Sin paliativos. El sistema tributario español sufre un creciente desequilibrio entre la tributación que afrontan los autónomos y la que aplican las sociedades mercantiles. Al menos esto es lo que denuncian desde la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA)

Según dicha organización, más de 57.000 autónomos optaron por constituirse como empresas durante 2025 debido a la diferencia existente entre el IRPF y el Impuesto de Sociedades.

UPTA considera que esta situación está provocando un desplazamiento progresivo de pequeños negocios desde el régimen de personas físicas hacia estructuras societarias. Además, sostiene que el marco fiscal actual genera un incentivo claro para adoptar la forma jurídica de sociedad, incluso en actividades de pequeño tamaño que tradicionalmente operaban como autónomos.

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“La brecha entre el IRPF y el Impuesto sobre Sociedades está expulsando a miles de pequeños negocios del régimen tributario de las personas físicas”, ha advertido la organización. Por este motivo, UPTA ha reclamado al Ministerio de Hacienda que impulse medidas destinadas a reequilibrar la presión fiscal entre ambos modelos.

Diferencias en los tipos impositivos y en las deducciones disponibles

Uno de los factores que explican este fenómeno es la diferencia en los tipos efectivos de tributación. En España, el tipo nominal del Impuesto sobre Sociedades se sitúa en el 25%. Sin embargo, diferentes deducciones, incentivos fiscales y mecanismos de planificación permiten que el tipo efectivo que pagan muchas empresas se sitúe en torno al 20% o incluso por debajo.

En determinados grupos empresariales de gran tamaño, el tipo real puede llegar a situarse entre el 7% y el 15%, según estimaciones de organizaciones profesionales y estudios fiscales. En contraste, los autónomos tributan en el IRPF a través de una escala progresiva que puede alcanzar el 37% en determinados niveles de ingresos.

Desde UPTA señalan que el perfil medio del trabajador autónomo en España declara rendimientos anuales de actividad económica que rara vez superan los 60.000 euros. Aun así, los tipos aplicables en el impuesto sobre la renta pueden resultar significativamente más elevados que los que afrontan muchas sociedades.

La organización subraya que no se trata únicamente de una diferencia en los tipos nominales, sino también en el tratamiento de los gastos deducibles. Las sociedades cuentan con un mayor margen para deducir gastos estructurales vinculados a la actividad empresarial, lo que reduce su base imponible final.

Planificación fiscal y ventajas estructurales para las sociedades

Las empresas también disponen de instrumentos de planificación tributaria que no están disponibles para los trabajadores autónomos. Entre ellos se encuentran mecanismos como las reservas de capitalización, las reservas de nivelación o la posibilidad de decidir el momento en que se distribuyen los dividendos.

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UPTA destaca que estas herramientas permiten modular la tributación de los beneficios empresariales, optimizando el momento y la forma en que se produce la carga fiscal. La retribución del socio a través de salario o dividendos también ofrece flexibilidad en la gestión fiscal de la empresa.

La organización señala que este conjunto de factores provoca que muchos profesionales que inicialmente operaban como autónomos terminen optando por constituir sociedades mercantiles para mejorar su situación financiera.

Además, el marco actual podría generar efectos indirectos sobre la economía. Según UPTA, el desequilibrio fiscal no solo penaliza a los pequeños negocios, sino que también puede favorecer prácticas vinculadas a la economía sumergida o incentivar estructuras societarias creadas exclusivamente con fines fiscales.

“La falta de equilibrio fiscal termina erosionando la competitividad del pequeño trabajador autónomo frente a empresas con mayor capacidad de planificación tributaria”, advierte la organización.

Y seguimos con un aumento de gastos y reducción de márgenes…

Este debate se produce además en un momento en el que muchos trabajadores por cuenta propia afrontan un incremento de los gastos operativos. El aumento de los precios de suministros, energía o alquileres ha reducido los márgenes de numerosos negocios.

Desde UPTA se denuncia además lo que consideran una falta de sensibilidad institucional ante los problemas que afronta este colectivo. La organización habla de apatía y escasa comprensión por parte del Ministerio de Hacienda respecto a las dificultades que afectan a miles de autónomos en todo el país.

El presidente de UPTA, Eduardo Abad, ha sido especialmente crítico con la situación actual del sistema tributario. “La presión fiscal que soportan los autónomos es insostenible frente a las grandes empresas. Muchos se ven obligados a convertirse en sociedades solo para sobrevivir. Si no se adoptan reformas reales, desde UPTA no dudaremos en tomar medidas drásticas para forzar un cambio. Exigimos un IRPF justo para los autónomos y que las grandes compañías contribuyan de manera proporcional”, ha afirmado.

La organización insiste en que la reforma del sistema fiscal debería abordar este desequilibrio para evitar que el régimen de autónomos pierda atractivo y siga reduciendo su base de contribuyentes.

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Las comprobaciones de Hacienda a los autónomos que tributan en estimación objetiva (módulos) no han dejado de crecer en los últimos años. En paralelo, sigue presenta la intención de la AEAT de no prorrogar más la posibilidad de seguir tributando más allá del 2026, pero sin una confirmación definitiva.

Según los datos de la Agencia Tributaria, estas actuaciones de comprobación han aumentado un 65 % desde 2019, con un repunte especialmente fuerte en 2023, cuando se incrementaron cerca de un 20 % respecto al ejercicio anterior.

El foco, bien apuntado

El Plan Anual de Control Tributario de 2023 incluyó un refuerzo específico en la vigilancia de actividades económicas de los autónomos.

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De este modo, la Agencia Tributaria considera que los módulos, al no basarse en la facturación real, son un sistema más difícil de controlar y, por lo tanto, más expuesto a posibles irregularidades.

Así, sectores como la hostelería, el transporte o la agricultura se encuentran entre los más afectados por esta intensificación de las comprobaciones.

