Si hay una queja del pequeño comercio recurrente es sin duda la liberalización de la temporada de rebajas. Desde que cambió la legislación se ha entrado en una espiral de descuentos constantes, donde el pequeño comercio no puede competir en precio y pierde clientes o pierde margen. Y después de que el Pleno del Congreso no haya tomado en consideración la proposición de ley impulsada ayer por el Parlamento de las Islas Baleares, podemos decir adiós a la última oportunidad para recuperar la ley de rebajas de 2012.

Se trataba de dar la capacidad a las comunidades autónomas de recuperar la posibilidad de establecer periodos de rebajas acotados y regulados, con dos temporadas, invierno y verano, que tendrían que tener una duración mínima de una semana y máxima de dos meses, según elija cada comerciante. De esta forma se acabaría con las rebajas antes de las rebajas.

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Pero no es solo una cuestión de que los descuentos se produzcan antes o después. Se trata también de generar expectativa y confianza en los consumidores, que reservaban una parte de su presupuesto de compras para estos periodos del año. Y además ayudan a sacar el stock de temporada.

Según la Confederación Española de Comercio (CEC), la liberalización ha dado pie a una guerra de precios salvajes, con márgenes cada vez más reducidos que impiden al comercio de proximidad competir con las grandes superficies. Lo cierto es que también han cambiado las tendencias de consumo.

Y tampoco se le pueden poner puertas al mar. Muchos consumidores tienen en Internet un escaparate gigantesco con el que comparar precios. Y ¿cómo se puede regular los descuentos de algo que muchas veces compramos en otro país? ¿Van a pagar más solo porque en los comercios de nuestra ciudad no están en rebajas o buscarán en la compra online ese ahorro perdido?

Lo que está claro es que el pequeño comercio tiene que digitalizarse para ser más competitivo y poder sobrevivir. Encontrar su nicho de clientes, que en muchos casos cada vez es más reducido también es muy importante. Veremos cuando pase la crisis como el paisaje de las ciudades ha cambiado.

Desaparecerán muchos comercios históricos y fenómenos como la gentrificación también contribuyen a expulsar al pequeño comercio de los barrios que ya no tienen residentes. Adaptarse a los nuevos tiempos es un reto que los más veteranos no quieren afrontar o en muchos casos no saben hacerlo y prefieren traspasar y jubilarse en el mejor de los casos.

El pasado 12 de junio, el Consejo de Ministros aprobaba el proyecto de ley omnibus para la liberalización de los servicios, transponiendo de esta forma la normativa europea en esta materia (pendiente de su aprobación en el parlamento). Esta norma elimina trabas burocráticas y restricciones en este sector, con medidas como la eliminación de una parte de las profesiones reguladas y la desaparición de algunos colegios profesionales. Asimismo, la norma está dirigida a mejorar la competitividad de nuestras empresas, al favorecer una mayor competencia. Esto, en principio, supone una ventaja para los consumidores (y digo en principio porque ya hemos visto lo que ha sucedido con la liberalización del sector eléctrico).

Sin embargo, no todos lo ven así. Las autoescuelas han declarado la guerra a esta reforma, después de saberse que las enseñanzas del examen teórico para obtener el permiso de conducción podrán ser impartidas por centros de formación que no sean autoescuelas. Erigiéndose en protectores de peatones y conductores, afirman que tal medida supondrá una disminución de los conocimientos sobre seguridad vial de los usuarios.

Parece que las federaciones de autoescuelas se han olvidado de algo. Hace años que, en nuestro país, es posible presentarse al examen teórico por libre. Aunque se trata de un porcentaje reducido (alrededor del 10%), estas personas superan la prueba y obtienen su carné, sin que se observe que estas presentan una mayor tasa de accidentes que aquellas que han recibido una formación “tradicional” en los centros de formación vial. Y si esta tasa no es mayor, probablemente se deba a las más que discutibles prácticas que complican la vida de los usuarios que recurren a esta opción.

Entiendo que las autoescuelas defiendan sus intereses. Después de todo, después de la liberalización del examen teórico podría venir la del práctico (la principal fuente de ingresos de estos establecimientos). Sin embargo, de ahí a recurrir a la falacia de que defienden los intereses del público va un buen paso.

En mi opinión, ya era hora de que la administración eliminara el monopolio de las autoescuelas, aunque vaya a ser de forma parcial. No es sano, ni para el bolsillo de los consumidores ni para el mercado, tener que recurrir a los servicios (léase, pasar por el aro) de un grupo cerrado de empresas para conseguir el permiso de conducción (no olvidemos que se trata, después de todo, de un trámite administrativo). Y para las autoescuelas que afirmen que la liberalización supone la pérdida de puestos de trabajo, pérdida de riqueza o argumentos similares, la única respuesta que puedo darles es que han tenido tiempo más que suficiente para diversificar sus actividades. ¿O acaso creían que su monopolio sería eterno?

De hecho, la liberalización de la formación para el examen teórico es una oportunidad para estos centros. Las clases teóricas tienen unos costes elevados si se comparan con los beneficios que reportan. En este sentido, las autoescuelas pueden centrarse en las enseñanzas prácticas, a cambio de abrir la competencia a otros centros. De esta forma, su estructura de costes e ingresos se modificaría en sentido favorable. Y a largo plazo, supondría la mejora de su situación económica, al ceder la parte más “improductiva” de su modelo de negocio.

Vía | El mercantil valenciano
Imagen | sergis blog
En Pymes y Autónomos | La proxima liberalización del mercado eléctrico y el impacto en la pyme