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El Grupo de Trabajo de Promoción del Consejo de Defensa de la Competencia (GTPC) ha considerado que la regulación de horarios comerciales es “injustificada e ineficaz”, así se posiciona según un cuestinario remitido a ocho autoridades de competencia autonómicas (Andalucia, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Madrid, País Vasco y Comunidad Valenciana) sobre el impacto de la normativa autonómica sobre las condiciones de apertura de establecimientos comerciales.

Según el propio documento “en relación con los horarios comerciales y los periodos de rebajas, las autoridades de competencia autonómicas consideran que su regulación actual constituye una restricción injustificada a la competencia introducida para favorecer ciertos formatos comerciales, sin que de ello se derive ventaja alguna para los consumidores“.

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El BOE acaba de publicar la Ley 3/2011 que regula el funcionamiento de las Sociedades Cooperativas Europeas con domicilio en España. La existencia de este tipo de cooperativas viene determinada por el Reglamento (CE) nº 1435/2003, de 22 de julio de 2003 que pretende dar a éstas un ámbito europeo que les permita mejorar su competitividad y abandonar su funcionamiento como entidades locales.

Se trata de un nuevo instrumento normativo que regula el régimen jurídico de las cooperativas de ámbito europeo que permite la intensificación de las actividades transnacionales a las sociedades cooperativas, utilizando para ello los instrumentos que corresponden a sus características especiales.

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El Consejo de Ministros, celebrado ayer, aprobó el envío a las Cortes del Proyecto de Ley de Regulación del Juego. En él se desarrolla la regulación de las actividades relacionadas con el juego y que se desarrollen a nivel estatal a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos. El único caso en el que no se aplicará esta regulación será el de la lotería.

El objetivo es proporcionar seguridad jurídica a los operadores del mercado y aumentar la protección sobre los usuarios de este tipo de servicios. Para ello se pone bajo control toda actividad de organización, explotación y desarrollo de juegos de azar de ámbito estatal realizada a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos, así como las acciones publicitarias vinculadas a dicha actividad.

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Últimamente una de las palabras que más se oye en los entornos empresariales es el de la “nube “ o Cloud Computing. La relevancia y notoriedad que está adquiriendo está fundamentada en que dejar de pagar licencias por los software ha supuesto toda una revolución, y de paso, el acceso al software libre.

Antes quien necesitaba un software determinado compraba un paquete cerrado, pagaba la licencia anualmente y ya estaba servido. Con el cloud, se evita el pago de las licencias, se elige lo que se necesita y se paga por el uso, es lo que se denomina SAAS (Software As A Service). Ventaja, el precio de adquisición se minimiza y de este modo se hace más accesible a los empresarios de menor tamaño al requerir menos inversión. Sin embargo, puede llegar a tener un “pero”, la legalidad del servicio.

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El pasado 13 de marzo entró en vigor el Real Decreto (PDF) del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por el que se regula, entre otras reformas, el ejercicio de la actividad comercial en régimen de franquicia y la comunicación de datos al Registro de Franquiciadores.

Esta nuevo marco legislativo busca la equiparación con las disposiciones de la UE, pero según la Asociación Española de Franquiciadores (AEF), deja algunas lagunas y aspectos determinantes sin resolver, aspectos como las sanciones por falta de comunicación de datos o los criterios poco claros para determinar en el registro de qué Comunidad Autónoma debe comunicar sus datos el franquiciador.

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El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar en su reunión de hoy, el proyecto de Ley de Economía Sostenible un paquete de medidas que pretenden cambiar el patrón de crecimento económico español para los próximos diez años, orientándolo hacia los sectores potencialmente más productivos y generadores de empleo y disminuyendo progresivamente el peso del sector constructor.

La ley incluirá reformas en los organismos reguladores, los mercados financieros, la contratación en el sector público y la creación de empresas, irán acompañadas de incentivos fiscales a las empresas innovadoras y sostenibles, así como a la rehabilitación de vivienda. Las medidas entrarán en vigor cuando el Parlamento dé su visto bueno, previsiblemente a mitad de 2010.

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Las energías renovables y en especial la fotovoltaica está teniendo una gran auge y desarrollo en España. Muchos pequeños inversores se tiraron a la piscina de montar pymes o cooperativas en donde con no mucho capital ponían unas cuantas placas solares y esperaban rentabilizarlo de forma más o menos rápida con el uso cada vez mayor de ésta energía.

El problema ha venido por un nuevo Real Decreto, el 1578/2008 para la regulación por parte del Ministerio de Industria; ésta legislación según ha anunciado un estudio:

...provocará granves daños en el sector de la energía fotovoltaica”

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