El objetivo de la Ley Antifraude, ha sido reforzar la capacidad de investigación y los medios de Hacienda. En estos momentos, la Administración dispone de un amplio abanico de datos que le permite detectar descuadres con mayor rapidez, como la información cruzada de terminales de pago (TPV) y facturación digital, las declaraciones informativas (como el modelo 347) e incluso los consumos de electricidad y otros parámetros objetivos.

De igual modo, la AEAT ya ha implementado proyectos de inteligencia artificial para acelerar las comprobaciones y localizar riesgos fiscales de manera más eficiente.

Contraste con el IRPF

En este sentido, a medida que Hacienda busca el cierre del sistema por módulos, es indicativo cómo mientras las actuaciones sobre módulos crecieron con fuerza, las comprobaciones sobre el IRPF general cayeron un 6 % en 2023.

Todo ello confirma que se están concentrando esfuerzos extra en los regímenes que considera con mayor riesgo de fraude y, a la par, se proponen dificultar la posibilidad de ocultación de ingresos.

¿Tienen los módulos fecha de caducidad?

El régimen de módulos lleva más de una década en la diana. Hacienda y distintos gobiernos han planteado su desaparición en varias ocasiones, pero la realidad es que las prórrogas se suceden año tras año.

Hoy lo utilizan unos 355.000 autónomos en IRPF y cerca de 800.000 en agricultura y ganadería. Los expertos prevén que se mantendrá, al menos, hasta 2026.

Si sigues tributando en el sistema de módulos, se recomienda reforzar la transparencia y el orden en la gestión.

Algunas pautas útiles pueden ser:

• Guarda justificantes y facturas, aunque no se utilicen para calcular los módulos. Son básicos en caso de comprobación
• Revisa los parámetros aplicados (metros del local, potencia eléctrica, personal) para asegurarte de que se corresponden con tu realidad
• Busca asesoramiento fiscal: si tienes dudas, un profesional puede detectar descuadres antes que la Administración
• Evalúa alternativas: si tus ingresos están cerca del límite (250.000 euros), conviene estudiar si la estimación directa simplificada resulta más conveniente

En pocas palabras, el régimen de módulos se mantiene, pero bajo una vigilancia cada vez más intensa. La clave para los autónomos no es tanto preocuparse por su desaparición inmediata como estar preparados para un mayor control de Hacienda y menos margen de error en las declaraciones.

La Agencia Tributaria ha reactivado en 2025 la compensación de deudas tributarias pendientes con las devoluciones de la declaración de la Renta.

Un procedimiento, que se ajusta a la legalidad y que afectará, sobre todo, a los autónomos con pagos aplazados, así como a cualquier contribuyente que mantenga obligaciones fiscales sin saldar con la Administración.

En qué consiste la compensación

Los procedimientos de compensación son un mecanismo regulado por la AEAT que permite saldar deudas utilizando créditos a favor del contribuyente, como una devolución del IRPF.

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Como se informa en el sitio web oficial de la Agencia Tributaria, estos pueden aplicarse “de oficio” por parte de Hacienda o ser solicitada por el propio contribuyente. En estos casos, se aprovechará la campaña de la Renta 2025 para compensar o restar una parte de la deuda.

De este modo, afecta a cualquier persona física o jurídica que presente la declaración con resultado a devolver y mantenga deudas con la Administración tributaria. En estos casos, Hacienda puede retener parcial o totalmente la devolución para cubrir lo adeudado, sin necesidad de autorización previa.

Un supuesto que puede afectar especialmente a autónomos con varios frentes abiertos, como el pago de los impuestos de IVA e IRPF o ciertas retenciones fiscales o pagos que hayan sido fraccionados.

Muchas devoluciones que no llegan

Según ha informado la AEAT, durante el mes de abril, ha habido más de 7,6 millones de contribuyentes que han presentado su declaración de IRPF y un elevado porcentaje de estos tienen derecho a devolución.

En total, se calcula que cerca de 6 millones. Sin embargo, los importes a devolver e incluso muchas de las devoluciones no se realizarán debido a este mecanismo de compensación.

Así, desde el inicio de la campaña de Renta, las solicitudes irán pasando por distintas fases: aquí nos interesa, en concreto, la de recaudación, que obliga a revisar deudas antes de efectuar el pago de una devolución. Así, antes de emitir pagos, hay un filtro previo de deudas pendientes, por lo que se paraliza la devolución, se cobra la deuda pendiente y, si queda dinero por devolver, entonces se efectúa el pago en cuestión.

En este sentido, si la compensación se hace de oficio, el contribuyente recibirá una notificación electrónica o postal informando de la decisión. En caso de querer compensar de forma voluntaria, puede hacerlo desde la Sede Electrónica de la AEAT mediante la opción "Solicitud de compensación".

Si la Renta no compensa...

Por último, desde la Agencia Tributaria se señala también que "si el crédito es inferior a la deuda, la parte de deuda que exceda del crédito seguirá el régimen ordinario, iniciándose el procedimiento de apremio, si no es ingresada a su vencimiento, o continuando dicho procedimiento, si ya se hubiese iniciado con anterioridad, siendo posible practicar compensaciones sucesivas con los créditos que posteriormente puedan reconocerse a favor del obligado al pago".

Dicho de otro modo, si la Renta no compensa todas las deudas pendientes, servirá para reducir la cantidad aplazada, que deberá pagarse en los mismos plazos y con las mismas condiciones. En cambio, si era inferior, como ya hemos visto, se abonará el "sobrante" antes del plazo habitual que tiene la Administración para los pagos de Renta.

Por descontado, si los contribuyentes no están conformes con la compensación aplicada, pueden presentar alegaciones o un recurso económico-administrativo, para el que suele ser recomendable contar con asesoramiento fiscal si hay dudas sobre el origen o la cuantía de la deuda.

Para evitar sorpresas, lo más prudente es:

• Consultar el estado de tus deudas pendientes antes de hacer la Renta.
• Revisar el buzón electrónico de notificaciones.
• Mantenerse al tanto de cualquier retención o incidencia en tu devolución.

