos en nuevos inquisidores.

Lo terrible es que hoy por hoy las pymes sufren en España un doble terror fiscal, que va más allá de esta calamidad atávica:

• El clásico, el pague y reclame si se atreve, que si alguien le da la razón ya no nos quitan lo bailado (y en todo caso pagará el contribuyente).
• El terror fiscal 2.0: la morosidad de la Administración Pública con esas mismas empresas.

Todo es susceptible de empeorar. ¿Del terror al horror?

Vía | La fiscalidad explicada con sencillez
En Pymes y Autónomos | El TS anula las sanciones de Hacienda, sólo falta anular la factura del Abogado, La morosidad es el auténtico cáncer de las pymes en España

Como ya avisamos anteriormente, la aplicación del criterio de caja para el IVA no va a ser factible. La aplicación de esta medida, que se pretende incluir en la próxima Ley del Emprendedor es, según publica hoy El Economista, una mera declaración de intenciones que no podrá ponerse en práctica a corto plazo. Para todos aquellos que estaban esperando esta medida, casi podemos anticipar que no se podrá aplicar el pagar el IVA cuando se cobre la factura.

Hay que tener en cuenta, además, que la posible puesta en marcha de esta medida sería con carácter excepcional, sólo para determinadas empresas y para casos muy concretos. Además sería necesaria la autorización de la UE para llevarla a cabo.

La UE permite, a través de una Directiva comunitaria del año 2010, acogerse a esta una norma excepcional para el Impuesto sobre el Valor Añadido. El Gobierno deberá solicitarlo y Bruselas tendrá que homogeneizarla con las solicitudes de otros estados miembros, por lo que no podrá llevarse a cabo a corto plazo.

Además ya comentamos que, como norma general, técnicamente era casi inviable, porque significaría que se aplicaran criterios distintos a la hora de declarar el IVA las diferentes empresas. Además los sistemas de control informático de la Agencia Tributaria no están en condiciones de poder asumir ese cambio.

Aplicar esta medida de forma libre supondría un descontrol enorme porque se darían casos en los que el cliente pudiera deducir el IVA de sus facturas en el momento de recibirlas, utilizando el criterio de devengo, y los proveedores de esas mismas facturas no declararlar porque no se hubieran pagado.

Al final todo esto no sería necesario si se aplicara con rigor la Ley contra la Morosidad, ya que al realizarse el pago según los plazos fijados en la misma el porcentaje de facturas declaradas y no cobradas sería mínimo.

En Pymes y Autónomos | La aplicación del criterio de caja en la declaración de IVA
Imagen | julianrod

El pasado Consejo de Ministros ha aprobado una linea de financiación del ICO para que las Comunidades Autónomas puedan pagar las deudas con sus proveedores. La linea estará dotada con 10.000 millones de euros, ampliable a 15.000 millones.

Ya anunciamos, hace unas semansa, que el Ejecutivo tenía previsto aprobar esta mueva financiación para las autonomías, destinada a reducir la escandalosa morosidad de las autonomías con autónomos y pymes.

A través de este mecanismo de financiación se podrá realizar el pago a los proveedores de las Comunidades Autónomas. Se podrán liquidar las facturas pendiente de suministros, obras y servicios reconocidos antes del 1 de enero de 2012. Se pretende, de este modo, paliar la morosidad y los aplazamientos en el pago de estas deudas con proveedores para dinamizar a pymes con deudas no pagadas por las administraciones públicas.

Falta por comprobar cuál será es procedimiento para el uso de esta linea. Si serán las Comunidades las que hayan de solicitar y gestionar esos fondos, con el riesgo de que se acaben utilizando para otros fines distintos para los que han sido propuestos, como ha ocurrido en otras ocasiones, o si, por el contrario, serán los propios proveedores los que puedan reclamar directamente al ICO el pago de esa deuda.

Lo que sí se establece en la medida aprobada este pasado viernes es que sólo podrán acceder a esta financiación aquellas comunidades que cumplan con las exigencias de disciplina presupuestaria impuestas por el Gobierno, lo que traslada, de nuevo, a las pymes y autónomos acreedoras de la Administración las consecuencias de los incumplimientos de las Administraciones que les deben dinero.

