Una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha clarificado y ampliado el alcance de las cantidades que los trabajadores por cuenta propia pueden exigir cuando una sociedad les deja facturas sin abonar.

El fallo no se limita a confirmar la posibilidad de reclamar la deuda principal, sino que precisa que también pueden incluirse intereses, penalizaciones y otros conceptos accesorios cuando concurren determinados requisitos legales.

Y es que, muchos autónomos operan con empresas que atraviesan situaciones patrimoniales delicadas, con pérdidas acumuladas y fondos propios por debajo de la mitad del capital social.

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En esos escenarios, la capacidad real de cobro se reduce drásticamente, ya que la sociedad puede carecer de activos suficientes para atender sus compromisos. La vía tradicional de ejecución contra la empresa deudora resulta entonces ineficaz.

Responsabilidad del administrador en situaciones de desequilibrio patrimonial

La legislación mercantil establece que cuando una sociedad incurre en causa legal de disolución, sus administradores deben adoptar medidas como promover la disolución o instar el concurso.

Si no lo hacen y continúan contrayendo obligaciones, pueden convertirse en responsables solidarios de las deudas generadas a partir de ese momento.

El Supremo ha recordado que esa responsabilidad no se circunscribe únicamente al principal adeudado. Cuando concurren los presupuestos objetivos de la acción de responsabilidad por deudas, el administrador responde como garante de las obligaciones sociales surgidas en esa fase crítica. Esta garantía solidaria alcanza tanto a la deuda principal como a los intereses y demás partidas asociadas que resulten exigibles a la sociedad.

La novedad práctica radica en que el Alto Tribunal despeja dudas sobre si los autónomos podían reclamar al administrador conceptos adicionales como los intereses de demora previstos en la normativa contra la morosidad o los gastos derivados de la reclamación.

La respuesta judicial es clara al entender que si tales importes eran exigibles a la empresa, también lo son frente al administrador en el marco de la responsabilidad solidaria.

Intereses de demora y gastos adicionales

La Ley 3/2004 de lucha contra la morosidad establece un régimen específico de intereses aplicable a operaciones comerciales.

Para el primer semestre de 2026, el interés de demora se sitúa en el 10,15%, una cifra muy superior al interés legal del dinero fijado en el 3,25%. Esta diferencia no es irrelevante en términos económicos.

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El Supremo abre la puerta a que los autónomos reclamen más rápido sus facturas al Estado

Si se toma como referencia una factura impagada de 5.000 euros, la aplicación del 10,15% supone más de 500 euros adicionales en concepto de intereses.

A ello pueden sumarse los gastos de reclamación reconocidos por la normativa. El resultado es que el importe total recuperable puede incrementarse de manera significativa, reforzando la posición del autónomo frente a la insolvencia societaria.

El fallo judicial consolida así la posibilidad de trasladar al administrador no solo la deuda base, sino también todos los accesorios vinculados a la misma. Esto amplía el margen de recuperación y aporta mayor seguridad jurídica a quienes se ven afectados por impagos reiterados en el ámbito mercantil.

Un mecanismo que refuerza la viabilidad de la reclamación

La acción de responsabilidad por deudas se configura como una herramienta especialmente relevante cuando la sociedad carece de patrimonio suficiente.

Al dirigir la reclamación contra la persona física que ostenta la administración, el autónomo amplía las posibilidades de cobro, ya que el administrador puede disponer de recursos propios distintos de los de la empresa.

Este marco jurídico no implica una responsabilidad automática. Es necesario acreditar que la sociedad se encontraba en causa de disolución, que el administrador no adoptó las medidas exigidas por la ley y que la deuda se generó con posterioridad a esa situación. Una vez probados estos extremos, la reclamación puede abarcar la totalidad de los importes derivados de la obligación impagada.

En la práctica, la rapidez en la actuación adquiere especial relevancia. Cuando una empresa atraviesa dificultades económicas, es habitual que existan múltiples acreedores en la misma posición.