Y si te correspondía devolución… mejor no contar con ella hasta que Hacienda confirme que no tienes cuentas pendientes.

La Agencia Tributaria prepara una campaña de devoluciones para la declaración de la Renta 2024, que afectará a miles de contribuyentes a partir del 2 de abril de 2025.

Según las estimaciones, algunos trabajadores podrán recuperar entre 400 y 900 euros en su declaración del IRPF. Pero ¿quiénes son los beneficiados y cómo pueden solicitar esta devolución?

Ajustes en las retenciones

En 2022, Hacienda ajustó las tablas de retención a través de una modificación en el reglamento del IRPF, reduciendo la cantidad que se descuenta en nómina a algunos trabajadores. Como resultado, muchas personas recibieron un sueldo neto ligeramente mayor cada mes, así como unas mayores retenciones que no correspondían.

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Por ello, al igual que el año pasado, la AEAT devolverá estas cantidades a quienes perciban entre 22.000 y 35.200 euros anuales. Este ajuste responde a la modificación del Reglamento del IRPF aprobada en 2022 por el Ministerio de Hacienda, cuyo objetivo fue aliviar la carga fiscal en determinados rangos de ingresos.

De igual modo, cabe señalar que, para quienes hayan tenido un único pagador, la obligación de declarar se activa al superar los 22.000 euros anuales, mientras que para los profesionales con dos pagadores o más, la cantidad se reduce a 15.000 euros, siempre que se haya cobrado más de 1.500 euros del segundo pagador.

Además, la cantidad exacta a devolver variará según las circunstancias individuales, como las cargas familiares. En este sentido, quienes se sitúan cerca del límite superior de 35.200 euros y sin cargas familiares verán un impacto menor, mientras que aquellos con cargas familiares y con ingresos cercanos a 22.000 euros podrían enfrentarse a un ajuste fiscal más elevado.

La medida se basa en la reducción de las retenciones que las empresas aplican a los salarios. Gracias a esta bajada, algunos trabajadores han percibido un sueldo neto mayor a lo largo del año; sin embargo, lo que se retuvo en realidad puede ser inferior al importe que correspondería según la tabla del IRPF.  Al presentar la declaración de la Renta, se realiza un ajuste fiscal que compensa esa diferencia, recuperando el excedente que se pagó de menos durante el año.

Quiénes pueden recibir entre 400 y 900 euros

Los contribuyentes cuyos ingresos anuales oscilen entre 22.000 y 35.200 euros podrán beneficiarse de esta devolución. Sin embargo, la cantidad final dependerá de varios factores:

• Cargas familiares: si se tienen hijos o personas dependientes a cargo puede aumentar el importe a devolver.
• Número de pagadores: si se ha trabajado para más de una empresa en el año, las retenciones aplicadas pueden variar.
• Retenciones aplicadas, dependiendo de cuánto se haya retenido mes a mes, la devolución puede ser mayor o menor.

Para entender cómo se calcula esta devolución, un ejemplo sencillo puede ayudarnos: un trabajador con un sueldo de 30.000 euros anuales y sin hijos podría recibir unos 500 euros de devolución; en cambio, un contribuyente con un sueldo de 25.000 euros anuales y dos hijos podría recuperar hasta 900 euros.

Por descontado, los cálculos son aproximados y dependen de la situación personal de cada trabajador y de las retenciones aplicadas durante el año.

Recibir la devolución

Para beneficiarse de esta devolución, es necesario presentar la declaración de la Renta entre el 2 de abril y el 30 de junio de 2025.

Para ello, si queremos presentarla mediante sede eléctronica de la AEAT:

1. Podemos acceder a la sede electrónica de la Agencia Tributaria y consultar los datos fiscales
2. Presentar la declaración a través de la web, por teléfono o en oficinas físicas
3. Indicar un número de cuenta bancaria para recibir la devolución
4. Consultar el estado de la devolución a través del portal

La Agencia Tributaria dispone de un plazo de seis meses desde la finalización de la campaña para realizar los pagos.

La Agencia Tributaria ha intensificado su lucha contra el fraude fiscal y, en esta ocasión, ha puesto el foco en los cobros en negro.

Según fuentes cercanas a Hacienda, la institución está dispuesta a imponer multas de hasta el 150 % del IRPF a aquellos contribuyentes que no declaren ingresos obtenidos de manera irregular.

Esta medida, que ya ha comenzado a aplicarse en algunos casos, busca combatir la economía sumergida y garantizar que todos los ciudadanos contribuyan de manera justa al sistema tributario.

Así es el plan de Hacienda

Para llevar a cabo esta campaña, Hacienda está utilizando herramientas tecnológicas avanzadas que le permiten cruzar datos de diversas fuentes. Entre ellas, se encuentran los registros de transacciones bancarias, los informes de empleadores y los datos proporcionados por plataformas digitales.

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El objetivo es identificar discrepancias entre los ingresos declarados y los ingresos reales de los contribuyentes.

Además, la Agencia Tributaria está colaborando con otras instituciones, como la Seguridad Social y los ayuntamientos, para obtener información adicional que pueda ser útil en sus investigaciones.

Este enfoque permite a Hacienda detectar patrones sospechosos y actuar de manera más eficiente contra el fraude.

¿Quiénes están en el punto de mira?

La campaña de Hacienda no se limita a un solo colectivo, sino que afecta a todos aquellos que puedan estar obteniendo ingresos no declarados, como por ejemplo:

Trabajadores por cuenta ajena que cobran parte de su sueldo en negro. Muchas empresas ofrecen a sus empleados una parte de su salario en efectivo para evadir impuestos. Hacienda está investigando estos casos y, si se demuestra que el trabajador no ha declarado estos ingresos, podría enfrentarse a multas de hasta el 150 % del IRPF correspondiente.

Autónomos y pequeños empresarios. Este colectivo ha sido históricamente uno de los más vigilados por Hacienda. Ahora, con las nuevas herramientas tecnológicas, la Agencia Tributaria puede detectar más fácilmente ingresos no declarados, especialmente aquellos que provienen de pagos en efectivo o transacciones no registradas.

