Las pymes afrontan en 2026 uno de los escenarios de mayor presión normativa de los últimos años. A la incertidumbre económica y al aumento de los costes operativos se suma ahora una intensificación clara de los controles laborales y de Seguridad Social.

El objetivo declarado es reducir la siniestralidad y combatir el fraude, pero el impacto práctico se traduce en inspecciones más frecuentes, sanciones más elevadas y un mayor riesgo para quienes no tengan sus obligaciones perfectamente alineadas.

El foco de las actuaciones no está puesto en errores administrativos menores, sino en aquellas prácticas que afectan directamente a la seguridad de los trabajadores, al cumplimiento de la normativa laboral y a la correcta cotización.

La prevención de riesgos laborales, en el punto de mira

Uno de los principales ejes de actuación en 2026 será el control de la prevención de riesgos laborales, con especial atención a los accidentes derivados de trabajos en altura. Se trata de situaciones que, pese a producirse en tareas aparentemente rutinarias, generan consecuencias graves cuando no existen medidas de protección adecuadas.

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La vigilancia se centra especialmente en accesos a cubiertas, tejados o estructuras deterioradas, donde siguen produciéndose caídas con desenlaces fatales.

La Inspección considera prioritario que las empresas adopten sistemas de protección colectiva antes de recurrir a equipos individuales, y que exista formación preventiva suficiente para cualquier trabajador que deba realizar este tipo de tareas.

En sectores como la construcción o la industria metalúrgica, este control se intensifica aún más, aunque la supervisión alcanza también a actividades menos evidentes como el mantenimiento de naves o instalaciones logísticas.

La falta de formación específica, la ausencia de medidas colectivas o la inexistencia de recursos preventivos en situaciones de riesgo grave se traduce en sanciones elevadas y, en los casos más graves, en responsabilidades económicas de gran impacto para la empresa.

Empleo irregular y control de altas en la Seguridad Social

Otro de los grandes focos de actuación gira en torno al empleo irregular. La Inspección está reforzando la detección de trabajadores que no figuran dados de alta, así como el uso indebido de contratos a tiempo parcial que encubren jornadas completas.

Estas actuaciones se concentran especialmente en sectores como la hostelería o la agricultura, donde el trabajo estacional y los turnos irregulares aumentan el riesgo de incumplimiento.

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Las inspecciones se realizan con mayor frecuencia en horarios nocturnos y fines de semana, precisamente cuando se detectan más irregularidades.

Además del alta en la Seguridad Social, se vigila que los trabajadores cuenten con la documentación necesaria y que no existan situaciones de empleo sin autorización.

Las sanciones en estos casos pueden ser muy elevadas y acumularse si se detectan varios incumplimientos simultáneos.

Contratos, cotización y aplicación de convenios

La correcta aplicación de los convenios colectivos es otro de los puntos bajo supervisión. La Inspección revisa que las bases de cotización se ajusten a lo establecido y que los salarios declarados coincidan con lo que marca el convenio correspondiente.

También se intensifican los controles sobre los registros de jornada, especialmente en contratos a tiempo parcial, donde es frecuente detectar irregularidades.

El uso de cruces de datos permite identificar discrepancias entre lo declarado y lo realmente trabajado, lo que facilita la apertura de expedientes sancionadores incluso sin denuncia previa.

Este tipo de actuaciones se extiende de forma transversal a todos los sectores, ya que no responde a una actividad concreta sino a patrones de incumplimiento que se repiten en distintos ámbitos económicos.

El fraude en prestaciones, una de las infracciones más graves

Una de las situaciones con mayores consecuencias para las pymes es la colaboración, directa o indirecta, en el acceso indebido a prestaciones por desempleo.

Cuando se detecta que un trabajador percibe el paro mientras mantiene actividad laboral, la empresa puede ser considerada responsable solidaria.

En estos casos, además de la sanción administrativa, se exige la devolución íntegra de las cantidades percibidas indebidamente. Si el trabajador no puede asumir ese pago, la empresa queda obligada a hacerlo, lo que puede suponer un golpe económico muy difícil de asumir para un pequeño negocio.

Este tipo de actuaciones se investigan de forma conjunta con otros organismos y suelen descubrirse a través de comprobaciones cruzadas o declaraciones del propio trabajador.