Documentación y estrategia procesal

Para que la reclamación prospere es imprescindible contar con una base documental sólida.

Facturas emitidas, albaranes de entrega, contratos firmados y comunicaciones intercambiadas entre las partes constituyen elementos probatorios esenciales. La acreditación de la correcta prestación del servicio o suministro del producto resulta determinante para sostener la acción judicial.

Imágenes | Pixabay, Pìxabay

Mientras en Europa debaten cuándo aprobar el Reglamento contra la morosidad, en España los autónomos cuentan con una manera de reclamar un impago. Desde hace poco tiempo la Agencia Tributaria permite demandar las facturas impagadas a través de un correo electrónico.

Imaginemos el contexto, se acerca la fecha para liquidar el IVA trimestral y varios clientes le deben dinero a un trabajador por cuenta propia. Ante el problema de falta de liquidez, al autónomo sólo le quedaba una salida, pedir a su deudor mediante un requerimiento notarial o judicial esa factura impagada.

Desde enero de 2024 solicitar que se salde una deuda es más fácil. Mediante un correo electrónico o burofax será suficiente para demostrar a Hacienda que no se puede hacer frente al pago del IVA y reclamarlo, así lo recoge Autónomos y Emprendedores.

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Qué medidas tomar si como autónomo no te pagan una factura

Tanto si eres un autónomo como si estás al frente de un pequeño negocio, ese dinero impagado se traduce en un serio problema. Afecta tanto a la liquidez como a problemas para saldar tus obligaciones fiscales.

Si bien enviar un correo electrónico al moroso es una prueba más que suficiente en 2024 para Hacienda, no está de más probar otras vías para conseguir el dinero en su totalidad y no solo el IVA.

• Hablar con el deudor los cinco primeros días del impago: se trata de mantener una comunicación amistosa para recordar que tiene una factura que no ha abonado. Es una forma de tantear cómo procederá esta persona: si tiene una excusa razonable o se debe a un despiste poco creíble.
• Negociar otra fecha de abono o fraccionar el pago.
• Si la deuda supera los 2.000 euros, es aconsejable contactar con un despacho de abogados.

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Condiciones para justificar el impago y recuperar el IVA de la factura

Para solicitar a Hacienda la devolución del IVA que no se ha cobrado por culpa de un cliente moroso, además de enviar el correo electrónico o burofax como prueba de que nos hemos puesto en contacto con nuestro deudor, se deben dar estas condiciones:

• Que la base imponible sea mayor de 50 euros.
• Que no hayan transcurrido más de seis meses desde que el crédito haya sido considerado incobrable.

Sin olvidar los siguientes datos:

• El contenido de la reclamación.
• La identidad del destinatario (el deudor)
• La identidad del remitente, el autónomo o el negocio.
• La fecha de entrega.

Recuperar el total de la deuda dependerá de muchos factores, pero es justo que no se deba adelantar a Hacienda un dinero que no nos han pagado. Al fin y al cabo, al incluir el IVA en una factura los autónomos se convierten en pequeños recaudadores para la Agencia Tributaria. Si un cliente no cumple su parte, el autónomo debería hacerse con ese dinero que adelantó sin haberlo cobrado.

Con el fin de fortalecer la liquidez empresarial y combatir la morosidad, la Unión Europea presentó ante el Parlamento un reglamento destinado a reemplazar la Directiva Europea sobre Morosidad, pero la aprobación se ha pospuesto por la falta de consenso.

Desde España, Cepyme no oculta su preocupación debido a que varios países miembros no parecen convencidos de la necesidad de aprobar esta normativa. Pymes y autónomos son los que más sufren la morosidad entre algunos de sus clientes o proveedores.

La aprobación por parte del Consejo de la Unión Europea es necesaria para finalizar la tramitación de la norma porque es el último paso pendiente. El pasado 20 de marzo el Parlamento Europeo ya dio el visto bueno, así lo recoge Autónomos y Emprendedores.