Profesionales que ofrecen servicios sin factura. Desde fontaneros y electricistas hasta diseñadores gráficos y consultores, cualquier profesional que no emita facturas por sus servicios está en riesgo de ser investigado. Hacienda está rastreando pagos a través de plataformas digitales y redes sociales para identificar a quienes operan en la economía sumergida.

Influencers y creadores de contenido. Con el auge de las redes sociales, muchos influencers obtienen ingresos a través de patrocinios y colaboraciones que no siempre declaran. Hacienda está monitorizando estas actividades y exigiendo que se declaren todos los ingresos obtenidos.

Cómo pretende Hacienda demostrar el fraude

Para probar que un contribuyente ha obtenido ingresos no declarados, Hacienda utiliza varias estrategias. Una de las más efectivas es el análisis de los patrones de gasto. Si un ciudadano gasta significativamente más de lo que declara, esto puede ser una señal de alerta para la Agencia Tributaria. Por ejemplo, si alguien declara unos ingresos bajos pero tiene un coche de lujo o realiza viajes costosos, Hacienda puede investigar de dónde provienen esos fondos.

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Además, la institución está utilizando inteligencia artificial y algoritmos para detectar transacciones sospechosas. Estos sistemas pueden identificar pagos en efectivo inusuales, transferencias bancarias recurrentes a cuentas no declaradas o ingresos que no coinciden con la actividad económica declarada.

¿Qué les puede pasar a los infractores?

Las multas por no declarar ingresos pueden ser extremadamente severas. En los casos más graves, Hacienda puede imponer sanciones de hasta el 150 % del IRPF no declarado. Esto significa que, si un contribuyente debe 10.000 euros en impuestos por ingresos no declarados, la multa podría ascender a 15.000 euros, además de tener que pagar los impuestos adeudados.

Además de las multas económicas, los infractores pueden enfrentarse a consecuencias legales, incluyendo procesos judiciales y la posibilidad de ser incluidos en listas de morosos. Esto puede afectar negativamente su reputación y su capacidad para obtener créditos o financiación en el futuro.

¿Cómo pueden protegerse los contribuyentes?

Para evitar problemas con Hacienda, es fundamental que todos los ingresos, sin excepción, sean declarados correctamente. Esto incluye no solo los salarios y los beneficios empresariales, sino también los ingresos ocasionales, como los obtenidos por la venta de bienes personales o los premios en concursos.

Los contribuyentes también deben asegurarse de que todas sus transacciones estén debidamente documentadas. Emitir facturas por los servicios prestados y mantener un registro detallado de los ingresos y gastos es esencial para evitar discrepancias en las declaraciones de impuestos.

Hacienda tiene un plan: en un mundo cada vez más digitalizado, quiere que la economía sumergida tenga los días contados.

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El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se ha disparado en los últimos siete años, con un aumento sostenido de más de un 60 % entre 2018 y 2025. Hoy, el SMI alcanza los 1.184 euros mensuales.

Los porcentajes son menores si hablamos de sueldos medios, que se han incrementado en menor medida en estas dos décadas. Todo ello, ha llevado a que el SMI represente más del 71 % del salario medio en las pequeñas y medianas empresas (pymes), una situación sin precedentes que está generando preocupación en el tejido empresarial español.

Impacto en la pyme

Las pymes constituyen el 99,8 % del tejido productivo en España. Si bien, representan poco más del 62 % del VAB (Valor Añadido Bruto), según Industria y PYME del Gobierno español.

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En cualquier caso, una amplia mayoría de los españoles dependen de la actividad económica de las pymes, habiendo encontrado notables escollos a medida que las cotizaciones sociales han subido y la jornada laboral se ha empezado a reducir por ley. 

Hoy, el SMI de 1.184 euros supone el 70 % del salario medio ordinario de jornada completa en estas empresas. Este desajuste entre el SMI y los salarios medios está ejerciendo una presión significativa sobre las pymes, que enfrentan dificultades para absorber el incremento de los costes laborales sin comprometer su viabilidad económica.

Como puntos fundamentales, desde Europa se ha matizado con anterioridad que el SMI debería no ser superior al 60 % de los salarios medios; no obstante, en gran parte de los estados miembros, el SMI permite un mínimo coste de vida, lo que no está ocurriendo en España, donde apenas el salario medio alcanza para poder costearse la vida en las grandes ciudades.

En este sentido, el último informe de Cepyme (Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa), las microempresas han dejado de crear, aproximadamente, 350.000 empleos desde 2018 debido a las sucesivas subidas del SMI. Este dato refleja cómo el aumento de los costes laborales puede limitar la capacidad de las pymes para generar empleo.

La letra pequeña

Sin embargo, el argumento viene con algún "pero" detrás. Así, si bien el SMI ha experimentado un crecimiento de más del 61 % desde 2018, mientras que los salarios medios en las pymes han mostrado un estancamiento preocupante.

Entre 2008 y 2022, estos salarios crecieron menos del 25 %, lo que indica una desconexión entre el salario mínimo y la remuneración promedio en las pequeñas empresas. Este estancamiento puede atribuirse a varios factores, entre ellos la baja productividad y la estructura empresarial caracterizada por microempresas con escasa capacidad de inversión en capital humano.

La cuestión no es solo el dato en sí, sino las preguntas que surgen a partir de él: ¿están realmente aumentando los ingresos de los trabajadores o los salarios medios llevan tiempo estancados? ¿Debería el Gobierno ser más cauteloso con nuevas subidas o, con el coste de vida actual, no hay margen para frenar esta tendencia? ¿Sería viable ajustar el salario mínimo en función de cada comunidad autónoma, como ocurre en otros países?