Sanciones que pueden comprometer la viabilidad del negocio

Más allá de las multas administrativas, uno de los elementos más desconocidos por las pymes es el recargo de prestaciones derivado de accidentes laborales.

Cuando se demuestra que no se han aplicado las medidas de seguridad exigidas, la empresa debe asumir un recargo de entre el 30% y el 50% de todas las prestaciones económicas que reciba el trabajador afectado.

Este recargo se abona de una sola vez y puede alcanzar cifras muy elevadas, especialmente en accidentes graves o con secuelas permanentes. En estos casos, el impacto económico puede comprometer seriamente la continuidad del negocio, ya que no es asegurable ni fraccionable.

Muchas pymes desconocen aún el alcance real de estas responsabilidades, lo que las sitúa en una posición de alto riesgo ante cualquier incidente.

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El Gobierno ha aprobado un nuevo marco de control laboral que marcará la agenda de los próximos años. Se trata del Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2025-2027: Nuevos tiempos, nuevas formas de actuación.

El documento nace en un contexto de transformaciones significativas: la reforma laboral de 2021, la acelerada digitalización del mercado, los compromisos de la Agenda 2030 y la necesidad de reforzar la recuperación tras la crisis de la COVID-19.

El Ejecutivo pretende reforzar así la vigilancia sobre fenómenos que en los últimos años han generado debate social y jurídico, como las horas extra no remuneradas, el auge de los falsos autónomos en plataformas digitales o las nuevas modalidades de teletrabajo transnacional.

Un plan con objetivos amplios y nuevas herramientas

El plan establece dos grandes ejes y un total de 17 objetivos. El primero, considerado prioritario, incluye 10 metas relacionadas con las relaciones laborales, la igualdad, la salud en el trabajo, la seguridad social y la lucha contra la economía sumergida.

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El segundo se centra en la modernización de la propia Inspección, con especial énfasis en la transparencia, el uso de tecnología avanzada y la cooperación entre comunidades autónomas.

Para ello se prevé incrementar la plantilla de inspectores, subinspectores y personal técnico, además de poner en marcha un “laboratorio informático” que permitirá cruzar datos entre Seguridad Social, Hacienda y otras bases de información.

Según adelantó El País, este refuerzo tecnológico será clave para detectar irregularidades sin necesidad de tantas visitas presenciales.

Vigilancia reforzada para pymes y autónomos

Entre las prioridades señaladas destacan aquellas que afectan directamente a pymes y trabajadores por cuenta propia. La primera medida es el control estricto de las horas extra. Se pondrá especial atención a los registros horarios y a la coherencia entre la jornada declarada y la efectivamente realizada.

Otro punto sensible es el uso de contratos a tiempo parcial. La Inspección detecta con frecuencia abusos en este tipo de acuerdos, con empleados que superan las horas pactadas sin la remuneración correspondiente. El plan contempla actuaciones específicas para reducir esta práctica.

Los falsos autónomos vuelven a ser una prioridad, en particular en plataformas digitales y en sectores como transporte y logística. El Gobierno recuerda que ya existen sentencias que obligan a regularizar a miles de trabajadores en estas condiciones.

En paralelo, el teletrabajo internacional entra por primera vez en la agenda inspectora: empresas con sede en España que contratan empleados en el extranjero a salarios inferiores podrían enfrentarse a sanciones si se detectan prácticas de dumping social.

Finalmente, se endurece la vigilancia en torno a la cotización de autónomos, un tema especialmente sensible tras la reforma del sistema de cuotas en 2023. Los inspectores prestarán atención a la correcta declaración de ingresos y a las nuevas obligaciones de seguridad social.

Algunos ejemplos para entenderlo

El nuevo plan puede generar inquietud en negocios pequeños sin departamentos legales propios. Una tienda minorista con personal contratado a tiempo parcial deberá ser especialmente rigurosa en sus registros de jornada.

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Un taller de reparto a domicilio podría verse obligado a revisar la situación contractual de sus conductores. Incluso un despacho que contrata colaboradores extranjeros en remoto tendrá que evaluar si cumple con la normativa española.

El coste de adaptación es una preocupación legítima. Desde la Asociación de Trabajadores Autónomos se advierte que muchas pequeñas empresas tendrán que recurrir a asesorías externas para cumplir con las exigencias, lo que se traduce en una mayor carga administrativa.