¿Qué culpa tienen los proveedores de que la Comunidad que les adeuda dinero, incumpliendo la Ley contra la Morosidad, además no cumpla con los objetivos de déficit? Por supuesto que ninguna, pero, de todas formas, no podrán cobrar por esta vía como castigo por algo que lejos de ser su responsabilidad, les puede estar abocando al cierre.

En Pymes y Autónomos | Los ayuntamientos “pasan” de la línea ICO para saldar sus deudas con autónomos y pymes
imagen | ICO

El Ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, anunció ayer, al término de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se habilitará una nueva línea de financiación a través del ICO para que las Comunidades Autónomas paguen a sus proveedores.

Esta medida es similar a la que al anterior Gobierno puso en marcha para los Ayuntamientos y que no tuvo el efecto esperado ya que, según palabras del Presidente de la Federación Nacional de Municipios y Provincias y Alcalde de Sevilla Juan Ignacio Zoido, las condiciones eran poco atractivas.

No pocas veces hemos denunciado el gravísimo problema que la morosidad de las Administraciones está provocando en la superviviencia de muchas empresas debido a que la Ley contra la Morosidad no está siendo respetada por los propios organismos públicos, de hecho ayer se publicaba que las Administraciones tardan 162 días de media en pagar sus facturas.

En su momento se habilitó una linea de financiación del ICO para que los Ayuntamientos acudieran a ella para pagar a sus proveedores, sin embargo y, a pesar de que corporaciones como la de Madrid o Zaragoza sí la utilizaron, no cumplió con las espectativas marcadas, más por intereses políticos que porque a muchos de los alcaldes les importe el futuros de las pymes españolas.

Ahora el nuevo Gobierno pretende dotar a las Autonomías de un instrumento similar, que esperemos que en esta ocasión sí funcione. La suerte para muchas empresas que tienen pendiente de cobro facturas con las Comunidades Autónomas es que el color del Gobierno es el mismo que el de la mayor parte de las Comunidades, por lo que es posible que esta vez sí “les interese” acudir al ICO.

Abandonando toda esperanza de que los políticos de nuestro país se preocupen lo más mínimo por el futuro de las pymes, a ver si por lo menos el apuntarse el tanto que el anterior Gobierno no pudo es incentivo suficiente para que se cumpla la Ley y las muchas pymes que están en la cuerda floja por la falta de liquidez provocada por las deudas de las Administraciones pueden salir, finalmente, a flote.

En Pymes y Autónomos | “Las Administraciones Públicas se han convertido en la principal fuente de destrucción de empleo”
Imagen | ArchiM

La Ley de lucha contra la morosidad establece que en 2012 se reduzcan los plazos de pago a proveedores a 75 días de máximo en los pagos entre empresas y a 40 para el pagp de las Administraciones Públicas. Esta reducción se debe al cumplimiento del régimen transitorio de la ley a los plazos definitivos, que quedarán fijados en 60 y 30 días respectivamente.

Esta noticia sería relevante si realmente se cumpliera la ley. Por desgracia. como ya hemos comentado en varias ocasiones, la morosidad es el principal problema con el que se encuentran las empresas a la hora de mantener su actividad y alcanza tintes dramáticos por su influencia en el cierre de muchas de ellas y la consecuente destrucción de empleo.

Esta ley está impulsada desde la Comisión Europea, que podría legislar un adelanto en la entrada en vigor de los plazos definitivos para que fueran efectivos este año. La propia comisión responsabiliza a los gobiernos de la puesta en marcha y control de la norma y la obligación de definir un régimen sancionador para quien la incumpla.

Por desgracia en España no se produce ese control ni siquiera an la Administración Pública. Se han dado numerosísimos casos en los que el propio Gobierno ha creado instrumentos que esas Administraciones podrían haber utilizado para el pago de sus deudas y que o no han sido utilizados o, incluso, se han recurrido a ellos pero para otros fines que no han sido el pago a proveedores.

Tengan en cuenta, pues, aquellas empresas que sí tienen intención de cumplir la ley, que desde el 1 de enero de 2012 el plazo de pago se ha reducido. Al resto les traerá sin cuidado, pero es tarea de las autoridades hacer que sean cada vez más las que se adapten a los plazos legales, y más cuando dependen de la propia estructura del Estado, Comunidades Autónomas o Corporaciones Locales.