A pesar de los incrementos, el SMI sigue sin garantizar una vida digna en muchas zonas de España, especialmente en ciudades como Madrid y Barcelona, donde el alquiler supera los 1.200 euros mensuales, haciendo imposible costearlo sin compartir vivienda. Los análisis más recientes  (por ejemplo, Idealista o BBVA Research) señalan que el gasto mínimo para vivir de forma independiente oscila entre 1.500 y 1.800 euros al mes, una cifra inalcanzable no solo para quienes perciben el salario mínimo, sino también para muchos que ganan algo más.

El SMI supera ya el 70% del sueldo medio en las pymes y la patronal acusa al Gobierno de impedir la creación de 350.000 empleos

El umbral del 60% fijado por la Carta Social Europea se rebasa en hasta 13 comunidades autónomas

Por @CrisAlonsoGhttps://t.co/NPb3Qi7zjC pic.twitter.com/nihoWyt5sz

— Jon González (@Jongonzlz) February 17, 2025

Para abordar esta problemática, es esencial considerar políticas que fomenten el crecimiento salarial de manera sostenible, como incentivos fiscales, programas de formación para mejorar la productividad y medidas que reduzcan la carga de las cotizaciones sociales para las pequeñas empresas.

Sin embargo, aunque la visión de la ATA, la CEOE y Cepyme, como principales organizaciones empresariales, está clara (no seguir cargando las cotizaciones y la mejora de la productividad a hombros de las pymes), también se percibe cómo la estructura empresarial española, además de ser poco flexible y modernizable, se encuentra vinculada a sectores de escaso rendimiento, como la construcción y la hostelería, donde la creación de empleo se da en perfiles sin apenas cualificación en los que prima el SMI.

Más cotizaciones, mismos sueldos

La otra cara de la moneda está en la mayor carga en términos de cotizaciones sociales. Si hacemos un cálculo rápido, estas contribuciones representan, aproximadamente, un 30 % adicional sobre el salario bruto del empleado, lo que ha incrementado notablemente los costes laborales totales de las empresas debido a que estamos hablando de que, en 2018, el SMI estaba en los 735,90 frente a los 1.000 euros de 2022 y los 1.184 de 2024.

Según el informe de Cepyme, recogido por El Mundo, se ha estimado un aumento de hasta un 80,7 % desde 2016, según sus cálculos (salarios más costes sociales). Además, las recientes reformas por parte del Ejecutivo han aumentado las cotizaciones con el objeto de reforzar los ingresos del sistema de Seguridad Social, en gran parte, debido a la carga de las pensiones de la generación baby boomer.

En este panorama, por ejemplo, también se entiende la aprobación de la tributación del IRPF a partir del SMI. La Comisión Europea alertaba hace apenas un año que bastaba un salario mínimo de 955 euros, y varios economistas han matizado que era cuestión de tiempo que todos los salarios quedasen sujetos a impuestos (si bien, solo afectará a un 20 % de los trabajadores que cobren SMI, en la práctica).

En conclusión, el incremento del SMI busca mejorar las condiciones de los trabajadores (y su poder adquisitivo, en un contexto de crisis inflacionaria y un alto coste de vida, además), pero el impacto en las pymes empieza a resultar cada vez más difícil de sostener.

La reducción de cargas fiscales para las pequeñas empresas y las medidas de apoyo a la productividad empresarial podrían ayudar a crear empleo de mayor cualificación; sin embargo, con el modelo laboral mayoritario hemos topado, y no va a ser fácil un cambio.

Foto: Flickr

La decisión del Gobierno de no actualizar el mínimo exento de tributar por el IRPF tras la última subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha generado un fuerte debate tanto dentro de la coalición de Gobierno como en el ámbito parlamentario.

Sin embargo, a pesar de la controversia política, los datos de Eurostat y Eurofound recogidos por El País muestran que la tributación del SMI en España sigue siendo una de las más bajas de la Unión Europea.

Política fiscal

Hasta el momento, el SMI había estado exento del pago del IRPF debido a actualizaciones constantes del mínimo exento. En un lustro, los salarios mínimos se han incrementado más de un 50 % (hoy, 15.876 euros anuales), por lo que el Ministerio de Hacienda ha optado por no incrementar el umbral de tributación, lo que afectará a un 20 % de los trabajadores que cobran el salario mínimo.

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A pesar de la polémica generada, que esta semana ha generado controversia entre el Ministerio de Trabajo y el de Hacienda, Eurostat señalaba, en 2023, un trabajador soltero sin hijos con un salario equivalente al 50 % del sueldo medio destinó solo el 6,7% de su salario a impuestos, una cifra muy inferior a la media comunitaria del 19 % (El País).

En este sentido, países como Alemania (28,8 %), Portugal (20,6 %) o Francia (13,8 %) aplican tipos significativamente más elevados a los ingresos más bajos.

No obstante, en la mayoría de los casos, el elefante en la habitación se encuentra entre en las cifras comparativas entre el coste de vida y el salario medio. Mientras España mantiene un gasto nominal per cápita de más de 17.500 (sindo el salario medio de 21.900 y el salario mínimo notablemente menor),  los salarios medios de muchos países del centro y el norte de Europa suelen duplicar el coste de vida y, en la mayoría de los casos, alcanzan para contar con capacidad de ahorro.

Coste de vida

De este modo, el impacto fiscal para los trabajadores con SMI será reducido: hay una parte significativa (20 %, solteros, sin cargas familiares) que comenzará a tributar, pero cuya medida podrá suponer un incremento impositivo de 300 euros anuales de media.

En cuanto al impacto económico, aunque esto representa un tipo marginal elevado sobre el incremento salarial, el tipo medio del total de su renta es mucho más bajo, situándose en torno al 1,8 %.

En este sentido, es más preocupante la inflación de la economía española, en especial, su afectación en los hogares con ingresos más bajos: el aumento en la cesta de la compra ha experimentado subidas significativas, con alimentos básicos como el aceite de oliva o la carne alcanzando precios récord; a todo ello, se suma el encarecimiento del alquiler en las principales ciudades.

En comparación con otros países europeos, España sigue teniendo una de las presiones fiscales más bajas sobre los salarios mínimos, pero también cuenta con un mercado laboral con elevada temporalidad, escasa capacidad de ahorro y una estructura de precios que no siempre se ajusta a los salarios bajos.