Qué deben hacer las empresas desde ahora

Aunque no todas las medidas serán de aplicación inmediata, hay pasos que conviene adoptar cuanto antes.

Mantener un registro horario transparente y accesible es uno de ellos. También resulta recomendable revisar los contratos, verificar que la base de cotización de los autónomos coincide con los ingresos reales y anticiparse a una eventual inspección mediante una auditoría interna.

Expertos en recursos humanos consultados por RRHH Digital señalan que la prevención siempre es menos gravosa que una sanción posterior. En este sentido, contar con una asesoría laboral se convierte más en una inversión que en un gasto.

Plazos y desarrollo futuro

El documento del BOE recoge que algunas de las medidas requieren desarrollos reglamentarios adicionales. Esto significa que no todo entrará en vigor de inmediato, aunque sí se espera una primera fase de implementación a lo largo de 2026.

El calendario exacto dependerá de los recursos disponibles y de la coordinación con comunidades autónomas.

En paralelo, se reforzará la formación de inspectores y la implementación de herramientas digitales de análisis de datos, un proceso que podría prolongarse durante todo el trienio 2025-2027.

El nuevo marco no solo busca sancionar infracciones, sino también generar un cambio cultural en la forma en que se entienden las relaciones laborales. El Gobierno insiste en que la transparencia, la igualdad y la protección de colectivos vulnerables son principios que guiarán la aplicación del plan.

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La figura del Trabajador Económicamente Dependiente (TRADE) no sólo tiene que pelear contra la eterna confusión de que no es un falso autónomo; en este momento Hacienda tiene en punto de mira a aquellos trabajadores con un solo cliente, algo que según recoge la ley es legal.

En su lucha por acabar con la figura del falso autónomo,  Inspección de Trabajo intensifica sus investigaciones en ámbitos como el de las inmobiliarias donde muchos de sus profesionales son Trabajadores Económicamente Dependientes.

Según el artículo 11 del Estatuto del Trabajo Autónomo, los trabajadores autónomos dependientes, son aquellos que realizan una actividad económica o profesional a título lucrativo y de forma habitual para una persona física o jurídica.

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Los TRADE, en el punto de mira de Hacienda

Si nos centramos en el sector inmobiliario, la figura del TRADE lleva unos veinte años colaborando en él. En la actualidad un número elevado de profesionales inmobiliarios ejercen su trabajo como Trabajadores Económicamente Dependientes, según recoge Autónomos y Emprendedores.

Por otro lado, el falso autónomo es un trabajador por cuenta ajena que actúa como trabajador autónomo en el ámbito laboral y de la Seguridad Social. Mientras que el TRADE es un trabajador autónomo que presta sus servicios, al menos, en un 75% para el mismo cliente.

Esto es lo que defienden desde el sector porque estos trabajadores facturan a la agencia inmobiliaria por servicios como la utilización de las instalaciones para reuniones, el uso de la tecnología o las herramientas que haya en las oficinas.

Sin embargo, hace un año, las inspecciones se han centrado en academias de formación o en las agencias inmobiliarias, como dos ámbitos donde es posible que se estén cometiendo irregularidades. ¿Cuál es el motivo? Ha quedado en manos de la Administración definir y detectar qué es un falso autónomo.

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Las sanciones ascienden a 250.000 euros si la Administración detecta un falso autónomo

Desde el Ministerio de Trabajo y Economía social han sancionado con multas de más de 250.000 euros a empresas del sector inmobiliario por el uso generalizado de autónomos en sus equipos de trabajo.

Dentro del sector las más afectadas son las pequeñas inmobiliarias con tres o cuatro autónomos vinculados a la empresa, algo que hasta ahora era legal, a los que Trabajo ha multado, el coste de las sanciones lleva a muchas de ellas a cerrar.

Este tipo de inspecciones se basan en la llamada ley rider  cuyo fin era acabar con la relación laboral de plataformas digitales como Glovo cuyos trabajadores eran autónomos y, por lo tanto, debían ser contratados, una opción que tampoco contentó a muchos de los empleados.

El contexto no es el mismo y desde las plataformas que representan al sector inmobiliario se pide diálogo para frenar estas inspecciones por parte de Trabajo.

