Cuando tenemos una inspección tributaria y quieren acceder a nuestro domicilio para revisar documentación o los ordenadores en muchas ocasiones se topan con la negativa del obligado tributario. En estos casos Hacienda no podrá sancionar por obstrucción si no se facilita la entrada al domicilio en caso de que no exista una orden judicial que avale dicha entrada.

Hablamos del caso en el cual el domicilio coincide con la vivienda habitual de la empresa, como puede ser el caso de un autónomo o de una empresa si quieren realizar también inspección en el domicilio privado de alguno de los socios. Hay que tener en cuenta que Ley General Tributaria tiene previstas sanciones por obstrucción, cuando el contribuyente haya realizado actuaciones tendentes a demorar, entorpecer o impedir las actuaciones de la Agencia Tributaria.

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Hacienda incentivará que no se recurra a los tribunales con más reducciones de sanción

El caso es que según una sentencia del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Galicia muy interesante puesto que en este caso el obligado tributario negó el acceso no a su domicilio privado o su vivienda, donde está claro que se necesita orden judicial, sino a determinadas dependencias de la empresa que sin tener acceso al público consideraba como un domicilio constitucionalmente protegido.

En estas dependencias se encontraban los ordenadores y cuarto de servidores, donde se almacenaba la información contable de la misma que pretendía ser objeto de inspección. La cuestión en este caso es que fue la propia Agencia Tributaria la que solicitó al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 1 de Santiago de Compostela en fecha 27-06-2018, alegando que esa autorización judicial fue necesaria por afectar a espacios subsumibles dentro del concepto de domicilio constitucionalmente protegido.

Lo que el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Galicia anula no es las sanciones derivadas de la inspección, sino la multa impuesta la empresa por obstrucción a la actividad inspectora, al considerar que es el propio órgano el que reconoce expresamente dichas dependencias como un domicilio constitucionalmente protegido al solicitar la orden de registro al Juzgado.

Hay que tener en cuenta que en muchos casos las empresas colaboran con Hacienda buscando con ello un trato "más amable" del inspector. No se trata de que hagan la vista gorda, pero prefieren que no peque de exceso de celo en su labor. No todas las empresas son capaces de oponerse en este caso a la entrada. Y en otros casos prefieren pagar la multa por obstrucción, antes de dejarles entrar en sus sistemas y equipos informáticos. Porque cuando consiguen la orden ya han tenido tiempo para tomar las medidas oportunas.

Es por este motivo por el que hubo bastante polémica sobre la necesidad de avisar o no de una inspección tributaria, o si estas podían realizarse por sorpresa. Lo cierto es que para que se produzca la segunda circunstancia no basta con tener indicios, sino pruebas sólidas y el aval judicial pertinente para entrar en el domicilio de la empresa sin avisar previamente y sin que se puedan negar.

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Uno de los cambios significativos aprobados para adaptarnos a trabajar con movilidad reducida ha sido en la Agencia Tributaria. El pasado día 17 de junio se publicaba en el BOE la posibilidad de realizar inspecciones fiscales por videoconferencia. Se puede dar el caso de tener una videollamada de Hacienda y no sabemos qué debemos hacer.

Hay que tener en cuenta que no deja de ser una inspección, que sería igual a efectos prácticos que si nos llaman para acudir a sus oficinas porque han realizado una complementaria y no cuadra con nuestra declaración en algún aspecto o si acuden a nuestros negocios en una visita sorpresa.

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La Agencia Tributaria vuelve con fuerza. Hacienda cobra de golpe a los autónomos todas las deudas pendientes desde 2019

En este sentido el decreto especifica que:

Las actuaciones de la Administración y de los obligados tributarios en los procedimientos de aplicación de los tributos podrán realizarse a través de sistemas digitales que, mediante la videoconferencia u otro sistema similar, permitan la comunicación bidireccional y simultánea de imagen y sonido, la interacción visual, auditiva y verbal entre los obligados tributarios y el órgano actuante, y garanticen la transmisión y recepción seguras de los documentos que, en su caso, recojan el resultado de las actuaciones realizadas, asegurando su autoría, autenticidad e integridad.

La utilización de estos sistemas se producirá cuando lo determine la Administración Tributaria y requerirá la conformidad del obligado tributario en relación con su uso y con la fecha y hora de su desarrollo

Lo cierto es que podemos negarnos a que nos realicen la inspección por videollamada, pero esto no interrumpirá las acciones de Hacienda, sino que simplemente nos enviarán un requerimiento para que acudamos a sus oficinas o se personarán en nuestra empresa. Lo que si está claro es que la fecha ya la hora de la inspección por medios telemáticos tiene que ser acordada con el contribuyente.