En este sentido, Alemania o Francia, pese a tener tipos impositivos más altos, muestran una mayor facilidad para acceder a servicios públicos y productos, lo que se traduce en un poder adquisitivo superior.

Trabajadores de SMI

La medida ha generado un choque dentro del propio Ejecutivo. Sumar, de la mano de la propia ministra Yolanda Díaz, ha criticado la medida, apoyada por otras fuerzas, entre las que destacan Podemos, ERC, Bildu y BNG, que la rechazaron de forma frontal, e incluso el Partido Popular, que ha criticado la medida argumentando que debería haberse actualizado.

El Ministerio de Hacienda ha defendido la acción, alegando que, según sus estimaciones, alrededor de un 80 % de los perceptores del SMI seguirán exentos gracias a deducciones familiares y otros beneficios fiscales aprobados en esta legislatura.

En cuanto al impacto económico, se estima que los trabajadores afectados pagarán alrededor de 300 euros anuales en concepto de IRPF. Aunque esto representa un tipo marginal elevado sobre el incremento salarial, el tipo medio del total de su renta es mucho más bajo, situándose en torno al 1,8%.

En términos absolutos, la tributación del SMI seguirá siendo baja en comparación con la media europea. Sin embargo, el cambio de criterio del PSOE supone un giro en la política fiscal aplicada hasta ahora al salario mínimo. Es cierto que el impacto real para la mayoría de los trabajadores del SMI será limitado, pero la medida tiene un peso político importante en un contexto de creciente presión sobre el coste de vida.

¿La realidad? Mientras se debate sobre si es justo gravar estos ingresos a las rentas más bajas, se pasa de puntillas sobre la desigualdad y el encarecimiento del coste de vida, que son problemas más evidentes para la toma de decisiones fiscales. Se puede defender que el SMI ayudará a mantener el coste de vida, pero, desde luego, si hay algo claro y cristalino, es que la mayoría de los españoles no pagan más impuestos porque no pueden.

Había voces que ya lo advertían: a medida que los salarios mínimos fuesen acercándose a los salarios medios, existía una mayor probabilidad de que desapareciesen las exenciones, y así parece que será.

Ayer, tras la aprobación de la nueva subida del SMI (1.184 euros en 14 pagas), se confirmó que los trabajadores que cobren el salario mínimo interprofesional empezarán a tributar a este impuesto. No obstante, la medida afectará a uno de cada cinco contribuyentes en la práctica.

Quién pagará IRPF

Según cálculos de La Vanguardia, no obstante, tras la rebaja para las rentas medias y bajas, la mayoría de trabajadores con SMI seguirán sin tributar, pero hay casi medio millón de personas (solteros, sin cargas) que empezarán a tributar desde este 2025.

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De este modo, tras la confirmación por parte del Ministerio de Hacienda de que no habrá modificaciones en el mínimo exento del IRPF, el Gobierno firma una de sus medidas más impopulares.

Ayer, en declaraciones, la propia ministra Yolanda Diaz afirmaba: “La justicia fiscal empieza por arriba y no por abajo”, puesto que la postura de Hacienda choca, frontalmente, con la que ha mantenido el Ministerio de Trabajo en los últimos meses. Díaz ha expresado su descontento, señalando que se enteró de la medida a través de la prensa.

La diputada de Sumar, Aina Vidal, ha mantenido una critica similar hacia la ministra Maria Jesús Montero, sin entender por qué no se ha ajustado el mínimo exento. En el calor del momento, Vidal ha asegurado que "Montero va a tener que rectificar" y ha acusado a Hacienda de favorecer a los rentistas en lugar de a los trabajadores con salarios más bajos.

Impacto fiscal

Desde el año 2018, el SMI ha experimentado un aumento del 61 %, alcanzando en 2024 los 16.576 euros anuales. Si bien el Gobierno defiende que esta subida ha beneficiado a millones de trabajadores, el hecho de que una parte de ellos deba tributar por primera vez el IRPF ha abierto un debate sobre el impacto real de la medida.

Hacienda argumenta que la carga fiscal seguirá siendo baja para la mayoría de los perceptores del SMI, y que el incremento salarial tiene un efecto positivo en la economía. No obstante, el hecho de que una parte de los trabajadores más vulnerables tenga que tributar ha generado críticas dentro del propio Ejecutivo y los sindicatos.

En este sentido, hace unas semanas, Cinco Días señalaba cómo "el IRPF (por la propia naturaleza del tipo impositivo) contiene una anomalía técnica que dispara el tipo marginal en determinadas circunstancias para los contribuyentes con rentas más bajas", como ya comentamos en este medio también.

A favor, no nos coge por sorpresa tras varias semanas de dudas. En asuntos de Estado, la falta de noticias no suele traducirse en buenas noticias. Además, ya existían indicios sobre el objetivo de que el SMI quedase sujeto a IRPF.

Es cierto: la tributación por IRPF limita el impacto positivo de la medida, pero también marca una línea necesaria para algunos economistas, que consideran que tras los aumentos constantes de salario, la tributación del IRPF pretende limitar el achatamiento de la base de contribuyentes. Así, Jon González comentaba en X: "Hay un 2,5 % de población que paga el 41,5 % del impuesto al IRPF".

Es evidente que lo de hacer exento el IRPF para el SMI, después de subirlo más de un 50% en menos de 6 años, tenía que tener un límite.

Cada vez la incidencia del SMI entre los trabajadores es mayor, y el achatamiento de la base de contribuyentes tiene un límite.

— Jon González (@Jongonzlz) January 10, 2025

La relación de esta noticia con las subidas en frío del IRPF español para cumplir con los compromisos fiscales con la UE queda para otro debate, si bien las cifras son claras: en 2024, supuso más de la mitad de los aumentos de impuestos en el país. Lo confirmaba El Confidencial. Aquí, la tributación del SMI puede encontrar el mayor escollo para una rectificación.