Con el fin de agilizar los trámites para los autónomos, a partir del 6 de marzo de 2024, los trabajadores por cuenta propia sólo podrán realizar sus gestiones con Inspección de Trabajo vía telemática. Esta normativa se aprobó mediante el Real Decreto 1011/2023.

Sin embargo, el modificado Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social del año 2000, recoge que habrá excepciones en este reglamento. Pero veamos cómo deberemos comunicarnos con Inspección por internet.

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Comunicación por medios electrónicos con Inspección de Trabajo de manera obligatoria

Si echamos un vistazo al BOE, observamos algunos cambios, entre ellos el artículo 14 bis que dice así: "La Inspección de Trabajo y Seguridad Social se relacionará con los ciudadanos preferentemente por medios electrónicos, en los términos regulados en la Ley 39/2015, de 1 de octubre"

Tras dejar claro el cambio en la forma de relacionarnos con este organismo, añaden cómo se llevará a cabo esta comunicación: "La Inspección de Trabajo y Seguridad Social, junto con otros órganos, organismos públicos o entidades de la Administración General del Estado o de las Comunidades Autónomas, podrá desarrollar aplicaciones informáticas dirigidas a la tramitación integrada de procedimientos administrativos."

Pero dejan claro que: "Las administraciones que utilicen estas aplicaciones deberán informar en sus sedes electrónicas de los términos y condiciones sobre el uso de las mismas con antelación suficiente a su puesta en funcionamiento"

El fin es llegar a la eliminación del papel y agilizar cualquier proceso burocrático que afecte a los autónomos, según recoge Autónomos y Emprendedores.

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Sólo un trámite podrá hacerse en persona ante Inspección de Trabajo

Este tipo de cambios tienen flecos sin resolver y en este caso, la Administración debe detallar el modo en que debe materializarse la relación electrónica entre la Administración y el autónomo, es decir, cómo deben ser los escritos, solicitudes o documentación por parte de los ciudadanos, o el sistema de notificaciones y comunicaciones electrónicas.

Lo que sí está claro es que la autorización o apoderamiento, que otorgue el autónomo para actuar ante la Inspección de Trabajo, se podrá realizar vía telemática a través de la sede electrónica, pero sí habilita a que el apoderamiento tenga opción de comparecencia personal. Es decir, que la persona que nos represente puede acudir personalmente.

Los inspectores de trabajo y el Ministerio que encabeza Yolanda Díaz mantienen una tensa relación. Tras los paros parciales, avisan de que irán a la huelga el 26 de junio si no hay refuerzos.

Los sindicatos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) denuncian falta de medios y de personal.

Las malas prácticas de algunas empresas ganan si no se alcanza una solución

Los sindicatos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) denuncian que sufren graves deficiencias desde hace años.

Fue en 2021 cuando plantearon soluciones y medidas básicas tanto al  Ministerio de Trabajo como al de Hacienda y Función Pública.

Sin embargo, en 2023 lamentan que el acuerdo alcanzado hace dos años no se haya traducido en un refuerzo del volumen de la plantilla, ni en la mejora de las condiciones laborales.

En varias ocasiones hemos hablado de las buenas noticias que provenían desde el Ministerio de Trabajo, pero para llevar a cabo el cumplimiento de todas las nuevas normas: control de registro de jornada, los ERTES, los planes de igualdad o  la ley riders, es necesario contar con inspectores de trabajo.

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3.000 personas forman parte de Inspección de Trabajo frente a 1,4 millones de empresas

Los sindicatos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) preparan una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) contra el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En estos momentos hay unos 2.200 trabajadores de inspección activa y otros 800 de personal de apoyo. "Es decir, la Inspección de Trabajo recae sobre una plantilla de 3.000 personas mientras que hay 20 millones de afiliados a la Seguridad Social, 1,4 millones de empresas y 10 millones de pensionistas", indicaron en un comunicado.

Desde el Ministerio, aseguran que van a reforzar la plantilla y que el presupuesto para Inspección de Trabajo ha crecido más de un 40% desde 2020, si bien es cierto que la incorporación de 200 trabajadores ayudaron a desconvocar un paro no ha sido suficiente en estos momentos.