Pero también es necesario tener a punto el equipamiento necesario. No todas las empresas tienen portátiles que tengan cámara web. Además hay que descargar el programa Zoom, que es el que utiliza la Agencia Tributaria y comprobar a nivel técnico que todo funciona adecuadamente, no solo la imagen, también el sonido. Y muchas pequeñas empresas y autónomos tienen un ordenador de sobremesa básico sin capacidad para realizar estas videoconferencias.

Se puede realizar desde un móvil, pero hay que tener en cuenta que Hacienda nos puede requerir el envío de documentación. Por eso es más práctico hacerlo desde un ordenador que tenga acceso a todos los documentos y archivos que podamos necesitar en un momento dado.

Lo cierto es que este apoyo en la tecnología vuelve a cargar de responsabilidades a empresas y autónomos que en la mayoría de los casos no se negarán a realizar este tipo de inspección simplemente por no ponerse en contra a los inspectores. Lo ideal es probar bien todo el sistema de videoconferencia para llegado el momento no ponernos nerviosos porque nos falla el sonido o no tenemos vídeo.

Muchas empresas han aprovechado los ERTES para soltar lastre en lo que a gastos laborales se refiere. La mayoría de ellas lo hacen cumpliendo con la ley y los requisitos necesarios para incluir a sus trabajadores en expediente. Pero otras no y el régimen sancionador es muy duro, porque oscilan entre 6.000 y 180.000 las sanciones por infracciones muy graves en los ERTES.

Y hay que tener en cuenta que se impondrá una sanción por cada trabajador con el que se haya cometido una infracción muy grave. Sin embargo a pesar de ello hay empresas que prefieren lanzar la moneda al aire y esperar que salga cara. Si miramos las posibilidades de que nos inspeccionen son realmente pocas.

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La Inspección de Trabajo en busca de fraude en los ERTES

No hablamos aquí de un error en la presentación de los datos, sino de un acto deliberado. Según el artículo 23 c) de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social

El falseamiento de documentos para que los trabajadores obtengan o disfruten fraudulentamente prestaciones, así como la connivencia con sus trabajadores o con los demás beneficiarios para la obtención de prestaciones indebidas o superiores a las que procedan en cada caso, o para eludir el cumplimiento de las obligaciones que a cualquiera de ellos corresponda en materia de prestaciones.

Y también el 23 e)

Incrementar indebidamente la base de cotización del trabajador de forma que provoque un aumento en las prestaciones que procedan, así como la simulación de la contratación laboral para la obtención indebida de prestaciones.

Y estos son dos de los más utilizados para que trabajadores que no tenían contrato en el momento del ERTE por fuerza mayor se presentara. Algo que en muchos casos ocurre porque son trabajadores que o bien no tienen directamente contrato de trabajo o cotizan a tiempo parcial y trabajan a tiempo completo.

La realidad es que basta una denuncia anónima, que no necesariamente tiene que ser de los propios trabajadores en este caso. Basta un antiguo empleado con el que la empresa no acabó bien, un proveedor al que no se ha pagado etc. para que Inspección se ponga a indagar. Y a pesar de todo tiran la moneda al aire.

El Gobierno ya avisó en su momento que estaría vigilante con los ERTES y no admitiría que ninguna empresa aprovechara la situación para sacar partido. Se revisarían todos los expedientes de oficio y se cruzarían datos. Y esto ha llevado a la Inspección de Trabajo en busca del fraude en los ERTES.

Ya se ha iniciado el rastreo de 26.000 empresas en todo el país, centrándose principalmente en los expendientes de fuerza mayor, que traen aparejada la exención de cuotas de la Seguridad Social para la empresa y ciertos beneficios para la plantilla afectada. En muchos casos el inspector se persona en la empresa para comprobar que el ajuste es real y que la plantilla no sigue trabajando pese a estar en ERTE.

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¿Qué pasará con los ERTES a partir del 30 de junio?

No estamos hablando aquí de que Inspección esté buscando errores que se hayan podido cometer a la hora de presentar un ERTE, sino más bien de abusos. Mantener a toda la plantilla trabajando y que oficialmente estén en un ERTE no es un error involuntario a la hora de presentar la documentación. Como tampoco lo es incluir a alguien que no estaba trabajando con nosotros. Inspección está cruzando datos para ver si existen trabajadores dados de alta en la empresa con posterioridad a la declaración del estado de alarma y luego incluidos en los ERTE.