La subida en frío del IRPF permite a Hacienda cumplir el compromiso fiscal con la UE

El IRPF se ha convertido en el gran instrumento para elevar la presión fiscal sin hacer ruido ni necesidad de pasar por el Congreso

Por @jgjorrin https://t.co/ME07qNYFDw pic.twitter.com/v066hrXlpn

— Jon González (@Jongonzlz) February 12, 2025

En conclusión, si bien el aumento del SMI ha sido recibido con optimismo por parte de los sindicatos y del Ministerio de Trabajo,  la negativa de Hacienda a modificar el mínimo exento del IRPF ha abierto un frente de discordia dentro del Gobierno. Trabajo defiende una mayor protección fiscal para los trabajadores con menores ingresos, y Hacienda mantiene que la mayoría seguirá sin tributar y que la medida tiene un impacto limitado.

La polémica no parece estar cerrada, ya que desde Sumar y otras formaciones políticas se insiste en la necesidad de rectificar la medida. A falta de nuevas negociaciones, lo que queda claro es que, por primera vez en años, una parte de los trabajadores con salario mínimo tendrán que pagar el IRPF, un cambio que ha generado división incluso dentro del propio Ejecutivo.

La reciente cancelación del plan MOVES, que ha finalizado varios meses antes debido a la derogación del Real decreto ley 9/2024, se ha clausurado con incertidumbre para los trabajadores que estaban valorando la adquisición de un coche eléctrico. Un programa diseñado para fomentar la movilidad sostenible, que una vez más incluía deducciones y ayudas que ahora han quedado fuera de juego tras el rechazo del decreto “ómnibus” en el Congreso de los Diputados.

Esta decisión deja en el aire incentivos económicos clave, como la deducción en el IRPF de hasta 3.000 euros, que pueden ralentizar todavía más la transición hacia un parque automovilístico más sostenible, especialmente centrado en el ámbito laboral. Sin embargo, no es la única mala noticia...

La cancelación del plan MOVES

El plan MOVES, que ofrecía beneficios económicos a quienes apostaban por vehículos eléctricos, incluía deducciones en el IRPF de hasta 3.000 euros. Como recogía Cinco Días, las patronales Anfac y Faconauto han sido claras: “[es] necesario y urgente restablecer de modo inmediato, al menos, la prórroga del Moves hasta el 30 de junio y la deducción del 15 % del IRPF hasta 3.000 euros durante todo el ejercicio 2025. Sin ayudas, el objetivo de avanzar en la electrificación de la movilidad y la transformación de nuestra industria sería imposible de alcanzar”.

En Pymes y Autonomos

Logroño, Alicante, Burgos (y la lista sigue) ya han perdido millones de euros de los fondos europeos. A Canarias le falta tiempo para ejecutar 1.000 millones

Los incentivos del MOVES estaban orientados a facilitar el acceso a tecnologías limpias y a contribuir a la reducción de emisiones contaminantes, pero España ha caído en el mismo error que el ejecutivo alemán. Tras la derogación del decreto ómnibus, estas deducciones han quedado en el aire.

Esto ocurre, además, en un momento especialmente complejo para el sector, que verá endurecidos los límites de CO2 por kilómetro en los vehículos nuevos. En el caso español, se traduce en la imposibilidad de acoger nuevos expedientes y en la inseguridad de que las ayudas y subvenciones de los actuales sean suficientes con el presupuesto asignado.

Sin transporte

Además, este decreto también incluía otras disposiciones de carácter tributario y económico que podrían haber aliviado la carga fiscal para ciertos colectivos, como la rebaja de miles de abonos y billetes.

Entre estas medidas destacaban ayudas para el transporte público y beneficios fiscales para mejoras energéticas en viviendas, que pueden afectar a trabajadores por cuenta propia que trabajan en el hogar.

La falta de aprobación supone un retroceso en términos de apoyo gubernamental a iniciativas que podrían beneficiar tanto a autónomos como a familias.

En el caso de los autónomos dependientes del transporte público, la anulación de las ayudas supone un golpe directo. Las subvenciones estaban destinadas a reducir los costos asociados al uso diario del transporte, un contexto donde los precios han experimentado un aumento considerable. Aunque podrían considerarse medidas complementarias, su desaparición agrava la situación de muchos profesionales que ya enfrentan un entorno económico desafiante.

IVA franquiciado, tarde

Por último, si bien se ha aprobado la posibilidad de acogerse al IVA franquiciado para todos aquellos autónomos con ingresos anuales inferiores a 85.000 euros anuales, los tiempos para este 2025 han sido ajustados (tanto, que se dio un mes extra de plazo para acogerse).

Si bien la medida permite simplificar las obligaciones fiscales para algunos colectivos (con algunos puntos importantes que tener en cuenta que detallamos aquí), su implementación ha generado dudas.

En primer lugar, quienes opten por este régimen perderán el derecho a deducir el IVA de sus compras, lo que podría impactar en su rentabilidad, y no todos los perfiles de autónomosp odrán acogerse todavía. Además, la rapidez con la que se introducen y ajustan estos cambios dificulta la adaptación de los autónomos a las nuevas normativas, obligándolos a replantear su gestión financiera.

En este sentido, a mediados del año pasado, Hacienda detuvo la legislación de los nuevos modelos fiscales, pues la mesa de trabajo llevaba un año sin reunirse por aquel entonces, según Eduardo Abad del UPTA. En estos últimos meses, todo el escenario se ha acelerado, pudiendo aprobar y lanzar las novedades para su aplicación a partir de este 2025, con unos tiempos en los que muchos trabajadores no han podido revisar el sistema de módulos.

En conclusión, el rechazo del decreto ómnibus y la prematura cancelación del plan MOVES no solo representan un obstáculo para el avance de la movilidad sostenible, sino también una carga adicional para los autónomos.