La Reforma Laboral de Yolanda Díaz no tiene poco más de un año y ya empiezan a retocarse algunos aspectos. Uno de ellos son los ERES, donde se pretende por parte del Ministerio impulsar mayor seguridad a la hora de justificar los motivos para este tipo de situaciones. Vamos a ver cómo cambia el despido colectivo con la nueva Ley de Empleo que está en tramitación y se aprobará en los próximos días.

Es una ley que ya nace con cierta controversia. Por una lado, las organizaciones de empresarios consideran que es una traición, ya que este tema quedó aparcado en la Reforma Laboral para consensuar un acuerdo.

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Por otro lado, es uno de los motivos por los que los inspectores de trabajo han convocado una huelga al propio Ministerio como muestra de su malestar por la falta de medios ante el aumento de atribuciones y funciones que recaen sobre dicho organismo.

Qué cambia la Ley de Empleo en el despido colectivo

La principal modificación de la Ley de Empleo realizará una modificación fundamental en el Estatuto de los Trabajadores para que, en los casos de un despido colectivo, sea la Inspección de Trabajo la que tenga la última palabra sobre las causas específicas alegadas por las empresa como motivo para dicho despido en la comunicación del ERE.

La Ley de Empleo establece un plazo de 15 días improrrogable desde la presentación del escrito para que Inspección de Trabajo se pronuncie a favor o en contra de la admisión de los motivos alegados para justificar el despido colectivo.

Con esta cuestión se han mostrado especialmente molesto el cuerpo de Inspección de Trabajo, ya que recae sobre este organismo una tarea más, pese a la escasa dotación de medios materiales y humanos que tiene a su disposición.

La media de inspectores por trabajador se sitúa en España en 1 por cada 15.000, mientras que la media europea la sitúa en 1 por cada 10.000. Esto sumado a cada vez más una mayor carga de trabajo provocaron la primera huelga de este organismo. 

Llegados a este punto la realidad es que se pierde agilidad en la tramitación de los ERES, donde se puede generar un cuello de botella con los medios que tiene a su disposición Inspección de Trabajo.

Además en momentos de crisis puede suponer un grave problema. Aunque visto como se salvó la cuestión con silencio administrativo positivo en el caso se los ERTE no es descabellado pensar en una modificación temporal para situaciones excepcionales.

Otras medias de la nueva Ley de Empleo

Por último, un aspecto de la nueva Ley de Empleo interesante es la imposibilidad de embargar el salario hasta la cuantía del SMI, aunque habría que esperar a la publicación final en el BOE de la ley para ver esa letra pequeña que a veces deja en poco o nada este tipo de medidas. Sobre todo si los que tienen que cobrar son Hacienda o la Seguridad Social.

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El núcleo más interesante está en la formación de los desempleados, los itinerarios formativos para hacer que sus perfiles sean más interesantes para las empresas.

Como gran novedad está la Agencia Española de Empleo, lo que muchos han llamado el Infojobs del estado. Algo muy necesario sobre el papel, pero con serias dudas desde diferentes ámbitos sobre si será el estado el agente indicado para hacer que funcione adecuadamente.

Si hay un Ministerio que en esta última legislatura ha sido especialmente activo ha sido el de Trabajo. La Reforma Laboral es uno de sus legados, ya veremos si perdura por mucho tiempo o es flor de una legislatura. Pero también ha potenciado mucho diferentes órganos dependientes de él, como la Inspección de Trabajo. Ahora va un punto más allá y quiere que sea precisamente Inspección de Trabajo quien controle los ERE.

Así lo ha manifestado la ministra Yolanda Díaz que afirma que la norma está prácticamente ultimada. Se pone el acento en controlar las causas que generan estos despidos colectivos como son los Expedientes de Regulación de Empleo y si la causa está o no justificada.

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Esto es lo que podrá hacer Inspección de Trabajo con su algoritmo para controlar las horas extras de las empresas

Más madera para la Inspección de Trabajo

Más poder para Inspección, pero la realidad es que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. El problema es que a Inspección de Trabajo no dejan de llegarle más y más atribuciones y pocos medios. Hay que recordar que también han estado implicados en el control de los ERTE.

Pero es que además tienen cada año campañas enfocadas a controlar la temporalidad o las horas extras. Además de toda la labor que tienen que realizar en el cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales en la lucha contra la siniestralidad laboral.