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La novedad será multar a las empresas morosas

Para un autónomo la morosidad implica dos serios problemas. El primero es no contar con un dinero que le pertenece, el segundo, cómo le afecta a la hora de hacer frente a sus pagos como la autoliquidación del IVA trimestral. 

Como novedad, cada Estado de la Unión Europea elegirá a una o varias autoridades para aplicar el nuevo reglamento, de esta forma, se adoptarán las medidas oportunas para asegurar que se cumplen con los plazos de pago.

Y ahí es donde entran las multas y sanciones y otras medidas a todo aquel que no pague. ¿Cómo se llevará a cabo este procedimiento? A través de inspecciones sin previo aviso para exigir al deudor que afronte su infracción y le ponga fin.

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La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad celebra este avance que beneficia a pymes y autónomos

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), es un organismo privado que representa a 1,5 millones de pymes y autónomos, y es una de las creadoras de esta nueva norma. Conocedores de los abusos que soportan tanto los autónomos como las pymes, con plazos eternos, consideran que se trataría de un logro extraordinario.

Sin embargo, para países como Alemania, Francia y Holanda, la morosidad no es un problema, de hecho, esta normativa es hasta innecesaria. Es lógico que se tema que la aprobación se alargue en el tiempo, cuando esta ley supondría más burocracia y ningún beneficio para sus ciudadanos. Desde PMcM confían en que sí se ponga en marcha puesto que son millones de pymes y autónomos en Europa los que más sufren la morosidad.

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Actualizar la ley contra la morosidad a nivel europeo es una necesidad para pymes y autónomos

Desde Cepyme llevan diez años luchando contra la morosidad, y ven necesario unificar las normas en el contexto europeo y asegurar así que todas las empresas trabajen bajo las mismas reglas para proteger la libre competencia.

La morosidad supone un aumento de los gastos de financiación de las empresas, lo que se traduce en costes elevados e inasumibles en muchas ocasiones, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas.

Pero la morosidad no afecta por igual al tejido empresarial de los países de la UE, de hecho, en Dinamarca es del 10%, en Rumanía alcanza el 86%. En España, la morosidad representa el 56%, en Francia el 58% y en Alemania el 35%. Estos datos lo recogen la Encuesta de Pagos D&B.

En la actualidad, la morosidad está regulada por la Ley de morosidad de 2004 y la Directiva Europea de Morosidad de 2011. Ambas son insuficientes para luchar contra el crecimiento de la morosidad, de hecho, los pagos se producen a partir de los 80 días, nada que ver con los 30 días que promete la nueva normativa europea que por ahora está bloqueada.

El Gobierno publicará un listado de las empresas morosas que no pagan a las pymes. El Consejo de ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se modifica la regulación del Consejo Estatal de la Pyme y se crea el Observatorio Estatal de la Morosidad Privada.

La morosidad es un serio problema para la actividad empresarial de las pymes porque tienen que compensar el coste financiero y la incertidumbre generada por estas prácticas.

El observatorio de la morosidad tendrá dos funciones: la elaboración de un informe anual sobre la situación de los plazos de pago y de la morosidad en las operaciones comerciales entre empresas privadas y la elaboración y publicación de un listado de empresas que incumplan los plazos de pago.

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Cuando el listado se publique, las empresas no podrán recurrir por la vía administrativa

El Observatorio Estatal de la Morosidad Privada elaborará cada año una propuesta de resolución que incluirá el listado de empresas que incumplan los plazos de pago, a raíz de los datos obtenidos gracias a la nueva obligación que tendrán las pymes en 2025 de elaborar toda su facturación de manera electrónica.

Este listado provisional será notificado a todas las empresas que aparezcan en él, dispondrán de diez días para formular alegaciones y aportar documentos. Los listados dejarán de ser accesibles a los tres meses de su publicación, así lo recoge Autónomos y Emprendedores.