La pérdida de ayudas por valor de 3.000 euros en el IRPF es quizá el golpe más fuerte que encajarán los trabajadores que se estuviesen planteado un cambio de vehículo, y demuestra que la derogación del decreto ómnibus traerá cola y requerirá de medidas urgentes.

En un entorno tan cambiante, la planificación y el acceso a información clara y actualizada se vuelven imprescindibles para navegar estas transiciones con éxito. ¿Se consigue? Parece claro que no siempre.

Foto: FMT

Hasta la fecha, los trabajadores con SMI han estado liberados de pagar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Sin embargo, el Ministerio de Hacienda está considerando no ajustar el mínimo exento de tributación al nuevo SMI tras las nuevas subidas salariales.

La Unión General de Trabajadores (UGT) ha advertido que no apoyará ninguna subida del SMI si este no queda exento de tributación por el IRPF. Pero el problema va más allá: todo indica que, en 2025, puede haber más de un 40 % de trabajadores españoles que no pagan, dejando la carga tributaria a un grupo cada vez menor de contribuyentes.

El SMI sube, también las retenciones

La reciente propuesta del Ministerio de Trabajo de incrementar el SMI en 50 euros mensuales, lo que lo situaría en un máximo de 1.184 euros al mes en 14 pagas, busca que los trabajadores con salarios más bajos no pierdan poder adquisitivo y que sus ingresos no caigan por debajo del 60 % del salario medio, siguiendo las recomendaciones del Comité Europeo de Derechos Sociales.

En Pymes y Autonomos

Así quedan las cuotas por ingresos reales para los autónomos este 2025. Se confirma que seguirán subiendo año tras año para la inmensa mayoría

Esta medida, no obstante, ha generado un intenso debate a raíz de la decisión del MInisterio de Hacienda de no adaptar el mínimo exento del IRPF. En los ejercicios anteriores, se ajustó este mínimo para evitar que los perceptores del SMI tuvieran que tributar.

Por lo tanto, existen indicios razonables sobre si el objetivo del Gobierno es que el SMI quede ya sujeto a tributaciones de IRPF, lo que limitaría el impacto positivo de la medida, pero también muestra las dificultades de seguir gravando a las rentas medias y altas, a medida que los sueldos mínimos se van acercando, progresivamente, a los salarios medios.

Según estimaciones, en este caso, el 42 % de la subida del SMI se destinará al pago del IRPF, lo que ha generado críticas por parte de sindicatos y partidos en la oposición, quienes argumentan que las retenciones fiscales empañan los beneficios de la medida.

Por el contrario, economistas como Jon González, en X, señalaban que tras una subida de más de un 50 % del SMI en 6 años, se ha dado un achatamiento de la base de contribuyentes, que se pretende limitar mediante tributación por IRPF. Y agregaba: "hay un 2,5 % de población que paga el 41,5 % del impuesto al IRPF".

Es evidente que lo de hacer exento el IRPF para el SMI, después de subirlo más de un 50% en menos de 6 años, tenía que tener un límite.

Cada vez la incidencia del SMI entre los trabajadores es mayor, y el achatamiento de la base de contribuyentes tiene un límite.

— Jon González (@Jongonzlz) January 10, 2025

La otra cara de la moneda la han señalado varios expertos para Cinco Días, de El País, pues si bien es obvio que es necesario que el sistema obligue a contribuir a todos, "el IRPF contiene una anomalía técnica que dispara el tipo marginal en determinadas circunstancias para los contribuyentes con rentas más bajas."

Esta anomalía, que afecta especialmente a los trabajadores con rentas más bajas, como los que perciben el SMI, hace que a medida que sus ingresos suben ligeramente, el tipo marginal —el porcentaje que se paga por el último euro ganado— puede dispararse desproporcionadamente debido a la pérdida de reducciones y deducciones fiscales.

Me refiero a que, a partir de ese 2,5% de población, se recauda el 41,5% del total del impuesto pic.twitter.com/iMtWv9pLjm

— Jon González (@Jongonzlz) January 10, 2025

Esto crea un efecto no lineal: una parte importante del aumento salarial termina retenida por Hacienda, haciendo que estos trabajadores enfrenten una carga fiscal más alta que otras personas con ingresos superiores.

Así, aunque es justo que todos los trabajadores contribuyan al sistema fiscal, los expertos señalan que esta anomalía castiga de forma excesiva a los que menos ganan y desincentiva las mejoras salariales.

Las nóminas se resienten

A efectos prácticos, la Renta de los trabajadores que empiecen a pagar IRPF seguirá saliendo a devolver, por lo que es probable que no todo el mundo perciba el conflicto de fondo.

El problema es que, si bien se puedan recuperar parte de las retenciones al presentar la declaración de la Renta, el efecto práctico inmediato no es tan positivo. Por un lado, las retenciones mensuales que aplicaría Hacienda reducirán el salario neto que estos trabajadores perciben mes a mes. Esto significa menos dinero disponible para gastos cotidianos, lo que puede generar una sensación de pérdida de poder adquisitivo, incluso con la subida del SMI.

Paga, y espera devolución

Por otro lado, muchos de estos trabajadores verán cómo aumentan sus obligaciones fiscales: a grandes rasgos, presentación de la declaración de la Renta y una mayor carga administrativa para la que el trabajador tendrá que gestionar o recurrir a un gestor.

Si bien pueda darse una devolución parcial e incluso total del IRPF retenido (en este caso, como siempre, dependerá de los factores personales de cada trabajador o trabajadora), también hay un cambio relevante en las implicaciones a nivel laboral.

En resumen, aunque las subidas del SMI pretenden mejorar la situación económica de los trabajadores con menores ingresos, el impacto real se ve limitado por las retenciones y la carga fiscal mensual. Esto no solo reduce su capacidad económica en el corto plazo, sino que también puede generar una percepción negativa respecto a los beneficios reales de los aumentos salariales. Sin embargo, a medida que aumentan los beneficios para un gran grupo de trabajadores, también se espera que un sistema redistributivo reorganice las obligaciones de los contribuyentes.

Foto 1: La Moncloa