Muchas empresas y muy pocos inspectores. Por eso más de una apuesta directamente por incumplir, o cumplir con la ley con una fórmula muy laxa para en caso de ser inspeccionados tener la mínima sanción, algo que en determinados sectores sale muy rentable.

Más medios humanos y materiales para poder realizar el trabajo de forma más eficaz

Lo cierto es que si realmente se quiere que Inspección de Trabajo sea más eficiente, que tenga  más competencias, es imprescindible dotarla de más medios humanos y materiales. En los últimos años se han ampliado las plantillas, pero solo cubren y parcialmente las jubilaciones que no se habían cubierto en años anteriores.

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Si además recaen sobre este organismo más obligaciones, lo cierto es que no será muy eficiente si no tienen los medios necesarios. Algo muy habitual por otro lado en la administración, primero pasar el trabajo y luego ya veremos como podemos hacerlo. Las que pueden sufrir el colapso, las empresas que en un momento que necesiten agilidad en la tramitación, como puede ser el de los ERE pueden ver que no se resuelve el expediente de forma rápida.

Uno de los retos de Inspección de Trabajo ha sido desde siempre el control de las horas trabajadas. Porque se sospecha que en determinados sectores son muchas las trabajadas y muy pocas las cotizadas. Esta es una de las razones fundamentales para implantar el control horario obligatorio para las empresas. Ahora el Ministerio de Trabajo quiere dar un paso más apoyado en el uso de la inteligencia artificial y el Big Data, para implantar un algoritmo para controlar las horas extras en las empresas.

Se trata por un lado de hacer que las empresas coticen por todas las horas extras que realizan sus trabajadores, lo que aumenta la recaudación de la Seguridad Social y, en todo caso, contraten a más personal si los que ya tienen cumplen con el máximo legal establecido de horas realizadas.

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Las empresas estarán obligadas a informar del uso de algoritmos y sus tomas de decisiones a sus empleados

Es un secreto a voces que en determinados sectores las horas realizadas no se corresponden con la realidad. Basta escuchar las declaraciones de empresarios que se quejan de que no encuentran trabajadores y explican tranquilamente las condiciones laborales que ofrecen, dejando claro que las horas a realizar van a superar con creces estas 40 horas semanales y las 80 anuales que se pueden realizar como horas extras o complementarias en caso de jornadas a tiempo parcial.

Lo que no puede hacer el algoritmo de Inspección de Trabajo, pero ayudaría a controlar mejor las horas extras

Es aquí donde el uso del algoritmo de Inspección de Trabajo puede ser de gran utilidad, para ayudar a filtrar empresas que pueden estar incumpliendo de forma sistemática del resto. La cuestión es cómo lo va a realizar y qué puede hacer y qué no dicho algoritmo,

Porque determinadas cuestiones serían de gran ayuda y agilizarían mucho el cumplimiento de horarios. El algoritmos está en fase piloto, pero lo que no va a poder hacer es:

• Revisar de forma automatizada los registros horarios de los trabajadores. En primer lugar porque no es obligatorio que estos ni siquiera estén informatizados. Muchas empresas los llevan en papel. Y además, aunque lo estuvieran, las compañías no tienen ninguna obligación de trasladar dichos datos a Inspección de Trabajo de forma automatizada. Solo los tienen que poner a su disposición en una inspección. 
• Levantar actas de sanción de forma automatizada, algo que ya se ha puesto en marcha desde Inspección a través del cruce de datos con otras administraciones y que además de inseguridad jurídica, ha generado muchas dudas. Solo se aplica en casos absolutamente claros, y el registro horario o las horas extras nunca entraría en esta categoría.

Lo que si puede hacer el algoritmo de Inspección de Trabajo

Donde el algoritmo si tiene base para trabajar es analizando los datos de facturación y contratación de personal. Para ello tiene que cruzar datos con la Agencia Tributaria, que son los que conocen los datos económicos. Parece lógico que si un mismo local está facturando mucho más que el año anterior pueda necesitar más personal.

Otros factores también se pueden añadir al análisis de datos, como pueden ser consumos eléctricos, comparativas con negocios similares de la zona, ratio de pagos con tarjeta y en efectivo, etc. Todo ello permite que el algoritmo trate y analice estos datos para dar indicios de posible fraude en las horas realizadas.