Lo mismo podríamos hablar con el caso de los ERTE de jornada parcial, donde especialmente en estos casos más vale a las empresas que sean rigurosas con el control horario. Porque Inspección no pasará por alto que se mantenga a la plantilla dentro del ERTE con reducción de jornada pero que estén trabajando a jornada completa.

Lo que está claro es que mientras muchas reclaman más ayudas algunas se están aprovechando de la situación. En algunos casos es una medida desesperada para mantenerse a flote, en otros, los menos, una forma de llevar la empresa que lo mismo les da que sean los ERTE, los contratos a tiempo parcial o los temporales para hacer lo que les interesa y pagar menos a la Seguridad Social por sus trabajadores.

Uno de los objetivos del Ministerio de Trabajo es cumplir con su Plan Director por un trabajo digno. El foco mediático ha estado sobre todo en los falsos autónomos, pero el Ministerio también lucha contra la contratación a tiempo parcial y temporal de forma indebida. A la remesa de misivas de Agosto ahora le seguirá una nueva en el tercer trimestre del año, puesto que Trabajo seguirá enviando cartas a empresas con sospechas de fraude en la contratación.

No es nada nuevo, puesto que la Ministra Valerio ya lo anunció en la presentación del tercer informe semestral. Este envío de cartas ha dado muy buen resultado, puesto que Trabajo envía a las empresas la información de la que dispone que rebela indicios de contratación fraudulenta. Tras dicha carta los negocios tienen un mes para regularizar la situación o se exponen a una inspección.

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¿Qué hacemos si recibimos una carta de Inspección de Trabajo?

En este aspecto las empresas tienen que consultar con sus asesores laborales si los contratos que tienen con sus empleados son correctos o no. No siempre esos indicios suponen un fraude real, por lo que no tendrían que regularizar nada. Eso si, en la segunda fase se realiza la Inspección tendrán que justificar ante la misma que el criterio seguido es correcto.

Se estima que se enviarán más de 85.000 cartas que podrían afectar a más de 238.000 trabajadores. El método resulta bastante efectivo, puesto que esta velada amenaza hace que muchas empresas ante la duda regularicen y prefieran mantener a los Inspectores alejados de sus organizaciones.

Porque si nos visitan no solo se van a fijar en los contratos, sino también en otras cuestiones, desde la puesta en marcha del registro horario a la seguridad con la que trabajan los empleados, etc. Y muchas empresas no siempre son escrupulosas en el cumplimiento de la ley, prefiriendo regularizar directamente los contratos.

Desde la puesta en marcha del plan en 2018 se han convertido casi 180.000 contratos temporales en indefinidos. La conversión de forma automática tras recibir la carta es aproximadamente un tercio del total, mientras que para le resto Inspección ha tenido que abrir expedientes a dichas organizaciones.

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A nadie le gusta tener una inspección de Agencia Tributaria. A pesar de que muchos negocios están ya avisado con las cartas que les advierten de las inconsistencias fiscales encontradas, la mayoría de las acciones que se llevan a cabo no dejan de ser rutinarias. Pero últimamente también se ha detectado cómo Hacienda endurece las inspecciones acudiendo con órdenes judiciales a las empresas.

El objetivo es requisar libros de contabilidad, teléfonos móviles, tabletas, ordenadores o discos duros. Dispositivos que puedan albergar la información de una doble contabilidad. Lo habitual es realizar la inspección y en caso necesario llamar al investigado para que aporte la documentación necesaria.

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Cinco errores con Hacienda que pueden salirte caros

Además las órdenes de registro se están acompañados de funcionarios de Aduanas, más habituados a realizar registros y que tienen más conocimiento de los programas de doble contabilidad que se suelen utilizar en diferentes empresas o dónde suelen guardarse los datos comprometidos.

El problema para muchos negocios no es solo legal, sino de funcionamiento. Requisar un ordenador o un terminal de punto de venta en un bar significa que no puede cobrar ya que la mayoría de ellos no tienen más de uno. Por lo tanto se produce un doble prejuicio, ya que en muchos casos no se puede trabajar mientras dura la inspección, pero tampoco después porque nos faltan herramientas.

La realidad es que Hacienda lleva tiempo con el foco en el pequeño comercio y los negocios. La actividad inspectora se está centrando en pymes de hostelería, pero también consultas médicas, farmacias o negocios de compra venta y ámbitos peculiares como el de las bodas. En este último caso se centra sobre todo en que las empresas de servicios y los salones declaren toda la actividad realizada.