En Pymes y Autónomos | Aprobación definitiva de la Ley de Morosidad
Imagen | yto

Con motivo de la campaña electoral desde muchos ámbitos políticos, empresariales y varias organizaciones vuelven a insistir en el tema de la aplicación del criterio de caja en la declaración del IVA para evitar las situación actual de que las empresas tengan que adelantar el IVA de las facturas no cobradas.

En su día ya comentamos que poner en marcha este sistema es complicado. De hecho, hace unos días, el jefe de Equipo de Inspección y secretario general de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda, Francisco de laTorre, ha declarado al respecto que la aplicación de este sistema supondrá “un grave problema de control, pero que también tendría que implicar que quien no paga una cuota de IVA no se va a poder deducir el IVA soportado”.

La aplicación del criterio de caja implicaría que los sujetos pasivos de IVA declararían el IVA devengado y el soportado sólo de aquellas facturas cobradas y pagadas. Eso haría necesario un mecanismo de control de cobros y pagos, algo que en los autónomos hasta ahora no es obligatorio, y comunicarlos a Hacienda. Además la Agencia Tributaria debería de implementar dicho mecanismo de control en su sistema.

Todo esto estaría muy bien si resolviera el mayor problema que esta situación provoca pero que, en la practica, no lo hace. Podemos asumir que este nuevo procedimiento evitaria adelantar los impuestos de los ingresos no cobrados pero no acabaría con el auténtico cancer, la morosidad.

De cada mil euros de deuda no cobrada, aplicando el IVA general, 847 euros corresponden a la base imponible y 153 al IVA. Poner en marcha este sistema evitaría adelantar esos 153 euros por cada mil no cobrados, pero el problema es la falta de liquidez que genera en las pymes y los autónomos el no cobrar esos 847 euros.

La aplicación de la Ley contra la Morosidad obliga a las Administraciones Públicas a pagar sus facturas en el plazo máximo de 30 días. Si las administraciones cumplieran estos plazos el cambio de criterio en el IVA no sería necesario para evitar a autónomos y pymes el adelanto de impuestos. Por tanto, lo que se necesita no es ese cambio de criterio sino el cumplimiento de la Ley, que además de evitar ese adelanto daría liquidez a las empresas.

La insistencia de algunos partidos en proponer este cambio hace sospechar que hay muy poco interés en poner en marcha mecanismos que controlen la morosidad de las Administraciones Públicas, que es el verdadero problema. O sea, estamos ante un nuevo parche que, además, va a ser muy difícil poner en marcha.

En Pymes y Autónomos | La aplicación del criterio de caja en la declaración de IVA
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El desarrollo del Plan de lucha contra el fraude fiscal, laboral y a la Seguridad Social desarrollado por la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) está dando sus resultado. La recaudación en vía ejecutiva de este organismo ha sido, entre enero y julio, de 907 millones de euros, mientras que las actuaciones de derivación de responsabulidades ha sido de 425,4 millones de euros.

El seguimiento que se ha hecho a las grandes cuentas se ha incrementado en un 240% entre 2004 y 2010. En 2004 fueron 27.709 empresas a las que se les hizo un seguimiento, en 2010 son el nuevo Plan se llegó a 94.218 empresas. De ellas, se encontraron 6.883 empresas con primer descubierto, 3.339 abonaron la deuda total o parcialmente y 1.613 solicitaron o se les concedió aplazamientos de pago. En el primer semestre de 2011, fueron 3.988 las empresas con primer descubierto entrevistadas, 1.391 han abonado la deuda y 987 han solicitado o se les ha concedido aplazamientos de pago.

Desde la puesta en marcha del Plan la TGSS ha ido mejorando y ampliando los sistemas de detección y prevención del fraude. La TGSS mantiene programas de trabajo conjuntos con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y con la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Recientemente se ha puesto en marcha un Plan de control de Empresas Ficticias y altas fraudulentas a la Seguridad Social en el que participan también el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo Estatal, Fondo Salarial, Agencia Tributaria y Ministerio Fiscal.