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Hasta 10.000 euros de multa por contrato temporal en fraude, cuidado si recibes una carta de Inspección de Trabajo

Los indicios no implica que se estén incumpliendo los horarios

A partir de aquí, lo habitual sería que Inspección de Trabajo envíe una carta indicando que hay indicios de fraude en las horas y que se corrija o se enfrentarían a una posible inspección en el futuro. Este tipo de comunicaciones de cartas son muy efectivas y ayudan a que las empresas regularicen situaciones que de otra forma requerirían la actuación inspectora.

Pero puede darse el caso que la empresa haya realizado cambios organizativos, inversiones en digitalización que le permitan con el mismo personal asumir más trabajo y en definitiva facturar más. En este caso aunque el algoritmo despierte alarmas, se podría justificar perfectamente.

Hace ya tres años que el registro horario se hizo obligatorio en las empresas. Fue en mayo de 2019 cuando entró en vigor la modificación del Estatuto de los Trabajadores que establecía la obligación de registrar el inicio y fin de la jornada laboral. El argumento para ello era ofrecer a Inspección una herramienta con la que controlar que los trabajadores cumplían con sus horarios y se registraban y pagaban todas las horas extra. Pues bien podemos decir que el control horario ha fracasado y nos encomendamos a la inteligencia artificial para controlar las horas extras.

No lo decimos nosotros, es lo que se desprende de las recientes declaraciones de la Ministra de Trabajo que anunció que Inspección pondría en marcha un algoritmo que sería el encargado de fiscalizar el número de horas extras realizadas y si estás se pagan o no. La estimación del Ministerio es que se realizan semanalmente 6.000 horas extras, y 3.000 de ellas no están pagadas según datos del INE.

El fracaso del control horario

Si a pesar de tener una herramienta donde se refleja la hora de entrada y la hora de salida, una capacidad de sanción con multas que pueden llegar a más de 6.000 euros siguen realizándose horas extras que ni se pagan ni se compensan después con tiempo libre, lo cierto es que supone un fracaso del control horario.

Lo cierto es que al principio de su puesta en marcha los datos eran esperanzadores, con reducciones en torno al 13% de horas realizadas y no registradas. Pero poco a poco  se ha ido cayendo en una mayor laxitud y el problema fundamental sigue siendo las pocas posibilidades que tienen la mayoría de las empresas de sufrir una inspección por este motivo si no hay denuncias de por medio.

Es aquí donde el uso de la inteligencia artificial puede ayudar a Inspección para que determinadas compañías que no están registrando estas horas extras cumplan, o al menos reduzcan el número de horas que obligan a realizar a sus empleados.

El modelo sería similar al que utiliza la Agencia Tributaria para detectar indicios de fraude en la tributación de muchos negocios. Aprovechando la Inteligencia Artificial y el Big Data, se compara la facturación y los datos del negocio con otros de similares características, ingresos, volumen de facturación, ratio de efectivo y pagos con tarjetas, compras, gastos, etc.

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21 aplicaciones para poner en marcha el control de horarios en las empresas

Si se observan datos que no cuadran se acaba por enviar una carta a dicho negocio avisando de que hay indicios de fraude y si no se corrigen próximamente pueden recibir una Inspección. Solo con esta advertencia muchos reducen de forma significativa comportamientos incorrectos y lo mismo se pretende hacer con las horas extras.

Aunque no es tan fácil. Porque un negocio con el mismo volumen de facturación que otro de su competencia puede trabajar con menos personal si tiene herramientas que les permitan una mejor productividad. No es tan sencillo ni todos los negocios son iguales.

En todo caso si este va a ser el modelo mejor eliminar el requisito formal del registro, evitar una obligación burocrática más para las empresas y no aligerar un poco su carga de tareas que consumen tiempo pero que no suponen un aumento de la facturación.

La Seguridad Social sale perdiendo

El principal motivo para ejercer una mayor presión sobre empresas y negocios a la hora de controlar las horas extras radica en una mayor recaudación de la Seguridad Social. Son horas que si se pagan cotizan, por lo que tanto Seguridad Social como Hacienda lo ven como una merma importante de ingresos.

No todos las horas extra, hasta un máximo de 80 al año que están permitidas se tienen que pagar. Muchas de ellas son compensadas con días u horas de descanso equivalentes. Por lo que en este caso, ni Seguridad Social ni Hacienda ven incrementados sus ingresos.