Si a esto le sumamos las campañas de Inspección de Trabajo la realidad es que muchas empresas se pueden pasar el verano más preocupados por saber cuándo van a llamar a su puerta que por dirigir su negocio de forma eficiente para ganar dinero y tributar lo que corresponda por ello o cotizar lo que marca la ley por sus empleados contratados.

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En Agosto de 2018 se realizó una modificación en la ley de la Seguridad Social para dar mejor cobertura a las actuaciones de la Inspección de Trabajo. El objetivo era cumplir con el Plan Director por un Trabajo Digno, un plan trienal, que quería destapar hasta 40.000 falsos autónomos. Casi un año después más de 32.000 falsos autónomos cotizarán en el régimen general.

Aunque el foco mediático esté puesto en las plataforma digitales de reparto, la realidad es que otros sectores como el cárnico han nutrido estas conversiones que suponían un agujero importante para la Seguridad Social, que se estima en más de 560 millones. No solo se trata de que muchos de estos falsos autónomos cotizan por el mínimo, sino que además muchos aprovechan las bonificaciones de la tarifa plana.

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Inspección de trabajo regulariza casi 18.000 falsos autónomos desde Agosto

La realidad es que se necesitaba un impulso para controlar este resquicio que muchas empresas aprovechaban para tratar de bajar sus costes laborales. En el primer mes de actuaciones ya se habían convertido 8.000 falsos autónomos y el envío de cartas a empresas sospechosas de utilizar esta figura también ha dado buenos resultados para que regularizaran a los trabajadores y de esta forma evitaran la sanción.

Todas estas actuaciones han llevado a aumentar la recaudación de la Seguridad Social en unos 218,8 millones y a la vez han crecido el número de empresas sancionadas, que llegan a las 725, con multas entre 3.000 y 10.000 euros.

Y aquí hay que tener en cuenta que los repartidores a domicilio de plataformas digitales todavía podrían pasar a engrosar mucho más las conversiones de falsos autónomos, puesto que aunque hay sentencias en primera instancia, todavía no son firmes y se pueden recurrir. Pero si llega a crearse jurisprudencia, serán muchos más los que tengan que transformarse de falsos autónomos al régimen general.

Esperemos que la falta de Gobierno no lastre las actuaciones de la Inspección y que siga realizando un buen trabajo como hasta ahora. Hay que tener en cuenta que el plan era trienal, y en un año casi se ha cumplido los objetivos planteados.

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Más de 180.000 euros de sanción, cuando el registro de jornada destapa irregularidades

A esto hay que sumar actuaciones en otros aspectos específicos, como la contratación temporal fraudulenta y las conversiones de contratos de trabajo parciales en jornadas completas, algo que con la puesta en marcha del registro horario será mucho más fácil para la Inspección probar de forma fehaciente.

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Recibir una carta de la Agencia Tributaria no es una buena noticia para nadie y menos para una empresa. El otro día hablábamos de que este año Hacienda vuelve a enviar sus cartas avisando de que el negocio no se encuentra en la media del sector. Inconsistencia fiscal lo llaman, pero esto no necesariamente fraude, aunque si que estamos en la lista para sufrir una posible inspección.

Que nuestro negocio venda menos que la media del sector, que otros similares al nuestro en la zona puede deberse a que simplemente nos va mal. Pero Hacienda sabe que existe la posibilidad de que se esté cometiendo un fraude, o por lo menos más fraude que la media del sector. Porque los datos cantan y la Agencia Tributaria lo sabe.

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Hacienda a por el pequeño comercio

No vamos a ser multados por esta cuestión, pero basta la simple comunicación para que si alguien no está siendo lo suficientemente estricto con las normas vuelva a aplicar la norma, no ya según la ley, sino según pide Hacienda, que no siempre es lo mismo. No hablamos ya de si están cometiendo algún tipo de fraude.

Los datos de la Agencia Tributaria son precisos, márgenes brutos y netos, porcentaje de cobros con tarjeta y efectivo y todo comparado con el sector. Es intimidatorio para muchos negocios. Y lo peor es la velada amenaza de inspección si persisten dichas inconsistencias fiscales. Lo ideal es hablar con nuestro asesor fiscal antes de nada.

No se trata solo de la media del sector, sino también de cómo hemos ido trabajando nosotros en los últimos años y si estamos o no, en la misma media de otros años. Porque no todos los negocios son iguales o simplemente se puede deber a una mala racha. Porque si hemos estado haciendo algo mal y de repente nuestros ingresos varían de forma brusca si que vamos a tener un problema.