Estas alegaciones sólo podrán estar relacionadas con la existencia de errores materiales, de hecho, o aritméticos, o bien a los pagos efectuados por el deudor, debiendo aportar la empresa la justificación de dichos pagados.

La Secretaría del Observatorio podrá rectificar el listado cuando se acredite que no concurren los requisitos legales para considerar que la empresa incumple los plazos de pago. Una vez aprobado el listado, se publicará antes de que termine cada año en el portal ipyme.org.

Los autónomos saben de primer mano qué significa que un cliente deje de pagar. No es plato de buen gusto para nadie, pero un trabajador por cuenta propia se expone a no poder hacer frente a muchos gastos si la morosidad se convierte en una costumbre.

En su momento contamos que la morosidad afecta a uno de cada cuatro autónomos. Durante 2023 el 38,2% de los autónomos había sufrido morosidad; el 22,7% por parte de empresas privadas; el 10,9% tanto por parte de entidades públicas como privadas; y el 4,6%, por parte de las administraciones públicas.

Si a estos datos añadimos que desde la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) subraya que el periodo medio en el que pagan los proveedores las facturas sigue siendo de 80,2 días, tenemos un problema muy grave, así lo recoge Autónomos y Emprendedores.

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Qué hacer si eres autónomo antes de que un cliente deje de pagar sus facturas

En 2023, desde la Comisión Europea Ursula von der Leyen, presentó ante el Parlamento Europeo un reglamento destinado a reemplazar la Directiva Europea sobre Morosidad. Este reglamento, modificaría los plazos de pago entre empresas.

Esta nueva normativa implicaba la reducción del período de pago de las empresas a un máximo de 30 días, en contraposición a los 60 días establecidos anteriormente.

Sin embargo, los impagos se siguen dando y no olvidemos que un autónomo también es un recaudador. El IVA trimestral supone pagar una cantidad que, en principio, ha recibido cuando sus clientes están al día con sus facturas.

El primer paso para evitar que algunos clientes no paguen establecer un método preventivo desde el principio donde se deje claro que hay que adelantar una cantidad. Sobre todo, con clientes nuevos o con empresas que no cuentan con solvencia.

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Si el impago es una realidad qué puede hacer el autónomo

Si lo de pedir parte del dinero por adelantado no se llevó a cabo con algún cliente y el impago es ya una realidad, el autónomo debe seguir ciertos pasos para tratar de recuperar su dinero.

El primero consiste en enviar una factura rectificativa a través de un burofax para asegurarnos de que llega al destinatario.

El segundo consiste en solicitar la devolución del IVA a Hacienda cuando se cumplan con estas condiciones:

• Que la base imponible sea mayor de 50 euros.
• Que no hayan transcurrido más de seis meses desde que el crédito haya sido considerado incobrable.

Con esta información será más que suficiente para demostrar a Hacienda que a esa persona se le reclama la factura impagada.

Si a pesar de enviar la factura rectificativa no obtenemos respuesta por parte del cliente, nos queda otra opción: el procedimiento monitorio. Es una vía rápida y ágil para la reclamación de deudas ya que únicamente será necesaria la celebración de una vista o comparecencia ante el Juez si el deudor se opone a la reclamación presentada.

Su utilización se ha ido generalizando en los últimos años hasta el punto de que en la actualidad ha pasado a ser el procedimiento más utilizado en el ámbito civil.

Sólo un autónomo conoce esa sensación tan dramática que acompaña a una factura impagada y además tener que tributar el IVA a pesar de no haberla cobrado. Sin embargo, la Agencia Tributaria permite desde hace unas semanas reclamar el impago de esas facturas a través de un correo electrónico.

Hasta ahora, para solicitar a Hacienda la devolución del IVA de este tipo de facturas el trabajador por cuenta propia debía acreditar que había reclamado a su deudor mediante un requerimiento notarial o judicial esa factura impagada.