Este nuevo Plan ha permitido detectar 387 infracciones a la Seguridad Social por importe de 3.350.881 euros, que han dado liquidaciones por importe de 582.800 euros y ha supuesto la anulación de deudas a la Seguridad Social por valor de 5.450.730 euros, una recaudación inducida de 8.396.339 euros y un importe de derivación a administraciones de 18.484.211 euros, con un movimiento de 7.420 afiliaciones.

La posibilidad de utilizar nuevos sistemas telemáticos para el proceso de la información está permitiendo que este tipo de acciones puedan obtener unos mejores resultados y que los presuntos defraudadores o infractores tengan mucho más difícil lograr sus objetivos.

En Pymes y Autónomos | Resultados de las medidas anti-fraude contra la Seguridad Social en el 2009
Imagen | binkle_28

Según aparece publicado hoy en Expansión, los Ayuntamientos no están utilizando los fondos puestos a su disposición por el ICO para saldar sus deudas con autónomos y pymes ya que sólo han consumido un 13% del total de la línea de financiación.

Ya comentamos hace más de un mes el el poco éxito que estaba teniendo esta linea de financiación creada para que los consistorios pudieran reducir su morosidad, los nuevos datos lo confirman.

Lo más indignante del caso es que los ayuntamientos alegan que “la línea del ICO contra la morosidad no satisface las necesidades que tienen hoy por hoy los ayuntamientos; ni el tipo de interés que hay que pagar, ni las condiciones para acceder a ella”, según palabras del Alcalde de Sevilla que también es el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias.

Estas palabras demuestran la poca sensibilidad de los responsables municipales ante la situación de autónomos y pymes. Se les llena la boca diciendo que quieren fomentar al autoempleo y que apuestan por las pymes como motor de la economía y luego se ríen en las narices de ellas y contribuyen con sus impagos a la desaparición de miles de empresas y puestos de trabajo, saltandose a la torera la Ley que establece los plazos de pago de los organismos oúblicos.

Esta línea de financiación tiene un tipo de interés del 6,5%, abusivo según el señor Zoido. A lo mejor lo que este señor no sabe es que a las pymes y los autónomos los pocos créditos que las entidades financieras conceden a las empresas para subsistir pueden llegar a unos tipos cercanos al 10%. Créditos que se solicitan, en muchos casos, para poder esperar a que sus Ayuntamientos les paguen.

En el fondo lo que queda es que muchos ayuntamientos “pasan” de la situación y que, en su guerra política toman como rehenes a pequeños negocios que se mueren de inanición ante la falta de recursos y la poca importancia que a este hecho les dan sus clientes morosos.

En Pymes y Autónomos | La morosidad es el auténtico cáncer de las pymes en España
Imagen | Fartese

Hace cosa de tres años un pequeño empresario me comentaba que había encontrado una solución a sus problemas: había empezado a trabajar con el ayuntamiento más grande de la zona. Le dirigí una mirada tierna, pague nuestra consumición y cambié de tema. La semana pasada me acorde de él a propósito del lock-out de los farmacéuticos castellano-manchegos.

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Castilla La Mancha les adeuda cerca de 3 meses de medicamentos, 125 millones de euros. Se trata de la diferencia entre el coste efectivo del medicamento cobrado a los farmacéuticos por sus proveedores y el que ellos repercuten a los pacientes, debido a la conocida subvención pública al medicamento.

La situación de los farmacéuticos es similar a la de esos empresarios que a lo largo de toda la geografía española están “financiando” a las distintas administraciones públicas. Es todo un escándalo, aunque en el caso que nos ocupa tiene una serie de matices propios:

• Los farmacéuticos señalan que el atraso se corresponde con varios años de beneficios. Cierto. Pero de la manera que lo explican en prensa parece que fuesen perdidas. Por ahora no lo son. Cosa distinta es el agujero financiero que les supondrá vía intereses, si es que finalmente logran que los Bancos les financien, y como dicho endeudamiento añadido condicione la viabilidad de su negocios.
• Por el otro lado, hay quien tampoco lo tiene claro. Me refiero al director gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), Luis Carretero, que dice que es un problema de liquidez, no de solvencia. Me temo que la cuestión es como mínimo dudoso, y en cierto modo irrelevante, algo así como si son galgos o podencos.
• Lo que resulta un tanto irritante que el mismo Luis Carretero les recuerde a los farmacéuticos, a las pymes, que vivimos en un Estado de Derecho, y que la Ley no permite la interrupción de dicho servicio sin autorización administrativa, lo que necesariamente habrá de implicar que los que se hayan sumado al paro sean sancionados. Cabe preguntarse si defiende con tanta vehemencia la consideración de Estado de Derecho para el cumplimiento de las obligaciones legales que tiene su Administración. ¿A él no le alcanzan esas obligaciones?, ¿cuántas leyes administrativas y civiles están incumpliendo con la demora de dichos abonos?, ¿existe la obligación legal de un empresario de arruinarse sosteniendo las arcas públicas?
• Buena parte del problema se deriva de la naturaleza jurídica de los establecimeintos de farmacia en nuestro país, al ser concesiones administrativas. Habría que recordar a los farmacéuticos que el privilegio que ostentan vía depuración de la competencia nos arrastra a la actual situación. Cuando alguno de ellos sugiere que se cambie el sistema y se cobre el 100% del coste efectivo y que luego los ciudadanos reclamen a la Administración la subvención, se olvidan de que su situación de privilegio, de cierre a la competencia, implica obligaciones colaborativas con la Administración: entre otras, el que los votantes no se echen encima de los políticos a causa de los retrasos.
• Como un aspecto más general, el caso nos recuerda la escasa regulación española en materia de cierre empresarial o lock-out. No se reconoce dicho derecho, el equivalente a la huelga de los trabajadores, con carácter general. Tan sólo en casos muy concretos, por lo que además del incumplimiento de la normativa sectorial posiblemente nos hallemos ante un incumplimiento laboral. Alguien debería pensar en si dicho desequilibrio empresa-trabajador es justo y sostenible. De no ser así, es posible que en un futuro los farmacéuticos opten por huelgas encubiertas, aduciendo la ausencia de stock de productos.

Como conclusión, estoy con los farmacéuticos en que es inmoral el obligar a alguien a arruinarse por la vía legal, pero cuando esgrimen su condición de empresarios que se juegan su dinero ha de ser con todas la consecuencias, debiendo ser los primeros en exigir un mercado abierto, libre y competitivo.

Más información | El Mundo
En Pymes y Autónomos | Las deudas de los Ayuntamientos. Un caso real, Ayuntamientos: pagad a las pymes vuestras deudas

Una de las principales preocupaciones de muchas empresas y negocios en la difícil encrucijada por el cobro a clientes por trabajos realizados, es la morosidad de la administración pública, que realiza un daño tremendo a aquellos negocios que trabajan con la administración, y que por una razón u otra, no reciben la contraprestación acordada en tiempo y forma.

Hoy me ha llamado la atención la noticia que ha publicado el diario Expansión sobre la posibilidad de que la comunidad autónoma de Castilla La Mancha adeude alrededor de 1.700 millones de euros a sus proveedores, una noticia que de confirmarse, acabaría con muchas pymes que proveen bienes y servicios a la administración, por el simple hecho de no poder cobrar, o al menos dilatar su cobro en el tiempo, de los trabajos ya realizados.

Generándose por tanto una situación muy difícil de gestionar para las empresas afectadas, en la que a pesar de que hay negocios que han denunciado a empresas por el incumplimiento de la Ley de Morosidad, sienten que no les queda más opción que resignarse y hacer cola para pasar por caja al tratarse de la administración.

En conclusión, hay que señalar que hay algo que falla en la gestión de pagos de la administración y que ha de reforzarse mediante la introducción de garantías adicionales en los contratos públicos, por que no es de recibo es que existan empresas que celebren un contrato con la administración y pasado un tiempo su trabajo, e incluso sus ilusiones, se desvanezcan por el retraso injustificado de las cantidades adeudadas. ¿Tienen las pequeñas empresas garantías suficientes para trabajar con la administración o es un sector que se ha de vetar? Tengamos en cuenta que muchas empresas no tiene más cliente que la adminitración.

En Pymes y Autónomos | Compensar las deudas de la administración con las empresas
Imagen | andresrueda