La realidad es que Hacienda no tiene opción de controlar a todo el mundo, por muchos datos que tenga nuestros. No puede realizar inspecciones a todas las empresas, por lo que una carta de este tipo es una medida para que las empresas sean conscientes de que pueden ser las siguientes en la lista de la inspección en cualquier momento.

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Un PIB que está ligado en un porcentaje muy alto al turismo, que tiene en los meses de verano sus puntas de empleo podría justificar en parte que en España el uso de los contratos temporales sea de los más altos de Europa. Pero no es el único motivo por el que se abusa de este tipo de contrato. Está claro que existe un problema estructural, pero también cultural a la hora contratar.

En 2018 hemos tenido las tasas más altas de los últimos 12 años en conversión de contratos de temporales a indefinidos, unos 195.000 tras sospechas de inspección de fraude, que han pasado a convertirse en contratos indefinidos. Suponen el 20% de todas las conversiones realizadas a lo largo del pasado año.

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Inspección de trabajo endurecerá las sanciones por contratos temporales injustificados

El envío masivo de cartas de la Inspección a las empresas de las que sospechaba fraude y también el plan del Gobierno ayudó a este impulso. Pero lo cierto es que en las empresas está muy implantado contratar de forma temporal, y en todo caso, si la Inspección de Trabajo lo requiere, se regulariza a indefinido. Porque la realidad es que no se sanciona por esta cuestión, ya que Inspección prefiere no hacerlo para no perjudicar al trabajador y que pueda consolidar su puesto de trabajo.

Por otro lado muchas empresas no hacen uso de los periodos de prueba de los contratos indefinidos, que están precisamente ahí para poder solucionar problemas, ver si el empleado cumple con su trabajo o no. Se contrata temporalmente y luego si no convence se busca a otro.

Y esto es un problema, ya que no se pueden cubrir puestos estructurales con contratos temporales. Sin embargo es una práctica tan arraigada que lo utilizan hasta las administraciones públicas, donde vemos como en sectores como la sanidad de concatenan contratos temporales de forma casi infinita.

Por último no hay que despreciar el coste del despido de un trabajador temporal y uno con contrato indefinido. Muchas empresas no se quieren comprometer y prefieren contratar de forma temporal para abaratar costes si tienen que despedir. En este sentido propuestas como la mochila austriaca podrían servir para eliminar esta traba, aunque habría que ver sobre quien recae su financiación.

Lo cierto es que es un mal endémico que es imprescindible corregir más a corto que a medio plazo. Tras años de reformas y contrarreformas del mercado laboral, no parece encontrarse una solución y cada vez las cosas van a peor. Veremos si el Gobierno que salga de las votaciones del próximo 28 de Abril es capaz de afrontar este problema.

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El Gobierno mantiene su lucha por intentar erradicar los falsos autónomos. Y para ello ha decidido imponer sanciones de entre entre 3.126 y 10.000 euros por cada trabajador afectado. Esto puede suponer que muchas empresas se lo piensen dos veces antes de tratar de contratar a alguien como falso autónomo, ya que el ahorro no es tal si la inspección les sanciona.

La medida está enfocada a disuadir a aquellos empresarios que quieran pasar empleados del régimen general al RETA, dado que la cotización mínima de los autónomos quedará un 15% más barata que la de un asalariado que cotice por lo mínimo. De esta forma muchas empresas podrían verse tentadas para pasar a sus empleados por autónomos.

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Los nuevos derechos (y obligaciones) de los autónomos para 2019

Pero no solo se aplicará a estos casos, sino a todos aquellos en los que se detecten falsos autónomos contratados que deberían estar en el Régimen General de la Seguridad Social. Hasta ahora la inspección obligaba a la empresa a hacerse cargo de la diferencia en cotizaciones y regularizar el contrato. Pero realmente no se aplicaban sanciones.

Esto supone un incremento notable. Ya el hecho de que la inspección obligara a pagar la diferencia de cotizaciones suponía un importante desembolso para la empresa, especialmente si se habían acogido a la tarifa plana a la que ahora se pueden sumar dichas sanciones. Una cantidad suficiente para que muchas se piensen si utilizar estos falsos autónomos o no.

La parte negativa es que con una inspección con un número muy reducido de efectivos, pese a los aumentos previstos, seguro que muchos prefieren lanzar los dados al aire y jugársela. Al fin y al cabo si les sale bien el ahorro que logran va a ser muy notable.

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