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Tienes un email o un burofax si no has pagado tus facturas

2024 comienza bien para quienes soportan a clientes o proveedores a los que les cuesta pagar. Desde el 1 de enero, un requerimiento mediante un correo electrónico o burofax, será válido para Hacienda, y así el autónomo podrá reclamar el IVA que previamente haya pagado a la Agencia Tributaria, según recoge Autónomos y Emprendedores.

La morosidad es un problema que soportan cada mes los autónomos. Es de agradecer por tanto que sea más sencillo recuperar ese dinero del IVA por parte de clientes que por dejadez o desidia no cumplen con su obligación.

No hay que olvidar que un autónomo es un pequeño recaudador para Hacienda y si un cliente no le paga, hasta ahora no era obstáculo para pagar religiosamente cada tres meses el IVA trimestral.

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Reclamar el pago de una factura para justificar la devolución del IVA

Además de reclamar a sus deudores a través de un medio que no sea el requerimiento notarial o reclamación judicial, los autónomos podrán solicitar la devolución del IVA a Hacienda cuando se cumplan con el resto de condiciones:

• Que la base imponible sea mayor de 50 euros.
• Que no hayan transcurrido más de seis meses desde que el crédito haya sido considerado incobrable.

Sin olvidar los siguientes datos:

• El contenido de la reclamación.
• La identidad del destinatario (el deudor)
• La identidad del remitente, el autónomo o el negocio.
• La fecha de entrega.

Con esta información será más que suficiente para demostrar a Hacienda que a esa persona se le reclama la factura impagada. 2024 comienza poniendo las cosas más fáciles a quienes se ven frente a frente con clientes morosos.

La morosidad es uno de los mayores problemas de los negocios de autónomos y pequeñas sociedades. Una de cada cuatro empresas que cierran lo hacen por impagos, esto ocurre en países del sur de Europa y la UE ha dicho basta.

El borrador con el nuevo reglamento ya está listo, y endurecerá las condiciones para todos los que se retrasen en el pago de las facturas.

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Fin a pagar a 60 días a un autónomo

Con este nuevo Reglamento, se acortan los plazos, porque una vez que se apruebe, entra en vigor y es norma de plena aplicación en toda la UE.

Una medida que tendrá muy buena acogida es la imposición de un nuevo periodo máximo de pago para los acuerdos comerciales y los contratos con la Administración, que se limitará a 30 días.

Son muchos los autónomos, que tienen problemas para cobrar por parte de la Administración una vez finalizado el proyecto o encargo, con esta nueva normativa se acabarán las largas esperas para cobrar por el trabajo hecho.

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Un nuevo interés de demora automático

Además de los buenos propósitos de pagar en 30 días al autónomo, se establece un nuevo interés de demora automático, que ascenderá al tipo de referencia del Banco Central Europeo (BCE) más del 8% según recoge Autónomos y Emprendedores.

Esta medida lleva estudiándose desde septiembre, pero su medida definitiva depende del Parlamento Europeo. Por esta razón, se cree que su aprobación podrá producirse en febrero o quizás demorarse algunos meses más.

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Proveedores y clientes de los autónomos son el objetivo de la nueva normativa

El nuevo reglamento cuyo objetivo es combatir los retrasos en los pagos de las operaciones comerciales, incluye medidas que afectarán a los autónomos y negocios que firmen contratos con otras empresas - tanto proveedores como clientes - y como comentábamos, con la Administración, que tiende a abonar sus facturas varios meses e incluso un año después de haberlas emitido.

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60 días, no gracias

La legislación actual en nuestro país permite que los 60 días puedan ser utilizados como excusa para tardar en realizar un pago.

Sin embargo, pasar a 30 días como máximo, con el elevado nivel de digitalización que hay y pensando en la factura electrónica, que será obligatoria en 2026 para todos los autónomos, es posible llevar a cabo este cambio.

Sólo hay una duda, si las dos partes están de acuerdo en contemplar un plazo mayor a la hora de pagar las facturas, quizás se podría ampliar unos días, pero no parece una buena opción.