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Recibí una carta de Inspección de Trabajo por contratación temporal fraudulenta y así tuve que ponerme al día

Más grave resulta el caso,  de las horas extras no registradas pero si pagadas. En este caso el registro horario no tiene demasiado efecto, puesto que tanto empresa como trabajador suelen estar de acuerdo en realizar el cobro de esta manera. Es aquí donde sí tiene todo el sentido el uso del famoso algoritmo, ya que el registro horario al existir connivencia entre ambas partes no resulta efectivo.

La contratación temporal hace ya tiempo que está en el punto de mira del Gobierno. Muchos contratos temporales se sospecha que están en fraude de ley y en estos casos el primer paso es remitir una carta para apercibir a las empresas de un futura inspección. Nos encontramos con que recibimos una carta de Inspección de Trabajo por contratación temporal fraudulenta y tenemos que ponernos al día.

Este es el caso de más de 82.000 contratos que en las últimas semanas han pasado de temporales, irregulares según el criterio de inspección, pero sin realizar oficialmente ninguna intervención. Para muchos más que una carta es una amenaza. No es algo nuevo, pero en el último año se ha intensificado.

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El cruce de datos y el uso de inteligencia artificial, una carta de Inspección llega a tu empresa

Es el segundo plan de choque de este tipo que se realiza y sigue las pautas del primero. Carta que se envía a las empresas avisando de posibles irregularidades en la contratación temporal. Se realiza a través de inteligencia artificial y cruce de datos entre diferentes administraciones que permiten establecer pautas sobre qué contratos son eventuales y cuales a pesar de ser temporales, deberían convertirse en indefinidos.

El requisito más importante para ofrecer un contrato temporal es que no se puede cubrir un puesto cuya necesidad para la empresa es permanente con una contratación temporal. Un contrato temporal de seis meses y si todo va bien pasamos a indefinido es una práctica habitual de muchas empresas. En estos casos, lo recomendable es un contrato indefinido con un periodo de prueba de seis meses, que permite a la empresa evaluar si el empleado contratado cumple con los requisitos o no.

Lo mismo ocurre en en caso de contratos temporales por acumulación de tareas que no se pueden prorrogar en el tiempo indefinidamente. Los diferentes convenios marcan cuánto pueden durar, en general entre seis meses y un año. Pero si Inspección detecta que tenemos gente contratada por este motivo y se ha prolongado en el tiempo puede estipular que pase a ser indefinido, incluso aunque no sea el mismo empleado.

¿Cómo debemos actuar?

A partir de aquí la empresa tiene tres alternativas:

• Si cree que los contratos temporales que está firmando son correctos y están dentro de las causas que los avalan según la ley, simplemente esperarán a que Inspección realice su trabajo y algún día pase por la empresa para verificarlo.
• Otra opción es directamente alegar sobre los contratos que nos han estipulado como fraudulentos. Muchos de ellos pueden estar bien justificados y efectivamente son temporales.
• Si tenemos dudas sobre algún contrato, no nos quedará más remedio que convertirlo en indefinido. Y aquí hay que tener en cuenta que no tenemos mucho tiempo para decidir, si hemos recibido la carta lo ideal es que antes de un mes el contrato esté regularizado.

En todo caso lo más adecuado es acudir a nuestro asesor laboral. Es la persona que en nuestro caso nos aconsejó, pese a que teníamos base legal para que los contratos temporales fueran correctamente justificados transformarlos en indefinidos.

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¿Qué pasa si me empresa es sospechosa de fraude en la contratación para la Seguridad Social?

Creo que tengo razón, pero haré lo que Inspección me pide

Porque la segunda parte de la ecuación es que ninguna empresa quiere tener a un Inspector de Trabajo revisando que cumple al pie de la letra todas las normativas y legislación que afecta a las empresas, desde la prevención de riesgos laborales, al registro de la jornada o cualquiera de las múltiples cuestiones que nos obligan.

Lo triste del asunto es que los mayores índices de temporalidad no se dan en las empresas privadas, sino en la pública. Si aquí además unimos las subcontratas que trabajan para este sector, tenemos una parte muy importante de la bolsa de temporalidad. Y deberían empezar por dar ejemplo en las propias instituciones.