Aunque sea un pacto entre caballeros, siempre habrá una posición dominante y seguro que no se trata del pequeño negocio o autónomo.

Todos hemos pasado por esa experiencia, entregas un proyecto o terminas un trabajo, y pasan 30 días, incluso 60, en ocasiones se bate un extraño récord, y el autónomo o la pyme no recibe el dinero que reflejó en sus facturas. y por el que ha dedicado tiempo y esfuerzo.

La Comisión Europea y el reglamento que obliga a pagar las facturas en 30 días

Con el fin de fortalecer la liquidez empresarial y combatir la morosidad, la presidenta de Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentó ante el Parlamento Europeo un reglamento destinado a reemplazar la Directiva Europea sobre Morosidad. Este reglamento, modificará los plazos de pago entre empresas.

Esta nueva normativa implica la reducción del período de pago de las empresas a un máximo de 30 días, en contraposición a los 60 días establecidos anteriormente.

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La UE apuesta por primera vez por multar a las empresas morosas

La morosidad es un grave problema tanto para el autónomo como para la pyme. Se acerca la liquidación trimestral del IVA, y por muchos consejos que el trabajador por cuenta propia reciba, si un cliente le paga a 60 días (si le paga) siempre tendrá problemas de liquidez.

Según la nueva normativa, cada Estado miembro designará una o varias autoridades responsables de la aplicación del presente Reglamento, que adoptarán las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los plazos de pago, según recoge Autónomos y Emprendedores.

Estas autoridades podrán imponer o iniciar procedimientos para la imposición de multas y otras sanciones y medidas cautelares a los sujetos responsables de la infracción, además de realizar inspecciones in situ sin previo aviso en el marco de sus investigaciones y exigir al deudor que ponga fin a la infracción.

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha aplaudido el anuncio de la presidenta de la Comisión Europea.

La morosidad sigue provocando un alto coste a las pequeñas y medianas empresas. En el segundo trimestre del año, el encarecimiento del crédito supuso que el coste financiero para las empresas de la deuda comercial en su conjunto -la que está pendiente de pago y la que se considera morosa- ascendiera a casi 2.400 millones de euros.

Supone el doble que, en el mismo periodo del año anterior y la cifra más elevada desde septiembre de 2009, según expone el último Observatorio de la Morosidad de Cepyme.

¿Qué es la deuda comercial y cómo afecta a las pymes?

La deuda comercial es un acuerdo o conjunto de acuerdos de financiamiento, en la forma de créditos y/o préstamos, otorgado por instituciones financieras (acreedor) a una organización mercantil (deudor).

Los préstamos son otorgados a cambio de la promesa de pago del capital más una tasa de interés. La tasa es estipulada por el acreedor, siguiendo las condiciones legales establecidas por la autoridad del monetaria de cada país.

El problema de las pymes con la deuda comercial se debe al incremento del coste de la morosidad, pero también a la subida de otros costes como los energéticos.

Sin olvidar el aumento de la inflación que ha mermado la rentabilidad y la capacidad de las empresas negociación para acceder a la financiación necesaria en un contexto de subida de tipos de interés y endurecimiento de los precios financieros.

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El autónomo es el objetivo de los morosos y los pagos con retraso

El período de pago de los clientes es de 81 días, más de lo que permite la ley

El mayor problema que sufren las pequeñas y medianas empresas se debe a la demora en pagar por parte de los clientes. En el segundo trimestre sin embargo la tendencia fue de una reducción del Período Medio de Pago (PMP), que descendió hasta 81,3 días, 0,5 menos que un año antes.

Sin embargo, el índice de morosidad en las facturas de ventas a plazo (IMFVP) registró su quinto incremento interanual consecutivo, situándose en su nivel más alto desde diciembre de 2020.

El Período Medio de Pago de 81,3 días sigue situándose por encima de los 60 días establecidos por ley. En las grandes empresas, va en aumento y ya asciende a 87,4 días, mientras que en las pequeñas baja a 79,4 días.

Pues si, ningún autónomo está libre de entrar en una lista de morosos, ya sea, con razón,  porque ha pasado una época donde le han venido mal dadas y no ha tenido liquidez, por un problema con un proveedor, al estar en desacuerdo con la entrega de sus productos o la prestación de sus servicios o, incluso, simplemente, por error.

¿Qué son las listas de morosos?

Las listas de morosos son registros y ficheros de datos donde se recopila información sobre impagos de personas físicas, incluidos los autónomos, y personas jurídicas, como pueden ser las sociedades limitadas.

Las listas de morosos más conocidas en España por tener a mayor número de “clientes” son ASNEF (Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito) y RAI (Registro de Aceptaciones Impagadas).

Igualmente, no hay que perder de vista la existencia de otro registro importante, si bien no es de morosos exactamente, el CIRBE, que es la Central de Información de Riesgos del Banco de España, donde figuran todos los préstamos y créditos facilitados por las entidades financieras, lo que permite controlar los límites de endeudamiento.

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¿Qué hago en la lista de morosos y cómo me afecta?

No hay que perder de vista que la principal motivación y razón de ser de estos registros es ser un elemento de presión para el deudor.

En el caso de que hayas entrado a formar parte de una de estas listas de morosos, debes tener en cuenta los principales problemas que se derivan de ello:

• El impacto en la reputación y las relaciones de tu empresa con proveedores y clientes.
• Las dificultades para acceder a financiación o a productos bancarios, ya que analizan el riesgo financiero, en parte a través de estos listados.
• Los problemas para la contratación de servicios o compra de productos, ya que facilitan datos no solo los bancos sino también gasolineras, aseguradoras, operadoras de telefonía, empresas de rent a car, de alimentación, suministradores de energía, etc.

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¿Es legal que te metan en una lista de morosos?

Pues sí, es legal. Estos ficheros son un negocio como otro cualquiera, basado en datos de personas, en este caso apoyado por empresas interesadas en compartir esta información.

Como se trata de datos personales, la actividad está regulada, en gran medida, en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Es legal, ya que en el artículo 20 se establece que “[...] se presumirá lícito el tratamiento de datos personales relativos al incumplimiento de obligaciones dinerarias, financieras o de crédito por sistemas comunes de información crediticia [...]”.

Con esto, en este mismo artículo, se establece que se pueden incluir los datos de cualquier deudor en un fichero, pero siempre cumpliendo unos requisitos:

• Que los datos hayan sido facilitados por el acreedor al listado de morosos.
• Que el acreedor haya informado al afectado en el contrato o en el momento de requerir el pago de la posibilidad de incluirlo en estos ficheros de morosos.
• Que los datos se refieran a deudas ciertas, vencidas y exigibles, cuya existencia o cuantía no hubiese sido objeto de reclamación administrativa o judicial.
• Que los datos únicamente se mantengan en el sistema mientras persista el incumplimiento.
• Que el acreedor es responsable de garantizar que se dan los requisitos exigidos para la inclusión en el sistema de la deuda, respondiendo de su inexistencia o inexactitud.

Qué opciones hay para salir de los ficheros de ASNEF o RAI

El autónomo tiene varias opciones, o acciones a realizar,  para salir de una lista de morosos, pero casi todas ellas implican “salir con los pies por delante”. Las alternativas son pocas, ya que debes dinero y tienes muchas posibilidades de no salir del fichero hasta que resuelvas el impago.

Las alternativas que tienes salir de la lista de morosos son:

• Pagar. Es la más obvia.
• Esperar, porque el artículo 20, que veíamos anteriormente, dice que que solo se pueden mantener los datos del deudor como máximo 5 años desde la fecha de vencimiento del pago.
• Ser declarado insolvente a través de la Ley de Segunda Oportunidad.
• Solicitar la baja del fichero si ha sido un error, ejerciendo los derechos reflejados en el Reglamento Europeo 2016/679 de protección de datos.